Nº 324 - TOMO 323 - 19 Y 20 DE JULIO DE 1989
REPUBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY
DIARIO DE SESIONES
DE LA
CAMARA DE SENADORES
QUINTO PERIODO ORDINARIO
DE LA XLII LEGISLATURA
20ª SESION
EXTRAORDINARIA
PRESIDEN EL DR. ENRIQUE
E. TARIGO Presidente
el PROF. MANUEL
FLORES Y EL SENADOR 1er. Vicepresidente
y el SENADOR
CARMINILLO MEDEROS 2do. Vicepresidente
ASISTEN ELSEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR, DR. ANTONIO MARCHESANO Y EL SUB-SECRETARIO, SEÑOR WASHINGTON
BALLIERO
ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU
5) LLAMADO A SALA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR
SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al
orden del día.
El Cuerpo ha sido citado en sesión
extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la
Constitución de la República, para oír los informes del señor Ministro del
Interior sobre medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para garantizar la
seguridad individual ante el notorio incremento de la delincuencia en el país;
la participación de algunos miembros del cuerpo policial en recientes hechos
delictivos, así como controles y reglamentación que realiza el Ministerio del
Interior, acerca de las actividades de empresas privadas de seguridad.
Tiene la palabra el señor senador Zumarán,
miembro interpelante.
SEÑOR
ZUMARAN. - Señor Presidente: al iniciar esta interpelación, quiero realizar
tres afirmaciones que constituirán la médula de mi intervención. En
primer lugar, afirmo que el país vive una creciente situación de inseguridad
que esta causando alarma pública; la gente está alarmada.
Esta
es, pues, mi primera afirmación, que luego probaré.
La segunda afirmación es la siguiente. Esa situación
de creciente inseguridad obedece a múltiples causas, pero hay una que es
decisiva y fundamental: el mal funcionamiento de los servicios que dependen del
Ministerio del Interior.
En tercer termino, diré que ese mal
funcionamiento responde a una conducción equivocada por parte del señor Ministro
del Interior, doctor Antonio Marchesano, presente hoy en Sala.
En este último aspecto; señor Presidente,
quiero ser muy claro. Por otra parte, deseo expresar que no tengo nada personal
en contra del señor Ministro del Interior, quien ha realizado una política de
puertas abiertas en el Ministerio. Sin embargo, lo que cuenta es el resultado
de su gestión y las consideraciones personales que le tengo -que al señor
Ministro le constan- no pueden ni deben impedirnos realizar esta interpelación
cuyo objetivo fundamental consiste en devolverle al país la confianza que ha
perdido en la tutela de los poderes públicos respecto de la seguridad personal,
que hoy no tenemos.
Por lo tanto, paso a desarrollar la
primera afirmación que he realizado.
El país vive en una situación de inseguridad creciente
que está causando alarma en la población. Para probar lo que digo, voy a citar
en primer término los informes estadísticos que maneja la propia Policía de
Montevideo y la Dirección de Seguridad, en su Departamento de Información.
En la última entrega
que tengo en mi poder –no sé si existe otra posterior- se proporcionan los
datos respecto de las denuncias presentadas, incluyendo el segundo semestre del
quinquenio que va desde 1984 a 1988, y la evolución de las cifras, en orden
cronológico, ha sido la siguiente. En el año 1984, la Policía de Montevideo recibió
13.875 denuncias de delitos; en 1985, esta cifra ascendió a 23.038; en 1986, a 20.798; en 1987, a
20.884 y en 1988, a 20.245. Entonces, surge clarísimo cuál ha sido la evolución
en este sentido. Podemos observar que estábamos en una magnitud de 13.000
denuncias en 1984 y al comenzar esta gestión y con el advenimiento de la
democracia, esta cifra aumentó a 23.000. Luego, en los tres años
siguientes, o sea, 1986, 1987 y 1988, las denuncias realizadas han sido 20.000.
Señalo que este aumento es realmente significativo: de 13.000 ascendió a
20.000.
Considero que estas cifras son
concluyentes, pero hay que tomarlas con ciertas precauciones.
La Policía contabiliza las denuncias realizadas y, por
lo tanto, no se tiene en cuenta los delitos no denunciados.
La cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, como así también los expertos señalan con toda claridad
que los delitos no denunciados son más numerosos que los denunciados.
Esto ocurre en la misma medida y
proporcionalmente a la falta de confianza en la eficacia de la labor policial,
una vez denunciado el delito.
Como prueba de ello, puedo citar algunos
trabajos periodísticos sobre el tema, como por ejemplo el que escribió para el
semanario "Búsqueda" el periodista Casal, el realizado por Gley
Eyerhabide para la revista "Zeta" respecto al tema de los atracos a
taximetristas, apareciendo, en todos los testimonios recogidos que los delitos
no denunciados son más numerosos que los denunciados. Además de la doctrina, de
la cátedra y de algunos trabajos estadísticos existentes, en la labor
periodística encontramos reflejado el mismo concepto.
La segunda salvedad que deseo hacer,
porque el Ministro y el Poder Ejecutivo se han referido en distintas
oportunidades a este tema, es que, además del número de denuncias los trabajos
estadísticos realizados por la Policía, establecen la naturaleza de los
delitos. En virtud de ello podemos observar que la misma ha variado en los últimos
años.
Entonces, vuelve a ser importante lo dicho
recientemente en el sentido de que estas cifras se obtienen en base a los
delitos denunciados y la calificación la hace el funcionario policial que
recibe la denuncia. Se recaban los datos de las seccionales policiales. Por
ejemplo, la calificación que se hace de los delitos de hurto y rapiña, que en
sus casos extremos parece sencilla, pero que en aspectos límites se vuelve muy
difícil, aun para una persona con gran versación en Derecho. Es decir, para un
Juez, no tiene validez que la haga el funcionario policial en momentos de
recibir la denuncia y oyendo nada más que al denunciante.
Por tales motivos no he seguido abundando en cifras
estadísticas. Pero creo que es concluyente la expresión de las mismas en cuanto
al aumento de la oía delictiva existente en el país a partir del año 1985.
Esos hechos no pueden ser negados por nadie, pero si
alguien lo hiciera, creo que es bueno recordar que dirigentes políticos
importantes, no sólo de mi Partido, sino también del Partido Colorado, expresan
exactamente esta misma opinión.
Cuando el señor Jorge Pacheco Areco, jefe de un importante sector del Partido Colorado,
llega a Montevideo, después de años de ausencia de la actividad política y hace
su discurso, insiste precisamente en este tema. Entiendo que es bueno que el
Senado recuerde las expresiones del señor Pacheco Areco. El 24 de junio de 1989
expresó lo siguiente:
"En estos últimos tiempos ha crecido la
delincuencia en forma sensible. Cuando se sale a la calle se teme ser
asaltado y vejado, si no se encuentra copada la vivienda en el retorno al hogar". Más adelante agrega: "La calle ha dejado de ser un lugar seguro y
tranquilo ante el auge de la delincuencia desbordada".
Se trata de expresiones
enérgicas.
"Es deber elemental
del Estado velar por la integridad física y la propiedad de todo ciudadano. El
pueblo quiere paz, justicia y amparo del poder público y por ello la represión
del delito debe ser la respuesta legal a todos los atropellos inferidos contra
la persona y sus bienes, devolviendo
a la población la plenitud de su libertad, seguridad, y confianza".
Si hay que "devolver", quiere decir que hoy no existen.
Continúa expresando: "La preservación del
orden interno y la lucha contra la delincuencia es cometido esencial de la
fuerza policial. Es uno de los fines primarios del Estado que el Poder
Ejecutivo debe garantizar, en su más amplio cumplimiento. Apoyaremos
decididamente una política que contemple como corresponde las exigencias de
efectivos policiales debidamente organizados y equipados y en su vertiente
social correctamente dignificados y jerarquizados".
Entonces, de parte de
figuras del partido de gobierno las expresiones son categóricas en ese sentido.
Es más; uno de los presentes en Sala, el señor senador Cersósimo, quien acaba de tener un pequeño
insuceso, declara...
SEÑOR CERSOSIMO. - No pasó de eso porque tengo buenos reflejos.
SEÑOR ZUMARAN. - Nadie ha dudado de eso, señor senador.
Declara el viernes 17 de julio, es decir,
hace unos pocos días, varios conceptos en el periódico "Opinión". En
esa oportunidad el periodista le pregunta al señor senador: "¿Existe seguridad pública en nuestro país?" a lo que contesta:
"Lo que tengo que decir es que la gente tiene una grave alarma social,
porque se ha incrementado en forma notoria la comisión de delitos que afectan a
la persona y a la propiedad. Están a la orden del día los copamientos, los
homicidios para hurtar, las rapiñas.
Ha cundido un estado de temor generalizado; se ha extendido
el concepto de que la sociedad está desprotegida". Esto no lo dice nadie
de la oposición para hacer política sino que lo expresa un senador del
partido de gobierno. Y continúa: "En cierto modo indefensa. Y esto
ha provocado que se haya provisto de elementos de defensa". Enumera:
"alarmas, perros amaestrados, armas apropiadas. Pero aquellos que no
tienen en cambio los medios económicos suficientes: comerciantes, particulares,
se encuentran en una situación de indefensión acentuada que es preciso conjurar,
instrumentando los mecanismos necesarios para asegurar la tranquilidad social
del país".
No sólo de filas del
sector Unión Colorada y Batllista han surgido este tipo de apreciaciones, sino
que además el propio Señor Ministro ha hecho declaraciones similares que no son
de ahora; fueron hechas también hace dos años atrás. El 23 de julio de 1987, en
versión proporcionada por el diario "El Día", el Señor Ministro
expresó: "Se analizan medidas de orden jurídico y administrativo para enfrentar
la creciente ola de criminalidad...", y agregó: "Es posible que el
Poder Ejecutivo estudie alguna iniciativa legislativa encarando estos
problemas". Marchesano dijo que "el centro de la conversación"
-se refiere a la mantenida en Casa de Gobierno- "fue el análisis de la
situación que revela un aumento de la forma delictiva, fundamentalmente de las
rapiñas y los homicidios".
Y por si algo faltaba,
señor Presidente, en setiembre de 1987 el Poder Ejecutivo envía al Parlamento
un proyecto de ley referente a estos temas. En su exposición de motivos se
dice: "El país registra en los últimos tiempos un clima preocupante en
torno a la problemática criminal. Si bien la cifra de delincuencia nacional no
ha variado sustancialmente en los últimos cinco años..." hoy en día el señor Ministro no puede
afirmar eso- "...se observan algunas particularidades que han generado
amplios comentarios en los medios dc comunicación y una verdadera alarma
social, fundamentalmente en el departamento capitalino".
Esta exposición de
motivos fue firmada por el señor Presidente de la República, doctor
Sanguinetti, por el Ministro del Interior, señor Marchesano, y por la señorita
Ministro de Educación y Cultura, doctora Reta.
De modo que,desde mi
punto de vista, es absolutamente concluyente la afirmación inicial de que
existe una situación de inseguridad creciente que causa alarma pública en la
población.
Creo que esto no será
controvertido, dado las pruebas que hemos aportado.
Aceptada esta afirmación
inicial, debemos pasar a un segundo aspecto que sí es controvertible y que
tiene que ver con las causas de este aumento de la criminalidad, o sea de esa
creciente inseguridad que se vive. Pienso que -y con esto me apoyo en las expresiones
vertidas por la señorita Ministro Reta- las causas son múltiples, el problema
no puede ser radicado en una sola; va desde las causas profundas de orden
social, en las que la crisis económica normalmente se cita como elemento que
lleva a las personas a la vía del delito -aunque quien habla no cree mucho en
este aspecto; no veo que exista una relación entre los bajos ingresos y el
crecimiento de la criminalidad- hasta las que obedecen a otro tipo de factores.
Todos los estudios modernos sobre criminología indican que la desintegración de
la familia es una de las causas fundamentales en el aumento de la criminalidad,
provocada a veces por la inmigración del campo a la ciudad o por el trasplante
de las personas de su medio natural a otro, donde pierden el control social que
normalmente ejercen en la labor que realizan habitualmente, a veces sin
quererlo y otras, por espíritu de lucro exagerado a través de los medios de
comunicación masivos.
Es notable todo esto en algunos estudios recientes hechos en los Estados
Unidos, en los que se establece un vínculo muy estrecho entre ciertas
expresiones populares de la música rock o el uso de la droga, o entre delitos
sexuales y aquellos que provocan violencia física, así como revistas que
contienen ese mensaje o películas que se exhiben en la televisión y en el cine.
Existen causas sociales que explican el auge de la delincuencia. Sin
desconocer este concepto, sobre el que además acabamos de dar nuestro punto de
vista, en esta interpelación deseo ir más hacia lo concreto con respecto a
algunos factores que en el país se han señalado, como los que explicarían este
aumento de la violencia. Muy recientemente, el señor Presidente de la
República, el sábado 8 de julio, es decir hace apenas once días, (en
oportunidad de dejar el país para cumplir con compromisos internacionales)
realizó una Conferencia de Prensa en el Aeropuerto Internacional de Carrasco,
en la que él vertió algunos conceptos que creo es mi deber poner de manifiesto
ante el Senado para rebatir, porque los considero muy graves, consultándole a
la vez al señor Ministro si se solidariza con estos conceptos.
Allí el doctor Sanguinetti dijo: "Todos sabemos
que el país está afrontando un clima de inseguridad".
De modo que si algo faltaba para confirmar que estamos
en un clima de inseguridad, aquí están también las expresiones del doctor
Sanguinetti muy recientes, del 8 de julio de 1989. Agrega: "No de hoy,
sino del año 85, y el problema no es la efectividad policial, diría
que lo mejor que ha andado es la efectividad policial". Así que el doctor
Sanguinetti considera que la efectividad policial es lo que mejor ha andado en
el país en estos años...
Y luego continúa: "Todos diariamente
accedemos a las noticias y nos encontramos que ha caído un asesino o un
rapiñero, que ha caído un ladrón. Sin embargo nos enteramos a la vez, que ese
hombre que ha baleado un taximetrista, como ocurrió la semana pasada, tenía
cuatro procesamientos en el último año". Es algo realmente muy grave que
el señor Presidente de la República diga a la población que andan sueltas
personas que han cometido hasta cuatro delitos en el año, que han sido
procesadas cuatro veces y están sueltos; y vuelven a cometer en el año un
quinto delito. Y siendo así, no nos explicamos cómo es posible, qué causa puede
explicar semejante circunstancia de que un Juez o varios Jueces liberen hasta
cuatro veces a un delincuente en un año. Lo he preguntado a diversos
magistrados y me han dicho que eso es imposible, salvo que el Juez no esté
enterado porque no haya sido informado de estos elementos, o que hayan sido
cuatro delitos de muy pequeña magnitud, aunque existe una evidente
reincidencia.
Agrega el doctor Sanguinetti: "Creo que la
policía ha hecho un enorme y sacrificado esfuerzo. Por eso me parece que se
debe, en primer lugar -como propuso el Poder Ejecutivo hace mucho tiempo-
suspender la vigencia de la Ley de Procesamiento sin Prisión". Dicha ley
fue aprobada el 31 de marzo de 1987. Continúa: "No pedimos la derogación,
para no entrar en una discusión de fondo." Pero dijimos: "Señor, no
es el momento de hacer experiencia penal. Se persistió en esto y hace dos años
que se está discutiendo el tema, sin que haya habido un pronunciamiento. Así
tenemos que todos los días vemos que se aprehende a un delincuente que tiene
cuatro procesos, o tres procesos, o cinco procesos en el mismo año. Ahí está la
clave del problema".
El señor Presidente Sanguinetti reitera el concepto de
que andan sueltos delincuentes con tres, cuatro y cinco procesos en el año y
que esa es la clave del problema. Es clarísima la afirmación del señor Presidente,
que agrega después: "Allí hay un enorme déficit, entonces, de tipo
legislativo".
Yo creo que es muy grave que el señor Presidente de la
República diga públicamente estas cosas. Es muy grave. El señor Presidente de
la República olvida que ya la Suprema Corte de Justicia salió a la opinión
pública el 22 de julio de 1987, en una comunicación pública en donde dice,
precisamente, lo siguiente: "Constituye un grave error creer que
autores de delitos de rapiña, violación, extorsión, homicidio doloso, etcétera
quedan en libertad durante el juicio, porque esto no lo permiten ni la
Constitución ni la Ley. Cuando tal cosa se afirma, se confunde y se alarma
injustificadamente a la población".
Entonces, ¿por qué el señor Presidente Sanguinetti
reafirma, ahora, el 8 de julio, que estos delitos se cometen por personas que
tienen tres, cuatro o cinco procesamientos por delitos graves? Emplea hasta el
ejemplo de la rapiña en su expresión periodística, cuando como abogado tendría
que saber que no es así. Pero, además, está advertido por la Suprema Corte de
Justicia, que le dice que eso no puede ser. Y sabiendo que algo no puede ser,
reafirma algo que sabe que es mentira, y lo da como interpretación oficial del
Poder Ejecutivo de por qué estamos en esta ola de rapiñas.
Y yo creo que esto es muy grave, muy grave; y que
tenemos derecho a preguntar al señor Ministro si se solidariza con las
expresiones del señor Presidente.
Ya que el señor Presidente afirma que la ola de violencia se debe a las
malas leyes o a la mala actuación del Poder Legislativo en la materia, es bueno
reseñar un poco, brevemente, como fue el trámite legislativo de la Ley de
Procesamiento sin Prisión que tanto preocupa. El proyecto de ley de
Procesamiento sin Prisión en el Senado fue votado por toda la bancada del
Partido Colorado y por muy pocos senadores del Partido Nacional. La mayoría del
Partido Nacional votamos en contra del proyecto de ley de Procesamiento sin
Prisión, porque nosotros habíamos presentado un proyecto más ambicioso, cuya
autoría intelectual -no tengo el menor empacho en reconocerlo- perteneció al
doctor Abal Oliú. Y nosotros defendimos ese proyecto.
La Cámara de Representantes hizo al proyecto sancionado por el Senado
algunas modificaciones que, a su vez, el Senado hizo suyas. Y el proyecto se
transforma en norma de derecho positivo, con los votos del Partido Colorado. El
Poder Ejecutivo lo promulgó; no lo vetó. ¡Y miren que a este Poder Ejecutivo si
algo no le ha costado es interponer vetos a las leyes! Lo promulgó, a pesar de
que ahora el señor Presidente Sanguinetti nos dice que es la causa de todos los
problemas.
Luego, con la firma del propio señor Presidente Sanguinetti y del señor
Ministro Marchesano, presente en Sala, el Poder Ejecutivo envia el proyecto de
setiembre de 1987, que consta de 10 artículos pero uno de ellos modifica como
veinte más del Código Penal, así que es un proyecto como de treinta artículos.
Hay apenas en este proyecto de ley unos renglones sobre este tema -de modo que
es un tema residual- en los que el Poder Ejecutivo dice: "Por último, el
Poder Ejecutivo ha considerado conveniente suspender la vigencia de la Ley Nº
15.859" -la de Procesamiento sin Prisión- "...a fin de
que puedan ser reexaminadas algunas de sus disposiciones que han generado una
contienda hermenéutica en el ámbito jurisdiccional, de consecuencias
negativas". Es decir que había un problema hermenéutico y por eso, por
último, pide que se "suspenda", no que se derogue esto que parece ser
la madre de todos los problemas. Pide que se suspenda por un año, porque hay
problemas "de hermenéutica". Eso lo dice por último, y lo destaca en
un artículo.
Este proyecto de ley va a Comisión y viene a Sala con dos informes, uno en
mayoría firmado por los señores senadores colorados -senadores del Partido de
Gobierno- Américo Ricaldoni, miembro informante; Pedro W. Cersósimo, miembro
informante y Juan Carlos Fá Robaina, acompañados por el señor senador Ortiz. Es
decir, tres distinguidos senadores del Partido de Gobierno.
SEÑOR CIGLIUTI - ¿El señor senador Ortiz pertenece al Partido de Gobierno?
SEÑOR ZUMARAN. - No; va a pertenecer el año próximo, pero por ahora, no.
Con respecto al procesamiento sin
prisión, en la página 54 del Repartido se establece -dedicándole apenas una
frase-: "En el artículo 9º se propone un ajuste de redacción al artículo
1º de dicha Ley.", reiterándose la fórmula que, en su momento, resultó
aprobada en forma casi unánime por el Senado y que meramente apunta a ratificar
el carácter facultativo del procesamiento sin prisión, mediante una
interpretación auténtica del artículo lº del texto legal ya mencionado.
Continúa diciendo: "De ese modo se pondrá fin seguramente a la contienda
hermenéutica..." -otra vez aparece esta palabra-" ... que, tanto a
nivel doctrinario como jurisprudencial se ha registrado desde la vigencia de
esta Ley". Esto es lo que nos informa la Comisión, por mayoría compuesta
por tres distinguidos senadores del Partido Colorado que, además, actúan en
calidad de miembros informantes.
De modo que para el Senado de la República para los legisladores del
Partido de Gobierno este era un problema que requería "meramente" un
ajuste de redacción, para solucionar un problema de hermenéutica que tenía
planteado el país. Este proyecto es aprobado por unanimidad en el Senado y
practicamente sin mantener discusión alguna a su respecto, ya que todo el
debate versa sobre el tema de la minoridad, particularmente, en lo que tiene
que ver con rebajar la edad de inimputabilidad de los menores. En consecuencia,
este problema hermenéutico no llega a ser discutido en el Senado.
Posteriormente, el proyecto queda detenido en la Cámara de Representantes,
pero no por este tema del procesamiento sin prisión, sino por el de rebajar la
edad de inimputabilidad de los menores. Entonces, preocupado por este
estancamiento del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, cierto señor
senador -que no es quien habla- excita el celo de la Comisión de Constitución y
Legislación, la que elabora otro proyecto que también resulta meramente
interpretativo. Se desglosa el tema de la minoridad; el proyecto viene a Sala
con esta interpretación y el 13 de junio de este año -es decir, hace apenas un
mes y seis días; no el año pasado, ni hace dos años-es votado unánimemente por
el Senado. El señor senador Cersósimo me acota que el referido proyecto es de
su autoría, aunque lo que importa es que se trataba de un senador del Partido de
Gobierno.
SEÑOR GARGANO. - En realidad, señor senador, la votación resultó ser 20 en
21.
SEÑOR ZUMARAN. - Efectivamente, señor senador. Se votó 20 en 21,
manteniéndose en lo esencial el tema del procesamiento sin prisión.
Naturalmente, no tengo condiciones de investigador
como para preguntar en todos los Juzgados Penales qué ha sucedido luego de
aprobadas las normas sobre el procesamiento sin prisión. No obstante, pregunté
a algunos Jueces y me han contestado que el famoso problema hermenéutico lo
crea un Fiscal y un Juez; nada más. También consulté al respecto en dos
Juzgados Penales de Montevideo, pero tomando como referencia este semestre, es
decir, desde el lº de enero al 30 de junio y se me contestó que en dicho
período se realizaron 242 procesamientos, de los cuales 94 fueron sin prisión;
bastante menos de la mitad. Sin embargo, el señor Presidente de la República
hizo público, por todos los canales de televisión, lo que he leído al Cuerpo.
Es decir, algo que es falso, que no responde a una realidad y que, si bien está
mal que lo diga cualquier ciudadano, resulta mucho peor, cuando es expresado
por quien ocupa la primera Magistratura del país.
(Apoyados)
-La segunda causa que señala el señor Presidente de la
República -y que imagino trasunta la opinión oficial del Poder Ejecutivo- es el
tema de la minoridad y, aunque no sé si hago bien en reiterarlo en el Senado,
lo expresa también en términos de tal gravedad, que resulta tremendista. Este
es un tema muy difícil y, tanto en el Senado como en la Cámara de
Representantes, ha sido discutido durante varias sesiones.
Pero al respecto deseo señalar lo siguiente.
Cualquiera sea la edad que se establezca -según nuestro Derecho Positivo son
los 18 años y se desea fijar en los 16; otros opinan que debe tomarse los 17
años o los 19- en ello no reside el tema, hay una distinción que me parece
fundamental y que la aprendí nada menos que de la doctora Adela Reta. ¿Quién
puede negar que hay menores muy peligrosos? Con ellos sucede lo mismo que con
los enfermos mentales; nadie es más peligroso que un loco. Entonces, la
sociedad tiene que adoptar medidas de seguridad respecto de un menor o de un
enfermo mental que sea muy peligroso; pero a nadie se le puede ocurrir
legítimamente que, porque sea peligroso, deba hacérselo penalmente responsable.
Esa es la gran diferencia: una cosa es la peligrosidad -que existe- y otra
cosa, la responsabilidad. Hay menores y locos tremendamente peligrosos, pero
ello no quiere decir que los hagamos penalmente responsables, porque estaríamos
violentando un principio esencial y es que en la Justicia Penal se ejerce y se
llama a responsabilidad a quien configuró el elemento subjetivo para incurrir
en el delito, es decir, a quien tuvo conciencia y voluntad de delinquir. Esa es
la pirámide de nuestro estado de Derecho y es lo que no se puede desconocer.
Pero el gran problema que plantean estos menores
peligrosos es el de la fuga, no el de la edad. Cualquiera sea la edad, lo
esencial es que si estos menores -y enfermos mentales peligrosos se escapan, generan
una situación de inseguridad en el país Por lo tanto, el tema es la fuga de los
menores; así lo declara a la prensa el 22 de junio de este año el grupo de
apoyo que tiene a su cargo la Comisaría de Menores quien, con respecto a la
peligrosidad, señalan que en un enfrentamiento los menores peligrosos disparan
sin dudar. "Los mayores no matan, en general, por delitos; mientras que un
mepor, amparado en su inimputabilidad, tira. Una vez detenido, un menor no se
preocupa demasiado ya que las posibilidades de fugarse son grandes y
prácticamente no hay pena por autoevasión". La reincidencia se da por
descontada. "Un menor fugado va a cometer un delito..." -expresa
categóricamente el funcionario policial consultado- y esto es, indudablemente,
una recarga y un riesgo muy grande en el trabajo policial.
En el país se intentó poner en práctica diversos
sistemas provisorios para evitar que los menores se fugaran y hasta con
desesperación se esperó que estuviera pronto el edificio de La Tablada, el
viejo Hotel La Tablada que luego pasó a dependencias del Ministerio de Defensa
Nacional. Posteriormente, con el advenimiento de este período constitucional se
logró que el Instituto del Menor pudiera colocar allí a los menores peligrosos,
bajo un régimen de seguridad.
Este Estado uruguayo, carente de recursos, dio el
dinero necesario para acondicionar ese Hotel de La Tablada. Según expresiones
del Presidente del Instituto del Menor, se gastó U$S 1:000.000 en acondicionar
el viejo edificio de La Tablada pará que fuera seguro para los menores. Sin
embargo, los menores peligrosos, a los dos días de estar recluidos en ese
lugar, se fugaron todos. La seguridad, que había costado dólares 1:000.000,
duró 48 horas.
Hay un informe del doctor Caviglia
que dice cosas increíbles. Citó en forma extractada algunos aspectos:
"sistema de seguridad malo". "Sistema de seguridad
malísimo". El sistema de seguridad es malo". Deficiente sistema de
seguridad".
En cuanto a los vidrios, dice el informe:
"Vidrios de seguridad no son tales". "Los vidrios se rompen con
la mano". "Vidrios frágiles". "Vidrios malos".
"Los vidrios no son de seguridad". "Los vidrios se rompen a
patadas". "Vidrios blindados no son tales". "Deficiencias
en los vidrios". "En pocos días se han roto cantidad de
vidrios".
Respecto a las rejas, el informe establece: "se
doblan haciendo palanca con las rodillas". "Se aflojan con la simple
presión de un dedo". "Carecen de profundidad". "El material
es irrisorio". Abunda en el hecho de que el material es irrisorio.
Cualquiera que haya pasado cuando funcionaba el viejo
Mercado de Hacienda en ese Hotel de La Tablada, recordará que las rejas estaban
adheridas a la pared con una mezcla de potland y cal sumamente baja y
ordinaria. Por ello, los menores peligrosos no tuvieron ningún inconveniente en
sacar las rejas con sus manos; las tiraron a la calle, y si no las podían
sacar, las vencían y pasaban a través de ellas. Parecían varillas de hierro
dulce en lugar de rejas. Dice el informe, a fojas dos, que: "Se pueden
romper las rejas con cubiertos de plástico, con el cepillo dental o con la
mano", a fojas 5 señala: "rejas de hierro dulce". Luego
establece: "el material de la reja es inapropiado, por diámetro y por
forma de implantación". "Barrotes parecen muy finos".
"Rejas se pueden violentar fácilmente". "Rejas muy finas"
"Rejas muy fáciles de sacar de la pared" "Las rejas son de
espesor muy fino y cuando se forzaron cedieron al igual que el material de la
pared". "Se han forzado las rejas cuya fortaleza es muy
relativa". Con un cepillo de dientes se puede quitar el material de la
pared, hacer palanca con los brazos y sacar las rejas de la pared.
Eso es lo que hicieron los menores en un lugar de
seguridad que el Estado proporcionó al país para darle tranquilidad, y en el
que se gastó U$S 1:000.000.
Respecto de las cerraduras dice el informe: "Han
fallado las cerraduras, incluso por estar las mismas fuera de ángulo".
"Cerraduras de puerta, defectuosa", "Puertas inseguras".
"Las cerraduras son malas: ya no se pueden cerrar". "Las propias
cerraduras de las celdas ya no funcionan".
En cuanto a los marcos de las ventanas, el informe
establece: "Colocados al revés con tornillos visibles". "Todas
las celdas con el mismo problema".
Como no entendí qué significaba esto, pedí una
aclaración, y se me explicó que los vidrios de seguridad se fabrican con un
marco que se debe fijar al edificio. Normalmente son usados por los bancos, y
para fijarlos al edificio, los atornillan a la estructura. Ahora bien, en un
banco los tornillos se colocan desde el interior del edificio para que desde
afuera no se puedan destornillar. Sin embargo, aquí, a pesar de que se trataba
de evitar la fuga de menores, se utilizó el mismo procedimiento: los tornillos
quedaban para adentro y, entonces, en poco tiempo los menores pudieron
desatornillar las ventanas de seguridad. Los encargados de garantizar la
seguridad del edificio olvidaron que el peligro estaba adentro, y que los
menores no debían salir. Ni siquiera tuvieron la imaginación para percibir
semejante cosa.
El informe del doctor Caviglia establece que en todas
las ventanas los tornillos estaban colocados adentro, con lo cual los menores
rápidamente sacaron los marcos de las ventanas. El informe dice: "Marcos
puestos al revés, y en vez de soldados están tornillados, por lo que los
menores pueden desarmarlos y quitarlos para utilizarlos como palancas y
violentar las rejas". O sea que además les dieron elementos materiales
para romper todas las rejas.
Podría continuar con el informe de la consejera
Beherns de Antia. La lista es larga y podría continuar con otros aspectos.
¿Qué quiero decir con todo esto, señor Presidente? Que
mientras aquí, durante meses, estuvimos discutiendo sobre el límite de edad de
la inimputabilidad de los menores, el hecho real es que, justamente, a aquellos
más peligrosos y que intervenían en una acción delictiva, el Estado no tenía
dónde ubicarlos y, cuando tuvo el lugar, después de realizar una inversión de
U$S 1:000.000, resultó que bastaron 48 horas para que todos ellos se fueran de
allí. Entonces, realmente uno se pregunta si el Parlamento Nacional no ha sido
burlado. Y si algo resulta absolutamente improcedente es que el señor
Presidente de la República, que conoce -o, por lo menos, debería conocerlo-
este episodio, diga un año y medio después hace apenas 9 días, que el gran tema
de la inseguridad en el país radica en que no se haya bajado la edad de
inimputabilidad de los menores. Dijo esto cuando ha ocurrido lo que acabo de
narrar en la dependencia que tenía a su cargo, cuidado y vigilancia.
El señor Ministro podrá decir que esta dependencia no
es de su competencia. Puede ser; no lo sé. Sin embargo, creo que el señor
Ministro del interior tiene algo que ver con la seguridad en donde se aloja a
los menores peligrosos.
SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR FERREIRA. - Señor Presidente: he
venido siguiendo con mucha atención la exposición que está realizando el señor
miembro interpelante. Recién se ha referido al problema de la seguridad y a los
menores internados en dependencias del Instituto del Menor y señaló que esto,
como es natural, no está en la órbita ni en la competencia del Ministerio del
Interior. Sin embargo, simplemente quisiera poner en conocimiento del Cuerpo
que tengo en mi poder notas -no quisiera prolongar demasiado esta interrupción,
pero podré hacer uso de ellas posteriormente, en el curso del debate- de dicho
Instituto a los Ministerios del interior y de Educación y Cultura con fechas 3
de noviembre, 15 de marzo, 15 de mayo y 27 de mayo de 1987, advirtiendo sobre
el riesgo de fugas y. escapes como consecuencia de la falta de garantías que
ofrecen las dependencias de que se disponía. Asimismo, se hacía hincapié en la escasa
custodia policial, y si bien el Instituto del Menor no depende del Ministerio
del Interior, tengo entendido -si no estoy en lo cierto, se me corregirá- que
la custodia de esas dependencias compete a este Ministerio. No obstante, se me
ha dicho qúe en el primer trimestre de este año el Ministerio del Interior,
dispuso el retiro de la guardia de Coraceros del centro de ingresos donde
acceden los menores más peligrosos como así también el retiro de esa guardia
cuando los menores deben concurrir al Juzgado.
Simplemente quería señalar a esta altura de la
exposición del señor senador Zumarán el contraste tremendo entre las
declaraciones del Poder Ejecutivo sobre la peligrosidad de los menores y la
falta de recursos materiales y de protección policial de que dispone el
Instituto del Menor para cumplir con sus funciones y velar por la seguridad
pública.
Muchas gracias, señor senador.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor senador Zumarán.
SEÑOR ZUMARAN. - Gracias, señor
Presidente.
Pienso que a las dos malas leyes que cita
el señor Presidente de la República -la de Procesamiento sin Prisión y la que
tiene que ver con la edad de imputabilidad de los menores- el Parlamento les ha
prestado la mayor atención; que normalmente la iniciativa ha correspondido a los
señores senadores del Partido de Gobierno; que la oposición ha colaborado en
todo lo que ha estado a su alcance -el Senado es testigo de ello- para buscar
las mejores soluciones, y que como toda legislación, es perfectible, pero que
allí de ninguna manera está la causa fundamental del auge de la delincuencia y
de la situación de inseguridad que vive hoy el país.
Además de estas dos "malas
leyes" a que se refiere el señor Presidente de la República, parecería que
para el Poder Ejecutivo todos los jueces son malos. El señor Presidente se
expresa en los siguientes términos: "Luego están en otro orden lo que
pueden ser criterios judiciales que a veces compartimos y a veces no
compartimos". Continúa más adelante refiriéndose a que los jueces no cumplen
exactamente con los deberes inherentes a su función.
Creo que como muchas otras cosas que
existen en el país y en el mundo, puede haber malos jueces, pero entiendo que
hacemos un flaco favor a la democracia uruguaya y a su sistema, si cargamos de
responsabilidad a los jueces de la República.
Por otra parte, en todo esto hay una
cuestión más de fondo. La legislación del país ha sido básicamente la misma en
los últimos 50 años. El Código Penal es de la década del 30, y las
modificaciones que se han introducido en la legislación del país son más bien
para agravar las penas y para crear nuevas figuras delictivas, sobre todo a
partir de la dolorosa experiencia que el país vivió con la subversión y a
partir de la sanción de la Ley de Seguridad del Estado. Se aumentaron considerablemente
las penas y se crearon nuevas figuras delictivas. Pero de ningún modo la
tradición o la evolución del Uruguay ha sido crear una legislación en este
sentido permisiva.
Por otra parte, los jueces siguen siendo
formados por la misma Facultad de Derecho de décadas atrás. No hay aquí algunos
jueces formados en la Universidad de Córdoba y otros en la de Montevideo.
Asimismo, varios de los jueces que hoy están en la sede penal tienen 10 años de
actuación; la carrera judicial es así. Quienes ocupan las más altas
magistraturas, los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia, tienen 30
o más años en la Judicatura. Por consiguiente, en los últimos años no hubo ni
una formación diferente ni una entrada de jueces distintos así como tampoco
aparecen muchos jueces nuevos en sedes penales del departamento de Montevideo.
Entonces, mal puede atribuirse a las malas
leyes y a los malos jueces -como hace el señor Presidente de la República-la
causa de la delincuencia.
Existe una causa fundamental de esta inseguridad,
a pesar de que hay múltiples -entre otras, de orden social, como ya hemos
señalado- y de que puede haber mejoras en la legislación.
He encontrado dos exposiciones magníficas,
que describen esta situación. Casualmente se publican el mismo día, el 26 de
julio de 1987, en el mismo periódico -en "El Día"- y fueron
realizadas por dos figuras políticas, una de ellas integrante del partido al
que pertenezco y otra del partido adversario.
El 26 de julio de 1987, por parte del
diario "El Día" se toman declaraciones al señor senador Aguirre, aquí
presente, quien entre otros conceptos expresa: "La forma de revertir ese
estado de cosas" -el de la delincuencia- "no es a través de medidas
legislativas ni de mejor administración de justicia, sino con una acción preventiva
y represiva de la policía, que tiene que ser dotada de los elementos necesarios
para cumplir con sus cometidos."
En muy pocas palabras se señala
admirablemente bien lo que yo entiendo que es la buena tesis en esta materia.
Asimismo, aparece ese día en el mismo periódico un largo reportaje realizado a
la doctora Adela Reta, Ministro de este Gobierno, pero además persona de
notoria versación en la materia.
La doctora Reta reclama, en primer lugar, mesura y
prudencia para combatir la ola delictiva, sin dejarse arrastrar por la presión
de la alarma colectiva. Expresa que ella apoyó la sanción de la Ley
Interpretativa del Procesamiento sin Prisión que asegura que se trata de una
facultad y no una obligación para los jueces. Aseguró que la Policía carece de
los más elementales medios técnicos para enfrentar a los delincuentes y lograr
pruebas plenas. Criticó
duramente la programación de televisión de tremenda violencia que distorsiona
la escala de valores de los jóvenes y de los niños. Asimismo, señaló responsabilidad
de los medios de comunicación en la difusión de la droga, y finalmente anunció -observen la esperanza de la
doctora Reta- que el Consejo del Niño iba a disponer, a mediados de agosto, de
un Pabellón de Seguridad en la Colonia Suárez, y de otro de alta seguridad, a
fin de año, en el ex hotel La Tablada.
Más adelante dice que se puede cuantificar este brote
de delincuencia exclusivamente a través de una alarma colectiva, que es una
realidad y que de alguna forma puede estar incluso alentada por la propia
divulgación de algunos hechos que se han producido en este período.
Sobre la Ley de Procesamiento sin Prisión,
señala: "La nueva Ley sobre Procesamiento sin Prisión, ley que ha dado
mérito a distintas interpretaciones, de tal suerte que algún juez y algún
fiscal que la han interpretado como una obligación que se le impone al
magistrado de poner en libertad al acusado o cuando no hay, ha de recaer en
penitenciaría, ha llevado a que se procese a mucha gente sin prisión. Pero este
teperamento no es acogido por todos, y otros jueces la han entendido, a mi
juicio, correctamente, como una facultad del juez de dictar esa medida de
procesamiento sin prisión," etcétera.
Luego aboga con énfasis por la
tecnificación de la Policía. Dice lo siguiente: "el tema policial es
universal y, desde luego, la Policía –cuando no tiene la posibilidad de obtener
las pruebas por el aporte científico, como las garantías necesarias para los
derechos del individuo- se maneja con la fórmula exclusiva de la confesión, que
no es en nuestro sistema prueba plena", etcétera.
Aboga por "una Policía Técnica que no tenemos, ya
que ahora es incapaz de determinar siquiera las impresiones digitales" que
es el mínimo que se le puede pedir "y presenta grandes dificultades para
expedirse en materia de manchas y para pericias sobre la procedencia de pelos y
otros elementos".
Asimismo, la doctora Reta objetó la propuesta de
rebajar la edad de imputabilidad.
Creo que esta es la buena tesis, señor Presidente. Por
eso decía que debía hacer dos afirmaciones iniciales. La
primera –a la que ya me referí- es la de que vivimos en un clima o en una
situación de marcada inseguridad. Y la segunda es la de que existen
múltiples causas para este clima de inseguridad. Hay causas sociales profundas,
educativas, de situación de la familia, hasta de inmigración. Puede haber,
excepcionalmente, legislación para perfeccionar y puede existir, como en toda
organización humana, algún mal juez. Sin embargo, la causa fundamental
de este aumento de la inseguridad radica en el mal funcionalmiento preventivo y
eventualmente represivo del instituto policial.
Entonces, creo que debo plantear
algunos ejemplos muy claros y muy concretos de este mal funcionamiento del
instituto policial. Sobre todo, voy a plantear hechos que tomaron estado
público, en primer lugar, y, en segundo término, algunos reservados.
El
16 de mayo de 1989, hace apenas dos meses, una señora de profesión odontóloga
observó que en su casa entraban delincuentes, copadores de fincas.
Entonces
esta mujer muy valerosa, excepcional, con la ayuda de un hijo, redujo al
delincuente y llamaron al Servicio de urgencia de la Jefatura de Policía, al
999, para que lo vinieran a buscar. Llamó, repito, al 999 solicitando la
presencia de la Policía y dice el cronista policial que dentro del natural
nerviosismo que la acción cumplida le provocó –y fíjense que la mujer estaba
enfrentando a un delincuente al que había reducido y tenía a la vista- llama al
999 para que vinieran en busca del delincuente. Pero ocurre que quien atiende
la llamada la maltrata al notar el tono fuerte de la señora, -lo menos que
podía tener la señora era un tono fuerte ya que tenía al delincuente delante
suyo- y le dice que a él solamente le gritaban sus padres y sus superiores,
sugiriéndole que no volviera a llamar hasta pasada una hora. El hecho es que la
mujer estuvo 45 minutos en su casa, sola con el delincuente reducido, porque la
Policía demoró ese tiempo en llegar. La señora tuvo que insistir varias veces
para que la polcía fuese al domicilio y se llevara al delincuente.
Así
como hay malos jueces, señor Presidente, puede haber malos servicios policiales
o alguien que atienda el 999 y esté de malhumor, en un mal día.
Este
hecho tomó estado público y la relación que estoy haciendo la tomo de el
vespertino "El diario", aunque los demás diarios y radios también se
hicieron eco.
Me
pregunto que concepto se forman de la Policía todos los que leyeron sobre este
hecho. ¿Cómo no van a quedar en un estado de alarma pública si saben que
ocurrió un acontecimiento de esta naturaleza? ¿Qué medida podría haber adoptado
el Ministro del Interior? Supongo que el señor Ministro debe haber tomado
alguna medida respecto del funcionamiento de este Servicio de Urgencia. Si las
adoptó –y he revisado toda la colección periodística- no se vio ninguna
información al respecto. En primer lugar, no sabemos si el señor Ministro
adoptó alguna medida sancionatoria respecto de quien comete una salvajada de
esta naturaleza. Aquí hay un problema de opinión pública, es decir, de que la
gente se sienta segura, y pueda restablecer la confianza en los servicios del
Ministerio del Interior.
Entonces,
si se hace pública esta barbaridad de que la señora estuvo 45 minutos, cara a
cara, con el copador sin que apareciera nadie del Servicio de Urgencia y luego
no sabemos si el Ministro tomó alguna medida para que ese Servicio vuelva a
tener la eficacia que un día tuvo, es evidente que la causa de esa inseguridad colectiva,
de esa situación de alarma pública –que todos son contestes en describir- está
en el mal funcionamiento del servicio, en la responsabilidad del Ministro y en
la falta de publicidad de las medidas correctivas que eventualmente se tomaron,
si es que así se hizo.
Ese
es un caso, pero podría nombrar otros.
El Banco de Seguros del Estado, valga la
redundancia, asegura contra robos, casas-habitación, comercios y también
automóviles.
Sobre esto he solicitado
los datos del Banco de Seguros y me parece que confirma lo que venimos
expresando aquí. En primer lugar, se puede observar la evolución creciente de
los delitos en esta materia.
En cuanto al hurto parcial en automóviles
-que normalmente es el robo de la radio- realicé una encuesta aquí y son muy
pocos los señores senadores que no han sido objeto de un robo, ya sea de sus
vehículos o de sus propias casas.
No le pregunto al señor Ministro porque sé
que también fue objeto de un hurto.
En el Departamento de Automóviles,
entonces, se registra, para el año 1985, 1378 siniestros; para el año 1986,
1.747; para el año 1987, 3.123 y para el año 1988, 4.404. Fíjense
qué progresión tremenda. De esta forma vamos a terminar que en el país no va a
existir ningún aútomovilista que no haya sido objeto de algún hurto.
Por Hurtos Totales -es decir, cuando roban
todo el vehículo- tenemos para el año 1986, 90 siniestros; para el año 1987,
198 y para el año 1988, 352. En este sentido, he solicitado a un
matemático que extrapolara, es decir, que siguiera con esta tendencia y me
confirmó que no habría uruguayo que no fuera objeto de un robo.
En cuanto al hurto de viviendas, también
las cifras son alarmantes. Para el año 1984, tenemos 903 siniestros; para el
año 1985, 1.186; para el año 1986, 1.681; para el año 1987, 1.936 y para el año
1988, 2.136. Observen el aumento descomunal de robos que existe en esta
materia.
Lo que más interesa destacar de todo esto
es que cuando hay un robo es el Banco de Seguros el que tiene que pagar y para
que este servicio no le ocasione pérdidas, tiene que aumentar las primas. En
consecuencia, el aumento de la delincuencia y de los hurtos eleva el costo de
las primas, a efectos de que el Banco no pierda; pero el Banco podría
reembolsar, en parte, este costo y abatir las primas con los llamados recuperos.
Si para el año 1987 tenemos 4.649 hurtos en casas-habitación y comercios, que
fueron reclamados al Banco de Seguros y si para el mismo año los hurtos de
automóviles alcanzaban la cifra de 4.404, nos da un total de 9.000 hurtos de
viviendas y automóviles solamente, que el. Banco debe pagar. Si el Banco
recupera algo de los objetos robados, disminuye el costo excepcional de los
mismos. Sin embargo, en el año 1988, se plantea que el Banco no percibe un solo
peso por concepto de recupero. Quiere decir que lo que se roba lo paga íntegro
el Banco de Seguros y nadie encuentra al ladrón, ni se recupera ni una radio,
ni un vehículo. Por lo tanto, el recupero es cero. En el seno del Directorio,
entonces, surge la iniciativa de crear un sistema -ya que es un hecho insólito
el que no se recupere nada- y se contrata un servicio policial para ver si
mediante el estímulo, o sea, la contratación, se puede obtener alguna mejora en
el rendimiento de los recuperos. Se trata de una resolución muy compleja de la
que voy a leer algunos párrafos, para no fatigar al Senado. En ella se dice,
por ejemplo, que los funcionarios policiales vinculados, deberán ajustar su
procedimiento a los lineamientos siguientes: aportar al Banco información
individual y actualizada que haga posible la rápida ubicación; dar aviso
telefónico inmediato al Banco; nómina de objetos recuperados; mantener la
coordinación permanente y directa entre jerarcas del Departamento de Hurtos y
Rapiñas, del Departamento de Automotores, de la Dirección de Investigaciones y
la jerarquía del Departamento de Automóviles, del Banco de Seguros.
Esto se implementa recién en el año 1988
que es cuando ocurre el milagro.
Según los datos que he podido obtener, en
el período que va desde agosto de 1988 a febrero de 1989 los recuperos, que
eran insignificantes, prácticamente cero, pasan a nuevos pesos 8:391.185.
Quiere decir que era posible recuperar parte de los objetos robados; pero para
ello se requirió la creación de todo un servicio. Por supuesto que éste le
cuesta al Banco; se paga a través del artículo 222. Por ejemplo, en el período
que recuperó esos N$ 8:391.185, el servicio le costó aproximadamente N$
3:000.000; pero valió la pena, porque el Banco de Seguros obtuvo ganancias.
La difícil situación en la que se
encuentran los institutos policiales, mereció el análisis de la propia Escuela
Nacional de Policía. Fíjense lo que se expresa en un documento elaborado para
uso docente: "Eficacia policial. Este mismo factor, debe tenerse en cuenta
en la planificación de las operaciones policiales; esta eficiencia depende de
la situación policial que está determinada por los siguientes aspectos:
recursos humanos, recursos materiales, instrucción, tecnificación, disciplina y
moral".
Con respecto a recursos humanos, el
documento dice: "La Policía. presenta una acentuada insuficiencia de
efectivos para cumplir las funciones cada vez más numerosas y
sobredimensionadas, la que se ve agravada por la imposibilidad de cubrir las
vacantes existentes por las bajas remuneraciones, que no constituyen una oferta
atractiva con relación a los riesgos y esfuerzos inherentes a la función.
Debido a ello tampoco se puede realizar una adecuada selección de
personal".
O sea que es desde la propia Escuela
Nacional de Policía que se observa esta situación lamentable en cuanto a los
recursos humanos y con respecto a la política que se ha seguido en relación a
la policía.
Conceptos análogos se dan con respecto a
los recursos materiales: "Similares carencias se sufren respecto a
equipos, materiales, uniformes, vehículos, armamentos, etcétera".
Sobre el literal c), "La
tecnificación", el documento policial expresa: "Es notorio el atraso
tecnológico que padece la Institución en los más diversos aspectos que se
consideren, en contraposición al avance experimentado por la delincuencia. Este
aspecto se refleja claramente, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Policía
Técnica, que no está en condiciones de brindar el apoyo técnico y científico
que requiere actualmente la investigación policial".
Con respecto a la
instrucción, el mencionado documento dice: "Dado el carácter de fuerza
continuamente empeñada en servicios cada vez mayores, no se dispone del tiempo
necesario para la instrucción del personal en distintos niveles. Por otra
parte, se padecen severas carencias de infraestructura docente para los fines
de instrucción".
Ahora, con relación a la disciplina, se
dice: "Los excesivos recargos de servicio han provocado que el personal
deba desempeñarse fuera del radio de control regular de su respectiva unidad y
con ello, lejos del necesario encuadre orgánico. A esto se suman las necesarias
concesiones otorgadas en beneficio de aquellos que realizan trabajos extra
policiales, así como las dificultades señaladas precedentemente para la
realización de una necesaria reinstrucción".
Por último, con respecto a la moral, se expresa:
"Ha decaído sensiblemente la moral del personal policial por la acción conjugada de
varios motivos: recargo de servicios, situación económica paupérrima, carencia
de los esenciales elementos para el trabajo policial, abrigos, uniformes,
equipos de comunicación, etcétera; pérdida de contacto con sus jefes naturales,
hostigamiento de la acción policial por determinados sectores; sensación de
rechazo y descrédito popular; interferencia política en las operaciones;
descreimiento en la acción de la justicia penal y sensación de inutilidad de
los esfuerzos desplegados".
Más adelante, volveremos, punto por punto, sobre este
documento. Pero es evidente que es bien crítico en cuanto a la situación de la
Policía. Además, si emana de la propia Escuela Nacional de Policía, me parece
que es elemento más que suficiente para reconocer que la causa primera y
fundamental del auge de la delincuencia y de la sensación de inseguridad que
vive la gente, radica en el mal funcionamiento del Instituto Policial.
A esta altura de mi exposición es importante destacar
otro elemento: el auge de las empresas privadas de seguridad. ¿Por qué hacemos
esta afirmación? Porque los números cantan. De acuerdo con una conferencia de
prensa que dieron los directivos de la Cámara Uruguaya de Empresas de
Seguridad, que salió publicada el 29 de mayo del corriente año, en todo el país
se han otorgado 98 permisos para actuar como empresas privadas de seguridad. En
este sector de la actividad están trabajando la friolera de 6.000 personas.
Esto es inédito en la historia del país, y para decir esto no es preciso
ninguna demostración; pero si se necesita algo más puedo mencionar un trabajo
realizado por el periodista Casal, publicado por la revista "Búsqueda"
el 3 de setiembre de 1987, en el que se dice que en el país existen 51 firmas
de empresas privadas de seguridad, que ocupan a 3.000 personas. Ahora son 98
empresas y ocupan a 6.000. Estas cifras marcan la evolución que ha tenido el
tema en solamente un año y medio.
Por otra parte, entiendo que es importante hacer
distinciones entre esas empresas. En primer término, están las tradicionales.
Me refiero, por ejemplo, a las que transportan caudales, valores. Estas existen
en Uruguay desde tiempo inmemorial. Es lógico que la policía no le preste, a un
banco o a una empresa importante, un servicio especial de protección para
transportar dinero de una sucursal a otra y que ello se haga a través de una
empresa muy conocida por todos, y que funciona en el país hace varias décadas.
En segundo lugar, tenemos las empresas especializadas
en sistemas de alarmas sofisticadas. Es perfectamente posible sostener la
necesidad de que exista este tipo de empresas, sobre todo, en un mundo en que
el desarrollo de elementos tecnológicos aumenta vertiginosamente. Alguna casa
de comercio especial, algún banco o cierto tipo de empresas que desean mantener
secretos industriales, secretos en el procedimiento de fabricación, necesitan
de esos sistemas sofisticados. Pero lo que asusta es que las empresas de
seguridad que se encargarían de este tipo de tareas, en un total de 98, son
solamente 11. Las otras 87 se dedican totalmente a otra tarea:
la vigilancia territorial, actividad que es
típicamente policial.
Este tipo de empresas, que actúa sustituyendo a la
Policia, lo hace de la siguiente manera: cobra una determinada suma a cada
propietario o residente en una cuadra a cambio de protección.
Por último, señor Presidente, hay otro tipo de
empresas no registradas, que son las llamadas "fantasmas". En la
misma conferencia de prensa, publicada el 29 de mayo se denuncia su existencia.
Tengo testimonios sobre la existencia de este tipo de empresas, que no están
registradas, y que venden seguridad a la población.
Cabe preguntarse, entonces, ¿cuál es la política del
Poder Ejecutivo en la materia? ¿Vamos a seguir creando y autorizando más y más
empresas de seguridad? ¿No es suficiente contar con una especie de ejército
privado integrado por 6.000 personas; no es esto excesivo?
Por otra parte, me pregunto si esto no inspira en el
Poder Ejecutivo la idea de riesgo, de peligro; ¿acaso desconoce una serie de
denuncias que van desde la insuficiencia de la reglamentación hasta la
existencia de estas empresas fantasmas con guardias de seguridad que intervienen
en actos delictivos robando las casas e instituciones que debían vigilar? ¿No
sabe el Poder Ejecutivo que todo esto ha cambiado los usos, hábitos, costumbres
de los habitantes de este país?
Sin duda, los avisos aparecidos en los diarios son un
ejemplo ilustrativo de lo que sucede. Puedo citar varios avisos aparecidos en
el Libro de los Clasificados del diario "El País" donde se expresa
"Reja: no espere que lo roben. Colóquela ya."; "Rejas: llámenos
antes de que sea tarde"; "Armería Venta de armas". En dichos
avisos se detallan los distintos modelos de estos elementos, así como su
precio, respecto al cual se puede comprobar que evolucionan dependiendo de la
demanda. Por ejemplo en abril de 1989 una alarma de electrónica visión costaba
N$ 20.000 con IVA y colocación incluidas; en mayo cuesta N$ 25.000 y en junio,
N$ 30.000, es decir que aumenta N$ 5.000 por mes porque la demanda es realmente
importante.
Cabe destacar, asimismo, la
importancia que tienen los llamados de personal que se hacen a través de la
prensa. En un solo aviso se solicitan 100 personas para tareas de guardia de
seguridad. Otra empresa líder en seguridad y prevención solicita personal
masculino para vigilancia. También podemos citar otro aviso en el que se piden
vigilantes de 25 a 50 años con instrucción militar y establece, además, las
retribuciones que siempre representan el doble de lo que gana un agente
policial. Es así que al 11 de junio del corriente año la remuneración está por
encima de los N$ 100.000. Podemos seguir citando otros muchos ejemplos como ser
el de una empresa que selecciona 40 guardias y otra que el 18 de junio ofrece
una remuneración de más de N$ 110.000 para quien desempeñe tareas de vigilante.
El mismo día se solicitan 50 vigilantes por un lado y 20 por otro. A continuación
figuran una cantidad de avisos que hacen referencia a sistemas de blindajes,
rejas y alarmas.
Todo esto ha llevado al surgimiento de una nueva
actividad que representa ocupación para unas 6.000 personas, y ofrece servicios
de seguridad a gente que puede pagarlos pero que no brinda protección al resto
de los habitantes del país. Al respecto, y tal como lo señalaba en un reportaje
el señor senador Cersósimo, existe aquí un problema de clases sociales, porque
a estos servicos no puede acceder quien no tenga un determinado poder
adquisitivo.
Habíamos adelantado que íbamos a volver
sobre el tema de la política de personal que ha seguido el Ministerio del
Interior. Y manifestábamos que este documento pólicial señalaba una acentuada
insuficiencia de efectivo. Al respecto tengo innumerables denuncias que
acreditan esta situación. Precisamente, tengo una denuncia proveniente de la
ciudad de Bella Unión en la que se manifiesta: "Enterado por la prensa de
la interpelación que se realiza al señor Ministro del Interior, pongo en
vuestro conocimiento un tema que preocupa a la población de Bella Unión y que
es la falta de funcionarios de la 7ª. Sección". Aquí se detalla cuáles son
las zonas que comprende esta Sección así como las carencias y dificultades que
ocasiona en Bella Unión esta falta de personal.
Para ubicarnos en el polo opuesto del país voy a citar
otra nota, de aquí de Montevideo, del 15 de junio y que proviene de un grupo
que organizó un servicio privado de vigilancia nocturna que fue agredido.
Frente a esto y al recurrir a la Comisaría de la 24ª. Sección se encontraron
con que la misma contaba con seis funcionarios, tres de los cuales formaban un
piquete fijo para atender la zona de Cerro Norte y los tres restantes debían
hacerse cargo de las zonas de Pajas Blancas, La Paloma, Maracaná, Santa
Catalina y la parte de Casabó en el Cerro. Dicha Seccional cuenta como medio
de transporte con una bicicleta y una camioneta.
Entonces, cabe preguntarse cómo puede
darse esta situación. Personalmente, he solicitado información sobre la
cantidad de funcionarios con que cuenta el Ministerio del Interior. En
reiteradas oportunidades he escuchado al señor Ministro manifestar que tienen
cientos de vacantes sin llenar. Al respecto, debo decir que cuando este
Gobierno inicia su gestión en marzo de 1985, el Ministerio del
Interior contaba con 23.500 funcionarios. Hoy, al 30 de junio de 1989, registra
25.331 personas. Es decir que actualmente tiene 1.741 funcionarios más. En
consecuencia, ¿cómo es posible que se dé esta falta total de funcionarios?
¿Cómo es posible que cuando se requiere un servicio policial nos encontremos
con que no hay efectivos? ¿Qué política de recursos humanos se ha seguido?
Seguidamente, citaré algunas opiniones que
en estos días se me ha hecho llegar y que puede explicar esta situación. Se
dice que está absolutamente generalizado dentro de la Policía el artículo 222,
por el cual el 80% de lo que paga el particular por servicios extras va a
beneficio del policía para incrementar su salario y el 20% restante al Estado.
En consecuencia, como una gran cantidad de personal policial, a causa de las
bajas retribuciones que recibe, tiene que ir a los servicios particulares del
222, nos encontramos con que dicho personal hace normalmente de ocho a
dieciséis horas corridas en la Comisaría y después ocho horas más en un Banco o
en una dependencia del Estado. Debido a esto, cuando este policía debe hacer
frente a su tarea en el Ministerio se encuentra totalmente agotado y,
generalmente, a la Comisaría va a dormir. Esto último me lo manifestó un alto
jerarca policial. Todo esto obedece a las bajas retribuciones que los policías
reciben. Asimismo, otra de las causas que se me ha señalado es la existencia de
estas empresas de seguridad que proliferan y pagan -según avisos publicados en
la prensa- N$ 110.000 como salario mínimo cuando, en realidad, un policía gana
N$ 50.000. En consecuencia, dichas empresas se llevan a los
policías más competentes y no debemos olvidar que para formar un buen policía
el Estado necesita cinco o seis años.
En esta situación y habiendo, además, una
política muy difícil de ingresos, explican que por un lado tengamos en la
planilla del Ministerio 1.700 funcionarios más que cuando comenzó esta
administración y que, por otro, todos los servicios acusen una tremenda falta
de personal.
También se me ha dicho -no lo he podido
verificar, pero tal vez el señor Ministro pueda informar al respecto- que es
muy importante el número de pases en comisión dentro de esa Secretaría de
Estado. Es verdad que hay más de 25.000 funcionarios en el Ministerio del
Interior; pero hay miles de ellos en comisión.
De más está decir que coincidimos en
cuanto a que los salarios del personal policial son muy bajos.
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR ZUMARAN . - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador.
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. -. El señor senador Zumarán
ha señalado, un poco al pasar, un hecho que estimo singularmente importante y
con respecto al cual no se si está en condiciones de suministrar algún
pormenor. Si fuera así, me parece que ilustraría al Senado adecuadamente.
Luego de señalar el número de unidades en que ha
aumentado el funcionariado del Ministerio del Interior, el señor senador hace
constar que una proporción apreciable de ellos estaría desempeñando tareas en
comisión. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué alcance tiene? ¿Esos funcionarios
están en comisión fuera del Ministerio...
SEÑOR ZUMARAN. - Sí.
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. ... o en tareas que no son
aquellas para las cuales fueron designados?
Subrayo este hecho porque, sin perjuicio de que en su
momento nos ocupemos del tema, en una circunstancia como la que vive el país
-en este momento no estoy estableciendo todavía responsabilidades de ningún
carácter- con la inseguridad atroz que notoriamente padece la
población, con la insuficiencia reiteradamente reconocida que padecen los
servicios policiales, que haya funcionarios policiales que están en comisión
fuera del Ministerio del Interior y en número importante, sería algo de
tremenda gravedad que, creo, nadie podría justificar. Si hay
funcionarios que están en comisión dentro del propio Ministerio del Interior,
habría que conocer exactamente qué funciones cumplen y qué cantidad
representan, porque dentro de dicha Secretaría existen funciones
administrativas y de otro carácter. Sería absolutamente inconcebible que
funcionarios que fueron designados para cumplir tareas directamente vinculadas
con el orden público, estuvieran desempeñando otras de carácter administrativo
para las que no han sido nombrados.
Cualquiera de esas dos circunstancias sería
absolutamente grave, sobre todo en un momento como el que está atravesando el
país.
Si estuviera dentro de las posibilidades
del señor senador interpelante, me gustaría que proporcionara alguna
información más completa a este respecto, porque puede ser un elemento de
singular utilidad para la determinación de responsabilidades y para la búsqueda
de las soluciones que estamos procurando.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor senador Zumarán.
SEÑOR ZUMARAN. - Soy muy concreto en los
datos que doy en cuanto al número de funcionarios. Al lº de marzo de 1985
revistaban en el Ministerio del Interior 23.590 funcionarios; al 30 de junio de
1989, hace apenas 19 días, 25.331 funcionarios. De modo que hubo un aumento de
1.741.
Pregunté a algunos oficiales de policía en
actividad cómo era posible que habiendo aumentado en algo más de 1.700 el
número de funcionarios, en una plantilla de 25.000, se hayan producido
denuncias como las que señalé respecto de que en amplias zonas de Montevideo,
sólo había 6 funcionarios en una Comisaría. Lo mismo sucedía en la denuncia que
hice en cuanto a la ciudad de Bella Unión, así como respecto de otras muchas
que podría hacer. En lo que tiene que ver con esta última, puedo decir que hay
alrededor de 40 funcionarios. Por ejemplo, en la 7a. Sección, en el año 1985, había
destacados 72 funcionarios. Hoy, dos años y medio después, esa Seccional cuenta
con 42 empleados, mientras tanto sus habitantes pasaron de 20.000 a, 25.000.
Sin embargo, el número de funcionarios policiales disminuyó a la mitad. ¿Cómo
es posible esta contradicción? ¿Cómo es posible que alguien que vaya a hacer
una denuncia a la Comisaría reciba por contestación que no se le pueda atender
porque no se cuenta con el personal necesario? Cualquiera que haya chocado sabe
que en las Comisarías se le contesta que no se le puede atender porque no
cuenta con personal.
Ante esto se me contestó que el personal,
agotado por cumplir tareas de acuerdo al artículo 222, permanece en las
Comisarías pero no sale a cumplir funciones en la calle. Quien me hacía estas
puntualizaciones era un antiguo funcionario policial, con más de 20 ó 30 años
de actividad. También me significaba que cuando él comenzó a desempeñarse en la
Policía, un agente cumplía funciones en la calle, mientras que ahora no es así,
pues se encuentran dentro de la Comisaría, entre otras cosas, por el horario
increíble que deben cumplir. En algunas Comisarías trabajan 16 horas corridas.
Debe tenerse en cuenta que ya cumplió 8 horas en la actividad privada o
semiprivada, de esa cosa rara del artículo 222. El funcionario desarrolla esas tareas para mejorar su retribución.
En cuanto a los pases en
comisión, se me ha dicho que todo agente que puede, trata de salir de la
llamada Policía ejecutiva, de aquella que tiene que estar en la calle, en
contacto con los ciudadanos y con la delincuencia; para cumplir tareas
administrativas a nivel del Ministerio del Interior. Se me ha informado que,
fundamentalmente, en el interior del país lo que se da, es el pase en comisión
a dependencias que no corresponden al Ministerio del Interior. Esos pases en
comisión normalmente se autorizan por razones de carácter político. Recuérdese
que el documento de origen policial a que hice referencia, hablaba de
interferencias políticas en la organización de la Policía.
En este momento, no puedo precisar, de los
25.000 funcionarios actuales, cuántos se encuentran en comisión; pero según me
dice gente experimentada que se desempeña en estos días en la Policía en cargos
de Dirección, se trata de un número muy importante, teniendo en cuenta,
inclusive, los que se encuentran fuera de la órbita del Ministerio del
Interior.
El otro elemento que se menciona para que
la Policía esté muy mal es la escasez de recursos materiales. Al respecto
también hay una contradicción que me gustaría que el señor Ministro aclarara.
SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR GARCIA COSTA. - El
señor senador Zumarán da por supuesto -y es lógico que así lo haga- que todo el
Senado es consciente y conocedor del artículo 86 de la Constitución. ¿Por qué
señalo este punto? Porque las referencias a la escasez de personal, a lo exiguo
de las retribuciones, a estas jornadas inverosímiles a que se ven sometidos los
funcionarios policiales más modestos para lograr mejorar en algo sus menguadas
retribuciones, pueden hacer pensar que, si se quiere, existe una
responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo -el Ministerio del
Interior- y el Parlamento. Se puede pensar, equivocadamente, que quizás en
alguna instancia hubo una suerte de voto negativo de parte del Parlamento,
cuando el Poder Ejecutivo, en oportunidad de considerar el Prespuesto o en
alguna de las cuatro Rendiciones de Cuentas nos propusiera el aumento de las
plazas de funcionarios policiales, o de sus remuneraciones, en el Presupuesto
General. Se cometería con ello el error de olvidar el artículo 86 de la
Constitución. Incluso no hace mucho, un señor senador, en un momento de
distracción, lo cometió y, lo que es más lamentable, lo dijo para los diarios.
Por otro lado, sucede también que cuando
los funcionarios policiales se encuentran con nosotros, nos dicen:
"Comprendo al Partido Nacional, que está en la oposición, pero ¿cómo es
que no votan un aumento de sueldo? ¿Por qué no crean más plazas de policías?
¿Por qué razón se niegan a aspectos tan necesarios? Ciertamente, dando por
descontado que el Poder Ejecutivo es absolutamente consciente de la escasez de
las remuneraciones y del número de personal policial, es lógico que se nos
atribuya a nosotros la negativa a solucionar esos extremos.
Mi intención, señor Presidente, y para
clarificar terminantemente el tema, es recordar lo establecido en el artículo
86 de la Constitución; para ello la mejor manera es su lectura. En su parte
final dice: "Pero la iniciativa para la creación de empleos, de dotaciones
o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas
pecuniarias, establecimiento o modificación de causales, cómputos o beneficios
jubilatorios corresponderá privativamente, al Poder Ejecutivo".
Esta sesión va a ser muy extensa, o acaso tendrá una
duración prudente, pero desde ya me resulta imprescindible, pues, dejar bien
establecido que si en la República Oriental del Uruguay no hay personal
policial suficiente, este Parlamento no tiene nada absolutamente nada que ver
en ello. Nunca hemos rehusado atender una iniciativa del Ministerio del
Interior que refiriese a la creación de cargos policiales. Cada vez que el
Poder Ejecutivo usó la iniciativa que constitucionalmente le es privativa -me
permito insistir que sin ella no podemos crear cargos- este Parlamento
-integrado, obviamente, por legisladores del Partido de gobierno, pero también,
y mayoritariamente, de la oposición- votó religiosamente lo que se le solicitó.
De modo que si se alega para la falta de efectividad policial que no hay personal
suficiente, no es en modo alguno culpa nuestra, sino del Ejecutivo que no
ejerció su potestad previa y necesaria, para solucionar el tema.
En cuanto a que los funcionarios policiales ganan
poco, cabe decir exactamente lo mismo. Este Parlamento -oposición y gobierno-
votó religiosamente todos y cada uno de los aumentos que para los funcionarios
policiales se nos propuso por el Ejecutivo. Incluso, el Partido Nacional hizo
declaraciones expresas, a través del señor senador Pereyra -quien en este
momento no se encuentra en Sala- por la Bancada del Partido, estableciendo que
hacíamos en la materia lo más que la Constitución nos permitía, que es votar
todos los aumentos de los que se nos envía iniciativa.
Este tema de la delincuencia reconoce, entre otras muchas
causas, la que refería el señor senador Zumarán, es decir, pocos funcionarios y
mal pagos. Pero si son pocos y mal pagos, en ello no tiene responsabilidad
alguna este Parlamento.
El artículo 86 de la Constitución -y lo recuerdo por
última vez- reserva terminantemente la iniciativa al Poder Ejecutivo. Si en la
actual circunstancia del país no alcanzan los funcionarios policiales, o son
bajas sus remuneraciones, ello es responsabilidad de quienes gobiernan desde el
Ejecutivo y por cierto que no lo hacen desde hace 24 horas, ni tienen al
Ministerio en sus manos desde hace igual lapso.
Quede pues esto perfectamente aclarado: si los
funcionarios policiales ganan poco -y por cierto que así es, nadie tiene la
menor duda de ello- es responsabilidad única del Poder Ejecutivo. Este podrá
brindar las explicaciones que quiera, pero, reitero, es su clara y única
responsabilidad. Digo esto porque de algún modo, la opinión, y aún el
funcionariado policial, puede suponer que se nos ha pedido nombrar funcionarios
policiales, mediante la creación de cargos presupuestales, y hemos votado
negativamente. Nunca se nos pidió nada. Si no hay los funcionarios necesarios,
es porque el Ministerio del Interior estima que son suficientes; y si ganan
poco es porque el Poder Ejecutivo cree que lo que ganan está bien o que no les
puede pagar más. Obviamente, en ambos casos es responsabilidad del Ejecutivo,
puesto que la resolución y sobre todo la iniciativa en ninguno de los dos temas
pertenece a este Parlamento porque la Constitución no nos da autoridad para
ello, reservando la iniciativa al Gobierno Central.
Por supuesto que el señor senador Zumarán
daba por sentado lo que acabo de manifestar, pero a veces es bueno repetir lo
sabido a efectos de poder tener una guía bien clara sobre las decisiones que
hay que tomar.
-Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor senador Zumarán.
SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR FERREIRA. - A esta altura y hecha la
tan pertinente aclaración del señor senador García Costa, siento la obligación
de hacer una precisión que considero de enorme importancia.
Hace varios días que en
medios de prensa se viene especulando sobre la intención que motiva la
interpelación que lleva adelante el señor senador Zumarán. Esto me preocupa
porque en una manera de politizar una discusión que debería estar muy al margen
de la instancia electoral que se avecina en la República. Sin embargo, desde
tiendas y voceros muy autorizados del Partido de Gobierno, se ha pretendido
asignar al miembro interpelante la intención de querer tirar abajo al señor
Ministro por razones político-electorales. En ese sentido, creo que lo que
inspira y motiva a la Bancada del Partido Nacional a llevar adelante esta
interpelación, está muy lejos -tal como se señaló al comienzo de esta sesión-
de cualquier consideración sobre el futuro político del señor Ministro. Más
bien, me da la impresión de que no es el Partido Nacional el que quiere que el
señor Ministro se vaya por razones electorales, sino que es el Partido Colorado
el que quiere que él se quede por esas mismas razones.
No obstante esto, me duele profundamente
-cuando se asignan intenciones a senadores que conforman este Cuerpo y que
gozan del prestigio del señor senador Zumarán- que integrantes del mismo hagan
apreciaciones como las que mi muy respetado colega, el señor senador Ricaldoni,
efectuó en el matutino "La Mañana", el sábado 17 de junio del
corriente año, en un artículo que lleva su firma y que aparece en la página 9.
Allí dice que inspira al señor senador Zumarán la tarea de procurar votos que
cree imprescindibles para el crecimiento de la supervivencia de su sector
político; que seguramente procurará censurar al Ministro del Interior por cosas
tan intrascendentes como algún acto de corrupción o ineficiencia de
funcionarios menores de policía, o por la inseguridad que tendría la población
montevideana ante una aparente escalada de delincuencia. Es decir que para
nuestro colega el señor senador Ricaldoni, habría inseguridad en la ciudad y
que eventualmente hay una escalada de delincuencia. Creo que esto, señor
Presidente, no lo cree nadie, milite en el partido político que milite.
Por otro lado, creo que al señor senador
Ricaldoni no le asiste derecho -y lo digo con todo respeto- a presumir
intenciones. En esto, cada uno juega con su estilo, con sus cartas, con sus
herramientas. Pero viniendo de un colega al cual respeto tanto, estas
apreciaciones me dolieron muy profundamente.
Lo que más me preocupa -y creo que a esta
altura, hay que clarificarlo- es que en esta opinión editorial del señor
senador Ricaldoni, se dice lo siguiente: "Pocos se acordarán en cambio, de
que hasta no hace muchos meses, cada vez que se reclamaban mejoras
presupuestales para el Ministerio del Interior, desde esas mismas tiendas"
-las del Partido Nacional-"se hablaba y se escribía de un inaceptable
intento oficial por mantener y aumentar el aparato represivo del Estado".
Al respecto, debo decir con toda serenidad, que esto es falso, que esto es
faltar a la verdad. Durante las discusiones de las Rendiciones de Cuentas
correspondientes a los años 1987 y 1988 el señor senador Lacalle Herrera
realizó gestiones, en nombre de nuestro Partido, para ver si, dado que el Poder
Ejecutivo no quería otorgar aumentos para los salarios de los policías se
diera, por medio del Plan Alimentario y a través de partidas de rancho, un
surtido de almacén, especie de compensación para estos bajos salarios.
El 23 de julio de 1987 el señor senador
Zumarán, haciendo uso de la palabra en este Cuerpo, con motivo del asesinato
del agente policial Oscar Duilio González Díaz reclamó del Poder Ejecutivo
mejoras en el orden salarial para los funcionarios policiales. En esa misma
sesión, nuestro colega, el señor senador Carlos Julio Pereyra, integrante de la
Comisión de Presupuesto del Senado, en nombre de nuestro Partido, dijo:
"Adelanto desde ya, como integrante de la bancada de un partido de
oposición, que como lo hemos dicho desde el primer día de la Legislatura, no
retacearemos los medios necesarios para que, en su justa medida, los servicios
policiales tengan cómo custodiar los derechos y la vida de la sociedad
uruguaya".
He citado, señor Presidente, expresiones
vertidas en Sala por los tres candidatos de mi Partido a la Presidencia de la
República, todas ellas coincidentes en la necesidad de obtener mejoras
presupuestales para el funcionariado policial, tema sobre el cual este Cuerpo
sólo puede pronunciarse si existe una iniciativa que es de competencia
privativa del Poder Ejecutivo.
Creo que es legítimo que tengamos
opiniones diversas sobre cómo encarar un tema tan serio y profundo como éste.
Sin embargo, es fundamental -si es que queremos trasmitir a la ciudadanía la
sensación de que realmente estamos trabajando por su seguridad, de que no
estamos haciendo política menuda, sino que velamos por la seguridad pública-
que estas diferencias las dirimamos en un marco de respeto que se ajuste
estrictamente a la verdad de los hechos y, posteriormente, a la forma en que cada uno de nosotros las interprete.
Por lo tanto, señor Presidente, muy respetuosamente
exijo al señor senador Ricaldoni que cite un solo ejemplo -aunque dicen que una
golondrina no hace verano- de alguna iniciativa promovida por el Poder
Ejecutivo para aumentar el salario de la policía, que haya contado con la
negativa de los integrantes del Partido Nacional. Repito que le pido un solo
ejemplo en todo lo que va de esta Legislatura. Solicito al señor senador que
nos traiga la versión taquigráfica de la sesión en que un legislador del
Partido Nacional haya dicho que aumentarle el sueldo a los policías es aumentar
el aparato represivo del Estado. Si lo hace, yo me excusaré ante el señor
senador Ricaldoni. De lo contrario, si en el curso de este debate, y contando
con el asesoramieto de la oficina de Información Legislativa y ,de la
Biblioteca del Poder Legislativo, el señor senador no es capaz de probar lo que
digo, estoy seguro de que será el primero en solicitar la palabra, a fin de
rectificar este agravio que le ha inferido a la bancada del Partido Nacional y
que no tiene ningún otro objeto aparente más que el de desprestigiar la imagen
de nuestro Partido ante un instituto que le es tan querido como el policial.
SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una
interrupción?
SEÑOR ZUMARAN. - Quisiera continuar con el
hilo de mi exposición, pero dado que el señor senador ha sido aludido, le
concedo la interrupción.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador Ricaldoni.
SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: a
esta interpelación no he traído ningún tipo de documentación, ya que vine a
tomar notas y a sacar mis propias conclusiones sobre las palabras del señor
miembro interpelante y del señor Ministro.
Creo -tal como le
escuché decir esta mañana en una audición radial a un miembro de mi bancada-
que hay muchos señores senadores de la oposición que han venido a esta
interpelación con una opinión formada, destinada a condenar y a criticar al
señor Ministro. Pienso que eso es una forma de quitarle relieve, trascendencia
al instituto de la interpelación. Me parece que, más allá de las legítimas
posturas políticas de cada sector, es inevitable hacer un prudente compás de
espera sobre las conclusiones a sacar porque, en definitiva, en las distintas
etapas de la interpelación, primero en la Cámara correspondiente y luego en la
Asamblea General y, repito, habida cuenta de lo que es la postura política de
cada uno, no dejamos de ser -y bueno es recordarlo- jueces, no sólo del
Ministro que coyunturalmente viene a Sala, sino también del propio sector que
interpela, así como del interpelante.
Durante las largas semanas en las que se
fue procesando esta interpelación escuché declaraciones formuladas por
integrantes del sector al que pertenece el señor miembro interpelante y,
naturalmente, el señor senador Ferreira, en las que se da por cierto lo que
todavía hay que probar, lo que debería ser postergado, a la espera de las
manifestaciones del señor Ministro.
En la edición del diario "El
País" del 14 de junio la Junta Nacional y la bancada de legisladores del Movimiento
Por la Patria, ante la inminente interpelación al Ministro del Interior, a
realizarse en la Cámara de Senadores, declaran con honda preocupación que son
conscientes de la notoria incapacidad de los servicios a cargo del señor
Ministro, así como de la comprobada participación en hechos delictivos de
miembros del cuerpo policial, lo que agrava, según ellos, aún más la situación
y compromete injustamente el prestigio y la autoridad que, por definición,
deben ante la ciudadanía. Asimismo, señalan la proliferación de las empresas
privadas de seguridad, ante lo cual se solidarizan con el planteamiénto de
interpelación llevado adelante por el señor senador Zumarán y rechazan, con
toda llaneza, cualquier intento, por parte del Poder Ejecutivo, de desconocer
el pronunciamiento del Senado, lo que supondría una nueva violación de claros
preceptos constitucionales y una nueva afrenta a la ciudadanía.
Esto fue dicho el 14 de junio, señor
Presidente, sin escuchar al señor Ministro, sin saber lo que él va a manifestar.
Al comenzar la disertación del señor
miembro interpelante he escuchado -al respecto he tomado notas y estos son los
únicos papeles que tengo sobre mi banca- que hay una sensación de creciente
inseguridad.
SEÑOR ZUMARAN. - Situación, señor senador.
SEÑOR RICALDONI. - Varias veces le sentí
hablar al señor senador Zumarán sobre una sensación. Admito que puede existir
esa sensación en ciertos sectores, pero creo que los hombres públicos tenemos
qué preocuparnos, en primer lugar, de realidades y si ellas se contraponen con
determinadas sensaciones, es necesario que lo digamos abiertamente.
A continuación me voy a referir a lo que
menciona el señor senador Ferreira, con la misma serenidad con que él lo ha
hecho y con el mismo respeto que sé que él me tiene. Repito que no tengo sobre
mi mesa ese editorial a que él hace referencia. Sin embargo, quiero señalar que
para nadie que se interese medianamente en la cosa política de este país, pasa
inadvertido el hecho de que durante los primeros años de este Gobierno era
prácticamente un "slogan" reiteradamente utilizado...
SEÑOR MEDEROS. - No por el Partido
Nacional.
SEÑOR RICALDONI. - ... y expuesto a la
consideración de la ciudadanía que, tanto las Fuerzas Armadas, como los
servicios policiales formaban parte del aparato represivo del país. Quiero
expresar, señor Presidente, que en los próximos días me voy a ocupar
públicamente de esto.
Ahora no voy a extenderme más sobre
el tema, ya que considero que no da para tanto, pues la controversia es entre
el señor senador Zumarán y el señor Ministro interpelado y no con quien habla.
Sabemos que en más de una oportunidad,
cuando se trataron las Rendiciones de Cuenta de los primeros años de este
Gobierno, hubo casos muy claros -y éste es uno de ellos- en los que se dio una
posición por parte del Partido Colorado y otra por parte de los Partidos de la
oposición.
SEÑOR FERREIRA. - ¡Mentira!
SEÑOR RICALDONI. - Usted trató de
mentiroso, en el mismo momento y circunstancia al señor Presidente de la
República y a quien habla, a través de un mismo artículo. Si el señor senador
ha hablado de respeto hacia los señores legisladores, podríamos referirnos a
errores y no a mentiras. Sin embargo, si de lo que se trata es, de hacer el
recuento de mentiras, debo decir que tampoco he traído papeles que verifiquen
quién ha mentido y quién se ha equivocado en estos últimos cuatro años.
En definitiva, creo que el curso de esta
interpelación requiere que se retome el hilo central de lo que se plantea,
porque para lo otro ya habrá tiempo de hacer aclaraciones. Y como ha dicho muy
bien -en esto sí coincido con el señor senador Ferreira- quien esté equivocado,
ya sea él o quien habla, o a la inversa, no tendrá inconveniente en
reconocerlo.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor senador Zumarán;
SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR FERREIRA. -
Afirmar que el Partido Nacional votó en contra de una iniciativa del Poder
Ejecutivo para aumentar los salarios de los policías, a esta altura del debate,
es una mentira, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Creo que quien ha sido endilgado de
mentiroso tiene recursos para desechar estos hechos, ya que la sesión es larga
y el señor senador Ricaldoni tendrá, además, más de una oportunidad para traer
la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Presupuesto Integrada de
este Plenario, en la que figura que, en un solo caso, nuestro Partido se ha
negado a votar el aumento salarial a los policías. De ser así en caso de que
ello ocurriera con todo gusto y respeto me excusaré. Pero reitero que el señor
senador Ricaldoni cuenta con sobrado tiempo para conseguir esa versión
taquigráfica. Sin embargo, ello no podrá ser porque no existe.
Desde mi punto de vista, ha quedado
confirmado y ratificado que el Partido Nacional, jamás, en estos cinco años,
negó su voto a ninguna iniciativa del Poder Ejecutivo para aumentar los
salarios de los funcionarios policiales. Sin esa norma, sin esa disposición
privativa del Poder Ejecutivo, este Cuerpo no puede pronunciarse.
Como era de prever, el señor senador
Ricaldoni no logró avalar con un solo ejemplo sus dichos en el editorial del
diario "La Mañana".
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor senador Zumarán.
SEÑOR BATALLA.-¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR ZUMARAN.- Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR BATALLA.- Pido excusas al señor
miembro interpelante, pero en la medida en que se está discutiendo sobre la
posición que ha tenido cada uno de los sectores en relación con las Rendiciones
de Cuentas anteriores, y considerando lo señalado por el señor senador Mederos
en cuanto a que dicha negativa no surgió del Partido Nacional, pudo entenderse
de alguna forma que en cierto momento dicha negativa a conceder aumentos de
salarios al personal policial haya sido de parte del Frente Amplio.
En tal oportunidad, nuestro sector se
expresó a través de la palabra del señor representante Eden Melo Santa Marina.
Lo que deseo es leer la versión taquigráfica de lo expresado por parte de este
señor representante en tal ocasión. Estas expresiones no fueron de ahora ni
tampoco del año pasado, sino de la sesión del día 8 de octubre de 1986 en la
Cámara de Representantes. El señor Melo Santa Marina, reitero, hablando en
representación del Frente Amplio, manifestó lo siguiente: "Queremos
destacar, asimismo, que el Frente Amplio, votó oportunamente en forma favorable
los incrementos salariales propuestos por el Poder Ejecutivo para los niveles
inferiores de los escalafones de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Señalo,
además, que si se nos hubiera propuesto habríamos votado, inclusive, mayores
incrementos para la Policía. Decía que si hubieran sido propuestos, habríamos
votado mayores aumentos para la Policía, por cuanto somos partidarios de un
cuerpo de policía civil bien remunerado, o, al menos, decorosamente remunerado
y, además, con regímenes de trabajo racionales, cosa que no ocurre actualmente.
Queremos un cuerpo policial con especialización profesional, técnica y eficaz,
pero que también sea visto como una auténtica garantía de los derechos
ciudadanos y no, por supuesto, como guardia pretoriana de ningún régimen".
Queríamos que esto constara como elemento
de verdad, teniendo en cuenta que se trata de una lectura de la versión
taquigráfica de la sesión del Plenario de la Cámara de Representantes del 8 de
octubre de 1986, hace casi tres años atrás, en la que el Frente Amplio, a
través de lo expresado por el señor representante Eden Melo Santa Marina, se
mostró favorable a la concesión de los aumentos propuestos por el Poder
Ejecutivo. Esto lo hicimos, reiteramos, simplemente porque pudo entenderse, a
través de las expresiones vertidas por el señor senador Mederos, que fue
distinta la posición del Frente Amplio.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor senador Zumarán.
SEÑOR MEDEROS.- ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR ZUMARAN.- Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR MEDEROS .- Lo que ha dicho el señor
senador Batalla le compete a él y a su Frente Amplio. Mi deber es, aquí en este
instante, establecer la posición del Partido Nacional. Que él defienda a su
Frente Amplio, que quien habla defenderá...
SEÑOR BATALLA.- Lo que defiendo es la
verdad.
SEÑOR MEDEROS.- Quien habla no la ha
faltado. Ha dicho lo que corresponde; el Partido Nacional no ha manifestado
eso.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor senador Zumarán.
SEÑOR ZUMARAN.- De manera que, entonces,
deja mucho que desear la política de recursos humanos que tiene el Ministerio
del Interior.
Por otro lado, está el tema de la escasez de los
recursos materiales. Todos abundan en que la Policía no sólo está mal
remunerada, sino que además no posee recursos materiales. Sobre esto deseo
mencionar tres aspectos. En primer lugar, coincidimos con lo manifestado por el
señor senador García Costa en lo que hace a los recursos humanos. Votamos todas
las partidas de gastos que el Poder Ejecutivo solicitó para el Ministerio del
Interior. En segundo término, dichas partidas han sido incrementadas
sustancialmente; a modo de ejemplo, puedo citar las cifras dadas a dicha
Cartera por concepto de gastos a través de los Incisos II al IX correspondiente
al período 1983 a 1988 inclusive. Podría dar estas cifras en nuevos pesos, pero
me parece que eso confundiría el tema. Por tal razón, hemos hecho una reducción
a dólares, tomando la cotización del dólar promedio dada por el Banco Central
en su Boletín y por la revista "Búsqueda". De esa forma, llegamos a
las siguientes cifras de gastos: en el año 1983 el Ministerio del Interior
disponía de U$S 10:800.000; en 1984, de U$S 11:300.000; en 1985, de
U$S 17:000.000; en 1986, de U$S 20:900.000; en 1987, de U$S 24:500.000 y
en 1988, de U$S 25:300.000.
Quiere decir que el Ministerio del Interior, en cifras
constantes en valor dólar, ha aumentado por dos veces y media el rubro de
gastos de los incisos II al IX, lo que no es poca cosa.
Entonces, si dicho Ministerio ha recibido en dólares
dos veces y media la partida de gastos, le pido al señor Ministro que explique
a este Cuerpo, y a través de él al país, cómo es posible que el Poder
Ejecutivo, bajo este Gobierno, haya licitado patrulleros en noviembre de 1985,
y resuelto comprar una determinada marca de vehículos para este fin -ciento
veinte, para mayor exactitud- que fueron entregados a partir de junio de 1986;
y, además, deseo que se nos explique cómo es que el Ministerio se quedó con una
serie de camionetas, que estaban en poder del Banco Central por razones de
endeudamiento, que son de origen japonés y que han sido vistas en circulación
por la población, teniendo en cuenta que el Ministerio ya contaba con una flota
de vehículos y que, a principios de año -haciéndose público por diversos
medios, motivando inclusive que el doctor Washington Beltrán escribiera a este
respecto un editorial en el diario "El País"- esta Cartera se haya
quedado sólo con tres patrulleros por turno.
¿Qué pasó con los patrulleros? ¿Cómo es posible que se
adquirieran 120 patrulleros, además de quedarse con las camionetas del Banco
Central, tener una flota propia y dejar a una ciudad de más de un millón de
habitantes absolutamente desprotegida, ya que se contaba con sólo tres
patrulleros por turno?. El Uruguay entero, al igual que los delincuentes,
sabían que la Policía no tenía medios para movilizarse.
Entiendo que el tema de la política seguida por el
Ministerio en la administración de los recursos materiales para gastos, también
merece una explicación, que no puede quedar sobreentendida. Aunque pocos e
insuficientes, hay recursos. Los patrulleros se compraron, pero no circulaban
por las calles porque todos estaban rotos. La flota estaba inmovilizada. Esto
no se previó. ¿El Ministerio no tiene experiencia al respecto? No sabe que el
patrullero está sometido a cierto desgaste y hay que repararlo? ¿Cómo es
posible que una ciudad de repente se quede sin patrulleros habiéndose adquirido
120 coches en una licitación, hace un año, además de la otra flota que tiene el
Ministerio del Interior?
Como tercer elemento, para probar que la Policía
funciona mal, me voy a referir a un documento policial acerca de la
tecnificación. El mismo hace referencia al notorio atraso tecnológico que
padece el instituto policial. Este es uno de los problemas más graves que
debemos enfrentar.
En el reportaje
realizado a la doctora Adela Reta, que algo sabe en la materia y que el señor
Ministro del Interior debió haber escuchado un poco más, se indicó que una
Policía que no se tecnifica es una Policía que recurre inexorablemente a
métodos represivos que lesionan bienes fundamentales en el país. En esta
materia existen denuncias realizadas por el Colegio de Abogados del Uruguay,
que el señor Ministro del Interior no ignorará, ya que recibió gestiones
personalmente.
Existen algunos ejemplos
que quizá sean más elocuentes -no digo que las denuncias del Colegio de
Abogados del Uruguay no sean correctas- como el caso de Nico Pérez. Lo voy a
recordar muy brevemente.
El 2 de febrero de 1989
aparece el cuerpo sin vida del joven Acosta. Sostengo que en esa oportunidad no
existió un buen trabajo de la Policía Técnica, lo que da lugar a tremendas
dificultades y conmociones de parte de esas poblaciones. El 22 de febrero, 700
vecinos de José Batlle y Ordóñez y Nico Pérez le hacen llegar una carta a los
señores representantes Fresia y Amaro, quienes a su vez hacen un pedido de
informes al Ministerio del Interior y a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué
ocurre? Existe un largo informe que no voy a leer para no fatigar al Senado.
Solamente voy a recordar algunos pasajes que dicen así: "Después del
informe del forense, entregado el día 16 de febrero" -el cuerpo se
encuentra el 2 de ese mes-"a la Jefatura de Policía de Lavalleja, ésta lo
envía al juzgado con todo el informe completo más el agregado que hace el Jefe
de Policía el día 24 de febrero. "Vale decir que la Jefatura retiene el
informe del 16 al 24 de febrero, entregándolo ocho días después. Este trámite
debió ser extremadamente rápido e inmediato. Después del día 2 de febrero en
que murió la víctima el juzgado recién toma contacto con el informe el día 24.
En ese informe, incluso, se comete un error por parte de la Jefatura de Policía
de Florida, pues se dice que el examen de parafina no se puede realizar porque
los resultados que arrojan no son buenos. No obstante señala
contradictoriamente que el examen de parafina puede establecer indicios. Esto a
nosotros nos interesa dado que un indicio puede ser un elemento de prueba.
Quiero señalar que la actuación
inmediata (al día 2 de febrero) con la muerte del joven Acosta es, desde el
punto de vista técnico absolutamente ineficiente. Pero además, el informe se
demora y llega al Juzgado el día 24 de febrero. Es decir, 22 días después de
ocurrido el espisodio.
Toda esta situación
genera distintas versiones, tanto en Nico Pérez como en Batlle y Ordóñez,
respecto a si fue homicidio o suicidio.
Además, de ser muy rnala la actuación de la Policía en
este caso, aparece otro elemento típico y es el relacionado con testigos que
dicen haber oído quien mató al joven Acosta en Nico Pérez. Se trata de una
mujer de nombre Julia Jiménez. Esta persona dice que el 24 de febrero el
Oficial de Batlle y Ordóñez, señor Puñales, le manda decir que se presente en
la Seccional porque tiene que hablar con ella. La mencionada Jiménez concurre a
la Seccional y el señor Puñales le solicita que cambie su declaración es decir,
que la testigo niegue haber oído a Fulano y Mengano decir que habían dado
muerte a este joven Acosta. Le dijo el Comisario a la testigo que de lo
contrario la iba a pasar muy mal. La testigo contesta que no, por lo cual le
dio plazo hasta el mediodía siguiente para que fuera con Bustamante -que es el
otro testigo- porque de lo contrario los metería en el calabozo. Así se
obtienen los testimonios.
Agrega que esa noche
participaron en una reunión por cortesía del Director del Diario de Nico Pérez
y lo hacen en presencia de una abogada, quien llamó al Oficial de Nico Pérez,
comunicándole la gravedad de la denuncia. Este funcionario lleva a ambos
testigos a sus dependencias, aparentemente como protegidos. Pero allí los
comienza a presionar y a maltratar de palabra para que dijeran la verdad. La
situación continúa un buen rato hasta que aparece el Comisario de Batlle y Ordónez,
según la testigo Jiménez en avanzado estado etílico, y entre ambos continúan
ejerciendo presiones. Los testigos se mantienen y sobre la madrugada el Oficial
Rodríguez los lleva hasta la esquina de su casa, en donde aparentemente en una
acción coordinada estaban esperando los policías de Batlle y Ordónez, quienes
les comunicaron que estaban detenidos y los trasladaron a la Seccional. Allí
estuvieron horas y más horas bajo la presión de Puñales para que variaran la
declaración, cosa que luego de esos apremios sicológicos consiguió haciéndoles
firmar un acta falsa. Posteriormente, cuando los testigos fueron ante el juez,
doctor Santa Rosa, aprovecharon y se desdijeron, contando lo que realmente
habían visto. Esto trajo como consecuencia que el Juez de Paz los llamara a
declarar para aclarar su situación.
Debemos mencionar, como
caso especial, que cuando la testigo Jiménez fue a declarar a la Seccional de
Nico Pérez, el Oficial Rodríguez la estuvo molestando, pinchándola con un
"Kit" desarmado e incluso procedió a manosearla, aprovechándose de la
situación.
Esta es la denuncia que
toma estado público y consta en la declaración de la testigo Jiménez que dice:
"Nos tuvieron desde el lunes hasta el jueves en la vuelta, siempre
presionándonos para que dijéramos más y que si no hablábamos la íbamos a pasar
muy mal. Nunca nos llevaron frente al Juez y estuvimos cuatro días detenidos.
El jueves 9 en horas de la madrugada, llega la Policía de Florida y yo aún
estaba detenida y a ellos les relaté lo mismo que había estado diciendo a ambos
Oficiales y recién nos largaron a las 20 horas de ese jueves 9. A mí y a
Bustamante. Antes de soltarnos, nos llevaron ante el Juez y nos labraron acta
en donde volví a contar lo mismo".
Y así podríamos seguir,
pero lo que importa señalar de este episodio de Nico Pérez, son dos cosas.
Primero, que todo se origina en que no actúa la División de Homicidios, no
actúa la Policía Técnica, no hay peritaje, no hay pruebas de parafina y, la
autopsia se hace en pésimas condiciones. Cuando se pretende reeditar un mes
después, sacan del cementerio los restos del joven Acosta y están tan
descompuestos, que no le pueden hacer otra autopsia. Entonces todo –para
determinar si es hómicidio o no lo es- queda a criterio de testigos que son
objeto de estos apremios o, por lo menos, que denuncian estos apremios.
En esas condiciones,
¿cómo la población, en este caso de Nico Pérez y de Batlle y Ordóñez, no va a
estar profundamente alterada? ¿Cómo no va a recurrir a la presencia de los
diputados departamentales? ¿Cómo no va a procurar que esto tome estado
parlamentario?. Y esto, ¿por qué? Porque la Policía dio lugar a que esto
ocurriera. Si se hubiera actuado de entrada con firmeza y claridad, nada de
esto habría sido posible.
Y ante este verdadero
desastre que ocurre en José Batlle y Ordóñez y Nico Pérez, ¿qué resuelve el
señor Ministro? Resuelve trasladar a los comisarios de ambas poblaciones.
Entonces, la duda es espantosa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Tenían razón los
denunciantes? Cuando el Ministro ordena trasladar a los comisarios, ¿es porque
les está dando la razón a los denunciantes? Si se las está dando a quienes
denuncian presiones sobre los testigos, hay que tomar medidas muchos más
drásticas y radicales que las del simple traslado de los comisarios.
Todo queda, entonces, en
un situación de absoluta indefinición, que cuestiona gravemente -desde el punto
de vista de la credibilidad y de la confianza del público- la situación de la
Policía. Si no se hacen las pruebas técnicas, si no interviene la División de
Homicidios, si hay denuncias de que los comisarios presionan a los testigos,
¿cómo es posible que después la reacción del Ministerio del Interior sea
trasladar a los comisarios para que vuelva la paz a Nico Pérez y a Batlle y
Ordóñez? No volvió la paz allí, porque la población no tiene confianza ni la
seguridad de que se haya actuado en forma correcta.
La falta de
tecnificación de la Policía lleva a la generalización -en Montevideo sobre
todo- de un procedimiento policial que cada vez está causando más dificultades.
Me refiero a las famosas razias sobre todo de jóvenes. La razia es un
procedimiento por el cual la policía se lleva a la Comisaria a 20, 30, 40
muchachos jóvenes. Se lleva a gente innominada, al barrer, al montón, porque
presumiblemente tiene que ser objeto de averiguaciones.
En un reciente reportaje de esta semana el Jefe de
Policía de Montevideo reconoce que la razia da muy poco resultado. Sin embargo,
el procedimiento se mantiene porque la Policía no tiene otro, porque una
Policía sin tecnificación tiene que actuar así; se la condena a actuar así
¿Cuál es la solución para no hacer razias? Tecnificar a la Policía. ¿Qué hacen
las policías de países, más desarrollados? Bueno, tienen una dirección técnica
donde están los antecedentes: el famoso patronímico. Pero aquí, en esta
Policía,.el patronímico hay que buscarlo a dedo. No existe lo que ya es
elemental en pleno siglo XX: servicio de computadores. Algunos oficiales de
policía me dicen que ellos han usufructuado becas, por ejemplo en Estados Unidos,
donde en lugar de realizar razias, se individualiza a la persona sospechosa e
inmediatamente se obtiene la respuesta del computador. No es necesario que esté
detenida seis, ocho, o diez horas, para saber quién es y qué antecedentes
tiene. E incluso en Policías de países altamente desarrollados, el computador
tiene un terminal en el propio patrullero, de modo que ni siquiera hay que
trasladar al sospechoso a ningún lado porque el propio patrullero maneja la
información de quién es la persona y la obtiene al instante.
Aquí no pedimos tanto,
pero por lo menos cada seccional podría contar con esto. A través de un simple
servicio de radio, la División Técnica podría dar la respuesta con rapidez. Y
sin embargo, se demora horas a la gente que se encuentra detenida, para
averiguar qué sucedió. Independientemente de que las autoridades competentes
sostienen que ese procedimiento es inconstitucional porque se detiene a una
persona sin que haya ocurrido ninguna de las causales previstas en la
Constitución y en la Ley para privarla de su libertad; aparte de que es
ineficiente el sistema, como lo reconoce el propio Jefe de Policía, además de
todo esto, pertenece a, la prehistoria y supone condenar a la Policía a
realizar actos que la malquistan con la opinión pública, con los jóvenes y sus
familiares. Y eso nada más que por no hacer el esfuerzo de tecnificar a la
Policía en cualquiera de estos sistemas.
En lugar de mejorar,
señor Presidente, la Policía Técnica que antes estaba en la Jefatura, empeora.
Ha sido trasladada a la calle Vilardebó, donde, ¡otra que no tiene computadora!
No cuenta con estufas y tiene carencia de agua. Además -lo que es mucho peor-
todos los antecedentes policiales los tiene en un único ejemplar, ya que ni
siquiera los han microfilmado. En cualquier emergencia, en cualquier incendio,
nos quedámos sin un solo antecedente policial o delictivo del país. ¡Entonces
sí que vamos a tener que hacer razias para poder encontrar a algún delincuente!
Ello demuestra el atraso con que nos estamos moviendo y el fracaso que en ese
campo se exhibe, después de cuatro años y medio de actividad de este Gobierno
en la materia.
SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR ZUMARAN.- Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR GARGANO.- Señor
Presidente: he pedido una interrupción al señor senador Zumarán antes de que
pase a otro tema, puesto que el punto que ha tocado referente a las razias es
un tema muy llevado y traído en estos últimos dos o tres años. Realmente ha
provocado graves problemas a la población; no sólo a los muchachos, sino a sus
padres.
Quiero decir con mucha
franqueza que creo que el procedimiento de la razia es las antípodas de lo que
debería hacerse para tratar de prevenir la delincuencia infanto-juvenil, si es
eso lo que se busca. Personalmente, creo que he debido acudir diez o quince
veces a conversar con los comisarios sobre situaciones de muchachos que van a
trabajar a las cuatro o cinco de la madrugada -aprendices de panaderos o de
talleres metalúrgicos- que solamente en función de que se realiza una detención
indiscriminada cuando circulan por la calle, se encuentran no sólo en la
situación de estar detenidos sino de correr el riesgo de perder el trabajo,
porque a la segunda o tercera oportunidad de que esto ocurre -y yo tengo
ejemplos claros, casi vinculados a mi familia- los patrones no toleran más la
situación y aunque el joven salga en libertad y no haya imputación, en
definitiva, se siembra una duda sobre su comportamiento, que no se logra borrar
en el acto.
Quiero referir al
Senado, porque me parece que este procedimiento debe terminar, lo que me
sucedió el último sábado a la noche. Recibí una llamada telefónica pidiéndome
que me interesara por un grupo de jóvenes detenidos en la Seccional 1a., en la
calle Pérez Castellanos y no sé cuál otra.
Naturalmente, llamo a la
Seccional de Policía y el Comisario, muy atenta y respetuosamente me informa
que efectivamente se hallan detenidos cuatro o seis muchachos a raíz de una
denuncia recibida, porque estaban jugando al fútbol en la calle. Los muchachos
pasan toda la noche en la Comisaría y al día siguiente los mayores de edad son
llevados al Tribunal de Faltas.
Hubo un tiempo, señor
Presidente, cuando yo era niño, en que este tipo de cosas ocurrían. Se llevaba
a los jóvenes a la Comisaría, pero se llamaba a sus padres y se los hacía venir
para que los llevaran nuevamente a su casa. No se los tenía 12 ó 14 horas en
esta situación. Además, dado el carácter de la falta de que se trataba, hasta
me resultó jocoso que me respondieran en esta forma. Me parece una
desproporción tremenda tener a un grupo de muchachos adolescentes en una
Comisaría, con otros delincuentes; y creo que, más allá de esa falta nimia,
ello implica gestarles una actitud de rechazo total a la institución policial
en sí misma.
Creo que deberían
emplearse otros procedimientos o mecanismos. La policía debería aparecer
protegiendo a los jóvenes en todos los casos y no adoptando una actitud
represiva, absolutamente contraria a los fines que se deben perseguir. Y debo
decir que hemos recibido decenas y centenares de denuncias sobre este tipo de
razias, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor senador.
SEÑOR SENATORE. - ¿Me permite una
interrupción?,
SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto, señor
senador.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR SENATORE. - Señor
Presidente: al igual que el señor senador Gargano deseo señalar, antes de que
el señor senador interpelante pase a otro tema, un hecho ocurrido hace muy
pocos días, más concretamente, el jueves 13 del corriente mes. Digo esto, porque
parecería que, a través de las razias más que corregir a los menores les
estamos creando un problema de persecución. Se trata de una situación mediante la cual, en lugar de buscar a los
responsables, estamos generando en toda la muchachada el concepto de que se
está persiguiendo al joven, por el sólo hecho de serlo.
El caso que voy a relatar
sucedió muy cerca de aquí, en la Villa Colón. El jueves 13, a las 22 horas, un
joven de 16 años, llamado Juan Bautista Pittaluga -hijo del señor representante
Pittaluga- salió de su casa a solicitud de su madre que se encontraba enferma-
para comprar una milanesa. Mientras se la preparan, se sienta a una mesa con
tres amigos y, en ese momento, aparece la Policía efectuando una razia. No
había ningún elemento, por lo menos, de los que requiere la Constitución para
el que el muchacho fuera detenido. Cuando la policía le dice que debe
acompañarlos, solicita hablar por teléfono con su madre, pero se lo niegan.
Entonces, él argumenta que las razias son ilegales –y en esto tiene mucha más
razón que la Policía- y, aunque le manotean el teléfono tratando de impedirle
comunicarse, logra finalmente avisarle a su madre lo que le estaba sucediendo.
Esto ocurrió en el bar "La Ponderosa", dato que debe tenerse en
cuenta porque, según parece, la Policía no le tiene mucha simpatía al comercio
indicado.
Al pasar por el bar
"Plaza" detuvieron a una pareja, que estaba tomando un café y
posteriormente los llevan a todos -seis- a la Comisaría. La madre del muchacho,
a pesar de su estado de salud, pasadas las 24 horas sale de su casa y se dirige
hacia la Comisaría. El Subcomisario -creo que su apellido es Doyenard- la trata
muy groseramente, quejándosele por el desacato del muchacho, concretado por su
llamada telefónica. Agrega, además otra reflexión que importa un desborde de
autoridad inaceptable: le dice que es un comunista. La señora le responde:
"Mi hijo no es un comunista y yo tampoco; pero además si lo fuéramos usted
nos tendría que respetar como ciudadanos porque existe la libertad de opinión."
Parecería que habían desaparecido las letras A, B y C que durante la dictadura
distinguían a los ciudadanos de este país o que era sólo un mal recuerdo la
clasificación entre bien o mal nacidos que afloró durante el Gobierno del señor
Pacheco Areco. Pero da la impresión de que no es así, porque siguen
subsistiendo -y justificándose- esas cosas, por la calidad de la persona o por
la opinión política que sustente.
El señor Ministro se sonríe, pero los
hechos son esos y son lamentables. Luego, el señor Subcomisario le dice -empleo
las palabras que la señora me trasmitió-: "Me importa un comino que el
muchacho sea hijo de un Representante; eso no me importa". Desde luego que
tal circunstancia puede no importarle, pero el hecho de ser hijo de un diputado
está muy lejos de ser una circunstancia disminutoria. Además, al señor
Representante, don Lucas Pittaluga,no se le pueden señalar incorrecciones ni
desvíos de especie alguna en su conducta pública o privada. Finalmente, termina
diciendo que también el marido es un comunista.
Como se dará cuenta el señor Presidente, todo esto se
inscribe dentro del marco de una razia y tiene un fuerte matiz de
"maccarthismo". Lamentablemente, esto existe en nuestro país y los
superiores no ponen coto a estos desbordes.
Por último, a la 1 y 30
de la mañana el hijo del señor Representante Pittaluga regresa a su casa con su
madre, pero antes, en la última conversación que mantienen el Subcomisario de
la Seccional de Villa Colón les dice tal vez a modo de justificación que no pueden
actuar porque les falta ropa, linternas, etcétera, quejándose ante ellos de la
situación en que se encuentra la Policía. La señora le contesta, con toda
razón: "Ese no es problema mío; yo no se lo puedo resolver".
El subcomisario termina
diciendo: "No es nada, señora; este asunto lo vamos a arreglar, porque le
vamos a aplicar una multa al comercio."Ese comercio es "La
Ponderosa" y aquí aparecen nuevamente las características del
"maccarthismo"; diría que que se trata de un gueto donde quieren
ubicar a la gente que piensa de distinta manera, o que manifiesta una posición
que no les gusta. Aclaro que no conozco a los propietarios del bar "La
Ponderosa", ni sé a qué sector o partido político responden. Se me informó
que se trata de gente solidaria, que en oportunidad de la recolección de firmas
ha prestado su comercio, brindando una mesa o permitiendo realizar las
conexiones eléctricas para la instalación de un micrófono. Todo esto sucedió en
una pequeña pero importante Villa como es Colón. Supongo que estas personas
también estarán señaladas como comunistas.
El señor Ministro sabe que no tengo nada
contra su persona, pero como está presente en este momento, en su calidad de
jerarca y por ello responsable de un servicio público, debo decirle que
mediante esas actuaciones lo que queremos es destacar la incorrección de
procedimientos cumplidos por integrantes del Instituto Policial que ponen en
juego la responsabilidad del jerarca, lo que en modo alguno significa un ataque
a la Institución Policial.
Eso fue lo que recién señaló, justamente,
el señor senador Batalla, e inclusive le contestaron mal porque le dijeron:
"allá con su Frente". Sin embargo, todos saben que el señor senador
Batalla no está más en el Frente Amplio. Formuló ese planteamiento, por lo que
expresó un legislador integrante de su grupo político, y si no lo hubiera
planteado el señor senador Batalla, lo hubiera hecho yo.
Además, debo señalar que.como integrante
de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, recuerdo que cuando
se trataron cuestiones presupuestales el Partido Nacional nunca le negó
recursos al Instituto Policial. También afirmo que tampoco lo ha hecho el
Frente Amplio que yo integro.
Con esto quiero significar que estas
actuaciones de la Policía, estas razias de las que algunos se ríen, están
creando en la juventud una sensación inversa a la que al parecer se quiere
generar; es decir, si con ellas se tiende a la captura de aquellos que hayan
delinquido, todos los jóvenes están recibiendo la impresión de que son perseguidos
simplemente por el hecho de ser jóvenes, y eso es lo peor que puede ocurrir,
cuando tantos se alejan del país porque éste no les ofrece ningún porvenir.
Muchas gracias, señor senador.
SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la
palabra el señor senador Zumaran.
SEÑOR ZUMARAN. - Voy a
entrar en lo que para mi es el problema más grave que quería plantear en esta
interpelación. Todo lo dicho tiene su valor y su importancia y está relacionado
con las carencias que ha tenido el Instituto Policial y las dificultades
emergentes de las malas políticas reseñadas. No obstante, lo que vamos a
señalar a partir de este momento tiene relación con graves deterioros en las
actuaciones. Voy a relatar siete u ocho episodios que demuestran claramente que
durante la actual conducción de esta Cartera, ha quedado muy comprometido el
principio de autoridad y la disciplina que debe reinar en este Cuerpo tan
importante para la vida del país.
Algunos de los episodios que deseo citar
son conocidos por la opinion pública, y otros no.
SEÑOR FLORES SILVA. - ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR FLORES SILVA. - Señor Presidente: he
solicitado esta interrupción porque observo que el señor senador Zumarán se va
a referir a otros aspectos, y no es mi deseo interrumpirlo una vez que haya
avanzado en ellos. Voy a formular una brevísima aclaración sobre algo que
señaló el señor senador.
El señor miembro interpelante manifestó
que en el establecimiento de La Tablada, que costó U$S 1:000.000, 48 horas
después de estar funcionando se fugaron todos los jóvenes y, que incluso con
una cuchara de plástico era posible sacar las rejas. Es decir, todos esos
jóvenes infractores se habrían fugado fácilmente utilizando esos medios. Sin
embargo, señor Presidente, eso no es así. Es un equívoco, tal vez menor, del
señor miembro interpelante, pero quería dejar constancia del hecho.
En ese centro penitenciario hay 25 jóvenes
infractores, y debo señalar que no se fugaron todos sino tan solo dos, y que
tampoco ello ocurrió un par de días después de su instalación sino una semana
más tarde.
Asimismo, también se debe tener en cuenta
que ese establecimiento no fue concebido como un centro de máxima seguridad del
sistema carcelario juvenil, ya que recién hasta 1988 no se contó con un centro
de estas características, que como es sabido está ubicado en el departamento de
Canelones. Pero es importante que quede constancia en la versión taquigráfica
de que estas dos fugas que se produjeron en La Tablada sucedieron en un centro
que no es de máxima seguridad.
Tampoco es cierto que la obra haya costado
dólares 1:000.000 en el momento en que sucedió ese episodio. El costo total de
ella es de U$S 1:000.000, pero aún no se terminó totalmente. Además, hay que
tener presente que se han reciclado o construido alrededor de 3.000 metros
cuadrados, por lo que el costo de la obra se puede considerar que es bajo.
Quería hacer esta breve aclaración antes
de que el señor senador ingresara a otro punto, porque siempre ocurre que en un
momento de esta película aparece como gran culpable el Instituto del Menor.
Como hace poco declaraba el señor Presidente del Instituto del Menor; si se
habla de la delincuencia hay que poner las cosas en su lugar. De los 10.000
niños que tiene ese Instituto el 90% no tiene antecedentes y solamente 90 ó 100
de ellos están en los centros mencionados. Además, creo que buena parte de esos
90 jóvenes está entre los 16 y los 18 años. Es muy posible que la sociedad tenga
su responsabilidad en el tema de la seguridad, pero debemos ubicar en donde
corresponde el tema de los infractores jóvenes que, dentro de la falta de
seguridad es relativamente pequeño.
Quería realizar esta aclaración en este
momento a los efectos de no interrumpir más adelante al señor senador.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar en el
uso de la palabra el señor senador Zumarán.
SEÑOR ZUMARAN. - Continúo con lo que estaba expresando, señor Presidente.
¿Cuáles son los hechos en los que el Ministerio del Interior ha actuado, a
mi modo de ver, en forma incomprensible, y que ha planteado problemas de
disciplina y de autoridad en el Cuerpo, lo que, a mi juicio, son los elementos
fundamentales a subsanar? En primer lugar, el conocido episodio de Maldonado.
En ese departamento, el Comisario Nervis Suárez hizo una serie de denuncias
tremendas contra el Jefe de Policía de Maldonado. Lo acusó de irregularidades
administrativas muy graves, de contrabando y hasta de narcotráfico. Estas
acusaciones, que no sé si son ciertas o no, dieron lugar a una actuación
judicial e inclusive a planteamientos en el Parlamento. Este asunto tendría que
haber terminado, desde el punto de vista del Ministerio del Interior, de un
modo claro, pero no de la forma en que culminó este caso.
Después de esas denuncias tremebundas del Comisario Nervis Suárez contra el
señor Jefe de Policía Jaurena, nos enteramos de que este últimó se retira para
dedicarse a la actividad política, sin recibir sanción ni nada por el estilo.
Entonces, a pesar de que no hay pronunciamiento expreso, este hecho lleva a que
uno piense que las denuncias serían falsas. Es decir, si el señor Jefe de
Policía se retiró tranquilamente a hacer política, entonces, acá no ha pasado
nada, y las denuncias serían falsas.
A nadie escapa la gravedad que reviste el hecho de que un comisario formule
denuncias falsas de carácter público respecto del Jefe de Policía de su
departamento.
Incluso, de acuerdo con la Ley Orgánica Policial, eso da lugar a una serie
de procedimientos, a un Tribunal de Honor, etcétera.
Sin embargo, ¿cuál es la situación del señor Comisario Nervis Suárez al día
de hoy? Si estas denuncias tremendas, eran falsas, es de suponer que habrá sido
destituido. Pero ello no ha ocurrido, señor Presidente. El señor Nervis Suárez
sigue siendo comisario en Maldonado; simplemente no tiene sede, sino que está
de licencia paga desde hace tiempo. Percibe el salario de comisario y aquí no
ha pasado nada.
¿Alguien puede creer que un Cuerpo como el de Policía puede manejarse con
estos criterios de disciplina? ¿Alguien puede creer que el resto del
funcionariado policial puede ver con buenos ojos esta situación? ¿Alguien puede
creer que en el departamento de Maldonado esto no es "comidilla"
diaria, y que, en definitiva, la gente esté dividida entre los que creen que
tenía razón el señor Comisario y que el Jefe de Policía cometió una serie de
delitos y lo salvaron por razones políticas, y los que piensan lo contrario?
Pero nadie entiende por qué uno está haciendo politica y el otro sigue siendo
Comisario en uso de licencia en su propio departamento.
Cuando un oficial se insubordina frente a un superior, se le forma Tribunal
de Honor; sin embargo, esto no se hizo. Cuando el Comisario Nervis Suárez
cometió un acto de indisciplina debió formarse una Comisión integrada por tres
oficiales superiores que no fueran del departamento; pero esto no se llevó a
cabo.
La situación está hoy en ese estado.
Voy a comentar otro hecho, cuyo relato me va a insumir algo más de tiempo.
Se trata del "caso Villalba" que tuvo lugar cuando a un hermano
del edil de nuestro Partido -por eso tomamos conocimiento inmediato del
episodio- le robaron el auto el día 24 de abril de 1989 en Piriápolis,
El señor Villalba hace la denuncia correspondiente en la Comisaría de
Piriápolis, es decir, en la localidad donde tuvo lugar el hecho. Un conocido
suyo lo entera de que un notorio delincuente, de apellido Saavedra, que había
cometido hurto de automóviles, habría estado al lado del vehículo robado ese
día. Por lo tanto, le da la pista de que este señor pudo haber sido el autor
del robo mencionado.
El señor Villalba, entonces, adoptando una actitud que no es común, trata
él mismo de recuperar el vehículo. Pone en conocimiento del asunto al Comisario
de Piriápolis -el señor Serrón, que tiene un excelente desempeño- y comienzan
una pesquisa detrás del señor Saavedra, conocido delincuente. Eso los obliga a
ir a Minas, a Pando, etcétera -es decir, a distintas localidades- buscando a
Saavedra. No lo encuentran, pero el 6 de mayo -algunos días después del robo-
el agente Santana de la Comisaría de Shangrilá dice que ha ubicado al señor
Saavedra y que sabe que éste tiene el auto de Villalba. Sin embargo, el agente
Santana induce al señor Villalba a un procedimiento muy original. Le propone pagarle
N$ 500.000 al señor Saavedra para que le devuelva el auto; es decir que éste
perdía el objeto robado pero obtenía, por lo menos, esa suma.
Santana queda en contestar; eso fue el día 6 de mayo. El 8 del mismo mes
Santana vuelve a llamar a Villalba, y esta segunda conversación es escuchada
por el señor Comisario de Piriápolis. Santana dice que tiene el auto, pero
aumenta la tarifa: N$ 500.000 para el delincuente Saavedra y N$ 500.000 para él
ya que no iba a realizar todo el procedimiento sin obtener un beneficio.
Entonces, el damnificado Villalba, junto con el señor Comisario y con el
señor Subcomisario de Piriápolis planifica una acción. Le aceptan a Santana el
procedimiento sugerido y se dirigen en dos autos a la Comisaría de Shangrilá
porque, increiblemente, el agente iba a entregar el auto en la puerta de esa
Comisaría. Ni siquiera se tomaba el trabajo de hacerlo a la vuelta. En uno de
los autos va el Comisario de Piriápolis y dos agentes; en otro, el Subcomisario
y el señor Villalba. El Comisario, en el segundo auto, se queda a quilómetro y
medio de la Comisaría. Entonces, a través de un procedimiento casi novelesco
-antes de la hora 18 después de una cierta demora, porque se había pactado todo
esto para las 15- el agente Santana con el Comisario el Inspector Carbajal
dicen que el auto está en la puerta de la Comisaría de Shangrilá. Se lo
entregan a Villalba, quien en ese momento estaba comunicándose por radio con la
Policía de Piriápolis. Esta acude y no se entregan los N$ 1:000.000. Por otra parte,
el señor Villalba no llevaba esa cantidad sino una suma menor.
Esos son, en primer término, los hechos ocurridos.
Posteriormente, tiene lugar una extraña sucesión de acontecimientos. Por un
lado, la Policía de Canelones emite un comunicado en el que dice lo siguiente:
"1º. A raíz de la denuncia formulada, intervino la Jefatura de Policía
de Maldonado." Esto es correcto, puesto que Villalba, cuando le roban el
auto en Piriápolis, hace la denuncia en la Comisaría de ese lugar.
"Elevados los antecedentes al señor Ministro del Interior el día de los
corrientes éste lo remitió en el mismo momento a la Jefatura de Policía de
Canelones, en cuya jurisdicción ocurrieron los hechos denunciados para la
prosecución de las investigaciones". En realidad, ésta es una verdad a
medias, que en un principio me pasó totalmente inadvertida, porque los hechos
ocurrieron en Piriápolis -el auto fue robado allí- y el Juez competente es,
entonces, el del departamento de Maldonado. Además los hechos de la complicidad
policial habían ocurrido en Pando, en Canelones. En ese caso, si los hechos son
los de la complicidad policial, podría actuar el Juzgado de Canelones y la
Jefatura de Policía de ese departamento. Pero el Ministro dió este asunto a la
Jefatura de Policía de Canelones; sin embargo, ésta era la sospechosa, o lo
eran funcionarios de su dependencia, y quien había actuado era la Policía de
Maldonado.
El comunicado de la Policía canaria continúa diciendo:
"2º. De inmediato el señor Jefe de la Policía de Canelones ordenó la detención
e incomunicación de los funcionarios denunciados" -se refiere al Comisario
Carbajal y al agente Santana- "dando cuenta simultáneamente al señor Juez
Letrado de Primer Turno de Pando". Solicito a los señores senadores que
tomen nota del Juzgado.
"3º. La indagatoria policial fue cumplida directamente por el señor Jefe y
por el señor Subjefe de Policía de Canelones, quienes interrogaron a los
denunciados y pusieron todo lo actuado en conocimiento del Magistrado
competente. A la hora 4:10 del día 11 del corriente se recibieron por el señor
Juez los antecedentes disponiendo éste a las 17 y 30 horas la libertad de los
indagados, sin perjuicio de continuar con la instrucción. Con fecha 11 de mayo
la Jefatura de Policía de Canelones elevó las actuaciones al señor Ministro del
Interior, solicitando la instrucción de un sumario administrativo, la
separación del cargo de los funcionarios denunciados y la designación de los
oficiales superiores a cargo de la instrucción. El señor Ministro dispuso de
conformidad a lo solicitado y designó inspectores sumariantes a -menciona los
nombres-"quienes actuarán asistidos por los doctores" etcétera.
Hasta ahora, aparentemente, hay una corrección irreprochable, con un solo
dato curioso: la que había realizado el procedimiento era la Policía de
Maldonado y el asunto se radica en la Policía de Canelones.
La policía fernandina que había actuado, también se siente en la obligación
de emitir un comunicado y dice: "La Jefatura de Policía de Maldonado
recuperó el auto Chevrolet Monza" -indica la matrícula- "hurtado en
la ciudad de Piríapolis" -señala el día- "persiguiendo a un conocido
delincuente de numerosos ingresos a la cárcel departamental, durante 20 días,
no pudiendo ser capturado, aguardándose su detención por momentos. Como
consecuencia de la búsqueda dentro de las fronteras departamentales y fuera de
ellas, se localizó el vehículo en el departamento de Canelones en situación aún
confusa", dice por lo menos el Jefe de Policía de Maldonado. "El
señor Jefe de Policía de Maldonado elevó la información al señor Ministro del
Interior y al señor Jefe de Policía de Canelones, donde se centran las
investigaciones en este momento."
Luego ocurre una cosa muy curiosa.
El señor Jefe de Policía de Canelones cita a los jerarcas de las 25 Seccionales
que comanda e inicia un operativo de opinión pública, pidiendo por carta a los
integrantes de las directivas de las Comisiones de Apoyo Policial y de las
diversas localidades, el apoyo en los hechos de pública notoriedad, etcétera. Y
emite, entonces, otro comunicado. Todo esto tiene abundante cobertura
periodística. Entonces comienza algo que tiene su fuente en versiones que da la
policía. Por ejemplo tomo la edición de "El País" del lunes 15 de
mayo cuyo título dice: "Investigan utilización de otros vehículos por
parte de policías canarios. Nuevas instancias", y lo vinculan con este
procedimiento de Villalba. También aparece una declaración del Círculo
Policial.
El 16, es decir, al día siguiente, el señor Jefe de Policía de Canelones
realiza una conferencia de prensa y da a entender que todo es de una gran
regularidad. Por su parte, "El Diario" del martes 16 -para que se vea
que esto llega a toda la prensa- titula "»Indagatoria a policías
involucrados en un robo". El mismo periódico con fecha 18 de mayo dice:
"Nueva actuación en robo de autos", y aparecen una cantidad de
actuaciones. "Se empezó a desenredar la madeja y empiezan a aparecer y a
desbaratarse bandas que roban autos."
El diario "El País" con fecha 17 de mayo dice: "Tercera
instancia judicial. Habría careo entre agentes intervinientes", o sea,
entre la policía de Canelones y Maldonado.
También, ante el procedimiento de la Jefatura de Maldonado, aparece un gran
título: "Jerarca Policial de Canelones libre bajo emplazamiento. Agente
aún preso". La prensa dice que hubo algún agente policial preso por este
procedimiento.
Por otro lado, "El País" del jueves 25 de mayo dice:
"Desbarataron la organización que robaba automóviles para venderlos en
Paraguay. Varios vehículos incautados".
En el artículo referido a este tráfico internacional de robo de vehículos
se dice que la investigación particular realizada por los hermanos Villalba
-uno de ellos edil del departamento de Maldonado- que localizaron su automóvil
marca "Monza", sustraído en la ciudad de Piriápolis, fue el
desencadenante que permitió poner en alerta a las autoridades sobre la
existencia de una organización de ribetes cinematográficos.
En el diario "El Día", de 25 de mayo de 1989, aparece el
siguiente título: "Cae banda internacional que robó autos y los vendió en
Paraguay". "La justicia en acción, desbarató gavillas". "En
el operativo los policías recuperaron tres camionetas que ya estaban
listas". Por otra parte, da la noticia del Paraguay, que involucra a la Jefatura
de Canelones y establece que en los procedimientos policiales con Maldonado
quedaron a disposición de la Justicia diversos elementos.
En "Ultimas Noticias" -para que vean que la noticia aparece en
todos los periódicos- del sábado 27 de mayo se dice:
"Cayó autor del robo del Monza’"; es decir, se anuncia que fue
preso Artigas Saavedra, conocido delincuente, preso por la acción del edil
Villalba que culminó en un procedimiento decidido de la Jefatura de Policía de
Canelones. Leíamos esto y pensábamos que había aparecido el ladrón; los
policías involucrados serían detenidos y recuperaban su honor los policías
dignos. Además, se descubría toda una serie de ramificaciones.
"El Diario", el día 31 de mayo titula: "Tráfico con
automóviles. Tres hombres detenidos", y también lo vincula con el
procedimiento de Villalba.
El diario "Lea" -para que se vea que he buscado por todos los
lados- del lº de junio señala: "Remiten a quienes vendían en Paraguay
camionetas hurtadas". En el texto expresa que se trata de Humberto Artigas
Saavedra Rodríguez, de 28 años de edad que, tal como lo informáramos, fue
remitido días pasados a la cárcel de Canelones por estar implicado en el robo
de un vehículo perteneciente a un edil de Maldonado. Observen que estamos a 20
días de los sucesos y sigue cayendo gente por la magnífica acción que originó
el edil Villalba.
Asimismo, el 1º de junio aparece en la prensa "Automóviles hurtados
circulaban en todo el territorio nacional reempadronados". Aquí se
menciona lo de los autos mellizos, es decir, los que tienen dos
documentaciones.
En la misma fecha "El Día" expresa: "Indagan empadronamiento
fraudulento de vehículos".
Por su parte "La República" señala: "Con documentación de
la Intendencia, la maniobra de autos contrabandeados supera los U$S 100.000.
Dos inspectores de tránsito implicados declaraban anoche ante la
Justicia". Con fecha 3 de junio el mismo periódico expresa: "Caso
autos: nuevo procesado".
El diario "Lea" con fecha 6 de junio dice: "Cae en
Livramento otro implicado en robo de vehículos".
La "Red Globo" de Brsil también se hace eco de estos hechos
fantásticos.
Me insumiría varias horas leer los artículos periodísticos con enormes
títulos que nos dicen en qué etapa están los hechos.
La verdad, señor Presidente, es muy pobre. Los policías involucrados son llevados
a la Jefatura de Canelones. Se procede a interrogar al Comisario Inspector
Mario Carbajal Acha y al Agente de Segunda, Walter Santana. Tengo en mi poder
el interrogatorio y puedo comprobar que es absolutamente infantil. Del mismo
surge la conclusión de que el auto se encontró pero que ellos no tienen nada
que ver. Es decir, el auto aparece en la puerta de la Comisaría pero debe haber
sido por obra de un milagro. Hay 10 ó 15 testigos que demuestran que el auto
aparece en la puerta de la Comisaría de Shangrilá. Según la declaración
realizada por el Comisario y el Agente de Segunda referidos, se desprende que
el auto fue hallado pero que ellos no tienen nada que ver. Entonces, al ladrón
se le habrá ocurrido estacionarlo en la puerta de la Comisaría e irse, dejando
las llaves y saludos al Comisario.
Los que son abogados saben que en los Juzgados los presumarios son secretos
y todo este asunto se encontraba en esa situación y, por supuesto, yo no tenía
acceso al mismo, al igual que el señor Villalba. Además, el señor Villalba
hacía 20 días que andaba detrás del auto; había pasado mucho trabajo ya que
había recorrido Minas, Pando, Shangrilá y se había jugado la vida al andar
detrás de esa gente. Había concurrido con la policía de Maldonado a quilómetro
y medio de la Comisaría con el dinero. Una vez que recuperó el auto parece
difícil el pedirle que hiciera algo más.
Entonces comencé a preguntarme sobre los procesamientos espectaculares que
anunciaba la prensa: "Está preso el ladrón". "Está preso, aunque
en libertad, un agente". Pero ocurre que en el presumario no hay ningún
procesamiento; porque cuando lo hay se sabe y se levanta el secreto del
presumario. En suma, no había procesamiento; transcurren los días y no sucede
absolutamente nada. Entonces, ¿donde está el procesamiento del ladrón? ¿Cómo
puede aparecer un auto robado hace 20 días en la puerta de la Comisaría y que
no se encuentre al ladrón? Al respecto me aclaran que el señor Saavedra fue
procesado pero en otro Juzgado, en el de Pando de Segundo Turno. En este
expediente no figura nada.
Soy muy respetuoso de la independencia del Poder Judicial, pero ante estos
acontecimientos me entrevisté con un Ministro de la Suprema Corte de Justicia,
porque entiendo que es importante preservar el prestigio del Poder Judicial. Le
dije que no quería intervenir pero sospechaba que estaba delante de algo raro,
que no era normal. A todo esto, la Suprema Corte interviene y nombra Instructor a uno de sus
Ministros, quien comparece en el Juzgado de Pando. El resultado es que el juez
es trasladado porque el expediente no estaba nada bien.
De modo que, señor Presidente, hay malos jueces y también malos policías.
La Suprema Corte tomó cartas en el asunto. Quisiera ver de qué forma intervino
el Ministerio del Interior. En realidad, todo esto ha representado una gran
burla. Los que conocen el asunto, si una cosa tienen clara es que todo esto no
está nada bien, porque resquebraja la disciplina, la jerarquía, el buen orden,
el buen gobierno y el mando en el Ministerio del Interior. ¿Qué acción van a
desempeñar ahora los buenos policías, los de Piriápolis, ante un caso similar?
Cuando se juegan, llegan en el momento preciso y recuperan el auto, evitan que
el delito se consuma, ¿qué ocurre? se les desplaza, se le da la competencia al sospechoso,
se radica el asunto en ese Juzgado y termina de la manera que he relatado.
Además, en medio de una campaña periodística cuya fuente es la propia oficina
de Prensa de la Policía se induce a la opinión pública a creer que lo de
Villalba fue un éxito extraordinario. No es así. Villalba tuvo éxito porque el
pobre hombre recuperó su vehículo, por el esfuerzo y el riesgo que asumió y por
el valor que demostró. De parte de la policía fernandina, naturalmente, los
máximos elogios, pero nada, luego, de parte de las autoridades del Ministerio
del Interior.
Al pasar, voy a citar un tercer hecho que, concretamente, sacó a relucir el
señor senador Lacalle Herrera, con relación a que en la Jefatura de Policía de
Río Negro se hacían descuentos obligatorios a los funcionarios policiales para
contribuir al tesoro del Partido Colorado. Este hecho me parece
extraordinariamente grave, pero en el correr de esta interpelación el señor
senador Lacalle Herrera se referirá al mismo más extensamente.
Es imposible pretender mantener la autoridad y la jerarquía del Instituto
sobre la base de jefes de policía que cometen estas barbaridades y que se
arreglan, simplemente, sobre la vía de la renuncia. Así han marchado varios
jefes de policía.
SEÑOR OLAZABAL. - ¿Me permite una interrupción, señor senador.
SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto, señor senador.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.
SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: me atrevo a abusar de su amabilidad en
el momento en que el señor senador está realizando una enumeración de hechos
que van a merecer respuesta por parte del señor Ministro, y como seguramente
hará uso de la palabra después de que termine el señor senador, deseo plantear
una interrogante sobre un hecho de absoluta actualidad.
En el centro de Tratamiento Intensivo de la MIDU está internado un hombre de
31 años que en el día de ayer, junto con una mujer, tuvo la mala suerte de ser
detenido por una falta absolutamente menor. No fue pasado a Juez, sino que a
las pocas horas de su detención se le dio su libertad. En realidad, se hizo
efectiva la libertad de su acompañante, no la de él, porque en el momento en
que le devolvían los objetos personales -según refiere la otra detenida- se
negó a firmar el recibo hasta tanto pudiera verificar si lo que se le devolvía
coincidía con lo que figuraba en el documento a firmar. Como esta actitud fue
mal vista por el Comisario de la Seccional 15a., la libertad del señor Delfor
Guillermo Machado fue demorada. A las pocas horas, funcionarios policiales
llevaron al detenido, que presentaba un paro cardiorespiratorio, al Hospital
Pasteur. Allí fue reanimado y luego llevado, en situación por demás precaria,
al citado Centro de Tratamiento Intensivo.
He tratado de relatar los hechos con absoluta objetividad, señor Presidente.
De esto surge una enorme interrogante: ¿Cómo un hombre sano, de solamente 31
años de edad, puede enfermar súbitamente y terminar en un paro cardíaco? Sobre
todo en una situación, más allá del entredicho con el Comisario, que no
implicaba estar detenido por muchas horas. Puede deducirse que ello se debió a
un intento de autoeliminación o a acciones de la Policía que, en caso de que se
hayan producido, tenemos que repudiar.
En resumen, mi pregunta al señor Ministro -y motivo de mi pedido de
interrupción- es sobre qué tipo de medidas se han tomado en cuanto a
investigación desde el momento en que se produjeron los hechos hasta el día de
hoy; qué avances se han concretado y qué medidas preventivas se han adoptado en
la Comisaria respectiva.
Muchas gracias, señor senador.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Zumarán.
SEÑOR ZUMARAN. - Otro caso que se inscribe en la temática de lesionar la
disciplina y el principio de autoridad del Instituto Policial, se produce en la
Jefatura de Policía de Florida. Luego de reiteradas denuncias, el señor
Subjefe, Inspector Presa, detuvo al Subcomisario Artigas Rivero y al Oficial
Manuel Porto. A ambos se les incautaron diversos objetos ilícitos. Una vez
remitidos a la Justicia, fueron procesados por abigeato y contrabando. No sólo
no se les formó Tribunal de Honor, sino que cuando recuperaron su libertad, el
Ministro los reincorpora al servicio. El Subcomisario Artigas Rivero pasa a la
Seccional 21a. y el Oficial Principal Manuel Porto a la 8a. Dada la resistencia
que esto produjo en el departamento de Florida, ambos pasan en comisión a
Institutos Penales.
A continuación voy a citar un quinto caso que tuvo lugar en el departamento
de Cerro Largo. Como se ve, señor Presidente, voy recorriendo la República. En
ese departamento ocurre un hecho al que nadie encuentra explicación. El Jefe de
Policía era el inspector retirado Fagúndez. En un momento dado, en la localidad
toma gran resonancia pública un procedimiento, creo que llevado a cabo por la
policía de Fraile Muerto -o tengo la completa seguridad- por el que se impide
un importante contrabando de cueros en la frontera. El contrabandista, Arón,
intentó sobornar al Comisario, ofteciéndole una determinada suma de dinero. El
honrado policía -felizmente hay muchos como él a pesar de las bajas
retribuciones- rechazó el dinero poniendo el contrabando y el intento de
soborno en conocimiento de la Justicia. Por lo tanto, se abre el expediente
"Satkin Shutterman Arón» -llamémosle, simplemente, Arón- "Soborno.
Contrabando, reiteración. Falsificación de documentos. Ficha 50/89. Juzgado
Letrado de Primer Turno de Cerro Largo". En este expediente son llamados a
declarar varios comisarios en torno a la documentación del transporte de lana y
cueros desde Aceguá hacia el sur. Como resultado de las declaraciones
anteriores, el Juez había citado para el día 5 de mayo de 1989 al propio Jefe
de Policía, Inspector Fagúndez. Dos días antes, el señor Ministro del Interior,
doctor Marchesano, había llamado al Inspector Fagundez para pedirle que
renunciara. Esta persona se negó a hacerlo y el mismo día en que había sido
citada para declarar en el Juzgado, el señor Ministro del Interior decretó su
cese en el cargo del Jefe de Policía del departamento de Cerro Largo, nombrando
en su lugar al señor Manuel Rodríguez quien se desempeñaba en ese entonces como
edil de la Lista 5 que
responde al diputado Eber Da Rosa Viñoles perteneciente al mismo departamento.
Quiere decir que luego de una importante trayectoria dentro de la Policía, el
Inspector Fagúndez tuvo que hacer las valijas, abandonando Cerro Largo y su
cargo de Jefe de Policía. Se imaginarán los comentarios de todo tipo y color
que existen en torno a este tema en el cual el más afectado es el Instituto
Policial, pues en este expediente sólo habían dos alternativas: o había que
respaldar a los funcionarios policiales que habían detenido el contrabando y
que habían hecho la denuncia de intento de soborno o, de lo contrario, había
que respaldar al Jefe de Policía. Pero ¿qué significaba que al Jefe de Policía
se lo haga cesar el día que tiene que ir a declarar al Juzgado por un
procedimiento policial llevado a cabo por la Policía de Cerro Largo que detiene
un contrabando y resiste un intento de soborno? Se dará cuenta el señor
Ministro que la situación es desfavorable para la Institución policial de ese
departamento.
Voy a citar otro caso muy cercano al señor Ministro, que se vincula con la
situación del Contador Jefe del Ministerio del Interior, el señor Gervasio
Gedante Faveiro quien, en julio de 1987, fue procesado por complicidad en
defraudación ante la Dirección General Impositiva, según expediente Nº 233/87.
Concretamente, se trata de una defraudación de impuestos en una firma que se
desempeña en el rubro de plásticos, cuyo expediente fue archivado con el Nº
346/88. Nunca en el período en que estuvo procesado se le hizo sumario alguno,
ni se le sometió a Tribunal de Honor. Pero, por resolución del 5 de junio de 1989 se le
designa para integrar -eso sí, a él- un Tribunal Especial de Honor.
Voy a hacer alusión a algo que, a mi juicio, es la contracara de todo esto,
respecto de funcionarios que son extremadamente modestos. Comparecen, y lo
ratifican ante el Escribano Público, Gabriel Gadea, en el local donde recibimos
un sinnúmero de denuncias, el lº de junio de 1989, Luis Heber Matos, Luis
Ramos, Simón Cruz, Ruben Darío Clavijo y Juan Francisco Rodríguez López, todos
ellos mayores de edad y domiciliados en la localidad de Miguez, departamento de
Canelones. Estas personas expresan: "Primero. Que teniendo conocimiento de
irregularidades cometidas por personal de la Seccional 9a. de Policía de
Miguez, ante la posibilidad de ser llamados a declarar como testigos en juicio
y ante la eventualidad de que pudiera acontecerles algún accidente o
similar" -téngase en cuenta el estado anímico de estos funcionarios
policiales- "a efectos de constituir pruebas es que vienen a efectuar la
presente declaración. Segundo; el señor Luis Matos, Agente de la. de la
mencionada Seccional, declara que el día 14 de mayo próximo pasado se realizó
un beneficio" -cosa muy común en campaña- "para la Seccional, en el
Club ubicado en el lugar denominado Casildo Rocha, el que fue organizado por el
señor Gregorio Cabrera, Carlos Bernal y los Agentes de 2a. Washington Pereira.
y Jesús Elías De Souza. El 16 de mayo siguiente me enteré en la propia
Seccional, por declaración del Agente Washington Pereira, que además de
realizarse asado con cuero también había habido juegos prohibidos, tales como
el juego de naipes denominado "monte". Al enterarme de esto, en los
días siguientes trate de averiguar algo más. Y para mi sorpresa el propio señor
Comisario Juan Luján me dijo, en su despacho, que las personas que organizaron
el beneficio habían jugado el dinero obtenido en aquél y lo habían perdido en
el juego de "monte". Quiere decir que el Comisario jugó y perdió el
dinero obtenido en el beneficio, mejor dicho en el juego, habiendo entregado
solamente N$ 90.000.
Prosigue la declaración: «Con esto en mi conocimiento concurrí a la
Jefatura de Canelones el día 23 de mayo, o sea, al día siguiente de las
expresiones antes referidas del Comisario. Lo hice conjuntamente con otros tres
policías que denunciaban otras irregularidades: Luis Simón, Ruben Clavijo y
Washington Ferreira. Fuimos atendidos por el Inspector Mayor Perrone, quien por
ser administrativo, lo pasó al Inspector Ejecutivo. Ese mismo día, próximo a la
hora 20, somos citados por radio policial para concurrir a zona 2 a declarar.
Debido a que me di cuenta de que el comunicado irradiado había sido
incorrectamente hecho, pues había puesto la situación en conocimiento de toda
la Seccional" -la radio funciona a nivel de Jefatura y las 25 Seccionales
de Canelones se enteran del hecho y de lo que están denunciando ante el
Comisario estos modestos Agentes policiales- "especialmente la que era
objeto de la denuncia alertando en consecuencia a los responsables, no concurrí
y envié una carta". Quiere decir que los policías denunciantes estaban
totalmente amedrentados.
Continúa la declaración: "El día 24 a la hora 20 y 45, se irradia otro
comunicado por la red policial para que a la hora 15 el señor Comisario, los
responsables del beneficio así como los miembros de la Comisión Policial
estuvieran presentes en la Seccional a la hora antes mencionada, por lo que
considero que con ese llamado público los responsables tuvieron tiempo
suficiente para hacer una rendición de cuentas del beneficio, para de alguna
manera poder ponerse a cubierto de lo que había sucedido. El día 25 fui citado
a la Seccional donde me interrogó el Inspector de Zona 2, en forma un tanto
agresiva y dirigiéndose a mí con palabras un tanto ásperas. Además, me quitó el
arma de reglamento por estar con un certificado médico por depresión
nerviosa". Parece, ahora, que el denunciante es un enfermo mental, a pesar
de que se desempeñó varios años como policía y portando un arma. El declarante
continúa diciendo: "Esto trajo aparejado que me sintiera inseguro y
preocupado, tanto yo como mi esposa, dado que sin arma me encontraba indefenso.
Tan es así que no me atreví a salir en horas de la noche por temor a
represalias".
En mi denuncia hablé de N$ 450.000 aproximadamente -resultado del
beneficio- pero al concurrir a la zona donde se realizó el beneficio me
sorprendí de las cifras que distintas personas me mencionaron se había
apostado. Además mencionaban que el juego comenzó a la hora 11 del día 14 y
finalizó a la hora 6 de la mañana del 15, habiéndose jugado cifras millonarias.
Las personas que me comentaron estos hechos fueron el señor Juan González,
Richard Garrido y Carlos Matos, vecinos de la zona. En conclusión, de acuerdo
con lo manifestado por tales personas, concretamente por el señor González que
tiene conocimiento de este tipo de juego, se tendrían que haber recaudado entre
N$ 800.000 y N$ 1:000.000, teniendo en estos momentos el Comisario rendición
efectuada por algo más de N$ 200.000.- Tercero. En este estado los señores
Simón y Clavijo manifiestan: que ambos son Agentes de Policía, desempeñándose
el primero en la Seccional 9a. de Miguez y el señor Clavijo en la Seccional 8a.
de Soca, pero que se domicilia a dos cuadras, aproximadamente, de la Seccional.
9a. Manifiestan, asimismo, que tiene conocimiento que en Miguez se realiza gran
cantidad de faena clandestina y de juegos prohibidos, todos ellos con
conocimiento del personal de la Seccional 9a., especialmente del señor
Comisario Juan Luján. En las tres carnicerías de Miguez se comercializa carne
faenada clandestinamente. Los lugares de faena clandestina son, de acuerdo a
declaraciones del señor Juan Francisco Rodríguez"... se citan todos los
lugares de faena. "Dejan expresa constancia que lo manifestado en este
acto es sólo un resumen de los hechos de los cuales tienen conocimiento y lo
desarrollarán "in extenso" ante la Justicia competente". El
escribano firma y protocoliza esta declaración.
Luego, el 7 de junio de 1989 se le notifica al señor Agente Luis Matos que
por orden del señor Inspector Mayor Hugo Martín tiene que encontrarse el día 9
del corriente a las 12 y 30 horas en un servicio médico de Jefatura en el cual
se le hace un análisis que, aparentemente, lo da como una persona alterada en
sus nervios.
No sería de extrañar que estuviera alterada en sus nervios; puede ser. Lo
increíble es que si tenía esa incapacidad fuera Agente policial durante tantos
años. Esto sólo se descubre cuando el Agente policial hace la denuncia. De este
tipo de denuncias tengo muchísimas.
Termino mi intervención pidiendo disculpas al Cuerpo por la larga
exposición, aunque todos los señores senadores saben que no es mi estilo.
Advierto que ella me ha insumido unas cuatro horas.
En resumen: primero afirmo que he probado que hay
inseguridad en el país y no una sensación como me oyó o mal interpretó el señor
senador Ricaldoni. Lo que hay es una situación de inseguridad. De eso he dado
abundante prueba.
Segundo, afirmo que esto tiene causas múltiples muy
profundas de orden social y cultural. No descarto que puedan haber leyes
perfectibles. Sería muy tonto decir lo contrario. Tampoco descuento que haya
algún mal Juez; acabo de citar un caso, el del Juez de ler. Turno de Pando. Ya
hay otro Juez a cargo de ese despacho.
La gran causa de esta
situación de inseguridad, de esta creciente ola delictiva es el mal
funcionamiento de los servicios dependientes del Ministerio del Interior.
Rechazo la tesis del señor Presidente de la República,
que debo suponer es la del Poder Ejecutivo.
Tercero, señalo que este mal funcionamiento de los
servicios del Ministerio del Interior ya sería suficiente como para fijar la
responsabilidad objetiva del titular de esa Cartera que lleva varios años a su
frente. Si esta responsabilidad objetiva -todo Ministro, tenga o no que ver con
la cosa, es el responsable directo de lo que ocurre en su Cartera-...
SEÑOR CERSOSIMO.- Dígamelo a mí.
SEÑOR ZUMARAN.- Es un herido de guerra.
En cuarto lugar,
considero que el señor Ministro ha tenido una conducción profundamente errónea
y equivocada de la Secretaría que ha tenido a su cargo durante este tiempo. De
eso hemos dado abundantísimos ejemplos, ya sea de mala conducción, de mala
política en cuanto a los recursos humanos y materiales, así como de la
tecnificación del Instituto, de la participación de la Policía Técnica. El
señor Ministro ha tenido una pasividad asombrosa ante el auge de las empresas privadas
de seguridad, y ante la fuga de menores.
El señor Ministro es responsable, fundamentalmente,
por haber comprometido el principio de autoridad en todos los casos que he
citado: el del departamento de Maldonado, con el señor Jefe de Policía
Jaurena y el Comisario Suárez; el de Maldonado y Canelones -Pando- relativo
al episodio de Villalba; los sucesos de Río Negro en cuanto a las
contribuciones recaudadas en beneficio del Partido Colorado; los actos de
la Jefatura de Florida reponiendo personal procesado; la destitución -no
sé como llamarlo- o desaparición del señor Jefe de Policía de Cerro Largo el
día en que tenía que ir a declarar respecto de un procedimiento en que están
involucradas las fuerzas bajo su dependencia en valores morales muy importantes.
También podría citar el caso del Jefe de Policía de
Tacuarembó que fue procesado por abigeato, caso que después fue sobreseído
de lo que me alegro. De todos modos el abigeato sigue campando por Salto, donde
hubo procesados y por Artigas. Al respecto tengo declaraciones de la
"Agropecuaria de Salto" y datos del departamento de Artigas acerca de
denuncias efectuadas por el mismo hecho.
He citado todas estas situaciones sin pensar en otros
episodios tristes, como el que el propio señor Ministro haya sido objeto de
hurto en su casa por parte, (nada menos), que de la custodia policial que
tenía a su cargo la vigilancia de su domicilio.
Todo esto me lleva a aguardar las palabras
del señor Ministro, pero al decir, también, que en el orden personal no tengo
la menor duda de que el objetivo que todos perseguimos es que volvamos a vivir
en una sociedad sana, donde la gente no tenga temor, donde no se sienta
desprotegida. Una solución pasa por asignar más recursos, por educar y por
tecnificar. En lo inmediato, hoy pasa porque el señor Ministro del Interior,
doctor Marchesano, abandone el cargo que ocupa.
Tal como manifestó el señor senador
Ferreira, algunos pueden pensar que hago esta afirmación por razones de
carácter político. No es así; es al revés. Si con todo lo que
hemos dicho con serenidad, proporcionando elementos de juicio absolutamente
irrefutables y pruebas concluyentes, el Partido de Gobierno, el Partido
Colorado, sostiene en su cargo, por un acuerdo político, al señor Ministro del
Interior, quiero decir hoy, 19 de julio de 1989, que la bancada de dicho
Partido le hace un muy flaco favor a la República porque dilata por muchos
meses la recuperación del clima que hay en el país. En estos muchos meses
desgraciadamente van a ocurrir muchas acciones delictivas; a su vez, muchos
ciudadanos van a seguir viviendo en un clima de tremenda inseguridad.
Nosotros llamamos a responsabilidad a cada
uno para que asuma las que crea conveniente ante cada situación, porque para
eso vivimos en democracia. Nosotros consideramos muy honradamente que el primer
paso para establecer el clima de seguridad colectiva en el país es la renuncia
del señor Ministro del Interior, doctor Marchesano.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Señor Presidente:
hemos llegado a esta interpelación sabedores, con bastante anticipación, de que
no ibamos aquí a sostener un debate para definir la conducta o la actuación del
Ministerio, en la medida en que era público y notorio que ya los agrupamientos
políticos -o más precisamente aquél que estaba promoviendo la interpelación-
estaban de antemano haciendo su juicio de manera muy clara. Por mi parte; no
voy a recurrir a los recortes periodísticos, tal como ha hecho el señor senador
interpelante, pero todos tenemos muy presente esta actitud que hace más de un
mes y medio se está sosteniendo para determinar que el Ministerio del Interior
ha fracasado en su gestión y que el Ministro se tiene que ir. Obviamente, esto
no me va a quitar el entusiasmo para hacer la exposición y ello no va a ser así
porque éste es un tema muy importante para el país, de una tremenda gravedad, y
en el que éste deberá reflexionar con atención y con cuidado. Además, los
hombres políticos de esta nación -en esta Sala hay cuatro candidatos a Presidente
de la República para el próximo gobierno- tendrán que analizar en profundidad
cuáles son los pasos a seguir en el futuro.
La tesis de la
interpelación es que la policía es ineficaz y corrupta; que no sirve y que
actúa mal. Esto lo dice el señor senador Zumarán en una declaración del mes de
junio y lo reitera ahora en su larga exposición. También afirma que por ahí
pasa toda la responsabilidad de la inseguridad que evidentemente vive el país.
A este respecto, voy a decir, en primer lugar, que la policía no es corrupta;
en segundo término, que no es ineficaz; y, en tercer lugar, que toda esta
situación que está viviendo el país en términos de delincuencia responde a un
conjunto de causas y que no sólo no es lícito desconocerías, o pasar rápidamente
sobre ellas, sino que además no es adecuado, porque no podrá haber garantías
para nadie si se piensa que el problema está en un solo sitio descartándose los
demás. De ser así, la cuestión no se va a resolver.
A mi juicio señor Presidente,
este país ha vivido hace no demasiado tiempo un largo período de dificultades y
de incertidumbre y que durante todo ese lapso hubo un conjunto de institutos
que sufrieron profundamente de las influencias de un régimen del que por suerte
salimos y al que todos aspiramos no regresar. Algunos sufrieron más que otros,
algunos recibieron más ataques que otros, pero también estuvieron aquéllos que
fueron heridos profundamente no sólo en su funcionamiento, en su equipamiento y
en los elementos necesarios para poder cumplir con su actividad, sino hasta en
su propia filosofía de acción. Esto se dio en su régimen que de pronto
desapareció y que los dejó absolutamente desguarnecidos de posibilidades de
poder recuperarse adecuadamente para transitar sobre los carriles pertinentes.
Muchas veces escuchamos insistentemente
decir que no se votaban recursos para el aparato represivo y también se
comparaban las cifras y los porcentajes. A este respecto, podemos manifestar
que el aparato represivo estaba integrado por todos los servicios de seguridad
que habían actuado durante el régimen de facto y todos partíamos de la base, en
función de esa afirmación, de que la policía, -y hablaremos ahora del Instituto
Policial- era un organismo lleno de ventajas, lleno de posibilidades y
absolutamente colmado en sus requerimientos. Además, éste estaba en condiciones
de ser dejado de lado al considerarse el presupuesto nacional, como
efectivamente lo fue, con una disminución de los porcentajes de los gastos del
Ministerio del Interior.
Diría que no está de más analizar y
recordar las circunstancias en que el Instituto Policial debe asumir estas
difíciles condiciones. Es bueno, entonces, hacer un pequeño balance de lo que
en 1985 se entregó, porque el Instituto Policial no pertenece al Poder
Ejecutivo, ni a este gobierno ni a este partido, sino que es del país y es éste
el que tiene que cuidarlo y atenderlo adecuadamente.
El pasaje a la democracia vino de la mano
de una exaltación de un conjunto de valores que estaban atropellados y también
de un ataque permanente al Instituto Policial en la figura de alguno de sus
miembros, pero que tenía el efecto obvio de extenderse con un generalización
seguramente injusta a prácticamente la totalidad del Instituto. Hubo una
actitud de enfrentamiento y de desconfianza que se reflejó no sólo en la
relación del ciudadano común con los funcionarios policiales, sino en la
relación del propio ciudadano con el Poder Judicial.
Recuerdo que cuando accedí al Ministerio
del Interior, una de las primeras cosas que se hicieron, luego de los contactos
con la Suprema Corte de Justicia, fue una reunión entre los señores Jueces de
Montevideo y la cúpula de la Jefatura de Policía de este mismo departamento,
con la presencia del Presidente de la mencionada Suprema Corte de Justicia y
del Ministro del Interior, a efectos de tratar de superar algunas dificultades
de entendimiento que hacían estéril, en algún momento, el diálogo indispensable
entre la Justicia y todo el servicio judicial que actúa como sostenedor, como
policía judicial. Se daba la extraña paradoja de que los funcionarios
policiales que iban a declarar a los juzgados, pasaban allí la tarde entera,
porque no se les daba ninguna preferencia ni prelación a efecto de que pudieran
ir a cumplir sus obligaciones; muchas veces estaba en los juzgados
prácticamente toda la Comisaría. Cuándo los delincuentes denunciaban malos
tratos –comprobáranse o no éstos- todos los funcionarios policiales debían
presentarse en los juzgados y a veces pasaban allí todo el día. Fue así que
nuestros contactos con la Suprema Corte de Justicia permitió dictar una
ordenanza que estableció una lógica preferencia a funcionarios que tenían que
declarar –generalmente, eran cabeza de expediente- y que tenían que salir para
poder cumplir con sus obligaciones.
Evidentemente, todo ello significaba un decaimiento
moral del Instituto Policial, una dificultad en el manejo y una especie de
reserva o resistencia que se reflejaba en el trato diario a cuyo respecto los
funcionarios policiales, sin distinción, tienen un amargo y doloroso recuerdo.
Cuando digo que algunos institutos sufrieron más que
otros en este largo pasaje por el régimen de facto -y marco en ellos a la
Policía- efectivamente fue así.
Al Instituto Policial se le cambió la filosofía de
acción, poniendo a su frente un conjunto de oficiales de las Fuerzas Armadas
que comenzaron a aplicar una disciplina y una manera de proceder que,
naturalmente, incidió en el comportamiento y en la concepción de sus
integrantes, torciendo su verdadera vocación, su inclinación por el trabajo,
obligándolos a actuar dentro de un marco que no era el natural de una
institución que es notoriamente diferente a la del Ejército y que tiene
conceptos y direcciones distintas.
Todo esto, señor Presidente, duró doce
años, en los que hubo promociones de oficiales, que se incorporaron a la vida
de la policía del país; hubo una Escuela Nacional de Policía manejada con un
criterio distinto; hubo todo un período de formación y de actividad que incidió
de manera profunda sobre un Instituto que no sólo fue coartado en sus derechos
sino que, además, se le torció en otra dirección. Naturalmente, todo esto
requería, con el andar del tiempo, un trabajo de recuperación que no se puede
llevar a cabo en un plazo exiguo, ya que es necesario un prolongado período de
formación y de cambio.
Afortunadamente, esto se ha ido llevando a
cabo porque hemos puesto, permanentemente, como principal directiva de la
acción del Instituto Policial, el respeto a la Constitución y a la ley.
Ocasionalmente he
escuchado críticas dirigidas contra declaraciones realizadas por mi donde se
dice que yo siempre termino manifestando que "tal acontecimiento fue
puesto en conocimiento de la Justicia", por lo que parecería que uso a la
Justicia como una especie de disparadero para eludir mis responsabilidades o
las del Ministerio a mi cargo. Debo expresar que me sorprende este tipo de
crítica, porque pienso que si hay una garantía que tenemos que sostener, ya que
la hemos reclamado de manera permanente, ella es, precisamente, la intervención
de la Justicia como órgano independiente, diferente, que pueda juzgar sin tener
ninguna participación extraña y sin ninguna forma de coacción, las actividades
de los habitantes del país.
Esta ha sido, permanente y constantemente,
la directiva que se ha dado a todos los funcionarios policiales, en todas las
circunstancias. En los casos en que hubo un apartamiento de esta norma, se ha
actuado en consecuencia, tomando las medidas correspondientes para evitar que
estos hechos se repitieran. Lo que se pretendía, lo que se pretende y lo que se
seguirá pretendiendo es tener una policía que dé respuesta, desde el punto de
vista democrático, a las esperanzas y expectativas de la ciudadanía.
La salida del régimen autoritario también
tuvo un efecto muy profundo en la acción policial. Todos sabemos lo que es una
sociedad autoritaria, lo que ella significa y que una indagatoria policial que
termina en una confesión, culmina con una ratificación en la sede judicial.
Ahora bien; cuando esta acción permanente
de un principio de Estado autoritario, que subvierte totalmente la acción de la
policía, se prolonga durante un dilatado período, es muy difícil, de la noche a
la mañana, encontrar los caminos para reencauzar esa acción.
Recuerdo las quejas que se me dirigían en
los primeros tiempos de labor en el Ministerio, sobre la imposibilidad de
conseguir la ratificación de declaraciones que se obtenían en condiciones
normales, porque la habilidad de muchos delincuentes consistía en negar ante el
Juez lo que habían afirmado en la sede administrativa. Todo este trabajo de
reentrenamiento que era indispensable llevar a cabo para volver a situar a la
Policía dentro de los cánones de investigación de un régimen democrático,
requirió un período en el cual hubo que. sortear toda clase de dificultades.
Además, señor Presidente, nos encontramos
con una Policía que padecía una ausencia total de medios, de recursos, tanto en
el terreno presupuestal, como en materia de equipamiento y de instrucción.
A simple título de ejemplo, podría citar
cuál fue el estado en que el Inspector General de Policía, actual Director de
la Escuela Nacional de Policía encontró la Intendencia de dicho Instituto el
día en que se hizo cargo de ella, en el mes de marzo de 1985.
Según su informe, había 200 camperas tipo
americanas, correspondientes a talles muy pequeños o muy grandes, que hacían
prácticamente imposible su uso. Además, había 40 pares de zapatos cuyos números
iban del 32 al 34 o del 45 al 47. En este momento podría acotar que hacía siete
años que no se proveía de calzado a los funcionarios policiales. Asimismo,
había nueve camisas azules, de verano e invierno.
A todo esto hay que agregar que se
encontraba desmontada la sala de recarga y no había existencia de pólvora, así
como tampoco de plomo, para efectuar las correspondientes tareas.
Esto fue uno de los tantos aspectos de la
realidad que hubo que enfrentar y llevar adelante para poder otorgar una mejor
condición al Instituto Policial.
¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que
ha hecho el país con su Policía durante este período?
Debo decir que en cuanto a la evolución
del salario, este Ministerio ha sostenido, aún de manera pública, que es
insuficiente. Consideramos que es necesario aumentarlo hasta niveles que
permitan una profesionalización más profunda y consciente de sus cuadros,
logrando así un Cuerpo dedicado íntegramente a esta función tan absorbente que,
además, retribuya al ciudadano que la desempeña, en el mismo nivel en el que se
le exige que actúe, en defensa de los valores de la sociedad.
Tengo ante mí la evolución de los salarios
de estos funcionarios y me voy a permitir sañalar que desde marzo de 1985 hasta
marzo de 1989, admitida la exigüidad e insuficiencia de las cifras, la
retribución de un Agente de Segunda sufrió una variación del 38.73%; la de un
Agente de Primera, un 30.61% y la de un Cabo, un 35.24%. Así, si ascendemos en
la escala jerárquica, vemos que los cargos superiores no han tenido aumentos de
este carácter -lo mismo que se ha dado aqui ha sucedido en el Ejército- e inclusive
algunos de ellos han estado muy cerca de mantener los valores que tenían en el
año 1985, en términos de salario real.
Además, en la última Rendición de Cuentas,
se aprobó una prima técnica, tratando de retribuir, fundamentalmente, a todos
aquellos que son, por su permanencia y actuación, la base del trabajo policial
ejecutivo o sea, las clases de la policía ejecutiva. Esta prima se incorporó a
su sueldo y no voy a abundar en detalles sobre ella, ya que este Cuerpo,
oportunamente, la votó. Ella está dirigida, repito, a los funcionarios
ejecutivos con grado de Cabo hasta Oficial Mayor, que se encuentren
desempeñando tareas en el terreno ejecutivo.
Si se quiere, éste fue un tímido progreso.
Sin embargo, se introdujeron elementos de significación en cuanto a las mejoras
de salarios de los funcionarios policiales, aplicados especialmente a aquéllos
que tienen más larga trayectoria dentro de sus cuadros.
Por otra parte, se
planteó y fue aprobada por este Parlamento una reestructura en los cuadros de
la Policía que se tradujo en la creación de un conjunto de cargos por la vía de
la retransformación obteniéndose 5.834 que beneficiaron a 3.195 funcionarios
del Sub-Escalafón Ejecutivo, 88 del Profesional, 665 del Especializado, 1.714
del Administrativo y 172 del de Servicios. Dichas mejoras crearon, por la vía
de ascensos, sitios que fueron ocupados por antigüedad calificada por los
funcionarios que se encontraban en los grados inferiores. Por otro lado, de
estos 5.834 cargos que se retransformaron, sólo hubo 101 reclamos
administrativos. Las autoridades, las Direcciones Nacionales y las Jefaturas
llevaron a cabo un trabajo de reestructura sobre el que podemos decir con
satisfacción que hubo un mínimo de reclamaciones; 40 de ellas fueron favorables
a los accionantes porque tenían razón, siendo regularizados por un artículo que
aprobara el propio Parlamento Nacional a requerimiento de la Cartera que
representamos, apuntándose a corregir errores, sin perjudicar a aquellos que
habían sido beneficiados.
Habiendo aprobado este Parlamento una
solución de esta naturaleza, todo el sistema presupuestal, integrado por los
aumentos que se concedieron, más la prima técnica, más la reestructura, dió
como resultado una mejora efectiva que, repito, está lejos de lo que ella
debiera ser en lo que hace a la justa retribución merecida por los funcionarios
policiales.
La situación existente nos llevó a que
tratáramos de paliarla, creando algunos mecanismos en torno a los funcionarios
policiales, que significaran una mejora en su calidad de vida, que de todas
formas concurriera a aumentar su retribución por vía indirecta, en la medida en
que ella no podía ser cambiada por los caminos presupuestales correspondientes.
En relación con esto, concurrieron, en
primer lugar, los suministros de equipos que representaron un esfuerzo
significativo del Estado para atender los reclamos policiales. Tengo en mi
poder una larga lista de artículos que fueron suministrados en el período que
comienza en 1985 y que se extiende hasta abril del presente año. A modo de
ejemplo, se entregaron 24.000 birretes, 1.693 botas de caña larga, 13.517 botas
de caña corta, 29.075 camisas de invierno, 18.884 camisas de verano, 22.418
camperas impermeables con forro desmontable, 1.515 cascos, 20.572 pantalones,
de invierno, 27.794 pantalones de verano y 34.877 pares de zapatos, que fueron
distribuidos entre los funcionarios policiales.
Por otro lado, en acuerdo celebrado con el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, amparado en una resolución votada
también en una Rendición de Cuentas aprobada en el Parlamento, se establecieron
precios para trabajos que la Policía realizaba para DICOSE, así como también
para los hechos a la Comisión Honoraria de Lucha Contra la Hidatidosis. En ese
sentido, fueron instruidos todos los Jefes de Policía, en especial los del
Interior, que eran los más importantes recaudadores, sobre todo del rubro de
DICOSE, a fin de que todos los proventos ingresados por tal concepto fueran
destinados a equipamiento policial. Coincidimos con los señores senadores en
cuanto a que es indispensable dotar a la policía de una decorosa indumentaria,
que también esté en consonancia con la moral que se requiere y se exige en el
cumplimiento de sus funciones.
De manera que, entonces, con los recursos
de que se disponía, con los rubros que fueron votados en el Presupuesto, se
fueron cumpliendo estas etapas que lejos están de resolver el problema real,
pero que también a su vez lo están de aquellos momentos iniciales de marzo de
1985 en que sólo había 40 pares de zapatos y 20 camperas en la Intendencia
Policial ni tampoco había ropa para entregar a los funcionarios.
Cuando en marzo de 1985 se recupera el
régimen democrático en el país, la Policía no tenía armas y las que había eran
muy viejas e insuficientes. Era frecuente advertir que el funcionario dejaba su
arma de reglamento en la Comisaría para que quien fuera a sustituirlo en su
tarea tuviera una para actuar. En los primeros meses de dicho año, quien habla
no era Ministro, sino que lo era el doctor Manini Ríos. Ahora se adquirieron
armas y, en este momento, toda la Policía está equipada. En lo que hace a la
del Interior del país, les fueron enviadas armas reacondicionadas y recicladas
por la propia Intendencia de Policía. Reitero que actualmente todas las fuerzas
policiales cuentan con su arma propia y no se da el cuadro al que hicimos
referencia, existente en una época anterior.
Otro de los puntos en que quisimos poner
el acento fuertemente, es el que tiene que ver con los equipos de comunicación.
Existía una absoluta incomunicación entre las Comisarías y las Jefaturas; había
una total carencia de equipos de comunicación, indispensables para que una
Policía moderna pueda actuar y pueda hacerlo con total eficacia. En ningún país
desarrollado y poderoso del mundo hay funcionarios policiales que circulen por
las calles sin artefactos de comunicación, porque eso es lo que permite actuar
con mayor eficacia, detectar el incidente allí donde se produce y poder
enfrentarlo con sentido de racionalidad y no con un arranque de heroísmo
individual que muchas veces conduce al fracaso o, lo que es peor, a recibir una
herida o a padecer la muerte.
El Ministerio del Interior durante este
periodo ha incorporado 2.416 equipos de comunicación y se han instalado en
todos los departamentos de la República 153 mástiles para captar
comunicaciones.
Sin temor a error, podemos decir que no
hay ninguna Comisaría en este momento que esté aislada, por lo menos de su
propia Jefatura y que, directamente o por medio de un enlace no pueda
comunicarse de inmediato con aquélla.
Todo esto tiene, además, una importancia
que no es ocioso destacar y es la relacionada con la contribución social para
los medios urbanos y rurales del interior del país, que permiten esas
comunicaciones policiales. Por ejemplo, se puede atender rápidamente a los
enfermos, dar a conocer distintas noticias, establecer vínculos que, de otra
manera, es muy difícil rechazar y para lo cual todos sabemos que la Policía se
presta con absoluta generosidad.
Además, hemos instalado en estos últimos
meses cuarenta y cuatro facsímiles o sea cuarenta y cuatro telefax que se
encuentran en todas las Jefaturas del Interior, en las Direcciones Nacionales
más importantes en el Aeropuerto de Carrasco y en los establecimientos de
Santiago Vázquez y Libertad. Esta actividad realizada con los facsímiles la
hemos llevado adelante con el acuerdo, el diálogo abierto y la contribución
directa del Poder Judicial porque entendíamos antes y ahora que este tipo de
comunicaciones va a cambiar un conjunto de tareas que hasta este momento se
efectuaban de manera muy pesada.
Todas las notificaciones, las
informaciones que requieren un largo trámite, al igual que cuando se solicita
un informe a una Jefatura, demora en llegar al Ministerio del Interior o a la
Dirección Nacional que los reclama, siete u ocho días. En cambio, ahora, con el
uso de los facsímiles, los trabajos pueden realizarse de inmediato.
No es fácil dominar
la técnica -hasta ahora no han podido ser utilizados adecuadamente- pero tengo
la absoluta seguridad que en los próximos meses no sólo las comunicaciones
entre las distintas reparticiones del Ministerio del Interior sino además las
realizadas por el Poder Judicial permitirán una inmediatez cuando los jueces
tengan que dictar una providencia en un expediente judicial en el cual
requieran los antecedentes del Instituto Técnico Forense, pudiendo recibir de
inmediato la información a través del fax que tiene instalado este instituto y
llevarla a la Jefatura.
Para completar el cuadro de
comunicaciones, podemos decir que en este momento se está tramitando una
licitación que permitirá comprar equipos, con los cuales se renovarán los
instalados en todas las Comisarias del departamento de Montevideo. Estas
reparticiones fueron las que recibieron menos equipos en los repartos iniciales
que se realizaron.
Se han comprado equipos de microfilmación,
fundamentalmente destinados a los Servicios de Identificación Civil, donde es
necesario llevar adelante una transformación total y absoluta. Detrás de estos
equipos de microfilmación será necesario incorporar la computación, primero,
para preservar los archivos y segundo, para poder realizar un trabajo con la
suficiente rapidez, eficacia y seguridad que indica la metodología moderna. No
es fácil realizar esto.
He visitado los servicios de policía de
muchos países, y he podido apreciar en el F.B.I. de Estados Unidos, en Scotland
Yard de Inglaterra, en Israel, en Alemania equipos sofisticados que parecían
resolver todos los problemas casi por arte de magia. Antes que nada, siempre
pregunto cuánto valen y las cifras que recibo como contestación exceden las
posibilidades de Presupuesto del Ministerio del Interior.
La tarea tendrá que ser pausada y habrá
que realizarla cuidadosamente. La misma no deberá tener interrupciones ni
hiatos de doce años como tuvo el equipamiento de la Policía. De esta situación
no es fácil recuperarse en poco tiempo.
Igual a los equipos de computación que
existen en la Jefatura de Montevideo, hay otros en los departamentos de Salto,
Paysandú, Canelones, Maldonado, Rivera. Seguramente en los próximos meses,
otros departamentos podrán tenerlos, porque la pretensión del Ministerio del
Interior es que la Dirección Nacional encuentre a todas las Jefaturas de
Policía actualizadas con lo cual se podrá trasmitir de manera directa al
computador central toda la información -en lugar de procesaría, tal como se
hizo en ocasión del último plebiscito- a través de los fax y luego trabajar con
ella dentro del computador de Montevideo.
Dentro del propósito deliberado de procurar
mejorar la condición de vida del funcionario policial y no dejarlo en un mero
acto declarativo, diciendo que estamos condolidos por su situación económica,
hemos intentado llevar algunas ideas a la práctica. En este sentido, se
habilitó el Hospital Policial. En el momento de asumir el Ministerio, en dicho
Hospital sólo funcionaban las policlínicas, dentro de un edificio que estaba
prácticamente terminado, que tenía capacidad para 252 camas y que no prestaba
funciones como Hospital.
Tengo en mi poder un informe preparado por
las autoridades del Hospital Policial en el cual se señala que el 19 de junio
de 1986 se inaugura el Departamento de Emergencia. Se trata del primer servicio
que habilitamos, asegurando una atención médica de 24 horas para los funcionarios
policiales del departamento de Montevideo, que hasta ese momento, en caso de
sufrir una afección en horario fuera de atención de policlínica, deberían
concurrir a las dependencias del Ministerio de Salud Pública.
También se inauguró el Departamento de
Hemoterapia, se pusieron en marcha servicios de Radiología de Guardia,
Anestesiologia se habilitó progresivamente un sector de internación dentro del
Departamento de Emergencia, que llegó a tener hasta 16 camas y en febrero de
1987 se habilita el Departamento de Cirugía. En este momento se cuenta con 60
camas, se realizan tres operaciones diarias, todo ello con un conjunto complejo
de apoyo, de habilitaciones de servicios complementarios de la difícil
actividad sanatorial.
Se ha incorporado, además, una Unidad de
Diálisis Nefrotécnica, habilitándose un laboratorio de Neumología; se organizó
dentro del Departamento de Cirugía las Secciones de Cirugía Vascular y
Toráxica, además de un servicio de Endoscopia Digestiva, llegándose a disponer
de 64 camas.
El proyecto es seguir adelante en la
medida que los recursos lo permitan. Para ello contamos con el aporte de los
propios funcionarios policiales. En un futuro cercano, pensamos habilitar el
Servicio de Maternidad, que es una de las preocupaciones de la Sanidad Policial
y del Ministerio del Interior. Esta preocupación se debe a que afecta a un
número más importante de funcionarios, más creciente y menos privilegiado, que
generalmente es la capa de funcionarios más jóvenes, en un momento trascendente
de la vida de la gente como es el instante del nacimiento de un hijo.
A fines de 1988 se incorporó la cirugía
pediátrica. Hay un departamento de Patología, un Departamento de Cirugía
Plástica y uno recientemente inaugurado de Quemados, destinado a atender los
requerimientos del personal del Cuerpo de Bomberos.
Se organizó el Servicio de Traumatología y
se incorporó un Servicio de Discapacitados Neuropediátricos, para atender
aproximadamente a cuarenta y cinco o cincuenta niños hijos de funcionarios
policiales que sufren diversas discapacidades, en una clínica a cargo de la
doctora María Antonieta Rebollo, una autoridad en la materia.
Todo esto se ha hecho
procurando variar un poco las circunstancias de desprotección que se sienten de
manera profunda, sobre todo, en el departamento de Montevideo. Como es sabido,
en el interior, la asistencia médica policial se da a través de un convenio que
el Ministerio del Interior ha realizado con distintas mutualistas, por el cual
todos los funcionarios y los retirados policiales están afiliados a la
mutualista del medio, que generalmente es única, y reciben la atención del
mejor nivel posible dentro del ámbito en que se encuentra. Se está estudiando
en este momento -hay una Comisión de Retirados Policiales trabajando junto a la
Dirección de Sanidad Policial y del Hospital Policial- la posibilidad de
integrar al interior a los servicios del Hospital Central, en un régimen de
asistencia terciaria superior, que permita asegurar un mejor servicio de
defensa de la salud.
Hemos complementado el tema de la salud
con otro tipo de ayuda en que la propia Policía ha actuado, en primera línea,
como es la de las guarderías que se instalaron en Radiopatrulla y en la Policía
Caminera, y actualmente en el centro de la ciudad, en una guardería instalada
en la calle Cerro Largo, que estamos usando como experiencia piloto, en la cual
se atienden ya 25 niños de funcionarios policiales. Repito que todo ello se ha
hecho buscando crear un mejor clima y una mejor calidad de condición de vida
para el personal policial.
Por otra parte, la Dirección de Tutela de
la Caja Policial ha aumentado el número de becas otorgadas a los hijos de los
policías con los fondos afectados a esos fines, llevándolas de 30 a 60 para los
niños discapacitados y de 120 a 180 para becas de estudios a hijos de
funcionarios policiales. Ese mismo servicio de tutela ha suministrado túnicas y
zapatos para los funcionarios policiales. Hemos establecido también un hogar
para los policías retirados que no tenían otra forma de refugiarse y por lo cual
generalmente estaban desvalidos. En la actualidad están atendidos y protegidos
por la propia Sanidad Policial y viven en un Hogar ubicado en la calle Millán.
También hemos impulsado a través de la propia Caja policial el establecimiento
del Hogar de la Policía del Interior, que quizá pueda parecer poco importante
pero que corresponde analizar a la luz del hecho de que los funcionarios
policiales que vienen a realizar en la Capital los cursos de pasaje de grado
indispensables para ascender en sus carreras, muchas veces no tienen
alojamiento adecuado y deben ser ubicados en establecimientos policiales no
destinados a ese fin. Y esos funcionarios que vienen con un afán de superación
muy claro y con el orgullo de sentir que van a disputar, dentro del marco de la
Ley Orgánica Policial, el derecho de ser tenidos en consideración en los
ascensos, deben contar con un lugar donde sean alojados con la misma jerarquía
y con la misma dignidad con que se les reclama que actúen.
También en mérito de la Caja Policial, señalo
que su equipamiento y la computarización de sus servicios ha permitido que los
retirados policiales estén cobrando ,en este momento prácticamente en la misma
fecha en que se paga en Montevideo. Lo señalo porque en las múltiples
recorridas que hemos hecho por el interior, una de las quejas que escuchamos de
los funcionarios policiales era la demora con que a veces percibían sus
haberes. Y eso ha sido corregido.
Hay otro tema sobre el que me parece
importante hacer algún comentario, que es el de la vivienda policial. Hemos
tenido contactos con el Directorio del Banco Hipotecario y no me molesta decir
que las soluciones a que hemos llegado fueron adoptadas por unanimidad de sus
miembros, en quienen hemos encontrado una enorme receptividad. Y pudimos hacer
un convenio en virtud de ser el Ministerio del Interior a través de la Caja
Policial, un ahorrista muy fuerte del Banco Hipotecario. Dicho convenio
permitió que algunas de las viviendas adjudicadas por esa Institución fueran
para funcionarios policiales que se encontraran, naturalmente, en las
condiciones reglamentarias que el Banco exige; asimismo, logró que una
determinada cantidad de Unidades Reajustables mensuales fuera redistribuida
entre funcionarios policiales; y que además, las cooperativas organizadas para
funcionarios policiales pudieran acceder a los préstamos del Banco Hipotecario,
dentro de los parámetros normales.
Así, en el año y algo en que ha estado en
marcha este convenio con el Banco Hipotecario, se han adjudicado 40 viviendas
en Montevideo y 144 en el interior: 17 en Artigas, 25 en Canelones, 7 en Cerro
Largo, 5 en Colonia, 4 en Durazno, 3 en Flores, 11 en Lavalleja, 13 en
Maldonado, 16 en Tacuarembó, 6 en Treinta y Tres, 19 en Soriano, 3 en Salto, 1
en San José, 16 en Rocha, 1 en Río Negro y 6 en Paysandú.
Hemos hecho también acuerdos con la
Comisión de MEVIR, a la que dimos el apoyo que una obra de esta importancia
debe tener. Le hemos entregado terrenos que son propiedad del Ministerio del
Interior para que pueda llevar adelante sus obras, a cambio de lo cual, MEVIR
ha adjudicado a los funcionarios policiales, por vía de este intercambio o de
su participación en sus programas, 67 viviendas. En este período hemos
adquirido 14 viviendas destinadas a los comisarios de distintas localidades del
interior, aprovechando una línea de crédito especial que el Banco Hipotecario
tiene abierta para ello.
Esto tiene un propósito muy importante
desde el punto de vista del servicio, porque muchas veces cuando el señor Jefe
de Policía dispone el traslado de un comisario se encuentra con una dificultad,
y es que el funcionario trasladado a determinada ciudad del interior no
encuentra vivienda en la zona y muchas veces debe trasladarse él solo, dejando
a su familia, con lo cual no sólo se resiente su dedicación al servicio por la
natural preocupación por no poder estar en contacto con su hogar, sino que no
se integra al medio porque su interés está en que llegue el día en que pueda
salir franco o de licencia para encontrarse con su familia. La compra de estas
viviendas tendió, precisamente, al traslado de los funcionarios de jerarquías,
que son muy importantes en las ciudades y pueblos -naturalmente, es muchas
veces la autoridad máxima en el ámbito del poder administrador- para que estén
radicados en el lugar donde trabajan. Por supuesto que esas viviendas son de
propiedad del Ministerio del Interior y se otorgan durante el desempeño de las
funciones, pero permiten mejorar en cierta forma, la marcha de este servicio.
Finalmente, se han formado 13 cooperativas
de vivienda en Montevideo y 7 en el interior, que aglutinan respectivamente 230
y 100 socios. Se trata de un total de 20 cooperativas con 330 socios, cuya
construcción fue apoyada también por la Caja Policial a los efectos de poder
comprar los terrenos e iniciar su acción, hasta que el Banco Hipotecario vaya
reintegrando en Unidades Reajustables -una vez aprobados sus programas- los
valores que aquélla ha desembolsado.
Además, el Banco
Hipotecario ha otorgado, a funcionarios policiales indicados por las jerarquias
policiales de acuerdo con las reglamentaciones establecidas, 146 prestamos en
Montevideo y 213 en el interior, fundamentalmente para la adquisición de
vivienda usada en muy pocos casos. No bien se aprobó este régimen, el Banco
cerró la línea de crédito para vivienda usada, en algunos casos para refacción
y en muchos otros para construcción. A "grosso modo" diría que hay
aproximadamente 1.100 soluciones definitivas o eventuales de vivienda que, con
la colaboración del Banco, se han podido llevar adelante y que sin duda
significan un aporte importante porque prácticamente contemplan la situación
del 5% de los funcionarios policiales. De persistirse en este esfuerzo,
seguramente mejorará la calidad de vida del funcionario policial y la sociedad
estará retribuyendo este servicio tan importante.
Por último, en el Camino Maldonado habían
sido construidas 213 viviendas bajo el régimen de INVE, las que fueron vendidas
a sus ocupantes, en su totalidad funcionarios policiales. Se trata de un
complejo en el que viven por lo menos, 500 hijos de funcionarios policiales y
más de 700 u 800 funcionarios policiales y sus familias; y se instalaron
policlínicas médica y odontológica, guardería, etcétera.
Pasando a considerar el capítulo de los
automotores, señor Presidente, diría que al respecto habría que hacer una
distinción entre los vehículos que fueron adquiridos mediante licitaciones -o
sea, con los recursos previstos para el correcto funcionamiento del Ministerio
del Interior- y otros que tuvieron diferentes procedencias y que fueron el
resultado de acuerdos realizados por distintos organismos del Estado.
Por la vía de la licitación se compraron
130 vehículos para Radio Patrulla, en 1985. En aquél momento,
cuando el Presidente de la República asumió el cargo, cuando la democracia se
reinstauró en el país, había por todo concepto nueve vehículos Volkswagen
-camionetas compradas en 1980- absolutamente amortizados, que eran los únicos
de que disponía la Policía para patrullar. El Ministerio del Interior compró
estos 130 vehículos bajo la Dirección del doctor Carlos Manini Ríos pero, como
tantas cosas que ocurren en la actividad de Gobierno, como él se retiró del
Ministerio en el momento de procederse a la entrega de los mismos, los recibí
yo.
Además, se adquirieron 90 vehículos para
el Cuerpo de Bomberos, lo que significó la renovación total de su flota. Puedo
afirmar que no hay ningún departamento de la República que, no tenga, uno o dos
vehículos nuevos adquiridos en esta licitación. Seguramente, en algunos
departamentos haya más vehículos de bomberos, algunos viejos y otros en plan de
reciclaje en el Cuerpo de Bomberos, para que, en la medida en que sean
rehabilitados, serán devueltos al servicio en algunos lugares hasta los cuales
aún no hemos podido llegar. Por primera vez compra el país unidades para
combatir los incendios forestales. Hay tres o cuatro unidades que están
ubicadas en distintos lugares de la República, en zonas de eventual mayor
riesgo y que son el primer aporte para una lucha concertada contra los incendios
forestales -y fundamentalmente de prevención- que se realizó a través de esta
licitación.
Se compraron 101 vehículos tipo ambulancia
para la Policía Caminera, que están equipados con una camilla -y eventualmente
dos- con un aparato de radio y un instrumento de tracción con capacidad hasta
500 kilos, para permitir desatascar las puertas de los vehículos o para
realizar rescates en situaciones difíciles. Esto se incluye dentro del programa
de atención a toda la República y significa un aporte muy importante a la
seguridad en general, no sólo en función de la tarea de la Policía de los
caminos, sino también, a los efectos de colaborar con Ministerios como el de
Obras Públicas, el de Salud Pública o el de Turismo y con las propias Jefaturas
del Interior o con la población de las distintas localidades, ya que resulta
muy eficaz para el traslado de los enfermos y además un poderoso medio de
comunicación.
También se adquirieron 10 camiones,
mediante licitación pública, con lo que se. pretendió paliar el déficit de
vehículos de transporte indispensables para las muchas obras y actividades que
desarrolla el Ministerio de Interior, para lo que requiere este tipo de
vehículos.
Finalmente, se han adquirido 80 vehículos
para Radio Patrulla, que son los que en este momento se están incorporando a
los servicios. Hay 12 efectivamente incorporados y seguramente el lunes, una
vez terminado el proceso de ablande, serán entregados otros seis al servicio de
Radio Patrulla. Posteriormente, a medida que se vayan habilitando, irán
integrándose otros a dicho servicio y a departamentos del interior,
sustituyendo los vehículos Amazon de que se disponía.
Mediante acuerdo con el Banco de la
República se compraron 20 Jeeps, 10 camiones, 20 vehículos Pony y 407 motos
Honda, que han sido distribuidos por todo el país.
En virtud de un acuerdo con el Banco
Central, recibimos 45 vehículos Mitsubishi y 463 motos Peugeot.
También recibimos donaciones: Corea donó al Ministerio del Interior 19
patrulleros marca Hiunday; la República Federal Alemana donó nueve micros;
recibimos además una ambulancia Caravan, que fue donada en ocasión de la
licitación para la Policía Caminera; la Comisión de Colaboración Policial donó
un ómnibus Mercedez Benz y la Policía de Investigaciones recibió 10 vehículos Pony.
En resumen, hasta la fecha se han incorporado 259 autos, 94 camionetas, 102
ambulancias y 20 jeeps, lo que totaliza 475 vehículos automotores nuevos. A
ellos habrá que agregar 90 autobombas, 11 micros y 20 camiones, lo que hace un
total de 596 vehículos y 870 motos que han sido distribuidas por las comisarías
de todo el país, con el propósito de realizar un conjunto de tareas de
transporte liviano.
Naturalmente, esto de ninguna manera
resuelve el problema de los vehículos de la Policía y, por tanto, será
necesario continuar en esa línea. Hay una partida no muy importante que este
Parlamento voto, con la cual pretendemos hacer una licitación a los efectos de
renovar algunas de las camionetas que han recibido un uso excesivo. Asimismo
las Comisiones de Colaboración Policial del Interior han ofrecido su ayuda
proponiéndonos adquirir vehículos nuevos y donarlos al Ministerio del Interior
a cambio de la entrega de nuestras unidades viejas para que ellos puedan crear
recursos con sus ventas. Se le ha planteado esta solución al Tribunal de
Cuentas y no sabemos aún qué resolverá sobre el particular; pero sí podemos
decir que en las Comisiones de Colaboración Policial, tanto del Interior como
de Montevideo, hemos encontrado un gran afán y deseo de ayudar, colaborar y
respaldar la gestión policial, lo que pone de manifiesto que cada vez hay un
mayor acercamiento entre la sociedad y su Policía que es, en definitiva, el
objetivo que hemos perseguido desde el principio de nuestra gestión.
Al mismo tiempo,
hemos encarado una muy larga lista de obras que nos parecían fundamentales para
la actividad del Ministerio. No voy a abrumar al Senado -si existe interés,
podría hacer llegar una relación prolija y pormenorizada de ello- citando todas
las obras en las que estamos embarcados. No obstante, voy a mencionar algunas
de ellas. En Bella Unión, por ejemplo, estamos construyendo una Comisaría
nueva. Es una ciudad que ha crecido explosivamente, cuyo desarrollo ha sido
acompañado con vehículos, con motos, y ahora con la construcción de una
Comisaría cuya primera planta prácticamente está terminada al punto de que ya
se está construyendo la estructura, y sobre fin de año pensamos que se podrán
habilitar algunos sectores.
Asimismo, en Canelones construimos
enteramente la Comisaría Nº 21 de Las Piedras; hicimos la Comisaría de Paso
Carrasco con la colaboración entusiasta y decidida de los vecinos; remodelamos
la Comisaría de Pando y estamos construyendo la Comisaría de Barros Blancos.
En Montevideo, estamos impulsando la
construcción de la Comisaría 1a., y en materia de obras mayores habría que
apuntar a lo que ha sido nuestro esfuerzo en la Escuela Nacional de Policía.
Seguramente, esta Escuela merecerá más adelante un estudio adecuado y
pormenorizado del trabajo que se ha realizado desde el punto de vista docente;
pero en cuanto a su estructura edilicia es indispensable poner en marcha una
obra que desde hacía más de cinco años que estaba detenida, que tiene una
estructura de hormigón de más de 10.000 metros cuadrados y en la que no se realizaron
obras durante un extenso lapso. En convenio con el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas y merced al esfuerzo del Ministerio del Interior, se han
resuelto, en primer término, todos los problemas vinculados al sistema
sanitario. En este momento, si el edificio estuviera terminado podría funcionar
plenamente porque esa etapa está terminada. En segundo lugar, se han resuelto
los problemas de suministro de agua potable y están en vías, de resolverse -en
los próximos 15 días quedarán solucionados- los problemas de energía eléctrica
con la construcción de dos subestaciones.
A su vez, está pronto un dormitorio para
100 cadetes, 6 aulas y casi concluida la cocina para atender todo el
funcionamiento de la Escuela. Se han licitado las azoteas de los dormitorios
destinados a alojar a más de 200 cadetes, por lo que si el cronograma se
cumple, el año próximo la Escuela Nacional de Policía ya podrá estar instalada
en su nuevo edificio de Camino Maldonado. También se han licitado todas las
obras de azotea, se ha licitado y adjudicado la compra de aberturas, se han
licitado y adjudicado todas las obras sanitarias dentro de los dormitorios, y
ahora se van a licitar las colocaciones de pisos y azulejos, con lo cual la
obra está en plena marcha y satisface una vieja, profunda y razonable inquietud
de la Policía que aspira a tener un instituto docente en condiciones adecuadas.
Otras dos obras que se han llevado a cabo,
sin perjuicio de referirnos a ellas en forma más detenida posteriormente, son
las cárceles de Santiago Vázquez y de Libertad. La primera se habilitó en
agosto o setiembre de 1986, inicialmente con un grupo muy reducido de
internados. Se realizó una experiencia novedosa que se miró con expectativa y
que llevamos adelante luego de haber culminado alguna de las primeras obras. En
este momento puedo señalar que se ha concluido la construcción de dos
pabellones que están habilitados y ocupados por internos, y otro donde funciona
el Centro de Diagnóstico, así como un cuarto pabellón donde se realizan las visitas.
En este momento, además de las obras de mantenimiento, hemos concluido todo el
servicio de abastecimiento de energía eléctrica para todo el establecimiento,
se están construyendo una serie de casetas de seguridad, se va a poner en
marcha la construcción del locutorio, que es una obra importante que permitirá
disciplinar el trabajo de la cárcel y que dará mayores medidas de seguridad,
con lo cual también posibilitará, a su vez, que se aloje a una mayor cantidad
de internados en el establecimiento de Santiago Vázquez disminuyendo a los que
en este momento están en Libertad.
En la cárcel de Libertad se debió realizar
un trabajo de recuperación completo, se debieron realizar todas las
instalaciones de energía eléctrica y de iluminación que estaban absolutamente
destruidas cuando fuimos a ocuparla, tuvimos que mejorar los sistemas de
abastecimiento de agua y en este momento también están funcionando varios
talleres y galpones que se dedican a actividades tan disímiles como son la
construcción de bloques, de baldosas, el criadero de pollos, de cerdos y de
conejos, que ocupan la actividad de la población internada, colaborando en la
tarea de terapia ocupacional que allí se realiza.
Por último, quiero señalar el esfuerzo que
se está haciendo para llevar adelante la obra de la cárcel de Canelones. No
dudó en afirmar que esa cárcel es, seguramente, uno de los últimos baldones que
le quedan al país en este terreno porque, evidentemente, ella no cumple ni de
cerca con las condiciones mínimas para su adecuado funcionamiento. Esa obra,
que estaba absolutamente abandonada, también la empezamos a construir y en este
momento yo diría que estamos en los puntos terminales. Hay una empresa que está
trabajando en ella, que en 120 días va a terminar toda la instalación eléctrica
del interior de la cárcel, estamos culminando con la UTE la terminación de la
subestación generadora de energía y tendremos que cumplir con los cerramientos
exteriores. Con ello quedará prácticamente terminada y en condiciones de ser
habilitada gradualmente, con lo cual se incorporará al servicio del Ministerio
del Interior un establecimiento que, indudablemente, va a dar la posibilidad de
atender de manera adecuada y en condiciones dignas a los detenidos que en este
momento están en Canelones.
En materia de Policía Técnica, quiero
señalar en primer lugar que en el Presupuesto General de Sueldos Gastos y
Recursos de 1985 se determinó que ésta pasara a ser una Dirección Nacional.
Indudablemente, se trata de un punto controversial. Hay quienes entienden que
debe ser una dependencia de la Jefatura de Policía de Montevideo y quienes
sostienen que debe tener alcance nacional.
Ingresé en el Ministerio
cuando esta discusión ya estaba agotada. Lo que hicimos fue trasladar a la
Policía Técnica de los locales que ocupaba en la Jefatura de Policía de
Montevideo -que eran absolutamente inadecuados, que no permitían ninguna
conexión e integración como para hacer de ella una Dirección Nacional, cosa que
el legislador había resuelto a través de su decisión presupuestal- al local de
la calle San Martín, donde dispone de mayor espacio, donde se están llevando a
cabo obras de recuperación, donde se está realizando una obra en el
laboratorio, y donde tenemos la pretensión de que se vaya desarrollando con un
nivel de tecnificación tal que nos permita afrontar en el futuro, cada vez en
mejores condiciones, las tareas que sea necesario realizar.
El equipamiento es sumamente caro. A
través de gestiones en diferentes organismos y con distintos gobiernos, hemos
conseguido un apoyo que nos ha permitido renovar algunos equipos importantes.
El año pasado se hizo una compra que seguramente para todas las carencias que
hay no termina de cubrir las necesidades reales, pero se está en una acción
dinámica. Podemos decir, por ejemplo, que el día 16 de mayo de 1987 la Embajada
del Reino Unido nos donó un equipo de electroforesis; hemos incorporado un
microscopio óptico y recibido un equipo de cromatografía en capa fina y sus
accesorios. Hemos incorporado también balanzas analíticas y semianalíticas,
electrónicas, y un nuevo microscopio comparador balístico adquirido en 1985. Por
otra parte, en materia de documentología, adquirimos, también en 1985, un
documentoscopio. Hemos hecho referencia ya al facsímil que hemos instalado.
Además, hemos traído equipos de video completos, cámaras comunes y de fotos,
flashes, trípodes, y amplificadores de fotografía. El trabajo promedio anual
supera las 100.000 fotos y ello requiere, naturalmente, una mejoría en materia
de estos equipos.
Asimismo, hemos dotado a cada perito con
un equipo propio para levantamiento de huellas; en fin, para realizar toda la
actividad correspondiente a su función. También hemos dado a la Policía Técnica
nuevos vehículos que le permiten concurrir a los lugares donde su trabajo es requerido.
Quiero entrar ahora a un capítulo que me
parece singularmente importante, porque en él se apoya todo el futuro del
Instituto Policial. Me refiero, concretamente, a la instrucción policial.
Hay, en la Policía, carencia de oficiales
en un número bastante considerable. Esa carencia se viene arrastrando desde
hace muchos años y su solución se enfrenta, en primer lugar, con dificultades
de tiempo, porque un oficial requiere tres años de formación en la Escuela y,
luego, de un largo período de maduración hasta llegar a cargos de dirección y
jerarquía, que no se pueden conseguir de la noche a la mañana, sino con el
fruto de una experiencia que impida que ocurran a veces situaciones
desagradables o desgraciadas.
Hemos aumentado hasta donde ha sido
posible -atendiendo la capacidad locativa disponible de la Escuela Nacional de
Policía- el número de cadetes. En este momento hay, en el último año, 96 ó 97
caballeros cadetes, que seguramente egresarán a fin de año para distribuirse
por toda la República. En el primer año y en el segundo tenemos una cantidad
aproximada a los 60 ó 70; estamos limitados por la capacidad locativa actual
del edificio de San Ramón. Pretendemos, por lo tanto, ver si es posible que el
año que viene esté ya en Montevideo -no sólo para dar mayores comodidades, sino
para asegurar un mejor respaldo docente a una, escuela que lo ha perdido en
función de que su mudanza a San Ramón ha disminuido el nivel de sus profesores
puesto que la distancia hasta allí es larga y la retribución no es atractiva.
Hasta que conseguimos la donación de vehículos de la Embajada Alemana, no
contábamos con vehículos para trasladar a los profesores.
Hemos ido superando esos problemas, y en
este momento hemos conseguido reorganizar de manera muy firme la Escuela
Nacional de Policía, revisando los programas, incorporando un conjunto de
materias nuevas y volviendo a realizar práctica policial en el interior de la
República con los cadetes de tercer año -cosa que no se llevaba a cabo desde
hacía mucho tiempo-con el propósito de hacer una especie de taller
indispensable antes del inicio de la labor.
Hemos impulsado el trabajo, mediante este
esfuerzo de capacitación técnica, realizando siete cursillos sobre drogas,
dictados por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y la Brigada
de Narcóticos, con 728 participantes.
Asimismo hemos integrado, a esa misma
Brigada de Narcóticos, representantes de todos los departamentos. Hemos traído
a Montevideo oficiales de todos los departamentos para que sirvan como enlace
de la mencionada brigada, interiorizándolos de la actividad, de los
procedimientos y del trabajo de algo que, como esto, tiene características muy
especiales, que no es conocido plenamente porque responde a reglas y a técnicas
completamente diferentes y con respecto al cual lo más importante es tener una
clara comprensión del fenómeno para poder afrontarlo con eficacia.
Hemos realizado, hasta el presente, 25
cursos especiales en el interior, recorriéndolo con un equipo de profesores que
han trabajado sobre distintos elementos de entrenamiento policial, técnica
policial, ética policial, uso de armas, práctica policial, disposiciones o
normas de Derecho, etcétera.
Este tipo de cursos, que se llevaron a
cabo el año pasado recorriendo todos los departamentos de la República, se
están repitiendo este año. Hacía quince años que no se realizaban en el
Ministerio del Interior y en las Jefaturas de Policía del Uruguay. Reitero:
hacía 15 años que no se hacían estos cursos de reentrenamiento.
Quiero señalar que si esto es fundamental
para la eficacia y el servicio de los funcionarios policiales, también lo es
para la preservación de su propia seguridad, porque la práctica policial
atiende a mecanismos que tratan de asegurar la eficiencia del cumplimiento del
deber del policía pero, al mismo tiempo, la preservación de su integridad
física, que no puede ir a entregarse distraídamente, a inmolarse simplemente
porque los procedimientos se realicen mal. A veces la falta de esa práctica
policial impide que se cumplan los procedimientos de manera adecuada.
Con la participación y
la ayuda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América se
hicieron cuatro cursos en nuestro país, en los que participaron 54 oficiales
de, la Policía, y también magistrados, médicos forenses y fiscales para repasar
un conjunto de conceptos en materia de investigación criminal. Cincuenta
funcionarios policiales participaron en distintos cursos dictados en el
exterior. Por ejemplo, hemos enviado muchos funcionarios a la República
Argentina; hemos realizado entrenamiento de manejo de canes para la detección
de drogas y no sólo han participado funcionarios de Montevideo sino que también
lo han hecho funcionarios de distintos departamentos del interior, uno de los
cuales -es justo consignarlo- ganó el primer lugar en el curso que estaba
realizando.
Recientemente se ha llevado a cabo un
curso de actualización profesional en la Jefatura de Policía de Montevideo, en
el que participaron 1.056 clases, que es el inicio de una forma de
entrenamiento en el que, naturalmente, pretendemos persistir.
Creemos que todo este tema tiene una
singular importancia para apuntar a la profesionalidad de la policía que está
apoyada en el hecho de que debe ser, sin duda, el organismo del Estado que más
cursos realiza ya sea de entrenamiento, exámenes de suficiencia y que más
prueba de capacitación se le reclama, a efectos de poder desarrollar su
carrera. Cada pasaje de grado significa un curso, un entrenamiento, la
rendición de un examen, una puntuación, que lo coloca en posibilidad de
ascender o no, de manera permanente. Toda esa actividad se desarrolla en la
Escuela Policial de Estudios Superiores, que también está afincada en el
edificio donde va a funcionar la Escuela Nacional de Policía, en el área de los
1.000 metros cuadrados que ya están construidos. No voy a fatigar al Senado con
la enumeración de todos estos cursos, pero repito, permanentemente se están
realizando cursos de pasaje de grado a fin de poder desarrollar las actividades
para acceder a los ascensos.
Por otra parte, debemos destacar que las
Naciones Unidas han becado a la Química de la Policía Técnica, para realizar un
curso el año próximo sobre todo el tema vinculado a la droga. En ese terreno,
además, hemos desarrollado una labor de enlace con los distintos gobiernos a
fin de establecer un trabajo o una acción conjunta en esta materia y que ha
dado muy buenos resultados; además, ha conseguido el reconocimiento de los
países amigos a los que ese intercambio ha llegado.
Finalmente, hemos procedido a la creación
de la Comisaría de la Mujer, que era una inquietud largamente reclamada, en el
campo del desarrollo de una campaña de defensa de la mujer agredida. En ese
sentido, dicha Comisaría está integrada por oficiales, clases, personal
subalterno de sexo femenino, y tiene como competencia atender los reclamos de
la mujer víctima. Dentro de dicha Comisaría se radican las denuncias de la
mujer víctima, de modo tal que siempre queda en salva guarda de la denunciante
el derecho de concurrir a esa Comisaría o a otra común y corriente. En este
caso hemos llevado a cabo una experiencia que ya había sido realizada en
Brasil, San Pablo, con bastante éxito, y también en La Plata. En tal sentido,
debemos señalar que estamos siguiendo estas experiencias con atención porque entendemos
que puede ser un camino útil para poder reprimir adecuadamente ciertas formas
de violencia muy especial de la que es víctima la mujer y que, a veces, dentro
de los mecanismos habituales que utilizan en el funcionamiento policial, no
puede ser detectada, por lo que deben concurrir a organismos especializados.
Uno de los temas al que nos hemos abocado
con verdadero empeño, es el de la Brigada de Narcóticos. La drogadicción es un
grave problema para la humanidad, de una dimensión y de un volumen que amenaza,
en muchos casos, la estabilidad de los países y que crea, sin duda, daños
irreparables en el desarrollo de las comunidades. Este tema lo hemos encarado
en tres direcciones diferentes. En primer término, hemos dotado a la Brigada de
Narcóticos del número de funcionarios y de la cantidad de equipos adecuados
para poder desarrollar sus actividades en los mejores niveles posibles. Creo
que en este terreno hemos mejorado sustancialmente: se ha instalado un equipo
de computación; se han microfilmado archivos, es decir, se ha incorporado nueva
tecnología. Además, se ha recibido de las Naciones Unidas y de gobiernos
amigos, formas de colaboración que son bastante habituales en este terreno,
porque los países agredidos, sobre todo, tratan de colaborar en aquellos
lugares donde supuestamente puede transitar la droga que ellos reciben.
Asimismo, hemos establecido un mecanismo de comunicación permanente con
gobiernos de otros países, poniendo al servicio de los mismos todas las formas
de colaboración posibles.
Han venido al Uruguay profesionales tan
destacados como el Jefe de la Brigada de Narcóticos de Italia que es el
encargado de todos los enlaces con la Comunidad Económica Europea, quien visitó
nuestras instalaciones, dio conferencias, buenos consejos y nos ayudó con
algunos equipos. También han venido a nuestro país funcionarios de la policía
española, persiguiendo también la misma finalidad de comunicación.
Asimismo, hemos recibido apoyo de policías
de varios países, entre ellos de la del Reino Unido y de la de los Estados
Unidos, y también una colaboración muy firme y decidida de las Naciones Unidas,
que nos ha donado algunos equipos importantes para detectar drogas; además,
hemos contado con el apoyo de la República Argentina, donde hemos enviado
muchos funcionarios a realizar cursos especializados, fundamentalmente, en
cuanto al entrenamiento de los canes, que ha resultado bastante útil en la
detección de drogas en lugares donde no es fácil acceder con las revisaciones
comunes.
Por encima de todo ello lo que hemos hecho
es un intercambio de información constante y permanente que nos ha permitido
mantenernos actualizados y saber, en cada caso, cuáles eran los puntos de vista
que tenían los demás con respecto a la situación que se vivía en el Uruguay.
Personalmente estamos muy satisfechos con
este tipo de acuerdos y encuentros.
Hace poco tiempo
realizamos un encuentro en la ciudad de Buenos Aires con el Ministro del
Interior de la República Argentina, con el Ministro de Justicia del Brasil, con
los jerarcas de las Brigadas correspondientes, a fin de desarrollar una
actividad de intercambio que permitió, en el caso con Argentina, detectar la
presencia de maniobras que se iniciaban en dicho país y que continuaban en el
nuestro o de manera inversa. Al respecto, debemos señalar que esa comunicación
permitió la detección de delincuentes y de importantes cargamentos que
intentaban introducir al país. Posteriormente, efectuamos -una reunión en
Brasilia y está pendiente otra -y todo dependerá de las nuevas integraciones del
Gobierno argentino- para proseguir con esos intercambios a efectos de
establecer una unión firme, más allá de quién sea el titular en el Ministerio.
Acá lo que importa son las relaciones
entre las cabezas de equipo, que son las que intercambian las comunicaciones, y
la relación entre los profesionales, en una lucha como ésta, tan difícil, dura
y compleja y además internacional, dotada de recursos casi inacabables y que en
algunos países adopta características realmente trágicas.
Tuve oportunidad de concurrir a la reunión
de Ministros del Interior del Grupo de los Ocho, que tuvo lugar en Buenos
Aires, y que fue previa a la que realizaron los señores Presidentes en Punta
del Este. En esa ocasión se hizo un análisis por parte de gobernantes de otros
países, con problemas agudos, y realmente conmovía -esa es la expresión que
cabe- el estado de cosas que, en esta materia, esos países estaban
experimentando. La mayor dificultad estriba en que se lucha permanentemente con
total desventaja y ante recursos que parecen interminables.
En materia de Cuerpo de Bomberos y de
Policía Caminera ya nos referimos a lo hecho y a lo que se pretende hacer en el
futuro. Ahora deseo abrir un pequeño capítulo para hablar de la evolución que
ha tenido en el país el problema carcelario.
Estimo que es útil analizar este tema
porque desde el punto de vista del funcionamiento del Ministerio, marca con
claridad una evolución positiva. Es importante, además, porque el largo debate
que dio origen a la Ley de Procesamiento sin Prisión, en muy buena medida se
basó en argumentos recurrentes sobre la situación de las cárceles. En aquélla
época estaban en funcionamiento los penales de Miguelete y Punta Carretas. En
la versión taquigráfica, que tuve ocasión de leer cuando empecé a trabajar en
esta interpelación, en forma reiterada se hacía alusión a un hecho cierto: la
situación insostenible que se vivía dentro de los establecimientos carcelarios.
Me refiero a la promiscuidad, la agresión
permanente, la violencia indiscriminada e incontrolable. Como elemento
importante se señalaba, también, que los propios magistrados, a veces, tenían
una cierta reticencia en procesar, porque no querían que las personas tuvieran
que pasar por esa experiencia. No sé si estas últimas afirmaciones son o no
correctas, ni he podido verificarlas. Pero la realidad es que en los últimos
tiempos se ha producido una transformación importante de sustancia.
En primer término, se recordará, señor
Presidente, que se habilitó Santiago Vázquez y se clausuró Miguelete. Todavía
hoy se puede apreciar cuál era el estado de Miguelete, porque su estructura no
ha sido modificada. En ese establecimiento se vivía en total, promiscuidad; los
servicios higiénicos eran inexistentes y dentro de la cárcel no había un contralor
que permitiera, a las autoridades carcelarias, ejercer una disciplina elemental
en beneficio de los propios reclusos, que eran las víctimas de algún grupo que
comandaba ciertas acciones.
Más tarde se produjeron los
acontecimientos de Punta Carretas, que motivaron la decisión de trasladar a
todos los detenidos al Penal de Libertad.
Santiago Vázquez tiene, en estos momentos,
alrededor de 300 reclusos y un equipo técnico que lentamente se está adaptando
a la actividad que allí se desarrolla. El grupo fue dirigido y conducido por
técnicos de las Naciones Unidas, principalmente, por el técnico argentino
Domínguez, que colaboró activamente en su creación y fue uno de los
responsables de la experiencia de reforma que se hizo en Costa Rica.
La experiencia de Santiago Vázquez fue
exhibida, inclusive, como una especie de modelo en una conferencia que se
realizó en Brasil hace un par de años. Se llevaron allí a técnicos uruguayos
para que explicaran qué se estaba haciendo en Santiago Vázquez.
En este establecimiento se está
habilitando progresivamente un conjunto de talleres. Los internos reciben un
trato adecuado, supervisado por técnicos. Entre otras cosas, está en marcha un
régimen abierto de visita conyugal que contribuye al bienestar dentro del
penal.
En lo que tiene que ver con Libertad, debo
señalar que tuvo que ser habilitado apresuradamente porque cuando se produjeron
los incidentes de Punta Carretas no estaba aún en condiciones. Pero ahora ha
sido recuperado. Las celdas tienen luz, hay adecuada provisión de agua caliente
y también trabajo. En este momento hay un grupo importante de reclusos que
desempeñan labores en una huerta que está dentro de la zona cerrada del penal,
así como en los criaderos de pollos, cerdos y conejos. Con la colaboración de
los funcionarios y de los reclusos, se han construido galpones y se han
realizado importantes mejoras en el edificio. El penal cuenta, además, con un
maestro en primeras letras, un servicio de asistencia médico odontológico
preventivo. Por otra parte, se requirió el aporte del Ministerio de Salud
Pública para dar conferencias sobre distintas afecciones, particularmente
venéreas, el SIDA, etcétera, con el objeto de instruir y se han tomado todas
las medidas correspondientes en materia sanitaria. También aquí hay visita
conyugal. Más de cien internados reciben con regularidad a su cónyuge, lo cual
contribuye a humanizar el régimen.
Llamo la atención sobre el hecho de que
hemos mantenido contacto con ILANUD y con todos los organismos internacionales.
Los dos Directores de ambos establecimientos y el Subdirector Técnico de
Santiago Vázquez, acaban de asistir a un congreso en Italia, en donde muchos
países de América Latina estuvieron representados. Allí se discutió sobre todo
el régimen carcelario y se realizaron comparaciones entre lo que se está
haciendo en Uruguay y otros lugares. A juzgar por los informes, puedo decir que
estas comparaciones, lejos de perjudicarnos, nos colocan en una posición
ventajosa, por lo menos, en lo que se refiere al mundo latinoamericano. La tarea
que se ha cumplido es eficaz y los niveles alcanzados, siendo perfectibles como
toda obra humana, son bastante buenos.
Señor Presidente: ya que se habla de la
Policía y de su incapacidad, quisiera referirme a otras tareas que la sociedad
le requiere y que muchas veces no se coloca en el haber de su actividad, pero
que demandan muchas horas de trabajo, enorme esfuerzo y sacrificio. Se trata de
contribuciones a la sociedad que muchas veces uno se pregunta si es lógico,
justo y razonabte que la Policía las lleve a cabo.
Por ejemplo, en
materia de la gestión de DICOSE, sobre la Policía del país y fundamentalmente
la del interior, recae la venta de los formularios. Esto que parece una cosa
tan trivial y sencilla, sin embargo no lo es, no sólo porque desde el punto de
vista policial hay que destinar personal para la tarea, sino porque el manejo
de dinero supone riesgos tales como errores y extravíos. Todo ello obliga a un
control muy especial y muchas veces, inclusive, a la realización de sumarios y
a imponer sanciones a funcionarios que están desempeñando una tarea que no es
precisamente la función policial y que, sin embargo, se lleva a cabo porque,
como ya hemos tenido oportunidad de discutir más de una vez con los señores
Intendentes y con el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, si no
fuera por la organización de la Policía no podría efectivizarse.
Aquí no acaba el tema de DICOSE ya que la
Policía también debe brindar apoyo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca en las inspecciones que éste realiza, muchas de las cuales a veces van
acompañadas de recuento de ganado que los funcionarios policiales deben
realizar. Esta es una tarea más que se agrega a las muchas que este Instituto
tiene que llevar a cabo.
Todo lo dicho se puede aplicar también en
materia de hidatidosis, tarea en la cual debemos suministrar los vehículos, la
nafta y el personal. Además, muchas veces, hasta tenemos que llevar adelante la
ingrata tarea de retirar de determinados establecimientos perros enfermos, en
medio de la resistencia de quienes se han encariñado con ellos y no aceptan que
esa es la única manera de cortar la cadena de esta grave enfermedad.
El Censo Agropecuario es otra de las
tareas en la que participa la Policía con sus vehículos. Pero diría que existen
dos actividades que me gustaría destacar porque revelan el alto grado de
eficacia en el funcionamiento policial así como la entrega y preocupación de
los funcionarios a su causa.
Durante estos tres o cuatro últimos años
el país ha recibido visitas internacionales de gran jerarquía, ha sido sede de
reuniones de organismos como el GATT y ha recibido, en dos oportunidades, la
visita del Papa. Todos los servicios de protección que en estas oportunidades
se prestaron recibieron el elogio y la felicitación de todos y cada uno de los
participantes. No estamos hablando de hechos triviales, ya que cabe recordar
que, en ocasión de la realización del Congreso del GATT, acababa de celebrarse
en Japón una reunión de los grandes durante la cual se había tirado un misil. Muchos
señores Embajadores acudieron al Ministerio del Interior reclamando
insistentemente garantías para sus delegaciones. Por ello, se montó un
operativo en el que participaron más de 1.000 funcionarios y se actuó con una
precisión y profesionalidad que al finalizar el evento el señor Secretario
General del GATT nos llamó para felicitarnos y expresar su complacencia por el
excelente trabajo realizado.
En ocasión de la segunda visita del Papa
al Uruguay, el personal de seguridad que lo acompañaba nos manifestó que estaba
muy tranquilo porque la experiencia les había demostrado que en el Uruguay los
servicios de seguridad funcionaban adecuadamente. Este es un trabajo
profesional de alto nivel que la policía ha realizado con total eficacia.
En último término, deseo recordar la
gestión policial llevada a cabo en ocasión del referéndum. En esa oportunidad,
la Policía tuvo que tomar a su cargo la distribución y custodia de un
porcentaje altísimo de urnas, así como la recolección e información de datos a
la opinión pública. Fue una tarea que se realizó con total regularidad, con
absoluta neutralidad, con total respeto por la voluntad de los ciudadanos y
que, además, significó para la policía un sacrificio enorme, porque esos
funcionarios que estaban junto a las urnas custodiando la voluntad popular,
trabajaron más de 24 horas consecutivas. Debemos tener en cuenta que ingresaron
al servicio de las dos de la mañana y seguramente finalizaron bastante más
tarde de esa hora al día siguiente.
De manera que, cada vez que hay un
requerimiento, un sacrificio o un esfuerzo que pedir, la respuesta del
Instituto Policial ha estado presente aún a pesar de las carencias de medios,
pese a las dificultades, y con un espíritu de cuerpo que muchas veces no es
retribuido a causa de campañas muy duras, violentas e insistentes que tratan de
desacreditar al Instituto Policial –muchas veces sin querer- y que, en
definitiva, significan la creación de un clima totalmente desfavorable a la
acción y a la moral de este Instituto que data de muchos años.
He escuchado al señor senador interpelante
hacer referencia a los incidentes de Canelones, los que analizaremos en detalle
para que se vea que lejos de ser insensibles y no tener responsabilidad, lo
hemos sido en grado sumo. Es posible que el señor senador esté defectuosamente
informado a causa de los muchos documentos que ha tenido que manejar para
llevar adelante esta interpelación, en un tema en el que reconozco llevo la
ventaja, ya que estoy inmerso en él desde hace tres años y medio. Ha cometido
por ello algunos pequeños errores que es conveniente aclarar porque hacen a la
honorabilidad de las personas. Insistio, por ejemplo, en que el vehículo fue
dejado en la puerta de la Comisaría de Shangrilá y que el Comisariio de ésta no
estaba enterado del hecho. Personalmente, y en homenaje a este Comisario,
quiero aclarar que el mencionado vehículo fue dejado en la Dirección de
Canelones, que corresponde a toda esa jurisdicción y que está bastante separada
de la Comisaría de Shangrilá, por lo que el Comisario no pudo haber tenido
conocimiento de este hecho.
Por otro lado, deseo manifestar que el
señor Jefe de Policía no realizó una conferencia de prensa para limpiar este
episodio en el que actuó con total claridad y firmeza, sino para responder a
una campaña de prensa de la cual, seguramente, el señor senador interpelante
debe tener sobre su mesa una gran cantidad de recortes donde se hablaba de
corrupción por parte de la Policía de Canelones, con un término genérico de tal
amplitud que no distinguía si se trataba de dos, de cuatro o de todos los
funcionarios. Lo que ocurrió fue que la oficialidad y la Policía de Canelones
se sintieron tocadas en su dignidad porque entendían que no era justo
imputarles a todos lo que era responsabilidad de algunos presuntamente malos
funcionarios.
Esto no es un
pensamiento de quien habla, señor Presidente. Tengo en mi poder la declaración
del Círculo Policial del Uruguay, que es un Organismo con el que
lamentablemente no hemos tenido una buena relación, sino que han sido cíclicas:
algunas veces de entendimiento y otras de desinteligencia. Este Círculo
Policial está presidido por funcionarios -algunos de ellos retirados- que son
notorios militantes políticos, no de mi Partido, y que como son retirados
tienen derecho a participar en política todas las veces que se les ocurra. No
sé si habrá o no funcionarios que militen en mi Partido.
SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Pido
disculpas al señor senador Ferreira, pero preferiría no conceder interrupciones
porque seguramente durante el transcurso de mi exposición -aprovechando de que
hay luz no tendré oportunidad de salir a escondidas por ninguna puerta- tendrá
oportunidad de dialogar conmigo acerca de todos estos temas que me interesan
personalmente, ya que hemos llegado a una altura del debate en que es necesario
clarificar las cosas poniéndolas en sus justos términos, en beneficio del país
y no del Gobierno ni del Ministro, porque este último se puede decir es un ave
de paso que se irá mañana o el lº de marzo, pero que de todas formas se irá. Al
país le va a quedar el Instituto Policial, al que va a seguir precisando, por
lo cual tendrá que cuidarlo.
No voy a leer toda la Declaración del
Círculo Policial; sólo citaré los aspectos sustanciales; sin embargo, no tengo
inconveniente en dar lectura a su totalidad para que no se me haga el reproche
que seguramente le podré hacer al señor senador interpelante respecto de
algunas omisiones en sus menciones.
El Círculo Policial, por unanimidad, ha
resuelto: "Expresar a la opinión pública del país que si bien está atenta
a los acontecimientos que puedan surgir como resultado de una denuncia
presentada días atrás en la Jefatura de Maldonado y en la que se verían
involucrados policías de la Jefatura de Canelones y a la espera de lo que surja
de la órbita judicial, no puede dejar de expresar su desagrado y no admite las
calificaciones empleadas de corrupción, etcétera, en los cuadros policiales,
generalizando a todos los integrantes de las fuerzas policiales en hechos
aislados".
Esta es la reacción del Círculo Policial
del Uruguay ante un desarrollo periodístico, de funcionarios policiales, y de
retirados que representan a un sector importante del universo policial, que se
sienten agraviados.
Allí se sigue diciendo -me salteo a un
párrafo- lo siguiente: "Llama la atención que ante la opinión pública se
mencionen nombres y grados de policías denunciados, exponiéndolos al escarnio
público sin que haya existido pronunciamiento judicial respecto de su
culpabilidad".
Ese es un principio elemental que siempre
hemos defendido en democracia: nadie es responsable o culpable hasta tanto no
se pruebe su responsabilidad. En este caso, no hubo un pronunciamiento
judicial; y el Círculo Policial se agravia de que se suelten al escarnio
público los nombres y los grados de los policías denunciados.
En esa declaración se termina diciendo
algo que la Policía siempre repite: "Sería deseable que, cuando en
oposición a hechos desgraciados de este tipo la Policía Nacional efectúe
procedimientos y actuaciones que vayan más allá del deber normal, con riesgo de
la integridad física y la vida de sus integrantes, luchando en desventaja
frente a las circunstancias, se le diera la misma difusión y generalización que
en este caso concreto".
Leo esto para demostrar en qué medida a
veces el empeño por poner de manifiesto determinadas situaciones causa un daño
muy profundo, casi irrecuperable en muchas circunstancias, a la moral de los
servicios y cómo en ocasiones todo esto que se hace, generalmente, con la mejor
de las buenas voluntades, lo único que provoca es un daño más allá de donde
efectivamente existen los perjuicios.
Quiero quebrar con firmeza una lanza por
la honradez policial. Creo que se puede hablar de corrupción policial cuando en
un organismo aparecen quienes se apartan de sus deberes y obligaciones, no
cumplen o violan las normas y las reglas de ese organismo o las leyes de la
República, y dicho organismo, en lugar de actuar y proceder para tratar de
desprenderse de quienes actúan irregularmente, los ampara, cobija y acoge.
Entonces sí, estamos en presencia de una corrupción generalizada y de una falla
moral muy honda. Pero esta no es la hipótesis, no es el caso.
Aquí todos estamos diciendo lo mismo, una
misma verdad elemental: que le estamos pagando mal a la Policía advirtiendo que
cumplen horarios de trabajo prolongados, que no le estamos proporcionando el
equipo técnico muchas veces por falta de recursos u otras porque en este país
es difícil acceder a ellos. Sin embargo, debemos reconocer que la Policía
siempre está luchando y actuando en las condiciones más desfavorables.
Además, no es cierto que estemos amparando
algo. Para demostrar lo que puede llegar a ser la preocupación de la Policía
por tratar de autodepurarse, citaré un resumen de informaciones sumarias de la
Jefatura de Policía de Montevideo. La totalidad de los sumarios administrativos
tramitados en 1988 y 1989 asciende a 119. Hay 8 Oficiales sumariados que fueron
procesados; 20 Oficiales sumariados por otras causas que no fueron procesados;
hay un total de personal subalterno sumariado y procesado que llega a 60; hay
un total de personal subalterno sumariado por otras causas y no procesado, que
asciende a 100. También existe una permanente vigilancia por parte de la
Policía en el cumplimiento de los deberes éticos que debe afrontar. Por ese
motivo, se sanciona permanentemente.
El caso más claro de
probidad policial es el que ha relatado el señor senador Zumarán y que se
refiere al procedimiento llevado a cabo en los departamentos de Maldonado y
Canelones. En esa ocasión se roba un vehículo, la Policía de Maldonado colabora
con las personas que salen a buscarlo, recorren varios departamentos y en un
momento determinado se tiene, al principio, la sospecha y casi la convicción
después, de que hay funcionarios policiales que no están cumpliendo con su
deber. Otros funcionarios policiales, compañeros de trabajo de esos que no
están cumpliendo con su deber actúan al lado del denunciante. Si la corrupción
tuviera los niveles que se pretende hacer aparecer, seguramente nunca hubiera
ocurrido todo lo que se nos ha relatado pormenorizadamente, porque hubiera sido
muy fácil que en medio de un clima de corrupción un colega le hubiera pasado a
otro el aviso. Pero no fue así; los policías de Maldonado siguieron atentamente
el procedimiento y aquellos que podían no ser identificados no estuvieron a dos
quilómetros de donde se entregó el auto, sino sentados a la misma mesa del bar.
Si el otro hubiera sido un Comisario, hubiera delatado la presencia de la
Policía de Maldonado, pero estaba muy cerca del lugar y apareció de inmediato
en el sitio. Si hubiera existido un propósito de corrupción policial de la que
se habla, hubiera sido muy fácil hacer desaparecer todo otro elemento.
Ya que estoy refiriéndome al tema de
Canelones, quiero terminar precisando el alcance de lo que hemos hecho en el
Ministerio para tranquilizar al señor senador en el sentido de que creo que
hemos cumplido con nuestro deber.
Cuando el señor Jefe de Policía de
Maldonado nos llamó una mañana para darnos noticias de estos hechos, lo
convocamos junto con el Jefe de Policía de Canelones. El no llegó a las 16
horas, sino a las 18, porque estaba reuniendo su material. En ese momento le
entregamos en propias manos al señor Jefe de Policía de Canelones todos los
antecedentes y él ordenó detener e incomunicar a los dos funcionarios
involucrados. También fue a hablar con el señor Juez de Turno en Pando, para
imponerlo de los hechos y anunciarle que en el curso del día siguiente le iba a
hacer llegar toda la información. Se recogió el testimonio de los involucrados
y de algunos de los testigos que estaban al alcance y al día siguiente, a las
14 horas, se elevaron todos los antecedentes al Juzgado correspondiente.
A partir de allí entramos en la órbita
judicial. En realidad, no sé lo que ocurrió después; supongo que el expediente
está en la etapa del presumario. Me consta que han declarado allí ‘todas las
personas que intervinieron en el episodio y todos los funcionarios del
departamento de Maldonado que habían participado, como así también los
particulares, es decir, el damnificado por el robo y las personas que lo
acompañaban.
Por otro lado, al mismo tiempo dispusimos
un sumario que se lo confiamos al Inspector General más antiguo de la Policía
-no a cualquier funcionario- y al que le asignamos dos abogados a efectos de
que lo asistieran, desde el punto de vista técnico. En ese sumario declararon
absolutamente todos, no sólo los involucrados, sino los funcionarios policiales
de Maldonado y todas las personas que habían participado en este hecho. Ese
sumario se concluyó; se dió vista, como corresponde, a los involucrados; éstos
pidieron prórroga para evacuar la vista, lo que se les concedió de acuerdo con
lo que establece el decreto correspondiente. Luego presentaron un pedido de
ampliación, de pruebas, las que fueron recibidas, pidieron prueba de testigos
cuyas declaraciones se recibieron y están incorporadas en el expediente;
pidieron oficios a la Jefatura de Canelones, a los efectos de que esta
repartición contestara algunas preguntas que ellos querían se incorporaran al
expediente; esos oficios fueron contestados y ya están adjuntados; y,
finalmente, pidieron oficios al Poder Judicial, los que aún no han vuelto y
mientras ello no suceda, no podemos cerrar el expediente. Una vez que regresen
esos oficios, el expediente estará en condiciones de ser informado y se
tomarán, en el área administrativa, las medidas correspondientes. Entre tanto,
los funcionarios permanecen sumariados y separados de sus cargos.
De modo que hemos cumplido las etapas
administrativas con la mayor prolijidad y celeridad posibles.
Por otro lado, señor Presidente, somos muy
sensibles a las reacciones de los funcionarios policiales, quienes desean se
les clarifiquen las cosas; son los primeros interesados en ello, en que se diga
que hay un funcionario policial que es corrupto, pero que no toda la policía lo
es. Esa generalización es muy dañina; es la que despierta las resistencias y
las reacciones.
SEÑOR ZUMARAN. - El único que hace esa
generalización es el señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Discúlpeme,
pero no es así. Si recurrimos a los títulos de los diarios, donde aparece
además la fotografía del señor senador, advertirá que allí se dice, por
ejemplo, "corrupción en Canelones". Esto es algo que podemos buscar
juntos si así lo desea el señor senador. Además, no soy el único que cree esto.
Estoy en la muy buena compañía del Círculo Policial del Uruguay y veo que éste
reacciona de la misma manera, inmediatamente que se produce el hecho, al
recibir una inquietud que parte de los propios integrantes del Instituto
Policial.
SEÑOR ZUMARAN. - Pido al señor Ministro
que señale qué declaración he hecho, generalizando. Toda la argumentación del
señor Ministro se basa en pretender predisponerme contra la Policía y en eso no
va a tener suerte. El señor Ministro comenzó su defensa diciendo que yo había
afirmado que la Policía está corrupta. Y yo nunca dije eso; expresé que hay
datos de corrupción en la Policía.
Luego, el señor Ministro dice que se
generaliza la acusación de corrupción, pero el único que la generalizó fue él.
Lo que nosotros siempre dijimos fueron grandes elogios para la Policia
fernandina y dimos detalles muy concretos de lo que esa Policía ayudó en este
caso. En ese sentido, lamentamos que no haya continuado a cargo del
procedimiento.
La pretensión del señor Ministro de querer
derivar esta interpelación no en un cargo hacia él sino hacia mi persona, en el
sentido de que yo quiero involucrar a toda la Policía, está reñida con la más
absoluta objetividad. Yo jamás hice eso. Desafío al Ministro a leer juntos los
diez o doce reportajes que me hicieron, para verificar que nunca me expresé en
esos términos, pues tuve especial cuidado en así decirlo. Lo que sí dije que me
preocupaba y me hacia dudar de todo este procedimiento, fue que a varios meses
del acontecimiento, éste no haya merecido ninguna aclaración y que sigamos
siempre con trámites procesales de sumario, etcétera. En definitiva, el resultado
es que aquí no ha pasado nada.
Por otra parte, si no
está probado -nunca dije que estuviera probado que existiera esa corrupción- no
deja de extrañar que el vehículo robado aparezca en la puerta de la Zona
Policial Nº 2, según lo ha rectificado el señor Ministro, pues no se trataba de
la puerta de la Comisaría. Me parece que la diferencia no es de ningún modo
sustantiva. La víctima, el que fue objeto del robo del auto, fue convocado por
un agente a un local policial y allí le hicieron entrega del vehículo por parte
del señor Comisario. La prueba está en que en el expediente, en el sumario,
además de esas personas aparece el Comisario. El hecho de que éste, según el
señor Ministro, no estaba en la puerta de ese local policial sino en el bar de
la esquina, lo comparto pues tengo la misma versión de los hechos, es decir,
que del local policial se fueron hasta el bar. Pero me parece que eso de ningún
modo cambia las afirmaciones muy graves que hemos sostenido y de las que el
señor Ministro pretende defenderse diciendo que el Círculo Policial del Uruguay
emitió una declaración que expresa que quien habla o no sé quien, ha hecho una
generalización. En realidad, no sé muy bien qué es lo que esa declaración dice.
Lo cierto es que el señor Ministro afirma que yo he generalizado, que junto con
mi foto que aparece en los diarios se han generalizado acusaciones de
corrupción a toda la Policía. Eso es falso. Yo no he dicho tal cosa. Por otro
lado, creo que eso es lo único que no está en discusión, en primer lugar porque
no lo hice. Además, si lo hubiera hecho, ¿qué tiene que ver con el tema? Lo que
sí tiene que ver es la responsabilidad del señor Ministro ante el hecho
increíble de que el auto robado aparezca en la puerta de la Comisaría o del
local de la Zona 2 de la Policía de Shangrilá.
Ese es el tema, y hasta ahora no tenemos
ninguna resolución sobre él.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Confieso
que estoy acostumbrado al régimen de la Cámara de Representantes; nunca he sido
senador. Aquí me insertaron una interrupción, la que he escuchado con mucho
gusto porque creo que hace al tema.
Creo que cuando hablamos de la reputación
de la gente tenemos que ser prolijos. Defiendo mi reputación con mucho cuidado;
descarto que el señor senador hace lo propio. Ello me parece lícito. Entonces,
como dije, tenemos que ser prolijos, porque este debate tiene alcance nacional;
lo escucha todo el mundo. Por ejemplo, si en lugar de decir "Comisario
Inspector a cargo de la Zona 2", decimos "Comisario de
Shangrilá", estamos involucrando a una persona que es ajena a un hecho
presuntamente delictivo. No es poca cosa la dignidad de la gente. De ahí que
haya hecho la apreciación en el sentido de que no tiene nada que ver con el
hecho de fondo, sino simplemente con determinar quién era el responsable y
quién no.
En segundo lugar, creo haber detallado con
prolijidad el trámite que se ha realizado en el Ministerio. El señor senador
coincidirá -pues es abogado, igual que quien habla- en que las formas algunas
veces fastidian y molestan porque dilatan y demoran. Pero dan garantías. ¡Si
habremos escuchado en este mismo edificio hablar casi con desprecio de la
democracia formal, allá por 1972, para después terminar añorándola! Es
indudable que, a pesar de todos sus defectos, es una garantía para todos.
Es así que hemos hecho un sumario
cuidadoso y profundo y expliqué que estaba prácticamente llegando a su término.
Reitero que estamos esperando un oficio que han pedido los involucrados de
acuerdo con un legítimo derecho de defensa. A estos dos funcionarios les ha
pasado lo que a quien habla. El señor senador ya los condenó, pues al hacer la
exposición dio los nombres y dijo que eran los responsables ya que no abriga
dudas al respecto. Pero la Justicia no se ha pronunciado; no es responsabilidad
del Ministerio del Interior la demora de éste. Reitero que al día siguiente se
entregaron a la Justicia todos los antecedentes, es decir, todos los elementos
para que ésta pudiera hacer la indagatoria. Las razones por las cuales ésta no
se ha pronunciado, no las puedo determinar de modo alguno.
Lo que digo es que hemos cumplido
estrictamente con nuestro deber y lo hemos hecho con prolijidad y rapidez.
Todo lo anecdótico en torno a este asunto
termina, simplemente, en que existe una denuncia contra uno o dos funcionarios
policiales que estarían involucrados en un acto de corrupción. Puedo asegurar
que si ese acto se prueba, en la esfera administrativa del Ministerio se van a
tomar las medidas pertinentes, tal como ya lo hemos hecho en otras
oportunidades. Lo vamos a hacer cuando corresponda.
Como ustedes saben, los sumariós
administrativos, generalmente, se extienden por largo tiempo. En el Senado,
cuando se discuten las venias de destitución, tienen ocasión de ver los largos
trámites, algunos de años, que insumen algunos sumarios. Aquí estamos hablando
de uno que, prácticamente, se terminó en tres meses y fue hecho con la
preocupación de quien quiere defender su dignidad.
No digo que el señor senador sea un
enemigo de la Policía, ya que no tendría sentido que un legislador que aspira a
la Presidencia de la República, sea enemigo de un organismo de esta naturaleza.
Lo que sí quiero expresar es que la reacción, tanto del Círculo Policial como
de los funcionarios policiales, va dirigida a esa acusación genérica que,
indudablemente, llega a la opinión pública como consecuencia de la difusión
periodística. Vamos a no engañarnos; aquí también, parte del clima de inquietud
e inseguridad se crea a través de dicha información. Eso es innegable. Así,
hace unos días, se publicaron unos titulares que decían que había un mudo que
estaba repartiendo unos caramelos que contenían sicofármacos. Como consecuencia
de ello, recibimos la visita de una serie de madres que se encontraban
desesperadas. Pues bien; cuando se ahondó en la investigación se llegó a la
conclusión de que no existía tal mudo ni tales caramelos y que se trataba tan
solo de una travesura de chicos que habían inventado una historia.
Asimismo, no hace mucho tiempo, y heredada
de otros países, en el nuestro empezó a circular la versión de que desaparecían
niños y que cuando reaparecían, tenían un corte en la espalda como consecuencia
de que les habían sacado un riñón para venderlo. Todo esto creó una verdadera
conmoción y repetimos que esto también ayuda a formar la opinión pública. La
gente muchas veces discute, desconfía y sospecha porque la orientan, o bien
recibe mensajes que no son siempre correctos. Todos los que alguna vez hemos
hecho periodismo, sabemos que las aclaraciones no siempre cubren el mismo
espectro.
En una oportunidad,
ya siendo Ministro, cometí un grave error, del que todavía estoy arrepentido.
Cuando en la Jefatura de Policía de Montevideo falleció un ciudadano que estaba
detenido, me hicieron un reportaje en televisión, donde dije que esa persona
tenía antecedentes policiales. Luego me di cuenta de que había cometido un
error ya que se trataba de un primario absoluto, sin ningún tipo de
antecedente. En consecuencia, me dirigí a los mismos canales de televisión, a
fin de rectificarme. Hoy sé que hay mucha gente que no escuchó la
rectificación, por lo que siento que he cometido un error, un pecado, una
ligereza, al haber dicho cosas que, al ser difundidas por la prensa, se nos
escapan de las manos. Entonces, cuando digo que estos hechos dañan y agravian
el espíritu policial recojo, una vivencia real. Así, el Círculo Policial del
Uruguay no sale a la opinión pública a hacerme un favor a mí, sino a hacer
conocer una preocupación seria y profunda de la propia Policía que se siente
agraviada y agredida.
SEÑOR ZUMARAN. - Y los robados, ¿no se
sienten agraviados?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR . - Por
supuesto que los que han sido robados se sienten agraviados y tenemos que
defenderlos y, por supuesto también, que debe actuar la justicia, a la que
tratamos de proporcionarle todos los elementos de juicio. Sin embargo, todos
sabemos que, muchas veces, los expedientes judiciales no reflejan lo que se
dice por ahí. En ocasiones, la gente hace declaraciones a los periodistas y
dice cosas que no repite cuando va a declarar. Aclaro que no me estoy
refiriendo a los casos de Canelones y Maldonado, donde la versión siempre fue
prolija, correcta y coincidente y lo mismo que se dijo públicamente, se dijo...
SEÑOR ZUMARAN. - En el Juzgado.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - No sé si se
dijo en el Juzgado, ya que no he tenido acceso al expediente, pero sí se dijo
en el expediente administrativo, donde está prolijamente establecido.
A veces, esas declaraciones crean en la
opinión pública una convicción que luego no se materializa en los hechos, lo que
también daña al Poder Judicial, ya que el expediente judicial no refleja la
información periodística; a consecuencia de ello, cuando el Juez no dispone el
procesamiento, parecería que estuviera en omisión.
SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR ZUMARAN. - Comprendo el celo del
señor Ministro al defender el Instituto Policial y pienso que nadie ha querido
lesionar dicho Instituto. Sin embargo, quisiera que el señor Ministro piense en
sus palabras. El le acaba de decir a la opinión pública que cuando la gente es
robada, cuando en el robo participa algún excepcional mal funcionario policial,
cuando determinado Jefe de Policía comete actos irregulares, cuando hay una ola
delictiva, cuando hay razias, en fin, cuando existe todo lo que hemos señalado,
si ello toma estado público, la que se siente agraviada es la policía. Pero, ¿y
las víctimas de esos delitos? ¿Qué sucede con ellas? El señor Ministro, como
tal, no puede decirle eso al país. La ciudadanía está esperando, por; supuesto,
que defienda al Instituto Policial, pero que también defienda a la gente. El
señor Ministro no es el representante de la Policía, sino del Gobierno del
país, y tiene la obligación de defender a la gente, sin agraviar injustamente a
la Policía. Sin embargo, ¡bueno sería que después de esta ola delictiva, de
20.000 denuncias por semestre, lleguemos a la conclusión de que, decir esto
agravia a los integrantes del Círculo Policial! Y con la gente, ¿qué sucede?
¿Qué le decimos a los 20.000 afectados? ¿Que el Círculo Policial se siente
agraviado? Me parece que el señor Ministro tiene que meditar su posición.
Considero que es elemental que la rectifique.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Voy a
tratar de mantener el debate en los términos de seriedad en que lo he llevado
hasta ahora, sin recaer en referencias casi peyorativas o en travesuras
parlamentarias -aquí somos todos viejos conocidos- que no benefician ni
esclarecen el debate.
Debo decir al señor senador que en una
parte de nuestra exposición vamos a analizar con prolijidad todo el tema de la
violencia. Esa será nuestra respuesta a la ciudadanía, porque en este tema,
como en aquella película de Cayatte "Somos todos asesinos". Allí
vamos a analizar nuestra responsabilidad...
SEÑOR ZUMARAN. - La mía no.
SEÑOR MIMSTRO DEL INTERIOR. - El señor
senador Zumarán también es responsable. Ya lo voy a demostrar. Haremos un
prolijo y cuidado trabajo de revisión, a fin de que todos podamos responder a
la seguridad del país, ya que ése es nuestro deber.
Vamos a continuar con los detalles. El
señor senador interpelante dice que una policía que no se tecnifica recurre a
métodos que agravian los Derechos Humanos. Estoy de acuerdo en eso. No tengo
ninguna duda de que ello es así. En la medida en que una Policía entra por el
camino de obtener confesiones y quedarse en esa investigación superficial,
agravia los Derechos Humanos. Eso pasó durante doce años.
Por otro lado, llegó un momento en que ya
no era necesario, ni siquiera, agredir los Derechos Humanos, sino que sólo
alcanzaba con mentarlos. La gente se sentía tan insegura que podía ir y
confesar lo que había hecho y aun lo que no había hecho, ante el riesgo de
recibir dolores mayores. Sin embargo, esa no es la situación que estamos
afrontando ahora.
Esta es la diferencia
que quiero establecer. No digo que no existan algunos policías que hayan
cometido delitos; sí los hubo y los hay. Pero ellos, insisto, han sido
sometidos a la Justicia, se les ha hecho el sumario correspondiente
y se ha actuado en relación a ellos, con la firmeza indispensable para
restablecer los principios, no de autoridad sino de ética en el Instituto Policial.
Todo esto no ha sido hecho en desmedro del respeto por los Derechos Humanos.
Le solicité al doctor Schurmann Pacheco
una información por escrito, que anteriormente me adelantara en forma verbal,
con respecto a un Seminario al que él concurriera, relativo a la investigación
sobre sistemas penales y Derechos Humanos en América Latina, patrocinado por el
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas y coordinado, nada más y nada
menos, que por el penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni; Uruguay fue
representado, precisamente, en dicho Seminario por los doctores Schurmann
Pacheco y la doctora Ofelia Grezzi. Dicha información señala que la
investigación en el Uruguay, no en un año sino en cuatro, en todo el territorio
arroja un total de 47 víctimas: catorce civiles y treinta y tres policías
muertos. Además, en este pequeño informe, el doctor Schurmann Pacheco dice que
éste es el índice más bajo de Sudamérica, inclusive inferior al de Costa Rica,
que es el otro país que, junto al nuestro, acusa el menor grado de violencia
policial y el mayor respeto por los Derechos Humanos en Latinoamérica.
Quiere decir que, sin perjuicio de los
apartamientos y el episodio de este joven desgraciadamente muerto en la
Dirección de Investigaciones -de la que resultaron procesados y dados de baja
cuatro o cinco funcionarios policiales, aunque ello, es evidente no rescata la
vida de los muertos, pero indudablemente marca una nota y una forma de
conducta- es una excepción en lo que desde fuera, con toda la autoridad que
tienen estos Seminarios, se juzga la conducta con que se maneja la Policía en
el Uruguay.
Reitero que pueden haber más excepciones y
que, posiblemente, algunos de los señores senadores me hagan llegar una esquela
o me llamen por teléfono -como lo han hecho en alguna oportunidad- para
denunciarme situaciones singulares que indudablemente existen. Sin embargo, lo
que importa es que no se dé una nota generalizada, porque todos precisamos de
ese Instituto.
Todo lo rápidamente que pueda, quiero
hablar ahora sobre alguno de los otros episodios a que ha hecho mención el
señor senador Zumarán. El se refirió, por ejemplo, a lo ocurrido en Maldonado.
En dicho departamento hubo una denuncia; mejor dicho, en un momento determinado
llegó una información proveniente del Comando de la Jefatura de Maldonado
relativa a que había un Comisario que estaba haciendo afirmaciones sobre la
conducta del Jefe de Policía de allí. Le sugerimos al Jefe que lo citara, le
pidiera que concretara sus denuncias y que en cualquier caso, dijera o no lo
que deseaba denunciar, lo condujera de inmediato ante la Justicia; eso fue lo
que se hizo.
En los últimos días de abril de l987 fue
llevado ante el Juzgado correspondiente en el que sí articuló las defensas que
se había negado a formular ante la Jefatura. Acto seguido, pusimos todo el
expediente en manos del Poder Judicial por una razón muy elemental: porque era
el ámbito de mayor garantía que podía tener un subalterno para actuar respecto
de sus superiores; cualquier otra medida que hubiéramos tomado en el plano
disciplinario mientras las cosas no se concretaran seguramente, hubiera dado a
entender que se estaba presionando al funcionario que formulaba una denuncia.
El expediente terminó su trámite en el
Poder Judicial y, recientemente, se elaboró un informe por parte del Tribunal
de Cuentas. Dicho informe llegó a nuestra Cartera e inmediatamente fue enviado
al mismo Juzgado, advirtiéndole al Juez que así se completaba la información
que antes no se había dado porque no se poseía.
El Comisario a quien nos referimos cometió
algunos apartamientos de la Ley Orgánica Policial; ha sido sometido a sumario y
éste actualmente se tramita desde hace alrededor de un año, el que demorará en
la medida en que se continúen presentando elementos probatorios y reclamaciones.
Sin embargo, como siempre ocurre en estos trámites administrativos, sin lugar a
dudas llegará a su final.
Digo, además, que el señor senador tiene
la misma facilidad de conseguir información sobre el tema de Maldonado que
quien habla, ante el que se presentaron en su propia casa el señor Galán y el
Jefe de Policía de ese departamento para manifestarle que el señor Galán tenía
plena confianza en el señor Jefe de Policía a quien, además, conocía desde la
infancia, creyendo que era un hombre honrado. Esa misma convicción aún la
conservo y fue la que me movió en aquella oportunidad a actuar como lo hice.
El señor senador ha hecho una referencia
sobre el departamento de Tacuarembó, no sé con qué fin. Al respecto, debo decir
que el señor Marquisio fue procesado por la Justicia y que a raíz de ese
procesamiento el Poder Ejecutivo, como correspondía, lo cesó en su cargo.
Cuando fue sobreseído, es decir, cuando el procesamiento quedó sin efecto -que
es, distinto- cuando el señor Marquisio quedó libre de toda responsabilidad
penal, porque no tenía ninguna imputación, fue vuelto a su lugar. Aquí también
el señor senador puede tener un buen testigo porque el señor Intendente Chiesa,
su compañero político, fue a Salto a visitar al Jefe de Policía de Tacuarembó
cuando éste estaba preso, manifestándole a un representante de un diario de
Salto -del que poseo recorte- que venía a visitar a esta persona porque en
Tacuarembó, a excepción de los integrantes del Batllismo Unido, nadie tenía
dudas sobre la honorabilidad del señor Marquisio. Es más; el día en que quien
habla se dirigió al departamento de Tacuarembó para restituir en su cargo a
esta persona, el señor Intendente estaba allí.
He tenido oportunidad de tratar al señor
Chiesa y digo que es un hombre de bien, que me merece muchísima consideración,
así como también me la merece el señor Galán que fue mi compañero de Cámara.
Esto lo digo para señalar una actitud hidalga que, además, determina que el
tema de Tacuarembó esté fuera de discusión.
No sé si el señor
senador citó este hecho a beneficio de inventario, o para coronar la nota, como
quien pone una guinda sobre la torta, pero veo que esto no tiene nada que ver
con nada; esta situación fue puesta en manos de la Justicia y ella fue la que
la decidió. Lo mismo ocurre con el episodio de Maldonado, que también llegó a
manos de la Justicia contando con todos los elementos, ya que no existió ningún
momento en que el Juzgado de Maldonado que actuó en este caso tuviera que
pedirlos, puesto que ya se los habíamos dado.
Asimismo, en lo que tiene que ver con el
cese del señor Jefe de Policía del departamento de Cerro Largo, tampoco tiene
nada que ver con ese hecho relativo a un contrabando detenido.
Quien habla trata de no enojarse, pero hay
algunas cosas que se dicen sin advertir lo que se está manifestando, ya que si
se le pide al Ministro del Interior que saque al Jefe de Policía de Cerro Largo
en momentos en que se ha detenido un contrabando, puede parecer que lo hace
justamente porque detuvo ese contrabando y, como consecuencia, se puede
suponer, para alguna oreja más o menos distraída, que el señor Ministro del
Interior tiene algo que ver con alguna curtiembre o con el contrabando de
cueros; no se trata ni de una cosa ni de la otra.
El cese del señor Jefe de Policía de Cerro
Largo se produjo por razones administrativas. Desde hacía tiempo el Ministerio
no estaba conforme con la forma que se llevaba esa Jefatura. El señor Jefe me
merece mucho respeto como persona pero no se desempeñó adecuadamente en su
cargo. Esta es mi modesta manera de ver los acontecimientos y yo tengo que
decidir al respecto.
Lo habíamos llamado para hacerle ver un
conjunto de circunstancias de las que habíamos tomado contacto a través de
denuncias de legisladores y vecinos del departamento. No hablamos de delitos,
pero se desarrollaban actividades que no eran las convenientes. Nos estamos
refiriendo al funcionamiento normal de la Jefatura.
Llegó el momento de tomarse la
determinación y así se hizo. No sabía si estaba o no citado, pero el hecho de
haberlo desinvestido de la Jefatura no impedía que continuara declarando.
Supongo que si estaba citado para declarar, debe haber concurrido, porque, de
lo contrario, el Juez habrá pedido su conducción y la Jefatura de Policía de
Cerro Largo deberá actuar en consecuencia.
En mi opinión el Inspector Fagúndez va a
concurrir por sus propios medios.
El señor contador del Ministerio del
Interior fue sometido a un procesamiento sin prisión por motivos totalmente
ajenos al Ministerio y luego fue sobreseído. En ese período dispusimos la
apertura de una información sumaria a la espera de los resultados del fallo
judicial. Todo terminó con un sobreseimiento, de tal manera que el problema
concluyó allí, porque la Justicia se pronunció terminando el expediente.
El episodio de Florida, al que se refería
el señor senador, dio origen a un sumario, a raíz del cual hubo un informe
jurídico y a consecuencia de éste se aplicaron las sanciones pertinentes, que
cumplieron los funcionarios. El expediente está a disposición para que se
estudie. Los funcionarios debieron desempeñarse en otras dependencias. No es el
único caso.
Cuando el informe técnico nos pide una
destitución y la Fiscalía nos dice que no, en todos los casos actuamos en
función de los informes recabados.
El señor senador hizo referencia, también,
al episodio de Río Negro, que se precipita como consecuencia de una denuncia
formulada por el señor senador Lacalle Herrera, que nos hace llegar un pedido
de informes acompañado por un documento presumiblemente firmado por un
funcionario policial, denunciando que se estaba realizando una colecta en aquél
departamento.
Inmediatamente de haber recibido el
informe dispusimos la investigación sumarial y ese mismo día el doctor Lanzon
fue designado sumariante. Inmediatamente, el funcionario que firmaba el
documento vino a Montevideo, reconociendo como suya la firma. Se hizo una
indagatoria sumarial en la que el sumariante se trasladó al departamento de Río
Negro, a la ciudad de Fray Bentos, a los efectos de recoger información.
Simultáneamente, el señor Jefe de Policía
de Río Negro, enfrentado a los acontecimientos, manifestó que no tenía ninguna
responsabilidad en los hechos y decidió renunciar. Le aceptamos la renuncia.
Siguió un sumario administrativo en el que declaró el propio Jefe y después de
un tiempo, que no puedo precisar, -quince o veinte días- el señor senador
Lacalle Herrera nos solícita otro pedido de informes en el que incluía nuevos
elementos. Se hicieron las incorporaciones al expediente administrativo, se
realizaron las indagaciones correspondientes surgiendo elementos que dieron a
pensar que podía existir delito en las actuaciones realizadas.
Cuando el abogado a cargo nos informó,
dispusimos que se hiciera una fotocopia autenticada y nosotros mismos la
llevamos, en oportunidad de acompañar al señor Presidente de la República a la
ciudad de Fray Bentos, entregándosela al señor Jefe de Policía y éste, pocas
horas después, la entrega al magistrado correspondiente con todos los
antecedentes que obran en el expediente administrativo. Todo se encuentra en
manos ,de la Justicia a los efectos de que dictamine si ha existido infracción
penal.
En cuanto al expediente administrativo, el
mismo está prácticamente concluido, dándosele vista a los interesados, quienes
formularon sus descargos. Existe un informe de la Oficina Jurídica
correspondiente y el expediente se encuentra, en estos momentos, en la
Fiscalía, porque la oficina jurídica del Ministerio pide la destitución de
algún funcionario. En estos casos, el expediente se eleva al Fiscal para que se
pronuncie sobre el tema.
Otros funcionarios involucrados en el
expedente, van a sufrir otro tipo de sanciones.
SEÑOR LACALLE HERRERA.- ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Sí, con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente:
el señor Ministro ha relatado una serie de hechos que se inician el 8 de marzo
con un pedido de informes que efectivamente tiene el contenido y las
consecuencias que ha indicado en Sala.
La pregunta que cabe, al manifestarse que
las actuaciones se encuentran en la órbita de la Justicia, a la que debemos
someternos en la medida que se trate de delitos, es que si el expediente
administrativo ha terminado y no ha dado lugar a acusaciones de carácter
delictivo pero sí a sanciones disciplinarias, supongo que las resultancias del
mismo, debidamente autenticadas, tendrán que ser suministradas al Senado como
conclusión del trámite.
El señor Ministro no debe olvidar que no
solamente se trata del tema central del primer momento, como la realización de
una colecta de carácter partidario con la compulsión que implicaba, sino que,
además, existen otros aspectos que se encuentran en la órbita de las
actuaciones cuestionadas. No queremos mencionar ningún nombre hasta que no se
arribe a conclusiones. Más allá de los documentos firmados, que sí son
inculpatorios directamente y son los únicos nombres que se han manejado,
existen otras solicitudes del senador que habla que una vez culminada la etapa
sumarial deben ser puestas en conocimiento del Senado.
Si el sumario está finalizado, como parece
surgir de las palabras del señor Ministro, solicitaríamos que nos dijera
aproximadamente la fecha en que estaría en nuestro poder, porque desde el
momento que las actuaciones, en la parte en que puede resultar una acusación
penal, están en manos del juzgado, las otras también han culminado.
Nosotros queremos deslindar muy bien cuál
ha sido nuestra participación en el tema, hasta donde sabemos que han ocurrido
determinados acontecimientos, porque existen pruebas documentales frente a las
cuales no caben desmentidos ni excusas, pero también hay otras que pueden
implicar, algún tipo de irregularidades, como alguna otra que el señor Ministro
conoce y que no es del caso mencionar aquí, puesto que darán lugar a
actuaciones en el caso de que correspondan.
(Ocupa la Presidencia el señor senador
Flores Silva).
SEÑOR PRESIDENTE. - (Prof. Manuel Flores
Silva). -Puede continuar el señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Quizá no me
expliqué correctamente. Hay dos vertientes diferentes. Una es la
administrativa. La información de todo el sumario administrativo ha terminado y
hay informe de la Oficina Jurídica proponiendo sanciones. En uno de los casos
concretos, en que se pide la destitución, el expediente ha ido al Fiscal porque
es la norma.
Por supuesto que ello no depende del
Ministerio, sino del tiempo que le insuma al Fiscal -que es quien lo está
estudiando- para contestarlo. Cuando vuelva de allí, con mucho gusto podremos
adoptar una decisión y, entonces, no tendremos inconveniente en hacer conocer
nuestras conclusiones.
Sin perjuicio de ello, los elementos que
pudieron aparecer como delictivos, a juicio del abogado interviniente en el
asunto, fueron entregados a la Justicia, si mal no recuerdo, en los últimos
días del mes de mayo, el día en que el señor Presidente de la República visitó
varios establecimientos en la ciudad de Fray Bentos y en Young. Ese mismo día
elevamos el expediente y el señor Jefe de Policía se lo entregó al Juez. Eso es
lo que tiene que ver con la responsabilidad penal.
En lo que atañe a la responsabilidad
administrativa, el expediente está prácticamente terminado y reitero que
depende de ese trámite que tendrá que concluir el señor Fiscal y que, una vez
que llegue a nuestro poder, nos permitirá tomar una decisión.
Insisto, señor Presidente, en que hay un
esfuerzo firme y deliberado de autodepuración dentro del mismo Instituto. Son
los propios funcionarios quienes se avergüenzan cuando descubren que hay
alguien desleal entre ellos; se preocupan y procuran, por todos los medios de
llegar a la determinación de los responsables como, por ejemplo, en el caso de
los policías de Maldonado que realizaron investigaciones sabiendo que indagaban
a sus propios compañeros. El espíritu de responsabilidad para con el Cuerpo que
integran y el alto deber vocacional que los impulsa los llevó a seguir adelante
con esas actuaciones, sin dejarse perturbar por sirenas de falso compañerismo.
Este es un hecho concreto y positivo que habla a favor del Instituto Policial.
Evidentemente, tengo la obligación de insistir aquí sobre este punto, porque es
crucial y fundamental para la moral del Instituto y también lo es para el
desarrollo de los acontecimientos posteriores, ya que, seguramente, permitirán
que el Instituto Policial tenga el nivel que todos pretendemos y que pensamos
poder llevar adelante.
Quisiera hacer ahora, señor Presidente,
una referencia –casi un paréntesis- al tema de las agencias de seguridad y su
presencia en nuestro país.
El tema de los
servicios de los particulares vinculados con problemas de seguridad es tan
antiguo como la Colonia, porque los serenos que deambulaban por las calles en
la época de la Colonia eran los antecesores inmediatos y directos de nuestros
serenos. El fenómeno de las organizaciones de seguridad es un fenómeno
creciente y muy difundido en el mundo. La mayoría de los que estamos aquí
presentes hemos viajado lo suficiente como para saber que en todos los países
del mundo hay organizaciones –como casas bancarias, bancos, supermercados y
grandes tiendas- que vigilan el funcionamiento y la normalidad dentro de los
establecimientos y que no pertenecen a las policías regulares, sino que forman
parte de empresas que desarrollan esta actividad.
El tema a plantearse radica en si esto es
bueno o malo y qué medida de contralor debemos adoptar para evitar que este
mecanismo funcione de manera indebida y en qué forma ello puede afectar la otra
seguridad, la más importante.
Expreso, señor Presidente, que desde hace
tiempo existen esos mecanismos de seguridad. ¿Cuántas fábricas tienen desde
siempre serenos que la recorren durante la noche y marcan los relojes para
asegurar a sus empleadores que no se duermen y que realizan la vigilancia para
evitar los robos? Desde que en este país se abrió el primer supermercado hay
gente contratada por ellos, para evitar que se les robe y que sucedan tantas
cosas como las que ocurren a menudo.
Además, este tema se está discutiendo a
nivel internacional, como un fenómeno absolutamente normal y al que hay que
empezar a estudiar por su firme integración a la vida jurídica de los países.
En el Centro Internacional de Investigación y Estudios Sociológicos, Penal y
Penitenciario de Messina se realiza anualmente encuentros de la Policía de
todos los países, para analizar una temática policial muy profunda y seria, con
alto nivel. Hemos recibido una nueva invitación. Observe, señor Presidente,
cuál es el lema de esta reunión que congrega a los responsables jerárquicos de
la policía de los países más importantes, como son todos los países europeos y
muchos otros del resto del mundo. El título es: "Policía en el Siglo XXI;
la interrelación con los servicios sociales, culturales y de seguridad
privada". Y en el programa provisional dice: "Finalmente, la
protección de intereses meramente comerciales no puede correr a cargo del gasto
público; de aquí la necesidad de sociedades privadas de seguridad. Las
posibilidades ofrecidas a los servicios prestados por tales sociedades tienen
que ser mejor percibidas por la Policía".
Se trata de un organismo internacional a
donde concurrimos todos los años, con funcionarios de jerarquía, donde se
intercambian experiencias. Creo, en el momento en que todos estamos preocupados
por ver cómo transformamos el país y procuramos afinar el papel del Estado, que
no deja de ser interesante atender a algunas de estas cosas, que quizá nos
sirvan en el desarrollo de nuestro trabajo futuro.
Lo más antiguo que encontré en lo que se
refiere a estas organizaciones de seguridad, es un decreto del 21 de noviembre
de 1947, que condiciona la actividad de los serenos particulares sobre la base
de un acto administrativo de autorización, según el cual dicha actividad no
confiere otras atribuciones del poder público que las que las leyes acuerdan
para casos especiales a cualquier habitante de la República. Se refiere a los
artículos 150 y 380 del Código de Instrucción Criminal, que describen el delito
flagrante y la entrega a la autoridad. Estos conceptos aparecen en el año 1947,
pero se originaron antes, porque a estos serenos particulares se les otorga
este estatuto en razón de que solicitan la creación de una personería jurídica.
Entonces, como se pide una norma sustantiva, el Poder Ejecutivo dicta un
decreto en el cual aparece por primera vez normatizada esta actividad.
Posteriormente, estos servicios de
seguridad adquieren gran auge en los años 70, cuando se empieza a enfrentar el
tema de la lucha contra la subversión.
Por el Decreto 400/970, el Poder Ejecutivo
dispuso la clausura de un conjunto de agencias bancarias señalando en sus
considerandos que se les había advertido a los bancos que era necesario tomar
medidas de garantía y de seguridad para evitar los robos y que ellas no habían
sido adoptadas, por lo que se cierran todas las sucursales.
Al año siguiente se dicta el Decreto
779/971 por el cual se establecen normas partiendo de la base de que el Poder
Ejecutivo por el Decreto 400/970, impuso a las instituciones bancarias con
asiento en la capital la adopción de un sistema de seguridad mínimo en sus
locales, que produjo resultados altamente beneficiosos, no registándose en ese
lapso sustracciones de dinero por parte de organizaciones subversivas. Entonces
declaran comprendidas en las disposiciones de seguridad exigidas por el decreto
citado anteriormente, las instituciones públicas y privadas que sean depositarias
de dinero o manejen fondos, agregando: "Contarán asimismo con un plazo de
120 días para alcanzar un nivel de seguridad acorde con el uso al máximo de los
adelantos técnicos en la materia y a la importancia de los valores a proteger y
con personal especializado que fuere imprescindible sin perjuicio del empleo de
aquel personal policial ya contratado con las respectivas Jefaturas de Policía,
por empresas particulares y/o públicas".
Luego establece que el Banco de Seguros
deberá tomar en cuenta, en sus pólizas, la exigencia de adoptar las garantías
correspondientes.
Posteriormente aparece la Ley de Seguridad
del Estado, que en el artículo 3º convalida todas estas actividades que se
empiezan a desarrollar y que pasan a las competencias del Ministerio de Defensa
Nacional durante un largo período, que culmina en marzo de 1985.
Por el Decreto 467/983, se trasladan las
competencias al Ministerio de Defensa Nacional y, por su parte, en marzo de
1985, el Decreto 190/985 traslada las competencias al Ministerio
del Interior. Asimismo, el Decreto 416/985 establece la reglamentación con la
cual están funcionando hasta este momento las agencias de seguridad.
Como se sabe, estas, agencias son
nominativas -personales, sociedades comerciales personales y en un caso
sociedad anónima pero con acciones nominativas- y tienen la obligación de
documentar todos los servicios que brindan.
El personal empleado en seguridad tiene
que ser autorizado por la oficina correspondiente del Ministerio del Interior,
que revisa sus antecedentes y concede o no las autorizaciones. Tiene que tener,
además, un asesor de seguridad, que puede ser una persona experta, un militar
retirado o en actividad, o un policía necesariamente retirado.
Con respecto al porte
de armas, se le concede a los funcionarios de estas agencias previa
revisión de sus antecedentes, pero las armas deben ser propiedad de la agencia
y no del funcionario. El empleado tiene que identificarse para usar el arma
que, reitero, no es de él, y que tiene que devolver a la empresa una vez que
haya terminado con sus funciones.
Hay un seguimiento del trabajo de estas
agencias al punto de que se han realizado 365 inspecciones preventivas para
determinar e imponer mecanismos de seguridad.
Hasta este momento, el Ministerio del
Interior autorizó 91 agencias de seguridad.
SEÑOR ZUMARAN. - Son 89.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Creo que a
los electos de la interpelación no le va a quitar el sueño esta diferencia,
pero créame que son 91. No es el único dato adjetivo en el que está equivocado.
SEÑOR ZUMARAN. - Dije 89.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - No, señor
senador; perdóneme, pero usted dijo 98. No importa. Hay siete agencias que no
están trabajando. Tenemos 80 agencias que son de vigilancia, 4 de transporte de
valores y 7 de sistema de alarma. Desde abril del año pasado, por decisión
ministerial no se concede ninguna autorización más. En este momento se está en
la etapa de redacción de una nueva reglamentación, que ya ha sido preparada,
vista y discutida con los propios interesados, en la cual se incorporan nuevos
requisitos y se establecen con más precisión las obligaciones.
Corresponde establecer que estas agencias
no tienen más facultades que las que el decreto de 1947 le acordaba a los
serenos particulares: actuar en caso de flagrancia y entregar a la autoridad
policial a la persona sorprendida bajo esa circunstancia. En segundo lugar, si
visten uniforme, éste debe diferenciarse claramente de aquel que usa la autoridad
policial. Cuando en 1986 llegamos al Ministerio, obligamos a hacer el cambio de
uniforme a varias empresas que tenían demasiadas similitudes con los de los
cuerpos policiales. Salvo aquellos que hacen custodia en los transportes de
valores, los demás no pueden usar armas en la vía pública, y sólo pueden
utilizarlas dentro de los establecimientos.
Hemos hecho, por faltas administrativas,
96 observaciones escritas y aplicado 123 sanciones de índole económica, y ya
hemos advertido que vamos a proceder al retiro de las licencias de aquellos que
reincidan en violaciones a las reglamentaciones.
Por reglamentación, a las empresas les
está expresamente prohibido actuar en el terreno político o gremial.
Además, tenemos la lista de los ilícitos
cometidos por algunos funcionarios de estas agencias. Hay 14 sanciones por
delitos contra la propiedad, uno por un homicidio fuera del lugar de trabajo,
otro por un intento de suicidio en el lugar de servicio, otro por lesiones
graves y uno, finalmente, por un delito sexual también fuera del lugar de
trabajo. En todos los casos se han sometido a Juez todos estos acontecimientos.
SEÑOR OLAZABAL. - ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto, señor senador.
SEÑOR PRESIDENTE. - (Prof. Manuel Flores
Silva). –Puede interrumpir el señor senador.
SEÑOR OLAZABAL. - Como el Ministro trata
el tema de las agencias privadas y de las facultades que tienen, quería
consultarlo sobre un aspecto que nos tiene sumamente preocupados y que,
justamente. lo hemos anotado para desarrollarlo en nuestra intervención, pues
también queremos ver si el Ministerio está preocupado con este punto. Me
refiero al desplazamiento del servicio policial de OSE, sustituyéndolo
por uno privado que, según entiendo, es de la empresa Juncadella.
Cuando el señor Ministro dijo que las
empresas privadas no tenían más facultades que las que poseían los serenos,
autorizadas por un decreto de 1947, me surgió inmediatamente la pregunta de
como OSE ha confiado toda la custodia de sus locales a una empresa que
prácticamente no tiene posibilidades de llevarla a cabo. El señor Ministro
aclaró este tema a renglón seguido, diciendo que precisamente las empresas de
transporte de caudales tienen autorización para portar armas y otras facultades
diferentes a las de las empresas privadas normales. Sin embargo, me pregunto si
además del problema que representa que el propio Estado de alguna forma esté
desconfiando de su policía y recurriendo a la protección de una empresa privada
-eso lo vamos a tratar con más detenimiento más adelante- no hay una
desvirtuación de lo que es la autorización que la ley o la reglamentación le da
a las empresas de transporte de caudales. Obviamente, la empresa Juncadella
transportará caudales cuando realiza determinados servicios, pero cuando está
llevando a cabo el de custodia en los locales de OSE no está transportando
caudales. Me da la impresión, entonces, de que esas facultades que se otorgan
por ley y por reglamentación a las empresas transportadoras de caudales, aquí se
están generalizando sobre la base de que la empresa es la misma, pero en
actividades que son absolutamente diferentes y que están tendiendo a un
desplazamiento directo de lo que son los servicios policiales.
Se trata de una interrogante que quiero
dejar planteada porque entiendo que algo está fallando o que la empresa
Juncadella, el Directorio de OSE y el Ministerio del Interior si no protesta
por eso, están desvirtuando lo que es el sentido de las autorizaciones a las
empresas privadas.
SEÑOR PRESIDENTE. – (Prof. Manuel Flores
Silva). -Puede continuar el señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR. - No sé cual es la empresa que está custodiando los servicios de OSE.
Es posible que sea la que mencionó el senor senador y que tenga autorización
para realizar las dos tareas. De todos modos, prometo al señor senador que
mañana sin falta vamos a hacer una inspección, y si la empresa está en
infracción, tomaremos las medidas correspondientes. Presumo que cuando OSE
llamó a licitación -por lo que he leído la realizó- pidió a los que se
presentaron que demostraran tener autorización para poder desarrollar las
tareas. Pero no tengo inconveniente en controlar -un control más no es
demasiado- el alcance de esto.
Quiero referirme ahora a temas puntuales a
propósito de algunas afirmaciones que se han hecho en el curso de la
interpelación.
El señor senador interpelante manifestó -y
no quiero decir nada que luego el señor senador entienda que pretende
enemistarlo con alguien- que los funcionarios del Ministerio del Interior, en
un número importante, sin duda -si no lo fuera, no lo hubiera planteado-
estaban desparramados por allí, autorizados en comisión, por razones políticas.
Me sorprendió mucho esa afirmación, porque
si hay algo que el Ministro no ha hecho -y alguno de los senadores aquí
presentes tienen clara conciencia de que es así- es dar pases en comisión,
precisamente por ese problema. No los ha dado ni dentro del Ministerio ni fuera
de él. Dentro del Ministerio, gran cantidad de funcionarios han pedido
traslados sobre todo para el interior de la República, porque muchos de ellos
son oriundos de allí y naturalmente muchas veces quieren regresar a sus lugares
de nacimiento, donde tienen sus familias y donde de pronto la vida les es más
fácil. Sin embargo, nos hemos negado sistemáticamente, porque entendíamos que
de lo contrario estábamos desarmando la estructura de la Jefatura de Policía de
Montevideo, a la que le falta gente. Y esto ocurre no porque no tenga cargos
-tiene vacantes- sino porque no cuenta con la cantidad de aspirantes necesarios
para ocuparlos.
Para tranquilidad del señor senador, puedo
afirmar que no existe tal éxodo. En este último año y medio han salido en total
20 funcionarios -según se me informa- para distintas dependencias, algunos
facilitados a solicitud de otras organizaciones y muy pocos pedidos por los
legisladores para integrar su secretaría; haciendo caudal de una disposición
que se aprobó en la Rendición de Cuentas que les otorga el derecho a tener
determinados secretarios, piden a veces algún funcionario en comisión. Pero
vuelvo a repetir que la cifra es muy pequeña y por lo tanto no significativa.
En cuanto a la referencia al Banco de
Seguros del Estado, y por no "mentar la soga en la casa del
ahorcado", voy a hablar del señor Grenno, que era Director de dicho Banco
y que fue precisamente quien inició con más empeño la campaña de los recuperos.
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - (Prof. Manuel Flores
Silva). -Puede interrumpir el señor senador.
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido excusas al
señor Ministro, porque no me gusta interrupir exposiciones, pero lo he hecho en
este momento, a los efectos de tener una información más precisa.
Cuando el señor Ministro hablaba de
funcionarios en comisión, entendí que se refería a un pequeño número de
funcionarios del Ministerio que están en comisión fuera de él. Reitero que
entendí que el número es muy pequeño, inclusive por razones a que el señor
Ministro aludió. Pero pregunto si no hay además, dentro de esa Secretaría de
Estado, funcionarios en comisión; por ejemplo, funcionarios que de acuerdo con
su designación deben estar aplicados directamente a las tareas de vigilancia, a
trabajar en la calle y que están en comisión cumpliendo trabajos
administrativos o de otra naturaleza, pero no aquéllos para los que habían sido
nombrados. Como la comisión puede incluir cualquiera de los dos aspectos me
interesaba precisar si la referencia del señor Ministro incluía a ambos o
solamente a uno de ellos.
Agradezco la interrupción que se me ha
concedido.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva) Puede continuar el señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Puedo
responder por lo que he hecho durante mi actuación en el Ministerio. Es muy
difícil determinar con 23.000 funcionarios, si todos están exactamente en su
lugar de trabajo, y no me atrevería a decir que no existen esas comisiones
porque no estoy en condiciones de afirmarlo. Digo, sí, que permanentemente, desde
que estamos en el Ministerio, hemos negado sistemáticamente el pase de
funcionarios ejecutivos, fundamentalmente -que era la preocupación que
teníamos- a desempeñar otro tipo de tareas. Pero sin duda hay algunos
funcionarios afectados a tareas que no son las propias desde hace mucho tiempo
y que es muy difícil reintegrar. Por ejemplo, hay un número crecido de policías
ejecutivas femeninas que están desde hace mucho desempeñando tareas
administrativas en la Jefatura. En determinado momento, cuando integramos la
Comisaría de Mujeres, nos planteamos con el señor Jefe de Policía la
posibilidad de llevarlas, pero a esta altura, han pasado tantos años desde que
están desarrollando esas tareas que prácticamente es imposible que puedan
desempeñar la tarea ejecutiva con eficacia. Entonces, lo que se ha hecho en
algún caso ha sido cambio de denominaciones, aprovechando la existencia de
vacantes dejando los cargos libres para que otros vinieran a desempeñar la
tarea ejecutiva.
Pero repito que la política sistemática ha
sido de no conceder pases en comisión, al extremo de que bastante habitualmente
se están dando trueques, permutas, entre funcionarios de distintas Jefaturas,
en las cuales hay uno que siempre pierde. Aquél que tiene mayor antigüedad
tiene que ir a la nueva dependencia, admitiendo en la permuta la antigüedad que
tenía el que salía, para no perjudicar al resto de sus compañeros.
(Ocupa la Presidencia el doctor Tarigo.)
De manera que no me
atrevo a afirmar que no exista ningún pase en comisión; es probable que alguno
se haya producido. Creo que en mi Secretaría hay algún funcionario afectado a
una tarea en comisión, pero se trata de un funcionario administrativo. De
todos, modos, reitero que la política ha sido de no dar pases en Comisión y
traslados en aquellos lugares que están menos atendidos, como los Regimientos
que tienen demasiadas vacantes o en la Dirección de Seguridad.
Quiero decirles que tuvimos el contacto
con el Banco de Seguros del Estado, sobre todo cuando se planteó el problema
que tomó estado público. Lo estudiamos e insistimos ante el Banco en que
tuviera un enlace dentro de la Jefatura porque, como dice bien el señor
senador, sucedía, que las personas denunciaban robos de que habían sido objeto
al Banco de Seguros y cuando las mercaderías eran recuperadas algunas personas
acreditaban su propiedad y la retiraban de la Jefatura. Como no había
coordinación, evidentemente podía darse la circunstancia muy especial de que se
cobrara por un lado el seguro y, por otro, se retirara el artefacto.
Voy a conceder la palabra al señor
Subsecretario, a fin de que pueda dar datos sobre la recuperación de vehículos.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor Subsecretario del Interior.
SEÑOR SUBSECRETARIO DEL INTERIOR. - Señor
Presidente: muy brevemente, daré algunas cifras. Quedamos preocupados con lo
que señaló el señor senador Zumarán en cuanto a que los vehículos robados no
eran recuperados por la Policía.
En realidad, las cifras arrojan que en el
período que va del lº de enero de 1989 al 19 de julio de este año, el
porcentaje de recuperación es del 73,61 %; y en el período que va del 1º de
enero de 1988 al 31 de diciembre de ese mismo año, el porcentaje fue del 80,21
%.
El tema fue, como señaló el señor
Ministro, que muchos damnificados recuperaban sus vehículos, cobraban por su
parte el seguro, y el Banco no controlaba este hecho. Esta circunstancia se ha
superado y es por eso que, como señalaba el señor senador Zumarán, había un
porcentaje del 0 % en un determinado año que el precisó.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de
la palabra el señor Ministro del Interior.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Quiero
además hacer alguna referencia al Presupuesto del Ministerio del Interior, que
no habíamos sentido crecer a la velocidad con que ha sido planteada en esta
interpelación. Realmente, no administramos más que carencias y parecía que las
cifras subían.
Efectivamente, los datos de 1985 a 1988,
en valores constantes de dólar, van de 17 a 25 millones. Pero, señalo que los
rubros 2 al 9 no comprenden sólo gastos destinados al cumplimiento específico
de la función policial, sino subsidios y otras transferencias que incluyen
Hogar Constituido, Primas por Matrimonio, Primas por Nacimiento, Asignaciones
Familiares, subsidios por fallecimiento, pensiones graciables, que a partir de
1986 fueron ajustados a valores constantes. Y también a partir de 1986 se
incluyen -por así disponerlo el Presupuesto votado por el Parlamento- los
recursos necesarios para, el funcionamiento del Hospital Policial, que hasta ese
momento estaba cerrado y que ahora cuenta con 60 camas habilitadas, una
Dirección de Emergencia, cocina, lavadero, personal de enfermería y médicos. Y
todos esos gastos deben incluirse también en esta partida. En ella se incluye,
además, el Plan Alimentario para funcionarios y los recursos para la
alimentación de la población carcelaria, que ha quedado a cargo de las
distintas Jefaturas de todo el país.
En consecuencia, el monto de lo
administrado directamente por el Ministerio del Interior es de alrededor del 35
% del total de estas cifras, destinado a funcionamiento y gastos.
Quizás haya que decir, también para llevar
tranquilidad al ánimo de los señores senadores en lo que tiene que ver con lo
que reclamaba el señor senador Zumarán, que el funcionario de radio patrulla
que realizó un procedimiento totalmente inadecuado con la persona que él hacía
referencia, fue sancionado con 20 días de arresto a rigor, que es el máximo de
sanción que se puede aplicar. Quizás aquí tarnbién sea bueno señalar que esta Policía
del país, no siempre bien tratada, recibe sanciones que ninguna otra
organización del Estado -salvo el Ejército- recibe.
Quisiera ahora, señor Presidente, entrar
en un capitulo que me parece muy importante -quizás sustancial- en esta
interpelación, que es el de la violencia. No voy a decir nada original y quizás
repita algún concepto que manejó el señor senador interpelante. El hecho es que
el fenómeno de la violencia no es uruguayo sino que es un fenómeno del mundo,
que se ha incorporado decisivamente a la cultura del país, de tal manera que lo
vemos reflejado en la literatura, en el cine, en la televisión, en el
periodismo, en la música. En fin, en todas las manifestaciones
artísticas y culturales colectivas, ella aparece como una especie de baldón de
la marcha de esta civilización. Y ha llegado a nuestro país, como ha sucedido
siempre, un poco más atrasada, la moda de otros lados. Y ha llegado, además,
con una fuerza incontenible, como arribó un día la droga y ahora nos está
llegando el SIDA; sin que nos expliquemos muy bien por qué de pronto tenemos un
empuje de la droga que alcanza no sólo a los jóvenes sino a los adultos. La
mayoría de las personas que han sido detenidas por la Brigada de Narcóticos
cuenta entre 18 y 25 años; es decir, que no son adolescentes los que están en
este juego. Este es un problema presente, a pesar de que todos los
condicionamientos nacionales parecían estar en contra. Se decía que era un país
tranquilo y que se daban pocas condiciones económicas para que la gente pudiera
comprar la droga. Sin embargo, la tenemos aquí presente, bajo distintas
manifestaciones, porque forma parte de un fenómeno cultural. Cuando en los
famosos video clips, en el cine, o en la televisión aparecen los conjuntos
musicales más destacados, y evidentemente sus integrantes están drogados y los
exhiben casi como un mérito para apreciar y valorar, la gente recibe un mensaje
detrás del cual hay muchos que van.
Todas esas formas de
violencia que dan el cine y la televisión, también las da la novelística policial.
Los que somos aficionados a la novela policial sabemos que hace unos años éstas
presentaban misterios insondables en situaciones en que alguien aparecía muerto
en una habitación cerrada que parecía inexpugnable y dentro de la cual no se
encontraba el asesino. Ahora, en cambio, las novelas más populares tienen 10
muertos en el primer capítulo.
Todas esas formas de violencia son un
fenómeno de orden cultural al que no podemos escapar. Pero hay otro, que no nos
debe avergonzar reconocer, que es el del tránsito hacia la democracia.
Los países que han pasado por esa
situación han sufrido las consecuencias que los españoles dieron en llamar
"el destape". Se trata de una especie de liberación de un conjunto de
deseos y ansias contenidas, que han llevado un tiempo determinado para
encauzarse y normalizarse.
De la versión taquigráfica de la discusión
que se hizo en este Cuerpo sobre la Ley de Amnistía de los llamados: presos
civiles, recojo una intervención del señor senador Cersósimo, en la que hacía
referencia a una consulta que había formulado a un catedrático español. Decía:
"En tal sentido, debo manifestar que habíamos consultado directamente al
catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Madrid, profesor José María
Rodríguez Devesa. Esto lo expresamos en la exposición de motivos y fue
incorporado en el proyecto de ley presentado por la Unión Colorada y
Batllista" -perdóneme el aviso- "en los artículos 6º y 7º, entre
otros, que no fue considerado. Es decir que incorporamos la problemática de
estos presos comunes porque entendimos que de lo contrario, tal como se dice
ahora en el informe, se iba a provocar el agravio comparativo, que no es ni más
ni menos que la situación que en la actualidad se vive a nivel de, la población
carcelaria del penal de Punta Carretas y en el establecimiento de detención de
Miguelete al que he hecho referencia, sin perjuicio de que existan similares
problemas en otras cárceles del país". Acá aparece la referencia a las
cárceles.
"Por lo que expresaremos más
adelante, es conveniente recordar parte de lo que dice en su carta" -el
señor senador Cersósimo en este punto se está refiriendo al profesor aludido-
"pues es algo que ya está sucediendo en nuestro país" -esto lo dice
el mencionado señor senador en el año 1985- "y que nos hace detenernos a
pensar en la concesión de una libertad provisional anticipada o condicional,
sin discriminaciones, precisamente en función de lo que ineludible e
invariablemente ocurre en estas circunstancias por las que está atravesando el
país; es algo que expresó el señor Ministro del Interior en el día de
ayer" -se refería al doctor Manini Ríos- "y que el profesor José
María Rodríguez Devesa cita en su carta, recogiendo palabras pronunciadas por
el profesor Serrano Gómez para situaciones como las que estamos viviendo
actualmente, y dice así: ‘El profesor cesante, Serrano Gómez, advirtió en un
trabajo realizado a raíz de la publicación de nuestra Constitución de 1978, que
era previsible que con la instalación de la democracia hubiera un considerable
aumento de la criminalidad.’ Pido a los señores senadores que pongan especial
atención en esto: "con la instalación de la democracia hubo un
considerable aumento de la criminalidad".
El 13 de este mes, el diario
"Clarín" de Buenos Aires, publica un cable que viene de Moscú que,
curiosamente, es coadyuvante, aunque no forme parte de nuestras mismas
corrientes políticas, que dice: "Una fuerte alza en el nível de crímenes
callejeros elevó su promedio cerca de un tercio durante el primer semestre de
1989, según anunció el gobierno. El Ministro del Interior Yadim Bakatin,
expresó que el cuerpo de policía, formado por 700.000 hombres costó cerca de
dólares 5.300:000.000 en lo que va del año, y que esta suma deberá ser
aumentada en el futuro. Afirmó que La Unión Soviética probablemente se unirá a
la INTERPOL, la Organización Internacional de Policía, pues la delincuencia
organizada soviética ha desarrollado lazos fuera del país.
Desde enero hasta junio se cometieron en
la Unión Soviética 1:100.000 delitos, un 32 % más que en el mismo período del
año pasado, puntualizó Bakatin".
Pido a los señores senadores que retengan
este porcentaje y los otros que se mencionan a continuación, porque –después,
cuando comencemos a analizar los números vamos a ver cómo algunos porcentajes
se parecen a los que tuvimos y tenemos.
Continúo leyendo: "Los saltos más
notables los dieron los crímenes callejeros: más de un 84.3 %; los asaltos
aumentaron un 109 %. No ofreció explicaciones sobre la causa de esta alza, pero
el fin de semana pasado en una conferencia en Moscú, había afirmado que el
aumento de los crímenes es típico de una sociedad en transición".
Quiere decir que este es un elemento de
juicio que no puede dejarse de lado ni pasarse por alto, porque se cometería un
grave error, sobre todo, si nos atenemos a las medidas que vamos a tener que
tomar en el futuro y si pensamos que el problema se agota en la ineficacia
policial o corrupción de algunos funcionarios policiales y no pasa por un
conjunto de problemas que hacen que las circunstancias coyunturales obliguen a
adoptar medidas también coyunturales.
A esta altura de mi exposición me voy a
referir a hechos ocurridos en los últimos días. En la Ciudad Vieja últimamente
hubo varios delitos consistentes en sustitución de paquetes, cuentos del tío,
robos, descuidismo y alguna rapiña en perjuicio de la gente que se mueve en la
zona bancaria. La Policía, que tiene derecho a estar desconcertada cuando no
encuentra pistas, no lograba una solución hasta que colocó a funcionarios de
particular para vigilar convenientemente la zona. Así fue que se encontró la
punta de la madeja. Se trataba de delincuentes argentinos y chilenos, muchos de
los cuales han sido puestos a buen recaudo, como lo ha anunciado la prensa, que
habían venido a Uruguay -según lo declararon- porque en Chile la cosa estaba
muy difícil y en Argentina no se podía trabajar porque el dinero no valía nada.
Esta es una coyuntura a la que el país se ha visto sometido en un momento
determinado. Aparecen delincuentes que vienen de otros países a realizar sus
fechorías aquí.
Ya hicimos alguna
referencia -pero no es ocioso repetirla- a nuestra preocupación por trabajar en
contacto directo con la Justicia, en forma complementaria, cordial y
respetuosa. Al principio no fue fácil. Había una clara línea de desconfianza
que se reflejaba en todos los contactos; pero la hemos ido superando.
La Suprema Corte de Justicia, junto con el
Ministerio del Interior, formó una Comisión integrada por los doctores Matta
Queiruga y Rodríguez Caorsi, el Subjefe de Policía de Montevideo, Inspector
Casas y el Inspector Nalerio, que es el coordinador de la Prefectura. Dicha
Comisión ha servido para allanar muchas dificultades y ha sido, también, un
nexo útil para mejorar las relaciones.
Hay otro elemento que también ha estado
incidiendo de manera relativa, en el clima que estamos describiendo. No es poca
cosa, señor Presidente, la campaña hecha con la mejor buena voluntad,
difundiendo noticias, pero que contribuye, a veces en una forma efectiva, a
crear una situación de intranquilidad que no es el fiel reflejo de los hechos.
Pero, además, creo que tenemos que conocer algunas circunstancias que,
indudablemente, han tenido una incidencia cierta en el aumento de los delitos
en el país.
El primer texto al que me voy a referir es
el de la Ley de Amnistía para los llamados presos sociales o comunes. Y desde
ya deseo aclarar, señr Presidente, que en esto no hay la más mínima agresión de
orden político, en primer lugar, porque es un hecho notorio que yo voté la ley.
En ese momento era diputado y, reitero, levanté la mano para votarla y junto
conmigo lo hicieron la casi totalidad -no recuerdo si alguno no lo hizo- de mis
compañeros del Partido Colorado, ciudadanos del Partido Nacional y del Frente
Amplio, y hubo quienes no la votaron. Justamente, hoy escuchaba, en un programa
radial, al señor senador Lacalle Herrera, precisar que él no había acompañlado
con su voto esta ley, y luego veremos los fundamentos políticos que expuso un
diputado integrante de su sector, para no votarla.
Voy a leer aquí una intervención de un
señor senador a quien no quiero nombrar -porque no creo que valga la pena la
alusión- pero que merece todo mi respeto. Hablando de este proyecto de ley el
señor senador decía: "En primer lugar, este proyecto de ley no responde a
una iniciativa espontánea ni del Poder Ejecutivo, ni de ningún señor senador,
sino más bien a una iniciativa forzada por una serie de circunstancias que, en
cierto modo, están coaccionando la voluntad del Parlamento. Según lo que la
doctrina y el informe denominan agravio comparativo, al disponerse en el país
de una amnistía para los delitos políticos, los delincuentes comunes comparan
su situación con la de los amnistiados y se sienten merecedores también de una
amnistía o de otra medida que los beneficie. Por otra parte, este proyecto está
motivado también por el estado de agitación creciente que desde hace algún
tiempo ha pasado a ser normal en la vida de nuestros establecimientos de
detención". Nos estamos refiriendo al año 1985.
Continúa expresando el señor legislador:
"En las últimas semanas, al parecer, las autoridades han perdido el
control de los mismos y según se nos ha informado, en la cárcel de Punta
Carretas hay zonas en las que los guardianes no pueden entrar a riesgo de perder
sus propias vidas".
Pienso que esa fue una de las razones que
pesó en el ánimo de todos o, por lo menos, en el mío en particular, pero
recuerdo que en aquel momento no había garantía, ni seguridad y que cuando se
realizó la visita de cárceles hubo dificultades para dar garantía a los propios
Ministros de la Suprema Corte de Justicia que concurrían allí a cumplir con la
disposición legal que los habilitaba a trabajar en esos establecimientos.
Entiendo, señor Presidente, que esas cosas
que hacemos tienen un precio y que en determinado momento nos pasan la factura.
Repetiría aquí una pregunta que un señor legislador se hacía en la discusión
realizada en la Cámara de Representantes: ¿No estaremos tratando de sacarnos de
encima un problema social, y no de resolver como debiéramos este problema
social con soluciones de fondo? ¿No podremos comenzar hoy con los traslados de
los presos a la Cárcel de Libertad, de tan malos recuerdos pero que debidamente
actualizada ha de cumplir sin duda con su cometido, sin agravio ni mayor
castigo que el dictado por la ley? ¿Qué pasa con el establecimiento de Santiago
Vázquez? Este fundamento largo al que no voy a dar lectura, marcaba la
preocupación del Parlamento en ese momento. Y votamos la Ley de Amnistía,
reitero, y pusimos en libertad a 473 reclusos, quienes sumados a los 624 que
fueron liberados en el mes de julio por la vía de la revista de cárceles y
otras causas, hicieron bajar la población de los establecimientos de detención
a cifras que históricamente el país no recordaba.
A raíz de esto, se produce un fenómeno muy
especial. Desde el año 1980, el Ministerio del Interior está llevando una
estadística de denuncias en función de los partes policiales que se cursan al
Poder Judicial. El señor senador, al principio de su exposición, hizo
referencia a sus dudas respecto a la prolijidad y técnica de esta encuesta, y
admito que pueda tener algunos sesgos; pero deseo señalar que es llevada con el
mismo criterio desde el año 1980 hasta el presente. Esto revela un movimiento
que va desde 1980 a 1984, con una alternancia que se sitúa en el orden de los
37.000 a 48.0000 partes policiales, por todo concepto y delitos en el país.
Pero podremos observar que en el año 1985 se produce un salto tremendo,
aumentando un 31.95 % el total de delitos de acuerdo con esta gráfica. Pienso
que ello se vincula a una serie de factores dentro de los cuales la Ley de
Amnistía tiene que haber sido uno de ellos. Y esto, naturalmente, comienza a
crear un clima de intranquilidad.
Me parece que sería bueno recordar lo
publicado por el Diario "Clarín" en el sentido de que, prácticamente,
el porcentaje es igual al anunciado por el Ministro del Interior de la Unión
Soviética al referirse a la sociedad en transición. Y si el total de delitos
alcanza un aumento del 31.95 % en relación a 1984, las rapiñas aumentan un
106.82 % y los hurtos un 55.56% de un año al otro. Hay evidentemente, una
relación de causa-efecto, y no me atrevo a decir en qué medida y cuánta, porque
hay un conjunto de factores que inciden aquí: una Policía que ingresa a la
democracia con los brazos caídos, enfrentada al Poder Judicial, absolutamente
desarmada y desabastecida, como ya hemos tenido oportunidad de señalar; pesa
también el enfrentamiento o la falta de respetabilidad de la Policía como consecuencia
de la animosidad que la población tiene con ella, es decir que juegan una serie
de factores.
También vamos a ver cómo
en el año 1986, aún cuando no es tan importante, hay igual un aumento
importante en materia delictiva.
SEÑOR GARGANO. ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador Gargano.
SEÑOR GARGANO. - He escuchado con mucha
atención los razonamientos que viene efectuando el señor Ministro, y como uno
de los puntos cruciales en torno al aumento de la delincuencia y de la
inseguridad se ha señalado en el Parlamento, pero también en los medios de
comunicación, tanto la Ley de Amnistía como la de Procesamiento sin Prisión.
Escuchaba al señor Ministro hablar del
incremento de las denuncias pero subliminalmente nos está diciendo que hay
reincidencia efectiva de los que fueron liberados por la Ley de Amnistía.
Quisiera saber si hay datos específicos
que acrediten que la reincidencia fue enorme, porque tengo informaciones de
otro tipo que me dicen que en lo que tiene relación con el reincidente que debe
calificarse como tal, es decir, el reprocesado, la reincidencia fue
notoriamente más baja que en cualquier otra circunstancia, frente a elementos
de Derecho Comparado.
A mí me interesaba el tema y por eso traté
de asesorarme. Al contrario de lo que el señor Ministro parece inducirnos a
pensar, la Ley de Amnistía de los presos sociales fue, no sólo un elemento para
destrancar una situación de tensión muy grande, sino una medida de política
social, de política criminal acertada, en tanto la reincidencia probada no
aparece como habiéndose incrementado notoriamente en función de esa ley. Sin
embargo, no he escuchado hablar al señor Ministro sobre otro elemento que es
básico en el incremento de la criminalidad. El señor Ministro nos habla de la
nueva situación política, y dice que todas las sociedades en transición
producen un incremento de la criminalidad. Nos trae a colación el ejemplo que
pone el señor Ministro del Interior de la Unión Soviética.
Es posible que la Unión Soviética esté en
un proceso de transición política. Pero estimo que además cuentan otros
aspectos, tal como contaron aquí en 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 y actualmente,
entre ellos, un factor básico de la criminalidad: la situación económica y
social terriblemente deteriorada que viviamos en 1984, 1985 y 1986 y que
todavía hoy soportamos, respecto a lo cual quiero se refiera el señor Ministro.
Ese es uno de los factores básicos, porque cuando se trata de política
criminal, no sólo hay que dictar leyes represivas, duras, contar con una
Policía eficaz que no sólo combata el delito sino que también lo prevenga, o
tener una política carcelaria adecuada para recuperar al delincuente, sino
atacar los motivos básicos de la criminalidad.
En virtud de que el señor Ministro quería
poner las cosas en un contexto global, le digo que ello es menester. Por esa
razón le pido que si efectivamente cuenta con datos, sobre la reincidencia
efectiva, nos los proporcione.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Sin duda el
señor senador Gargano apunta a un tema que pasé por alto porque creo que está
en la tapa del libro, o sea, la problemática social, que es un factor a tener
en cuenta. Eso lo leímos ya cuando íbamos a la Facultad y a eso aludió,
inclusive, el señor senador interpelante.
Todos los que aquí estamos, cuando en 1984
salimos a hacer nuestras campañas electorales decíamos algo común, vale decir,
que el país estaba viviendo la peor crisis de su historia y una de las mayores
y más duras situaciones económicas que había reconocido a través de su vida
independiente. Si ese era un hecho válido, que ninguno discutió, era
evidentemente un factor creador de situaciones como ésta. Cuando hablemos del
tema de la Policía y cuando más adelante hagamos referencia al de los menores,
necesariamente tendremos que poner el acento en el origen de las cosas y en la
dificultad de transformar, de la noche a la mañana, situaciones que se vienen
deteriorando desde hace muchos años, situaciones de sumersión y que de golpe se
pretende transformar.
Estamos de acuerdo en que ese es uno de
los factores, pero me pareció que no valía la pena mencionarlo ya que el señor
senador lo había citado. De todas maneras no hay ninguna duda de que uno de los
factores es la marginalidad, el exilio de sus lugares de origen, el
desplazamiento de las familias hacia los cinturones de la ciudad, la miseria y
la promiscuidad. Repito, que todos estos factores producen esta situación y
siempre juegan. Pero si a esos factores que de por sí son irritativos y
creadores de delictividad, les inyectamos otros catalizadores para que la
criminalidad aumente, si en el momento en que la coyuntura nos indica que hay
un clima de inseguridad creciente, le agregamos otros factores, estamos
provocando un crecimiento que podríamos haber logrado controlar.
Tal vez porque mi profesora de Derecho
Penal en la Facultad fue la doctora Reta, no creo que construyendo una gran
cárcel y encerrando en ella a todos los delincuentes se resuelva el problema.
Sabemos que la criminalidad no se combate así.
Digo también que hay algunos índices a
ponderar, como por ejemplo que de 2.000 internados en las cárceles se pasó
rápidamente a 600. Además de un conjunto de gente que quiere recuperarse y que
de pronto no encuentra el camino para ello porque no consigue trabajo, existe
un grupo de profesionales del delito al que todos, quienes hemos estado
vinculados con el Derecho Penal en el ejercicio de la carrera, conocemos que,
puestos a circular participan de la ola delictiva y crean ese clima de
inquietud y de inseguridad en el que a veces vive la gente.
En este momento no
tengo los datos que me solicitaba el señor senador Gargano. En este terreno
estamos siguiendo con bastante atención el trabajo realizado por el Patronato,
al que aprovecho para rendirle homenaje, ya que en medio de carencias y
dificultades está llevando adelante una idea que habrá que reactivar y
revitalizar para hacerla actuar junto con la labor de los establecimientos de
detención. No sé hasta qué punto son válidas las teorías, pero directores de
los establecimientos carcelarios que acaban de regresar de un congreso que se
realizó en Italia, nos decían que ahí ya están de vuelta del trabajo de
recuperación, lo que allí se busca es atender el tema familiar y apoyar
socialmente a las personas que están internadas en los establecimientos de
detención porque su mayor preocupación generalmente es su familia, su relación
afectiva con ella y la situación económica por la que atraviesa. En Italia
cuando se les da la libertad, lo que se hace es un prolijo seguimiento para
advertir si efectivamente hay elementos de recuperación.
Sobre esto hay varias teorías, pero no
creo que sea este el momento de introducirnos en la consideración de ese tema.
SEÑOR CERSOSIMO. - ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR CERSOSIMO. - No sé si lo que
preguntó el señor senador Gargano se lo puedo responder con las estadísticas
que tengo a la vista. Pensaba citarías cuando hiciera mi exposición.
De todas maneras, los datos que poseo, que
me fueron suministrados por un integrante de la Suprema Corte de Justicia, etaborados
por el Instituto Técnico Forense, determinan que en el año 1987 hubo 5.700
procesados, de los cuales 3.200, (el 56%) son primarios y 2.500, (el 44%) son
reincidentes. En el año 1988, la cantidad de procesados se elevó a 7.000; 4.000
primarios, o sea, el 58%, y 3.000 reincidentes, es decir, un 42%.
La tendencia de 1989 está fijada en 8.000 procesados de los cuales 4.800, el
60%, serán primarios y 3.000 reincidentes, o sea, el 40%.
Reitero que estos datos son oficiales. De
todos modos, no sé si satisfacen el interés del señor senador Gargano y si
entendí bien lo que él preguntaba.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor Ministro.
SEÑOR GARGANO. - ¿Mé permite una
interrrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR GARGANO. - Dispongo de los mismos
datos que el señor senador Cersósimo, pero mi pregunta no estaba afincada en
eso, sino cuántos son los reincidentes de los liberados por aplicación de la
Ley de Amnistía que es la que fija esto.
Puede darse el caso de un reincidente que
delinca en 1987, pero que haya sido encarcelado en 1980 y liberado en 1982.
No poseo el dato que solicitaba pero los
expertos me han indicado que no es del volumen que se maneja habitualmente en
consideraciones de carácter periodístico.
Los otros no han delinquido. Creo que
hasta ahora no hay un solo caso de reincidencia que se haya probado. Los
delitos a los que se refiere el señor senador son de carácter político.
De modo que la pregunta iba dirigida en
ese sentido.
Quiero señalar -esto me parece que es una
cosa muy importante que voy a tratar de desarrollar cuando me toque hacer uso
de la palabra- que cuando se habla de este tema de las consecuencias de las
leyes y de la aplicación de la legislación es menester disponer de información
acabada. Precisamente, aquí no hay información trabajada, elaborada, que
permita al legislador actuar no improvisadamente. Considero que en el Instituto
Técnico Forense trabaja gente con mucha experiencia, pero lo que acaba de leer
el señor senador Cersósimo a primera vista nos habla de inexactitudes, porque
se refiere a números redondos y yo que trabajé en el Poder Judicial durante 18
años sé que en esta materia las cifras no son exactas; no son 5.700, ni 3.200,
ni 2.500, ni 7.000, ni 4.000. Parecería que se trabaja con buena
voluntad, pero utilizando cálculos estimativos y no con datos precisos.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor Ministro del Interior.
SEÑOR TOURNE. - ¿Me permite una interrupción,
señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR TOURNE. - A propósito del tema que
se discute y la importancia que tiene la reincidencia de los liberados como
consecuencia de la Ley de Amnistía de los Presos Sociales, tengo una
información que fue proporcionada a la prensa por el Patronato, Nacional de
Encarcelados y Liberados. Me parece útil darla a conocer al Senado ya que se
trata del resultado estadístico de la reincidencia, dos años después de
promulgada la ley, es decir, a mediados de 1987. Esta fue publicada en un
artículo de Miguel Angel Campodónico sobre el tema de la represión ante el auge
de la delincuencia, que dio a conocer de conformidad con la información suministrada
por el mencionado Patronato.
Según este artículo de
la prensa, de acuerdo con lo informado por los representantes del Patronato, al
cumplirse dos años de promulgada la ley, en mayo de 1987, sólo había reincidido
el 14% de un total de 589 liberados. Al mismo tiempo, en la visita
de cárceles de 1985 de la Suprema Corte de Justicia, a que hizo referencia el
señor Ministro hace unos instantes, se liberaron 724 reclusos. Entre los años
1985 y l986 a mayo de 1987, sólo había reincidido el 28.29%.
Quiere decir que la cifra de reincidencia
de los liberados por la Ley Nº 15.743 de Amnistía de los Presos Sociales es
extremadamente baja. Cabe destacar que la ley de amnistía de presos comunes de
1977 había arrojado cifras superiores en un momento de normalidad con respecto
a los delitos. En una situación de auge de delitos el número de reincidencia,
de acuerdo con la Ley Nº 15.743, se encuentra en términos absolutamente bajos.
Esta es un información que recoge la
prensa oficial y que de alguna manera da la pauta de la importancia que tuvo la
liberación de los presos sociales y la Ley de Amnistía de l985.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor Ministro del Interior.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR .- Los datos
que ha manejado el señor senador Toumé me merecen alguna reserva, no porque los
haya manejado él, sino porque el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados
tiene un bajo índice de reincidencia pero solamente referido a las personas
-que no son muy numerosas- que estan bajo su control. De manera que el
porcentaje del 14% o 15% - si mal no recuerdo, me parece que son las correctas,
que refieren a los índices de reincidencia que el mencionado Patronato manejó
en los dos primeros años se relaciona exclusivamente con los
"pupilos" -por llamarlos de alguna manera- del Patronato, pero no con
el resto de la población, a cuyo respecto no tenemos información. En su
momento, las autoridades del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados
realizaron algunas manifestaciones públicas haciendo notar las diferencias que
había entre el nivel de reincidencia de aquellas personas que estaban bajo su
control y el de los otros, que era mucho mayor.
Vuelvo a repetir que carezco de datos
sobre el particular..
SEÑOR TOURNE. - Las cifras que da el
Patronato se refieren al seguimiento de aquellos encausados y liberados por la
Lev Nº 15.743.
En consecuencia, el 14% corresponde a la
totalidad de los librados por la mencionada ley; no así a los liberados como
consecuencia de la visita de cárceles efectuada por la Suprema Corte de
Justicia.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. -
Naturalmente que el señor senador Tourne conoce las condiciones en que se mueve
el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Su local se encuentra al
lado de la Defensoría de Oficio, en un sótano, con muy poco espacio, por lo que
no ha podido cumplir con todas las obligaciones que le atribuyó la ley. Ha
podido atender algunas en un esfuerzo muy meritorio, entusiasta y fructífero,
pero fundamentalmente por un afán de vocación.
Creo que es difícil afirmar que este
aumento de la delincuencia es el resultado resultado de la Ley de Amnistía,
pero es evidente que éste existe y alguna relación debe tener.
Repito que éste no es un tema político;
incluso, hay un sector del Partido Nacional que se ha indentificado como no
votante de la ley.
Deseo hacer una referencia a la Ley de
Procesamiento sin Prisión. Quiero dejar en claro que aquí tampoco hay alusión
política porque esta ley ha sido votada por ciudadanos de todos los partidos
políticos. Precisamente, uno de los más enconados adversarios de esta ley en la
Cámara de Representantes ha sido un distinguido legislador del Partido
Nacional.
Repito, señor Presidente, que esto tiene
que obligarnos a. hacer un análisis reflexivo a los efectos de ver dónde están
las verdaderas causas de estos hechos y para dar los correctivos que en cada
uno de los terrenos deba realizarse.
La Ley de Procesamiento sin Prisión se
sancionó el 31 de marzo de 1987 y el Poder Ejecutivo la dejó promulgar
fictamente. Es notorio que el Presidente de la República siempre estuvo en
contra de ella. La Ley comenzó a funcionar en abril de 1987. Dos meses y medio
después, más exactamente el 16 de junio el Senado, en cuyo seno había tenido
nacimiento la iniciativa, dictó una enmienda de esa ley, la que dio en llamarse
"Proyecto Ricaldoni", que fue votado por la mayoría de este Cuerpo,
con un voto en contra, que si mal no recuerdo fue el del señor senador Tourné,
pues su filosofía tiene un enfoque desde el punto de vista constitucional distinto
a aquél que parecía mayoritario en ese momento.
¿Qué quiere decir esto? Presumo -y, si es
necesario, los señores senadores me corregirán- que cuando se votó la Ley de
Procesamiento sin Prisión, el Senado tuvo la idea -que, naturalmente, comparto-
de posibilitar el hecho de que los magistrados tuvieran la facultad de procesar
sin prisión a ciudadanos correctos que hubiesen incurrido por primera vez, en
un delito leve y de los que se pudiera pensar que no iban a volver a delinquir.
En dicha discusión, el argumento recurrente, además del ya señalado hacía
referencia al estado de las prisiones, a la situación que se vivía en las
cárceles que, repito, era válido y que, si yo hubiese integrado esta Cámara,
tal vez la hubiera votado. Deseo hacer notar que a los dos meses y medio, el
propio Senado corrige el proyecto.
¿Por qué lo hace? Porque advierte que su
aplicación no respondía a la preocupación con que el Cuerpo había proyectado
dicha ley.
Ahora bien; tal vez
debido a la oscuridad del texto o porque su interpretación es posible en dos
direcciones, lo cierto es que no es frecuente que una Comisión tan trabajadora
y prolija como la de Constitución y Legislación -he tenido oportunidad de trabajar
con sus miembros en alguna oportunidad, y sé que tienen preocupación por estos
temas- estudie, de un día para otro, un proyecto, lo traiga a Sala y lo vote.
La urgencia se debía a que la práctica, de alguna forma, había desvirtuado el
espíritu con que el Senado había promovido dicha ley. La modificación fue
elevada a la Cámara de Representantes -hace de esto dos años- sin que tuviera
la suerte de ser aprobada. Posteriormente, el Poder Ejecutivo, preocupado por
el mismo tema -tal como lo estamos todos hoy- envía un proyecto de ley el 24 de
setiembre de 1987 en el que propone una reforma al Código del Niño, redactada
por la doctora Reta, estableciendo la materia procesal en la parte penal.
Sugiere, además algunas normas relativas a la libertad condicional y, no por
distracción ni al final, sino que por una razón de peso, plantea la suspensión
de la Ley de Procesamiento sin Prisión, por un período de un año, a fin de dar
tiempo a que se produzca una discusión y un análisis profundo sobre algo que,
ya en ese momento, había gente que sentía que estaba incidiendo negativamente
en la tranquilidad pública.
El proyecto del Poder Ejecutivo no
planteaba modificaciones al límite de la imputabilidad. Dicho Poder aceptó el
punto de vista de la doctora Reta profesora de casi todos nosotros en materia
de Derecho Penal- y mantuvo los valores pero, si no me equivoco, establecía una
reforma que ampliara las medidas de seguridad para los menores hasta diez años.
Es decir, que un régimen que en el Código actual de Menores está en el orden de
los seis años no modificaba el límite de imputabilidad.
Este proyecto, discutido por el Senado,
fue finalmente aprobado y ahora se encuentra a estudio de la Cámara de
Representantes. Desde ese momento el problema de la Ley de Procesamiento sin
Prisión quedó vigente de una manera que creo que ha incidido negativamente -más
allá de las buenas intenciones o de la política que se pueda aplicar sobre el
problema- en la tranquilidad y el buen orden del país, así como en el propósito
de hacer la curva delictiva del mismo.
SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR, - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR RICALDONI.- Coincido enteramente con
las expresiones del señor Ministro y deseo hacer algunas precisiones
adicionales.
Respecto de la interpretación dada a la
Ley de Procesamiento sin Prisión hay dos aspectos a considerar. Uno de ellos ya
ha sido mencionado por el señor Ministro. A raíz de un trabajo realizado por el
doctor Langón que circuló mucho en los medios forenses del país se entró a
cuestionar el alcance real de dicha ley y lo que nosotros entendíamos que era
la facutad del Juez de procesar, con o sin prisión, en aquellos delitos que no
tuvieran como pena mínima la de penitenciaría. Esto para el doctor Langón
significaba en todos los casos la obligación de procesar sin prisión.
El objetivo era terminar con el efecto
dañoso que tenía el hecho de que algunos Jueces, equivocadamente, entendieran
que siempre estaban obligados a procesar sin prisión, en los delitos
comprendidos en dicha ley. Por tal motivo presenté un proyecto en el que
proponía poner "podrá" por "deberá". Dicho proyecto no
tenía ninguna originalidad y su fin era zanjar la discusión. Como muy bien dijo
el señor Ministro luego vino un proyecto del Poder Ejecutivo en ese mismo
sentido. Ultimamente hubo uno que respondió a una iniciativa del señor senador
Cersósimo, que fue aprobado en el Senado y que, actualmente, está a estudio de
la Cámara de Representantes. Es decir que no fueron dos sino tres veces que el
Senado hizo el intento de convertir en ley, proyectos que, en lo sustancial,
coinciden y que cuentan con la media sanción del Senado.
Además, quiero destacar que en esa Ley de
Procesamiento sin Prisión hay otro aspecto al que en el Plenario nos opusimos
pocos senadores -de la Comisión de Constitución y Legislación puedo mencionar a
los señores senadores Ortiz, Cersósimo y quien habla- pero que fue aprobado por
mayoría y que refiere a la disposición del artículo 4º que, a mi juicio, comete
el error de establecer la responsabilidad por daños y perjuicios, objetiva, del
Estado, cuando la condena definitiva establece una privación de libertad mayor
que la que hubiera sufrido. Esto fue un elemento de perturbación en la tarea
judicial, ya que hay muchos Magistrados que temen estar creando, de antemano,
las condiciones para una condena, que puede ser voluminosa, si nos guiamos por
algunos antecedentes, en cuanto a la obligación pecuniaria, contando además, con
una eventual responsabilidad subsidiaria del Magistrado interviniente, sin
tener en cuenta por qué se rebaja la pena. Es bueno expresar que, en muchos
casos, la pena se rebaja porque hubo una mala defensa antes de la apelación.
Es decir que son otros factores que se van
sumando a lo ya dicho por el señor Ministro.
En cuanto al tema de la inimputabilidad de
los menores, debo decir que estoy anotado para hacer uso de la palabra más
tarde, pero quiero señalar que, contra lo que se ha sostenido desde hace ya largas
horas, no se trata de una rebaja lisa y llana de la imputabilidad de todos los
menores delincuentes de 16 a 18 años, sino de una rebaja excepcional donde,
normalmente, la pena no exceda la mitad de la que le correspondería a un mayor
de 18 años.
Estos son factores que en el momento en
que hagamos una autocrítica -en la que me incluiría- de lo que hemos votado, de
lo que nos hemos equivocado, tanto por acción como por omisión, creo que
formarán parte de todo el universo de hechos que han incidido en el aumento de
la delincuencia.
Pienso que eso debe ser tenido en cuenta,
ya que no hace bien al esclarecimiento del tema cuando se pretende
circunscribir todo, lisa y llanamente, a cuestiones que hacen al interior del
propio Ministerio encargado de cuidar la tranquilidad pública.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor Ministro.
SEÑOR CERSOSIMO. - ¿Me permite, señor
Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. -
Puede interrumpir el señor senador.
SEÑOR CERSOSIMO. - Con esta interrupción
creo que el señor Ministro puede descansar un poco.
SEÑOR ZUMARAN. - Lo sabe por experiencia
propia.
SEÑOR CERSOSIMO. ¡Si lo sabre! Pero
prefiero no acordarme de ello.
(Hilaridad).
En lo que tiene que ver con el nuevo
proyecto que prácticamente ya ha sido aprobado, también por la Cámara de
Representantes, modificativo de la Ley Nº 15.859 de Procesamiento sin prisión
–digo prácticamente porque creo que la otra Cámara ha añadido un elemento
relativo a la peligrosidad, que, seguramente, el Senado aceptará, porque
también ello coadyuvará al mejoramiento de la norma- debo decir que hemos hecho
un agregado, cuando elaboramos su redacción, que se refiere a los reincidentes
y a los que tengan causa anterior en trámite. La alarma social está radicada, sobre
todo, en que, a los delincuentes reincidentes o reiterantes, también se les
aplica el procesamiento sin prisión, trayendo, como consecuencia, esa
incertidumbre y la sorpresa legítima por parte de la sociedad, que ve que los
delincuentes que cargan sobre sus espaldas ocho o diez delitos, no los que
cometieron rapiña, por ejemplo, -porque ese delito no es excarcelable ya que su
pena mínima tiene más de dos años- sino los de hurto, inclusive hasta con
pequeñas violencias, lesiones, apropiación indebida, etcétera, quedaban libres.
SEÑOR ZUMARAN. - ¿Se incluyen o no las
rapiñas?
SEÑOR CERSOSIMO. - Reitero que la rapiña
es inexcarcelable y los delitos que hemos comprendido en la norma son de hasta
dos años de prisión.
Lo que sorprende e inquieta a la sociedad
son los casos de delincuentes reincidentes, beneficiados, también, por el
procesamiento sin prisión. La gente ha visto con estupor que ese tipo de
delincuentes entra al Juzgado y sale de él al día siguiente, solo, a veces con
procesamiento, pero sin perder la libertad ni un minuto.
En este proyecto que, repito, está a punto
de ser sancionado por ambas Cámaras, en el inciso que hemos agregado se dice
que "no obstante lo dispuesto precedentemente" -es decir, que puede
decretarse el procesamiento sin prisión en los supuestos de referencia-
"el Juez decretará la prisión preventiva, en todos los casos, si se
tratare de procesados reincidentes o que tuvieren causa anterior en
trámite".
Sobre este problema el propio doctor
Miguel Langón -notorio y destacado especialista en la materia- declara en el
diario "La Mañana", con fecha viernes 23 de junio de 1989, lo
siguiente: "Los hechos, además, vienen probando -con harta elocuencia- que
desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 15.859, consagratoria del
procesamiento sin prisión, el problema de la delincuencia se ha venido
acentuando en el seno de nuestra sociedad". De manera que, entonces, según
entendemos, que este es un elemento que el Parlamento ha adoptado, tendiente,
también, a enervar esa ola de estupor y sorpresa, de alarma, que se ha
provocado en la sociedad, coadyuvando, de manera intensa, creemos, en ese
sentimiento de inseguridad que es una realidad -trataremos de demostrarlo
cuando hagamos uso de la palabra en nombre de nuestro sector- que no ahora sino
desde hace muchos años, se ha instalado en el país.
Por lo tanto, pienso que todos tenemos no
sólo el derecho sino el deber de armonizar medidas legislativas o que aúnen
estos, con los criterios de los Poderes Ejecutivo, y Judicial, como, con
acierto y oportunidad, lo ha recordado -lo que agradezco- el señor senador
Zumarán, al citar palabras de nuestro líder, el señor Pacheco Areco, vertidas
en su discurso del 24 de junio último, así como ha recordado algunos conceptos
que, muy modestamente hemos expresado al respecto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor Ministro.
SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador.
SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente:
voy a distraer la atención de este Cuerpo, pero seré muy breve al hacerlo dada
la hora en que nos encontramos.
Se ha ido repitiendo, sobre el tema del
procesamiento sin prisión, algún tipo de planteamiento que creo es totalmente
equivocado. El señor senador Cersósimo nos dice que el procesamiento sin
prisión ha contribuido a alterar la paz pública y que es un factor de
crecimiento de la delincuencia.
El señor Ministro, por su parte, ha
manifestado que es una ley errónea, e igualmente ello es compartido por el
señor senador Ricaldoni. Se concluye pues que para los tres mencionados es
necesario derogar o al menos cambiar esa ley que ha contribuido en alto grado a
la delincuencia.
Este criterio lo ha expresado mucho más
extensamente -a ello se refería el señor senador Zumarán hace unas horas- el
señor Presidente de la República, expresándose en conferencia de prensa de hace
pocos días en los siguientes términos: "Lo mejor que ha andado es la
efectividad policial". Y continúa diciendo: "Todos diariamente
accedemos a las noticias y nos encontramos con que ha caído un asesino o un
rapiñero, que ha caído un ladrón. Sin embargo, nos enteramos a la vez que ese
hombre que ha baleado a un taximetrista, como ocurrió la semana pasada, tenía
cuatro procesamientos en el último año".
SEÑOR GARGANO. - Sólo en el último año.
SEÑOR GARCIA COSTA. -
Sí, señor senador. Pero además esa es una manera muy capciosa de hablar; se
habla de rapiña y violación y se dice a continuación, sin solución de
continuidad que, el que ayer baleó al taximetrista tenía cuatro procesamientos.
No el ilustrado Senado, pero sí el ciudadano común, concluye casi hasta con
lógica que el de los cuatro procesamientos es el rapiñero, el violador, que
estuvo procesado cuatro veces el último año, estaba en la calle igual y mató a
un taximetrista.
El señor Presidente de la República
continúa diciendo: "Uno siempre se pregunta lo mismo. ¿Cómo es posible que
ese hombre ande suelto?"
"La policía, lo verificamos todos los
días, vive aprehendiendo delincuentes y lo inexplicable es que estén en la
calle". Al respecto, la tesis del señor Presidente de la República es que
se les larga a todos. Después, continúa diciendo que "la Policía ha hecho
un enorme y sacrificado esfuerzo, con suerte variada".
"Por eso, me parece que se debe, en
primer lugar, como lo propuso el Poder Ejecutivo hace mucho tiempo"
-coincidiendo con lo que expresó recién el señor senador Cersósimo y al señor
Ministro, unos minutos antes- "suspender la vigencia de la Ley de Procesamiento
sin Prisión".
"Esa ley se aprobó el 31 de marzo de
1987 y en el mes de setiembre de ese mismo año, el Poder Ejecutivo, preocupado
por esta situación envió un Mensaje pidiendo la suspensión de la
vigencia".
En el Senado todos conocemos este tema,
pero quisiera poder saber qué piensa el ciudadano después de haber oído al
señor senador Cersósimo, al señor Ministro del Interior y, sobre todo, al señor
Presidente de la República. La conclusión casi inequívoca ha de ser que frente
al estado de alarma pública, y la cantidad de delincuentes que andan en la
calle por aplicación de la Ley de Procesamiento sin Prisión, el señor senador
Cersósimo, el señor Ministro del Interior y el señor Presidente de la
República, plantearon la derogación de esa norma procurando que, por favor,
paremos así la delincuencia creciente y deroguemos esa ley monstruosa que está
provocando esa situación. ¡Pobre del taximetrista muerto por un delincuente que
tenía cuatro procesamientos por rapiña y violación! ¡Deroguen esa ley! Tal la
casi segura reacción de los ciudadanos al oír la reciente Conferencia de Prensa
del Presidente.
Cuando leí las expresiones del señor
Presidente de la República pensé que, distraídos, permitimos que continuara
vigente una ley tan monstruosa de la que ya en setiembre de 1987 se nos pidiera
su derogación. Procuré entonces analizar el proceso cumplido, y advertí que es
insólito.
La Ley de Procesamiento sin Prisión se
aprueba en virtud de un proyecto del señor senador Ortiz. Es votada por todo el
Senado menos un sector del Partido Nacional que había presentado un proyecto de
ley sobre el mismo problema y que aún cuando procuraba los mismos fines se
consideraba más eficaz. Luego, al ser aprobada en la Cámara de Representantes
sin oposición, se convierte en ley mediante la promulgación expresa del
Ejecutivo.
Más tarde el señor senador Ricaldoni, a
quien se ha indicado erróneamente como un adversario de la Ley de Procesamiento
sin Prisión en lo que fue mal invocado, porque un proyecto modificativo suyo lo
único que hace es modificar la expresión "deberá" por
"podrá", para evitar un problema menor en la interpretación de la
ley.
En setiembre del ‘87 llega el gran
proyecto del Ejecutivo. El Presidente de la República les dijo a todos los
ciudadanos que era para parar a ese reincidente que tenía cuatro procesamientos
y que había matado al taximetrista, rapiña y violación de por medio.
Fui a repasar el proyecto en cuestión.
Sorpresivamente encontré una frase en su exposición de motivos que dice que por
razones de hermenéutica se hace necesario suspender la vigencia de la Ley de
Procesamiento sin Prisión por un año. Continué leyendo, pensando que se trataba
de una de las motivaciones menores justificando la iniciativa. Me resistí a
creer que era a raíz de la interpretación errónea que realizan los jueces del
carácter taxativo o no de la ley que existe un crecimiento de la delincuencia.
Para mi asombro, no existe una palabra más en el Mensaje del año ‘87 sobre este
texto legal, Mensaje con el que está de acuerdo, obviamente, el señor Ministro,
quien lo firma y que es el mismo titular que hace minutos se ha referido a la
Ley de Procesamiento sin Prisión en términos acusatorios en cuanto la misma
tiene una muy importante cuota parte del crecimiento de la delincuencia. Repito
que en el Mensaje de setiembre de 1987 el Ejecutivo se limita a expresar que se
debe suspender la vigencia de la norma por un año, por razones de hermenéutica,
y no porque se trate de un peligro a la seguridad pública, tal como hoy se
insinúa claramente. Tan es así, que la Comisión de Constitución y Legislación
que analizó el tal proyecto y que integra el señor senador Cersósimo, remite al
Senado unos meses después de analizado el largo proyecto donde se encontraba,
entre otros temas muchos más trascendentes, la modificación hermenéutica de la
Ley de Procesamiento sin Prisión un proyecto muy interesante que discutimos
exhaustivamente, pero por el tema de la minoridad.
Hay un momento culminante, en el que
confieso pensé que debí haber faltado al Senado, en el cual se discutió este
tema, y donde a juzgar por el actual pensamiento e invocación del Presidente,
se debió decidir la derogación de la Ley de Procesamiento sin Prisión, causa
directa e indudable del crecimiento enorme de la delincuencia del país a juzgar
por la conferencia de prensa del Señor Presidente de la República. Para mi
sorpresa lo único que hallé es que, dentro de una muy larga y compleja
deliberación por otros temas, esencialmente los relativos a la delincuencia en
la minoridad, se pone a votación, sin discusión ni deliberación alguna y es
aprobado por 20 votos en 21. De un texto legal que se limita, con enorme
sencillez a superar las dificultades que por razones de hermenéutica tenía la
Ley de Procesamiento sin Prisión. Según el consejo de los señores senadores
Cersósimo, Fá Robaina, Ricaldoni y Ortiz, votantes concordes en la Comisión de
Constitución y Legislación del texto que en lugar de derogar, mejora la Ley de
Procesamiento sin Prisión, preservando así la aplicación de una ley tan
monstruosa, al juzgar actual del Presidente de la República.
El Poder Ejecutivo
pide pues la suspensión por razones de hermenéutica en su Mensaje de setiembre
de 1987 y nuestra Comisión, integrada por destacados colegas del Partido
Colorado concuerda con ello, y en lugar de derogarla y ni siquiera suspenderla,
superan el problema menor que se tenía modificando apenas su redacción y
respetando la esencia de la misma. Así pues donde la ley dice
"deberá", se ha de poner "podrá", y Santas Pascuas. y acá
no pasó nada.
Fue en la Cámara de Representantes donde
se dificultó el trámite del proyecto donde se halla incluido tan intrascendente
norma, y por descontado que la dificultad no fue por este motivo -no se hagan
ilusiones- sino por el complejo problema de la minoridad y de la edad de imputabilidad.
En una loable iniciativa posterior el
señor senador Cersósimo incide nuevamente en el tema de procesamiento sin
prisión, pero no para derogar su texto sino meramente para nuevamente superar
el problema hermenéutico.
El señor senador Cersósimo, de acuerdo a
algunas de sus actuales reflexiones, debería decir que hay que derogar la ley.
Sin embargo, comparece a través de la Comisión trayendo un informe que nos dice
que dado que la Cámara de Representantes todavía no se ha abocado al tratamiento
de la ley más extensa, y singularmente problemática donde se encuentra este
pequeño artículo que interesa aprobar y así donde dice "deberá" hay
que poner "podrá".
Esta nueva proposición fue votada en junio
próximo pasado. El señor Presidente de la República manifestó en la conferencia
de prensa que esta ley es una monstruosidad y en una manera capciosa la vincula
con la muerte de un taximetrista.
Entiendo que el señor Presidente de la
República cambió su opinión primaria de setiembre de 1987, probablemente porque
tenía que expresarse rápidamente antes de comenzar un viaje al exterior. La
única referencia seria que hay con su firma es cuando en setiembre de 1987
menciona la hermenéutica como única dificultad para el buen funcionamiento del
procesamiento sin prisión. Proponía, para solucionar esto, un año de
suspensión, ni derogación, ni acusaciones tronituantes. Los señores senadores
del Partido Colorado de la Comisión de Constitución, con su brillo y talento,
concordaron con que si se trataba de una cuestión de hermenéutica, y por ello
propusieron de cambiar una expresión de la ley para que ésta siga, como aquél
whisky, tan campante por los años venideros.
No debemos arrojarnos arriba de la Ley de
Procesamiento sin Prisión y hacerla trizas. Para todos quienes han intervenido
en este tema, sobre todo aquellos que están de parte del Gobierno, no ha sido
esa la actitud asumida. Se trata de mantener su vigencia, y atender solamente
un problema de hermenéutica. Y cuando el Presidente de la República vincula
capciosamente que hay gente asesinada con esta ley, los hechos y documentos de
este Senado demuestran que para el Ejecutivo, como para todo el Senado, las
modificaciones a introducir son sólo relativas a la hermenéutica.
Las cosas deben ser puestas en su debido
lugar y no hablar de la Ley de Procesamiento sin Prisión como un gigantesco
error en el que se incurrió.
El 9 de junio modificando la norma de
procesamiento sin prisión aquí se votó prácticamente por unanimidad, creo que
17 en 18 -siempre hay algún senador distraído, que no levantó la mano- pero no
la derogación, sino la sustitución de la palabra "podrá" por
"deberá". Nada más. Nadie advirtió en esos recientes días a que hay
asesinos en la calle por esta Ley; simplemente se dijo: "Hermenéutica:
¡cuánto te debemos!, vamos a suprimirte de una vez por todas; es la tercera vez
que lo intentamos".
(Suena el timbre indicador de tiempo)
SEÑOR PRESIDENTE. - Han pasado ya trece
minutos en la interrupción que usted solicitó por cinco.
SEÑOR GARCIA COSTA. - Pero siempre es
interesante, señor Presidente, para poder dar oportunidad a que se nos
conteste.
SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra para
contestar una alusión.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador.
SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente:
declaro que no he podido entender la exposición del señor senador García Costa.
Si son tantas las observaciones y reservas que tiene para formular, creo que
debería haberse opuesto desde un principio cuando se consideró en el Senado. No
tengo ningún inconveniente en apoyar la derogación de esa ley, pues tampoco
tengo mucho entusiasmo -más bien ninguno- porque esté vigente. Simplemente
coadyuvé con mi proyecto en establecer la facultad, en lugar de la
preceptividad de no disponer la prisión y le agregué la parte relativa a la no
inclusión de los reincidentes y los reiterantes, que era, precisamente, uno de
los motivos de la alarma social.
Pero si el señor senador estima que lo que
corresponde, es que deroguemos la ley, lo acompaño. Naturalmente, pues, contará
con mi voto a esos efectos. Pero, también para que hubiera una solución
inmediata y mucho más efectiva que la que actualmente existe, el señor senador
podría haber hecho toda esta exposición con respecto a la hermenéutica -que
tantas veces señaló ahora- el otro día, en el momento en que se trató el
proyecto que él votó encantado. Desde aquí lo vi levantar la mano con agrado y
ahora está en contra de lo que votó.
(Interrupción del señor senador García
Costa)
-Yo no; yo estoy a favor. Aquí nada tiene
que ver la hermenéutica ni he dicho lo que no debo decir. Digo que,
simplemente, su ámbito de aplicación corresponde a tales delitos y a esos
delitos es a los que se ciñe el texto de la ley.
En diciembre del año
1959 se promulgó otra ley de procesamiento sin prisión para los delitos
culposos que comprende a los accidentes automovilísticos, etcétera; desde hace
30 años se ha aplicado sin ningún problema y nadie ha puesto el grito en el
cielo. Esto es porque, indudablemente, los reincidentes, cargan varios de esos
ilícitos sobre sus espaldas, entran al Juzgado y salen de él con la misma
libertad que tenían antes. Y en un momento en que hay un incremento importante
de la delincuencia y de la falta de seguridad para los ciudadanos, todo esto
llama la atención y causa alarma social; ¿quién puede negarlo? Reitero que no
tengo nada que ver con la hermenéutica, con lo que leyó el señor senador ni
cosa que se le parezca. He dicho expresa y claramente que, sólo he tratado de
coadyuvar con un propósito que la gente en general ha aceptado de buen grado y
el señor senador, en su momento, también. Si él emplea 15 minutos para darnos
una clase sobre hermenéutica, no es culpa mía, sino, en todo caso, suya.
SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para
contestar una alusión.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador.
SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: la
reiterada mención sobre la hermenéutica por parte del señor senador García
Costa me hace acordar más a un cuento de gallegos que a lo que fue realmente la
historia de la ley que él menciona, porque la verdad es que ese proyecto que
contenía una norma que establecía la suspensión de la Ley de Procesamiento sin
Prisión, no fue aprobado por el Senado. Si mal no recuerdo, la Comisión de
Constitución y Legislación, en su lugar, propuso al Senado -y contó, como
siempre con el entusiasta voto del señor senador García Costa- reiterar lo que
ya figuraba en el otro proyecto, que tenía un sólo artículo, es decir,
sustituir la expresión "deberá" por "podrá". No fue a la
Cámara de Representantes -como dice el señor senador García Costa- la
suspensión de la ley.
La otra aclaración que quería hacer tiene
que ver con mi postura respecto a la Ley de Procesamiento sin Prisión. Yo creo
qué es una buena ley.
SEÑOR AGUIRRE. - Apoyado.
SEÑOR RICALDONI. - Quiero señalar que se
trata de una buena ley, que algunos jueces han interpretado y continúan
interpretando mal, no sólo por lo que tiene que ver con algo que ya mencioné
-es decir, con que algunos jueces creen que están obligados a procesar siempre
sin prisión- sino porque creo que en más de una oportunidad los jueces también
se equivocan en cuanto a lo que es la alarma social, porque también esa Ley de
Procesamiento sin Prisión impide procesar de ese modo cuando tal decisión
pudiera causar alarma social. Además, hay un criterio de alarma social, sobre
todo en el caso de las violaciones, que me parece tremendamente equivocado.
Reitero que creo en las bondades de esa
ley; acompañé -lo sabe el señor senador Ortiz, autor de la iniciativa- sus
fundamentos desde el primer momento, lo cual no significa negar que la mala
aplicación o abuso que de ella se ha hecho, la mala lectura de sus normas y
también la poca voluntad política -por qué no decirlo de la otra rama del
Parlamento- para zanjar de una vez por todas esta discusión doctrinaria
absolutamente estéril, son las que han creado alguno de esos factores
coadyuvantes a los que se refería el señor Ministro.
Nada más, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor Ministro del Interior.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Señor
Presidente: realmente, uno tiene la sensación de estar en presencia de esos
patinadores que, de tanto pasar por encima de la raya, terminan mareándonos.
Creo que si hay algo en lo que todos
estamos de acuerdo es en que hay que tomar alguna medida con respecto a esta
Ley de Procesamiento sin Prisión. Considero que las fechas son algo a no
despreciar, sino a mirar con atención. Esta ley se sanciona el 31 de marzo; dos
meses y medio después el Senado de la República aprueba sobre tablas un proyecto
modificativo. ¿Por qué?; ¿Por casualidad?. ¿Simplemente por afán
perfeccionista, para tratar de mejorar; el texto legal, o porque está
advirtiendo que la aplicación de la ley, por factores que no entro a
discutir..?.
SEÑOR BATLLE. - ¿Pero era sólo un tema
hermenéutico, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Era un tema
hermenéutico también en la decisión del Senado; de ahí es donde se inspira el
Poder Ejecutivo.
No me doy cuenta por qué el señor senador
García Costa parece molestarse tanto con la referencia hermenéutica que háce el
Poder Ejecutivo, cuando el primero que toma el tema es el Senado y lo hace con
una urgencia que explica perfectamente su preocupación y que habla bien del
Cuerpo.
Pero ocurre que después pasan los años y
la hermenéutica queda sepultada, porque no puede salir de la Cámara de
Representantes. Pero creo que tenemos que dejar de lado este tema. A esta
altura no sé si la buena solución es suspender, derogar o cambiar la ley; quizá
su defecto sea su inoportunidad: que llegó al ordenamiento jurídico en un
instante en que la situación y la alarma que había en el país había crecido
fuertemente en 1985.
Volvió a crecer en 1986 y cuando esta ley
adviene, lo hace en un momento de dificultades. Quizá a ella le falte el
castigo complementario, como señala algún penalista. Hay muchos países del
mundo que aplican este régimen, pero que someten a los ciudadanos que
cometieron este tipo de delitos y a los que la sociedad no los interna en una
prisión, a la realización de tareas complementarias, de ayuda o a determinada
labor, servicios u obligaciones que debe cumplir y que, de alguna forma,
balancea la presencia de la capacidad punitiva del Estado y que admiten
entonces esa sustitución.
Para terminar, quiero seguir reflexionando
sin monopolizar el debate.
SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto, señor senador.
SEÑOR PRESIDENTE. -
Puede interrumpir el señor senador.
SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: como acá
hemos hablado tanto de la Ley de Procesamiento sin Prisión y parece que en este
momento todo el mundo advierte sus defectos y carencias, quiero decir que
cuando se presentó el proyecto fue unánimemente elogiado y se sostuvo que venía
a llenar una necesidad que databa de mucho tiempo atrás. El mismo mereció la
aprobación de la Suprema Corte de Justicia, de la señora Ministra de Educación
y Cultura, del Colegio de Abogados, de los profesores y de todos los que en
este país tienen algo de autoridad en materia penal.
Todos ellos coincidieron en que la ley era
muy buena y en que se debía haber sancionado mucho tiempo atrás. Si después
algún Juez la aplicó mal y eso trajo los barros que ahora señala el señor
Ministro, es otra cosa, pero vamos a defender aquello que corresponde defender,
o sea, que sigue siendo una buena ley, tal vez mal aplicada, pero que contó con
la opinión unánime de todos los que se expidieron sobre ella.
Muchas gracias, señor Ministro.
SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR GARGANO. - Creo que la discusión no
es ociosa y que la reflexión que se está haciendo en el Senado es importante.
A los efectos de informarme, obtuve los
datos de los procesamientos decretados desde el 1º de enero hasta el 15 de
junio de este año. En los Juzgados penales de Montevideo, sobre un total de
1.182 casos, los procesamientos sin prisión son 417, es decir, alrededor del
35%.
En opinión de los juristas y de los
especialistas, la Ley de Procesamiento sin Prisión ha sido aplicada en forma
por demás avara. Hay jueces que han aplicado la ley con un criterio aún más
restrictivo porque entienden que algunos de los aspectos planteados por el
Código del Proceso Penal siguen vigentes y que, por consiguiente, mantienen su
vigor ciertos elementos restrictivos respecto a la aplicación del procesamiento
sin prisión.
Por otra parte, el señor Ministro señala
que hay legislaciones que podrían contribuir al desarrollo de otras medidas. No
soy un especialista en la materia, pero puedo señalar que el Código del Proceso
Penal, en su artículo 73, cuando habla de las medidas sustitutivas -pienso que
esto no ha sido derogado; a lo mejor algún especialista me dice lo contrario- establece
que podrá aplicarse la "prohibición de ausentarse de determinada
circunscripción territorial, de domiciliarse en otra u otras, de concurrir a
determinados sitios o de practicar otras actividades, así como las obligaciones
de comunicar sus cambios de domicilio y de presentarse periódicamente a la
autoridad". Es decir que está legislado; lo que ocure es que no se aplica.
Muchas gracias, señor Ministro.
SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la
palabra el señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - En verdad
no es el 35%, señor Presidente, sino mucho más, por una razón sencilla, que es
la siguiente. El total de procesamientos comprende a aquellos que pueden ser
beneficiados con el procesamiento sin prisión y todos los otros que no pueden
ser. Entonces, cuando entramos a analizar las cifras, nos vamos a encontrar con
que en algunos delitos el porcentaje es mucho más alto. Era a lo que quería
referirme cuando calificaba la ley de inoportuna.
Obsérvese lo siguiente. Según información
que me acerca la Jefatura de Policía de Montevideo, que es la fuente que cito
porque es la que tengo, en el año 1987 se procesa sin prisión por hurto al
29,66%. Es un porcentaje que debe considerarse mucho más alto porque la ley
recién se sanciona en marzo por lo que se empieza a aplicar en abril. En 1988;
en hurtos, el procesamiento sin prisión es del 36,15% y en 1989 la cifra que da
la Jefatura de Policía para un período que no podría determinar pero que debe
ser hasta mayo es del 39,14%.
Esto me lleva a hacer una primera
reflexión. De cada 10 personas procesadas por hurto en las que el Juez
encuentra elementos suficientes, casi cuatro personas salen en libertad. ¿Cómo
incide esto en la opinión pública? El señor senador Zumarán me decía qué le
íbamos a decir a la gente. Sin embargo, todos estos ladrones no son los que
asaltan bancos ni los que roban joyerías; de repente son personas que en un
barrio modesto le roban al vecino una garrafa o la ropa que tiene colgada. ¿Y
qué puede pensar ese vecino cuando al otro día ve regresar a esa persona? ¿Con
quién se la agarra? ¿Con la Policía, con la Justicia o con el sistema?
Entonces, en un momento en que el clima de
inquietud tiene la tonalidad que el señor senador interpelante le adjudica,
nosotros nos enfrentamos a esta situación.
Sin embargo, aunque parezca increíble, hay
porcentajes peores. Por ejemplo, me refiero al encubrimiento de hurto. El otro
día oía decir a un magistrado de un tribunal en un reportaje de televisión que
los verdaderos sinvergüenzas son los reducidores, porque son los que lanzan a
los ladrones a robar y luego explotan el resultado de su trabajo. No obstante,
en 1987, el 53% de los encubridores de hurto salen en libertad, procesados sin
prisión; en 1988, el 61%- de cada 10 personas que van por encubrimiento, cuatro
quedan adentro y seis salen- y en 1989 el porcentaje se sitúa a ese nivel.
Si tenemos en cuenta
el clima que vive el país y la tonalidad que él tiene, no podemos menos que
preguntarnos si eso realmente se puede compadecer con estos números. Y quiero hacer
otra reflexión más, señor Presidente, referida al total de la delictividad.
SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro, aunque dijo que no iba a dar más?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. Si no me saca
del tema, señor senador, con mucho gusto; pero si me vuelve a hablar de
hermenéutica, entonces perdemos el hilo de lo que estamos hablando.
SEÑOR ZUMARAN. - El que habló de
hermenéutica fue el señor senador García Costa.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Y usted
también.
SEÑOR ZUMARAN. - De la hermenéutica habla
el proyecto del Poder Ejecutivo.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - No, vino
antes, en el proyecto que votó el Senado tres meses antes.
SEÑOR ZUMARAN. - Eso lo discutimos
después, señor Ministro.
El señor Ministro le dijo al Senado que
con la Ley de Procesamiento sin Prisión, en el caso de hurtos, obtienen ese
beneficio el 50% o algo así.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - No, señor
senador: el 36,75%, y en 1989, el 39,14%.
SEÑOR ZUMARAN. -. Pregunto lo siguiente.
Supongamos que no estuviera la Ley de Procesamiento sin Prisión ¿cuál sería la
situación? Los procesados por hurto que fueran primarios serían remitidos.
¿Cuánto demoraban en obtener la libertad? Entre 10 y 12 días. Volvían otra vez
al barrio y aquél que los había denunciado los veía pasar frente a su casa.
Me parece, pues, que se está haciendo un
mundo con este asunto porque la Ley de Procesamiento sin Prisión -salvo ese
fiscal y ese Juez que la aplican de modo caprichoso- está pensada para
primarios y por delitos leves. La única diferencia que tiene con el régimen
anterior era evitarle los 10, 15 ó 20 días de prisión y el pedido de libertad
con la vista fiscal, porque se considera que eso es absolutamente inconducente.
Por eso tiene razón el señor senador Ortiz cuando expresó que cuando presentó
la iniciativa fue aplaudida por todos los sectores vinculados al quehacer
nacional.
La Bancada del Partido Colorado la votó y
el Poder Ejecutivo la promulgó, no la vetó. Luego, por ese fiscal y por ese
Juez mandó una ley interpretativa -vamos a no llamarla de hermenéutica para que
no se moleste- y ahora, de pronto, desde hace muy poquito tiempo -diría que
desde la conferencia de prensa del señor Presidente de la República antes de su
viaje a Argentina y a Francia- resulta que se ha transformado en el gran
problema nacional en materia de delincuencia. Y eso no es creíble.
Pregunté a un Juez en lo Penal, que hace
diez años que ejerce, si alguna vez le dio a un reincidente la libertad sin
prisión. Pensó un momento y me dijo: "Sinceramente, no lo recuerdo".
Quiere decir que la aplicó siempre para primarios -ese es el sentido de la ley-
y éstos obtenían la libertad en muy poco tiempo en el régimen anterior. De modo
que esa es apenas la diferencia con esto de lo que estamos haciendo -un mundo
alrededor del cual gira todo el problema de la delincuencia. -
SEÑOR PRESIDENTE. - Pude continuar el
señor Ministro del Interior.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Quiero
reiterar una precisión que hice al principio.
Creo que no tiene sentido ponernos a
discutir quién fue el responsable de le ley y qué partido la votó o no.
Cuando hablamos de la Ley de Amnistía e
hice mis observaciones a propósito de los resultados posteriores, me apresuré a
señalar que la había votado. Y en lo que hace a esta Ley de Procesamiento sin
Prisión, recuerdo que uno de sus más fervientes contradictores en el debate
realizado en la Cámara de Representantes fue un distinguido legislador
nacionalista. No me parece con eso que la ley tome ningún tipo de color
político.
Digo, además, señor Presidente, que si
esta interpelación hubiese tenido lugar cuando debio llevarse a cabo,
seguramente la discusión la habríamos tenido entonces y el señor Presidente no
habría hablado. Estas informaciones y estos puntos de vista hubieran surgido
durante el debate. De manera que el señor Presidente lo único que hizo fue
expresar su punto de vista que en este sentido es coincidente con el del Poder
Ejecutivo.
De todos modos, a los solos efectos
informativos, voy a referirme a un caso, aunque hay más.
Un señor es procesado con prisión en 1984
por hurtos reiterados; en febrero de 1986 vuelve a ser procesado por
encubrimiento, con prisión; en marzo de 1988 lo es por daños, sin prisión. No
se trata, entonces, de un primario. Como dije, hay más casos, pero reitero que
creo que esto sigue siendo anécdota. Lo que me importa es lo que voy a señalar
a continuación, y espero con esto finalizar por lo menos con esta parte de mi
exposición.
En 1985 se nota un
crecimiento de la delictividad, del orden del 31,95%. En 1986 continúa creciendo
-todavía no apareció la Ley de Procesamiento sin Prisión- y lo hace en un
10,75% sobre las cifras anteriores. En 1987, el crecimiento es casi
mínimo: un 0,73%. Y en 1988 decrece un 3,75%. Pero observen los señores
senadores que de 1984 a 1985 las rapiñas aumentan un 106,82%, de 1985 a 1986,
un 69,84%, es decir, casi un 70%. Pero después comienza a notarse un
decrecimiento, y de 1986 a 1987 disminuye un 35,82%. Se aprecia,
una tendencia descendente. Parecería que viene un acomodamiento del país y las rapiñas
decrecen de manera muy importante; y entre 1987 y 1988 vuelven a hacerlo en un
11,51%. Sin embargo, los hurtos no disminuyen en la misma proporción. Habían
aumentado un 55% -es decir, en menor proporción que las rapiñas- apenas crecen
entre 1985 y 1986, y en los años 1987 y 1988 se mantienen, con una ligerísima
rebaja. No disminuyen del mismo modo que la rapiña. Mientras las rapiñas
terminan con prisión, éstos no.
Pregunto entonces -admitiendo lo que decía
el señor senador Gargano en el sentido de que este tipo de conclusiones
requeriría quizás investigaciones y estadísticas más profundas, que no tenemos-
si no puede haber una correlación en el hecho de que el individuo que comete un
hurto queda en libertad y por eso los hurtos continúan. ¿No puede haber una
correlación entre el hecho de que los que cometen delitos de encubrimiento
están en prisión en un número mucho menor y el de que esa actividad continúe?
¿No puede haber una vinculación entre esos hechos?
Creo que ésta es otra de las cosas sobre
las que tenemos que reflexionar. Considero, asimismo, que tenemos que decir a
la gente que hay una ola delictiva y que ella es el resultado de la
concurrencia de un conjunto de factores. No nos abracemos a un solo factor,
descartando todos los demás. Y sobre todo, ¿por qué vamos a dudar de que la ley
es buena? No digo que sea mala. Señalo que por lo menos es inoportuna y que el
propio Senado lo advirtió así a los dos meses de haberla aprobado con toda la
seriedad y la responsabilidad con que primero elaboró la ley y con que depués
planteó la modificación.
(Ocupa la Presidencia el señor senador
Mederos)
SEÑOR TARIGO. - ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carminillo Mederos).
- Puede interrumpir el doctor Tarigo.
SEÑOR TARIGO. - Quiero señalar un
elemento, que a mi juicio no ha estado presente en este debate y que me parece
que es importante.
Me refiero a que para nuestro Derecho
Penal, el concepto de primario es el que alude a un delincuente que no ha sido
condenado, y no a una persona que ha sido procesada una o más veces. De manera
que eso es lo que posibilita que el caso concreto que mencionaba el señor
Ministro haya ocurrido así; es decir, que una persona pueda ser procesada por
hurto una, dos o tres veces y luego serlo por ese mismo delito o por otro, sin
prisión. Si ha sido procesada pero no condenada, teórica o técnicamente se
trata de un primario.
Eso revela también la importancia de una
disposición que contenía aquel proyecto del Poder Ejecutivo de setiembre de
1987. Creo que votamos también esa disposición -no estoy seguro- que establecía
que inclusive para el otorgamiento de la libertad provisional, de la
excarcelación provisoria, el Juez debería tener en cuenta no solamente que el
sujeto beneficiado con la excarcelación fuera primario, sino que no tuviera
procesamiento pendiente.
Creo que esas dos disposiciones
armonizadas -una con respecto a la Ley de Procesamiento sin Prisión y la otra
relativa a la excarcelación provisional- podían ser dos elementos que obraran
favorablemente en todo este tema de la delincuencia, que hemos estado
manejando.
El señor Ministro del Interior hacía
referencia también al efecto peculiar que produce en el denunciante de un hurto
el hecho de que el autor de éste aparezca al otro día, si es su vecino, por su
casa. Y seguramente porque el cansancio a todos nos hace olvidar algunas cosas,
no ha señalado una que es muy importante y que yo se la he oído decir hace
algunas horas al señor Ministro del Interior, que es el efecto depresivo que
eso produce en el agente policial que ha arriesgado, muchas veces, su seguridad
para apresar al delincuente y hacerlo procesar en el Juzgado, y verlo salir a
los 5 minutos procesado sin prisión. Cuando ese no es un hecho aislado sino que
se da en los porcentajes que ha señalado el señor Ministro- 40% en los hurtos,
70% en encubrimientos de hurtos- digo que la Policía debe seguir teniendo mucho
temple para continuar poniendo toda su dedicación y su esfuerzo en una tarea
que es algo así como arar en el mar; porque detiene al delincuente, muchas
veces en una situación que es de riesgo y de peligro, lo lleva al Juzgado y
allí, en un porcentaje muy importante, lo dejan en libertad.
Yo también voté la Ley de Procesamiento sin
Prisión porque me pareció una buena solución. Pero creo que todos tenemos el
deber de repensarla, a la luz de todos estos argumentos y de las cifras y
porcentajes que estamos viendo, porque me parece que seríamos fatuos si nos
aferráramos a la solución que un día votamos y que nos pareció buena pero que
luego la realidad nos ha demostrado -por un lado, por una interpretación
absurda que hace obligatorio lo que es facultativo, pero por otro lado, por
resultados- que su aplicación no conduce a los fines que nosotros nos
propusimos.
Muchas gracias.
SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carminillo Mederos).
- Puede interrumpir el señor senador.
SEÑOR GARGANO. - He escuchado con mucha
atención las palabras del señor Presidente del Senado en relación a este tema.
Y quiero tener las cosas claras, porque si ellas son tal como las describe el
señor Vicepresidente de la República, me parece que ha interpretado mal las expresiones
del señor Ministro. Según yo las interpreté, el señor Ministro ha dicho que se
procesa sin prisión a un encubridor de hurto, por ejemplo pero no ha
manifestado -al menos yo no lo he escuchado- que el 60% de los procesados por
encubrimiento de hurto son luego reprocesados sin prisión.
Dejemos las cosas claras.
Lo que aquí se afirma es que hay un porcentaje –de acuerdo con los datos del
señor Ministro- de procesados no reincidentes sino primarios, que son
procesados sin prisión por los delitos que él ha mencionado.
Quería dejar esto aclarado, repito, ya que
si el problema es que si a un 70% de los procesados por encubrimiento luego se
los deja en libertad -a los dos días- esto ya no sería un factor de alarma
social sino un marco caótico que no se ha dado ni se podrá dar absolutamente
nunca, porque no creo que en el país existan jueces capaces de actuar en este
sentido.
Me parecía que debia hacer esta precisión
porque creo que había cierta confusión en la exposición de los hechos.
Muchas gracias.
SEÑOR TOURNE.- ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carminillo
Mederos).- Puede interrumpir el señor senador.
SEÑOR TOURNE.- Creo que se ha venido
centrando el debate del auge de la delincuencia y de los factores
desestimulantes de la acción policial para poder combatirla, en la existencia
de la Ley de Procesamiento sin Prisión.
En la realidad de los hechos, debemos
tener en cuenta que según las cifras que el señor Ministro proporciona hay un
"pico" de delincuencia que comienza e irrumpe violentamente en 1985 y
alcanza su techo en 1986. Luego, las cifras de 1987 y 1988 revelan una
tendencia decreciente, en algunos tipos de delitos más señaladamente –como el
caso de la rapiña- y en otros con menos intensidad; pero en ningún caso por
encima de los niveles alcanzados en 1986, en términos relativos.
Y si esto es así, señor Presidente,
apuntar a que la causa determinante del auge delincuencial está en una ley
dictada en 1987 implica, indudablemente, que estamos haciendo un enfoque
desacertado del problema, porque 1987 y 1988 revelan, en términos generales,
niveles similares o por debajo de los de 1986. Por tanto, de ninguna manera
existe una relación de causa y efecto entre la ley y un auge de la
delincuencia, dado que ese auge delincuencial ya existía en la realidad de los
hechos a partir de 1985.
Creo que lo que hay que anotar
fundamentalmente es otra serie de factores, quizás lo que señala el señor
Ministro como una etapa de transición del régimen dictatorial al sistema
democrático, seguramente por algunos factores vinculados con la represión. Y
como señalaba en algún reportaje un señor Jefe de Policía con muy buen
fundamento, la importancia que pudo tener el marco de funcionamiento de la Policía
en uno y otro sistema sería otra de las causas explicativas, sin perjuicio de
lo que a mi criterio constituye el gran factor determinante del tipo de delito
contra la propiedad, que es la situación de miseria general y deterioro
acuciante de los actores sociales marginados de este país. Y con ello apunto a
que el fenómeno delincuencial está vinculado a un orden económico que, de
alguna manera, está explicando esa situación.
No creo que corresponda continuar dando
importancia fundamental a la problemática de una ley que no presenta relación
de causa y efecto, entre ella y el auge delincuencial. Ello determina muy
claramente la necesidad de buscar por otros rumbos la causa de los factores que
están incidiendo en la sociedad uruguaya para que se dé el auge de este
fenómeno de la violencia y de la delincuencia, fundamentalmente en los términos
de delitos contra la propiedad. Y todo apunta hacia esas otras razones que he
señalado, en lugar de las que aquí se han mencionado.
SEÑOR CERSOSIMO. - ¿Me permite una interrupción,
señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carminillo Mederos).
- Puede interrumpir el señor senador.
SEÑOR CERSÓSIMO. - Señor Presidente: es
para ratificar algunas manifestaciones que formulara hace algunos minutos el
señor Presidente del Senado, en su interrupción.
En un reportaje realizado al señor Jefe de
Policía de Montevideo, en el Semanario "Búsqueda", el 13 de julio de
1989, se le pregunta en qué aspectos la "benignidad" de la ley puede
perjudicar la acción policial. El habla primero de que comenzó en 1958, cuando
se dejó de procesar a las personas por faltas. Agrega después: "Luego
culminó con la Ley de Procesamiento sin Prisión. ¡Qué difícil se le hace a un
policía ir a buscar a un delincuente y que éste se desacate, lo agreda a lo
lesione! Si esa persona no tiene antecedentes se va en libertad, procesado sin
prisión". Yo agrego que aunque tenga antecedentes, también puede irse en
libertad, procesado sin prisión, por lo menos hasta ahora.
Continúa: "¡Se va en libertad uno que me agrede como policía! ¿Qué respeto
puede tenerle a la Policía? No obstante eso, la Policía hace las cosas como
deben hacerse. Que la ley sea benigna permite a muchos, no creo que a todos,
reincidir. Se los suelta y a los dos o tres días se los encuentra incursos en
otros delitos". De esta forma termina la respuesta a dicha pregunta, por
parte, del Jefe de Policía. Y en la realidad de los hechos, si el sujeto se
desacata o lesiona a un policía, va al Juzgado, se le toma declaración y aunque
se lo procese sale de allí en libertad, no bay elemento que determine, entonces
el estímulo para que el policía pueda proceder en la forma en que tiene que
hacerlo, con todo el sacrificio que supone, muchas veces, un asunto de esta
naturaleza, y soportar después, frente a él la actitud del delincuente el que
se ha desacatado, el que lo ha lesionado y al otro día va a pararse frente a la
Comisaría o la sede policial de que se trate o pasa frente a los mismos,
diciéndole tácita o expresamente al policía: "Aquí estoy de nuevo y a mí
no me pasó nada". Esa es la desesperanza policial; y los que hemos
conocido de cerca este tipo de situaciones sabemos muy bien hasta que grado
puede mellar el espíritu de trabajo de un funcionario policial, una situación
de esta naturaleza.
Muchas gracias.
SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carminillo Mederos).
- Puede interrumpir el señor senador Batlle.
SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: creo que
ya se ha discutido bastante sobre este tema. Debe quedar claro que quienes
votamos la ley, porque la creímos buena, también la hemos modificado, porque lo
consideramos necesario. Y si pensamos eso fue porque sintiendo que era buena,
había elementos dentro de ella que requerían alguna precisión, aclaración o
modificación para impedir que tuviera efectos inconvenientes en lugar de los
que el legislador procuró cuando la propuso y cuando la votó. Más tarde, todos
nosotros contribuimos a reformarla.
Sobre la importancia del fenómeno
delincuencia el señor senador Tourné hizo reflexiones claras. Se ha producido
una disminución de cierto tipo de delitos, como acaba de establecerlo el señor
Ministro. Esto significaría que en algunas áreas la policía no es tan ineficaz
como en otras.
No sé si el señor Ministro tendrá la
posibilidad de "desagregar" las cifras estadísticas que ha manejado.
Me parece que si se pudieran analizar interiormente, por medio de los
mecanismos electrónicos que hoy existen, podríamos obtener una información muy
esclarecedora sobre la importancia que, en algún momento, pudo haber tenido el
efecto no querido ni buscado de esta ley, así como sobre el tipo de hurto o de
delito en cuya presencia estamos.
Hay algunos hurtos, algún tipo de delito
que forman parte de una organización industrial. Es notorio que determinadas
radios que vienen incorporadas en cierta marca de automóviles son las más
requeridas por los ladrones. Hay algunos autos que pueden dejarse con los
vidrios abiertos y sus dueños pueden tener tranquilidad de que sus radios no
van a ser hurtadas porque no tienen valor comercial. En una sociedad pequeña
como la nuestra, una organización como la que he mencionado modifica totalmente
el número de delitos, incide fuertemente en los valores estadísticos y genera
en la población un estado de indefensión.
Una persona sabe que si tiene un auto tal
con una radio marca tal, es muy posible que le rompan el vidrio y le roben la
radio. No creo que la policía más competente del mundo pueda resolver un
problema semejante, salvo que tenga una organización muy bien montada, y que
realice la pesquisa por la otra punta. O sea, por dónde está el que determina
la posibilidad de que exista esa organización. Estos hechos se pueden dar si
hay quien comercialice el fruto de esos robos.
A mi modo de ver, señor Presidente, han
aparecido nuevos tipos de delincuencia. Algunos ligados a factores económicos
que no son, precisamente, la miseria. Hay personas que aun cuando están capacitadas
para obtener ingresos a través de un oficio o un trabajo, por determinadas
circunstancias, todavía aun no estudiadas por la investigación sociológica o
sicológica, se hacen habituales del delito.
Como decía, hay formas nuevas de
delincuencia que antes no se conocían en nuestra sociedad y que tampoco son
propias de ella. Además, son difíciles de detectar a priori, porque son el
fruto de organizaciones distintas, y que el Uruguay sufre por la misma forma
osmótica con que los países reciben todas las cosas. A medida que el mundo se
internacionaliza, se copian actitudes, no solamente con respecto al delito,
sino con muchísimas otras cosas.
En cuanto al delito, hoy las formas son
mucho más sofisticadas y generan alarmas. En Uruguay los copamientos no han
sido tantos, aunque por sí mismos son muy espectaculares y producen mucha
alarma. No se precisa estar muy informado para saber que esta nueva forma
delictiva es una de las que más se ha extendido en la delincuencia
internacional. No falta quien haya ido alguna vez a Río de Janeiro y se haya
encontrado con que se ha hecho el copamiento de un hotel de veinte pisos. Creo
que el copamiento es una nueva forma de delito que es muy difícil de preveer
por organizaciones policiales en las condiciones que ha descrito el señor
Ministro del Interior. Por eso insisto en que sería muy útil hacer un análisis
pormenorizado de las cifras.
Repito, señor Presidente, que creemos que
la ley es buena, que fue modificada porque así lo creímos conveniente y si es
necesario continuar haciéndolo, estamos dispuestos a hacerlo.
Más allá de pretender echarle las culpas
al señor Ministro porque se hayan inventado estas formas delictivas nuevas,
como el copamiento, o porque en los últimos tiempos no hayan podido reducirse,
creo que lo importante es que todos tratemos de averiguar hacia dónde van las
cosas. El señor Ministro lanzó un dato que fue recogido por un señor senador,
acerca de que un determinado tipo de delito ha descendido en forma apreciable y
otro se ha mantenido. Entonces, si pudiéramos obtener más información, quizás
podríamos darnos cuenta dónde se ubican las causas y dónde enfatizar para
mejorar la situación existente.
Por esa razón, señor Presidente, quería
aprovechar esta interrupción para ver si es posible -quizás no hoy, porque de
pronto la Policía no cuenta con todos los elementos necesarios- realizar un
análisis de este tipo a efectos de ver cómo evolucionan los distintos tipos de
delitos, en qué momento aparecen, de dónde provienen y cuál es la imitación que
se produce en nuestro país, en donde por distintas vías llegan mecanismos e
informaciones que organizan este tipo de actividades que, al igual que
cualquier otra del ser humano, propenden a una imitación que, en este caso, es
además muy peligrosa.
Nada más, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Dn.
Carminillo Mederos). - Puede continuar el señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Señor
Presidente: quisiera ahora pasar a otro tema vinculado también, creo yo, como
factor importante, a toda esta ola en materia delictiva. Me refiero a la
reincidencia, porque considero que también sobre este punto debemos meditar
para verificar si no estamos necesitados de realizar algún ajuste legislativo
que nos permita atender este aspecto del problema que, a mi modo de ver, es bastante
serio. Tengo en mi poder una larga lista de personas que han sido procesadas
reiteradamente en un breve período. Si bien no daré lectura a su totalidad,
haré referencia sí a alguno de ellos. Por ejemplo, tenemos a un ciudadano que
en 23 meses fue procesado en cinco oportunidades por los siguientes delitos:
hurto; hurto en grado de tentativa; seis meses después, por hurto nuevamente;
cuatro meses después, por hurto especialmente agravado y, finalmente, un año
después, vuelve a ser procesado por hurto en grado de tentativa. También puedo
citar el caso de otra persona que en un período de un año y tres meses, fue
objeto de cuatro procesamientos: daños calificados, daños y hurto en grado de
tentativa en dos oportunidades. Otro ejemplo es el de un ciudadano que en dos
años y tres meses es procesado cuatro veces; en enero de 1986 por complicidad
en rapiña; el 27 de mayo de 1987 vuelve a ser procesado por delito reiterado de
hurto en reiteración real con faena clandestina; en 1988, por lesiones
personales y un año después por tentativa de homicidio. Y, finalmente, podemos
citar otro caso de un ciudadano que en tres años y dos meses fue objeto de
cinco procesamientos por hurtos en reiteración real con agravantes especiales,
tentativa de hurto, estafa, coautor de un delito de alteración de certificados
y hurto.
Quiere decir que cuando la policía reúne
las pruebas las somete al Juez, todo lo cual constituye un elemento suficiente
para efectuar un procesamiento y nos encontramos con que varios meses después
vuelve a suceder lo mismo y, en un período de un año y medio o dos se producen
cuatro o cinco procesamientos de una misma persona, ¿puede decirse, entonces,
que la Policía es ineficaz cuando está permanentemente deteniendo delincuentes,
los lleva a la Justicia, obteniendo el procesamiento y muchas veces la prisión?
Pienso que en toda esta acumulación delictiva existe alguna falla -y aclaro que
estoy muy lejos de ser un conocedor del Derecho Penal- en nuestra estructura
jurídica que tiene que subsanarse de alguna forma, porque esto entra en
contradicción con la idea de procesamiento sin prisión. Precisamente, cuando
hablamos de procesamiento sin prisión estamos pensando en aquel ciudadano que
no constituye un riesgo para la sociedad, ya que generalmente comete un delito
leve por primera vez y porque presumimos que no va a volver a delinquir. Repito
que, a mi entender, esto es la antítesis y, por lo tanto, debemos poner algún
punto porque todo esto nos obliga a reflexionar para poder explicarle a la
gente la situación que se está viviendo y qué solución le podemos dar.
Seguramente, en el marco del Código todo esto es manejado por la Justicia con
total corrección; simplemente, estoy dando cifras sin entrar profundamente en
el análisis del expediente. De todas formas, estos números representan un
trabajo persistente y tenso que demuestran que el Instituto Policial realiza
detenciones, lleva a los delincuentes a la Justicia y al cabo de unos pocos
meses vuelve a encontrarse con esas mismas personas.
Para terminar, quisiera referirme a la
temática de los menores. He dicho públicamente muchas veces -y no voy a cambiar
una sola de mis palabras- que el tema de la minoridad es una herencia muy
gravosa que hemos recogido. Durante muchos años en este país no se hizo nada en
esta materia y cuando el Consejo del Niño en primer lugar, y el Instituto del
Menor luego, asumieron la tarea de manejar la temática de los menores, se
encontraron con un problema realmente agravado por razones de marginalidad, por
causas económicas y porque, además, estaban desmantelados aquellos mecanismos
de recuperación, de rehabilitación y de investigación. Tampoco funcionaban las
Colonias que se habían fundado para realizar una tarea de recuperación por la
vía del trabajo. Asimismo, no existían los elementos de seguridad
imprescindibles para poder asegurar que estos menores no constituyeran el
problema que actualmente representan.
Por otro lado, y sin ninguna violencia,
pienso que el sector de menores conflictivos que cometen delitos, es
seguramente reducido en medio del enorme campo que el Instituto del Menor tiene
por delante. Quizás sería inteligente pensar en separar este Instituto de toda
esta problemática delictiva que lo absorbe, lo deteriora y le impide realizar
la otra tarea que es la recuperación de los menores.
En oportunidad en que el auge de la
delincuencia a nivel de los menores golpeaba fuertemente asumimos, a pedido del
entonces Consejo del Niño, la tarea de distribuir los menores en algunos de los
establecimientos carcelarios del interior del país. Así, algunos de ellos
fueron llevados a Maldonado donde existe una cárcel nueva, modelo y muy amplia,
donde estaban alojados en compartimentos totalmente apartados de los
delincuentes comunes y controlados por personal del Consejo del Niño.
También se utilizó la cárcel de Paso de
los Toros, que si bien no es de las más modernas, tiene pocos detenidos, así
como las de Paysandú, Salto y Artigas.
Durante ese tiempo conseguimos lo que
entendemos primordial para hacer el esfuerzo de recuperación del menor, o sea,
fijarlo en un sitio para hacer la tarea directamente, porque si lo internamos
en un lugar de donde pueda escapar a los diez minutos, a las dos horas o a los
tres días, lo que pretendemos hacer no lo vamos a lograr.
En un momento determinado se planteó un
problema legal y la justicia determinó que los menores debían ser reintegrados
a Montevideo y entregados al Instituto del Menor.
No sé exactamente qué
pasó con el establecimiento de La Tablada; yo concurrí el día de su
inauguración y pude apreciar lo que se hizo con una gran ilusión por parte de
los tres integrantes del entonces Consejo del Niño. Desconozco si hubo fallas
del proyecto. Creo que en buena medida La Tablada no fue pensada para cierto
tipo de menores extremadamente peligrosos que quiebran todas las normas
lógicas. Hace poco tiempo le preguntaba a un conocido gremialista que estuvo
detenido en la cárcel de Libertad durante el período del proceso, si recordaba
los bancos de hormigón que estaban instalados dentro de la cárcel y sujetos al
piso, enganchados con hierros. El me decía que sí, que los recordaba. Cuando le
dije que los habían arrancado, le parecía mentira.
Lo que sucede es que quien está detenido,
internado, generalmente tiene la idea fija de su libertad y vive pensando en
los mecanismos a través de los cuales lograrla. Eso hace que vean una gran
cantidad de cosas que los demás no advertimos. Recuerdo que cuando visitamos
por primera vez la cárcel de Santiago Vázquez en compañía de la doctora Grezzi,
el Inspector Casas y el señor Rabeca, integrantes de la Comisión
Interministerial, ellos se pasaron marcando y advirtiendo lo que debía
modificarse porque, por ejemplo, señalaban, algún elemento que les iba a servir
para hacer un cuchillo, o algún otro que lo iban a romper, y así sucesivamente.
Tienen los detenidos una habilidad muy particular para burlar todos los
mecanismos de defensa que normalmente se pueden pensar, ya que como es obvio,
disponen de las veinticuatro horas para hacerlo, exclusivamente acerca de cómo
recuperar la libertad.
Es posible que La Tablada no haya
funcionado adecuadamente porque no estaba destinada a esta clase de menores.
Quiero presentar uno o dos casos que me parecen muy significativos, no como una
crítica, sino como una forma de exponer el problema para que se tenga
conciencia de él, aunque sé que el Senado ha debatido ampliamente el tema de la
minoridad.
Se trata de un menor que ahora tiene 17
años y que en el momento de cometer los delitos tenía 15 ó 16. El 28 de
diciembre de 1986 lo requiere el Juzgado de Menores de Segundo Turno, que se lo
entrega a la madre; el 16 de enero de 1987 -apenas 18 días después- es
internado en el Centro de Diagnóstico por hurto de donde se fuga el 19 de
enero. El 20 de febrero comete rapiña y homicidio, y es internado luego en el
Hogar Chimborazo. Un año después, el 12 de febrero de 1988, comete hurto,
rapiña y copamiento. Durante un año está en el departamento de Artigas, pero en
febrero de 1989 vuelve, a raíz de la decisión judicial que apuntaba, y es
detenido por Radio Patrulla porque comete una rapiña junto con un grupo de
menores. En esa oportunidad se estableció, por sus propias declaraciones y por
el reconocimiento de las personas que habían actuado, que había rapiñado un
almacén ubicado en Mendoza y Trápani, una tienda en Mendoza, un almacén en la
calle Los Angeles 5241, una carnicería ubicada en la calle Los
Angeles 5328, así como varias rapiñas a transeúntes y taximetristas. Además en
compañía de otros dos, había participado en la violación de tres jóvenes el día
20 de diciembre de 1987. El Magistrado que lo detiene dispone medidas de
seguridad. El 9 de febrero es detenido; el 13 de febrero se escapa y el 31 de
marzo lo volvemos a detener. En ese período cometió una rapiña en el almacén
ubicado en Trápani y Mendoza, otra en una oficina contable de la calle San
Martín, otra en la fábrica de muebles de la calle José Enrique Rodó 2354, otra
en la fábrica de calzados "Estrella", otra en una Parroquia sita en
José Ellauri 408, otra en una fábrica de asientos de autos ubicada en 8 de
Octubre y Pan de Azúcar, otra en el taller de la calle Comercio 2070, otra en
una fábrica de tejidos de la calle Uruguay 1719 y, por último, en la barraca de
Camino Maldonado 6121. El 30 de mayo lo volvemos a detener; es reinternado en
la Colonia. Actualmente no sé dónde está.
A esta altura de la sesión no quiero
fatigar al Senado con esta clase de referencias. Sí reitero con una gran
serenidad que. una Policía que actúa de esta manera, que detiene una y otra
vez, tiene algo más de eficacia de la que parece trasuntarse en la información
o en la concepción de la gente.
Afortunadamente hemos acordado con los
señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia, con los Jueces de Menores y
con los integrantes del Instituto del Menor, volver a un sistema que permita
retener, mientras el Instituto del Menor no logre terminar todo los pabellones
de seguridad que necesita, a esos menores en algunas Jefaturas o
establecimientos de detención del interior del país, en el mismo régimen
anterior: separados de los mayores, en lugares que seguramente serán mejores
que la Comisaría de Menores, donde en este momento tenemos hacinados a unos
quince o dieciséis muchachos que no se pueden internar en ningún local del
Instituto del Menor porque no existen garantías.
Este es un tema del que el Ministerio del
Interior podría sentirse liberado porque le corresponde al Instituto del Menor;
pero, evidentemente, cuando estos hechos se reiteran reaparece la inquietud
pública y entonces los marcos de competencia se empiezan a bollar. A sabiendas
de que los Jefes de Policía se resisten a esto porque generalmente se rompen
los edificios de las cárceles, al igual que se deshizo uno de los pisos de la
Jefatura de Policía de Montevideo donde estaban internados menores que
arrancaron las puertas y los lavatorios, y aun cuando a veces el propio medio
social de los departamentos donde son destinados esos menores establecen
protestas porque tienen el temor de que esas situaciones que. sufrimos aquí, en
la capital, se puedan trasplantar a sus ciudades, hemos asumido estas
decisiones porque lo hemos entendido como una responsabilidad y una
colaboración elemental en un trabajo de enorme dimensión que no hay más remedio
que hacerlo, sabiendo de antemano que los éxitos van a ser mucho menos que los
fracasos.
Hace dos meses poníamos en funciones al
Patronato del departamento de Maldonado. El Presidente designado señalaba que
iban a abordar una tarea que sabían iba a estar mucho más llena de fracasos que
de éxitos, pero también reconocían que esos pocos éxitos iban a ser útiles a la
sociedad.
(Ocupa la Presidencia el doctor Tarigo)
SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR GARGANO. - Sé que los señores
senadores están cansados, pero quisiera hacer algunas preguntas porque hay
ciertos datos que han sido publicitados con anterioridad.
Creo que la sociedad
tiene que tomar medidas muy severas y hacer las inversiones necesarias a fin de
que para ese núcleo de menores extremadamente peligrosos, se pueda tener no
sólo el control de la sociedad, sino además la asistencia.
Visité la cárcel de Paysandú y vi las
condiciones en que estaban detenidos los menores. No las voy a describir. Eran
menores extremadamente peligrosos que se encontraban en condiciones de
seguridad más graves que las que sufrían otros procesados mayores que estaban
en la misma cárcel.
No voy a negar las necesidades que tenía
el administrador o el Jefe de Policía de recurrir en su establecimiento a la
adopción de determinadas medidas para controlar eso. Pero a lo que me quiero
referir -y quiero que el señor Ministro me corrija si estoy equivocado- es al
número de estos menores extremadamente peligrosos, es decir, a si no están
cuantificados. No sé si he escuchado mal a la gente del Instituto del Menor,
pero creo que ellos están cifrados en alrededor de 90. Me pregunto lo
siguiente: esta sociedad, este Estado uruguayo ¿no es capaz de adoptar durante
dos, tres o cuatro años las medidas necesarias para poner bajo control a estos
jóvenes? En lo que se refiere a La Tablada, al esfuerzo que se ha hecho en ese
sentido, ya el señor senador Zumarán ha hecho mención de ello. Pero me pregunto
si acaso nosotros también no hemos fracasado, si no hacemos lo que corresponde.
No es posible que el Estado uruguayo no tenga control sobre estos hechos que ha
descrito el señor Ministro. Me imagino que si hay alguna persona que está
escuchando esta sesión por la radio, y más precisamente lo que acaba de referir
el señor Ministro, seguramente debe estar un tanto alarmado.
De modo que tenemos cuantificado el
número, se trata de 90 jóvenes, pero no somos capaces de controlarlos.
Evidentemente, esto es muy demostrativo. Naturalmente que me siento involucrado
porque como legislador tengo algún grado de responsabilidad. No obstante, creo
que el Poder Ejecutivo la tiene más.
En consecuencia, reiterando el concepto,
pregunto si no somos capaces de poner límite a estos 90 menores extremadamente
peligrosos, quienes además actúan y operan por contagio. Digo esto porque
conocemos los barrios, vivimos en determinados ambientes y sabemos cómo opera
esto.
Digo, señor Presidente, que aquí hay un
fracaso y en ese sentido se deben aportar soluciones. Si no tenemos lugares de
reclusión, ¿quién puede negar que deban adoptarse medidas de emergencia? Pero
hay que pensar en políticas más profundas. Si existe este núcleo conformado por
90 muchachos, pues aboquémonos a encontrar una vía de solución. Reitero que de
ponerme en el lugar de ese ciudadano que está escuchando la sesión o que lee en
la prensa matutina lo que aquí se ha dicho, la alarma se ha de multiplicar,
porque precisamente quien nos ha informado de todo esto es el señor Ministro
del Interior, quien nos ha descrito una situación que podríamos calificar como
de horror.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor Ministro del Interior.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - En
realidad, no estoy en condiciones de contestar el planteo del señor senador Gargano,
por la sencilla razón de que el área donde se desenvuelve el tema de la
minoridad no es la mía. Creo, sí, que el Instituto del Menor ha hecho esfuerzos
y, en ese sentido, hemos tenido ocasión de visitar alguna de las obras que
estaban en construcción.
Naturalmente, éste no es un tema sencillo.
Pero lo traje a colación fundamentalmente para mostrar otra de las facetas de
este problema.
Cuando hablamos del tema de la inseguridad
y de la delincuencia, no podemos perder de vista la gama de infractores. No es
que el Ministro quiera escapar de su responsabilidad. Por el contrario, el
Ministro está aquí y asume plenamente y sin ninguna reserva todas las
responsabilidades que las dependencias a su cargo le puedan hacer incurrir.
En un período tan fermental como el que
estamos viviendo, en que todos, de alguna manera, estamos pensando en el país
de los próximos cinco años, me parece importante no despistarnos y no quedarnos
en un enfoque dirigido a una determinada actividad, sin advertir que hay un
racimo de elementos que hay que combinar para ver dónde están las soluciones.
De lo contrario, no vamos a lograrlas.
SEÑOR SINGER. - ¿Me permite una
interrupción?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR SINGER. - A esta altura del debate,
tengo la impresión de que se pasó muy rápidamente por encima de algunas cifras
que se mencionaron en su transcurso, cuando éste estaba concentrado en el tema
de la legislación del procesamiento sin prisión.
Yo escuché al señor Ministro hacer
referencia a datos estadísticos de los años 1985, 1986, 1987, 1988 y parte de
1989, respecto de los delitos más comunes, algunos de ellos graves y otros no
tanto. En este sentido, las cifras que aportó el señor Ministro son las de que
en 1985, y respecto al año anterior, se produce un incremento importante de la
delincuencia. Ese incremento vuelve a intensificarse en forma más aguda aún en
1986, pero a partir de 1987, hay una sensible disminución, la que vuelve a
reproducirse en 1988 y en lo que transcurre de este año.
En consecuencia, el
primer punto, motivo de esta convocatoria, que refiere a las medidas adoptadas
por el Poder Ejecutivo para garantizar la seguridad individual ante el notorio
incremento de la delincuencia en el país, no está correctamente planteado. De
ninguna manera estoy afirmando que el país vive en una situación que pueda dar
tranquilidad en el sentido de que el índice de delincuencia es muy bajo. Nadie
puede sostener eso, pero importan las tendencias. Sin duda, me parece que este
es un hecho muy significativo. Aquí se ha analizado con profusión de argumentos
que a partir del tránsito de la dictadura a la democracia se produce un
incremento notorio de la delincuencia; incluso se ha hecho referencia de lo que
ha ocurrido en otros paises bajo regímenes o sistemas político-económicos
distintos. Esto parece ser un hecho que no ha sido refutado.
Reitero, señor Presidente, que en 1985 se
produce un incremento, que en 1986 éste se mantiene y luego aumenta y que a
partir de 1987, comienza a darse una sensible disminución que se continúa en el
88 y en el transcurso de este año.
Estos son los hechos y es lo que importa.
Esto me interesa señalarlo antes de que el señor Ministro termine su
exposición, porque me parece que es de relevancia subrayar que vivimos en esta
materia una situación difícil, pero que los esfuezos que se han hecho hasta el
momento han dado resultados. Naturalmente que estamos todos de acuerdo en que
hay muchas cosas que quedan por hacer; por ejemplo, que hay medidas para
adoptar en distintos órdenes en el campo policial y en otras áreas que puedan
estar conexas con el gran tema de la delincuencia. Pero teniendo en cuenta las
cifras, me parece que a esta altura este es un hecho importante de rescatar,
por encima de todo, para llevar al país un mínimo de tranquilidad en el sentido
de que se están haciendo esfuerzos y de que el Instituto Policial ha actuado
extremando al máximo todas sus posibilidades de acción y de eficiencia para
obtener los resultados que las estadísticas están poniendo de manifiesto con
absoluta claridad.
Reitero que a mi juicio, era importante
que a esta altura de la exposición del señor Ministro se hiciese esta
puntualización acerca de algunos elementos que, a mi entender, son de singular trascendencia.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE - Puede continuar el
señor Ministro.
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - ¿Me permite una
interrupción, señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: he pedido
esta interrupción a los efectos de precisar algunos elementos y a fin de no
solicitar, más tarde, nuevas informaciones al señor Ministro.
Quisiera saber si cuando se hizo referencia a las
variantes producidas en la cantidad de hechos delictivos, esa mención fue
global o en el detalle se incluyó cada uno de los aspectos involucrados en el
tema. Al respecto, debo decir que escuché una diferencia en la estimación
cuantitativa, en el caso de los hurtos y de las rapiñas, especialmente referida
a aquellos delitos que, en función de la Ley de Procesamiento sin Prisión
determinan, presuntivamente, la posibilidad de que no haya prisión, en
comparación con los otros delitos de los cuales deriva la prisión.
Naturalmente, no me resigno a evaluar el grado de
seguridad de una sociedad, en función de la cantidad de delitos y de una
información estadística al respecto, ya que, puede haber menos delitos de determinado
carácter -por ejemplo, el robo de la garrafa a que hizo alusión el señor
Ministro- y recrudecer -o por lo menos no disminuir- delitos de una gravedad
extrema y de una saña inaudita con asesinatos, con violaciones, etcétera. En
consecuencia, quisiera saber si el delito de violación, en nuestro país, ha
registrado una disminución en los últimos tiempos. La verdad es que, a lo largo
de todas las horas de examen que llevamos del tema, analizando la violencia y,
las causas que la producen y en las que se han manejado muchos datos, he
escuchado algunos argumentos sin un convencimiento profundo. Debo decir que no
me resigno a aceptar, lisa y llanamente, que la causa fundamental de la
extensión de la delincuencia se encuentre en la pobreza. Creo que no es así.
Debo admitir que en algunos casos, la pobreza influye. Sin embargo, la inmensa
mayoría de la gente más carenciada económicamente no comete delitos. De eso
estoy absolutamente convencido y quiero expresarlo con toda claridad y con
fuerza.
Aquí, de lo que se trata -y es un elemento que está en
el aire y que no se menciona casi nunca- es de que hay gente
constitucionalmente mala, biológica y mentalmente constituida para el mal, sin
que el elemento social que compone esa existencia sea decisivo en los hechos.
Además, hay factores de otro orden cuyo peso no podemos silenciar.
El señor senador Zumarán, en el comienzo de su
exposición, hizo referencia a un tema que para mí es capital y que, sin
embargo, pasa casi siempre inadvertido y es el de la disgregación de la
familia, las prédicas destructivas que se realizan.
Meses atrás, en un semanario, leí un artículo firmado
por un periodista muy connotado, en el que él decía que tenía que pensar un
largo rato para concluir si es peor insulto decirle homosexual a un legislador
o legislador a un homosexual.
Ultimamente he leído cosas atroces, que proliferan en
semanarios y diarios de todas las ideologías. A veces, a uno le dan ganas de
pedir perdón ante el espejo, porque tiene mujer, hijos y una familia
constituida. Parecería que los que vivimos de esta manera somos seres
inferiores.
Hace poco tiempo, en un programa de una radio de
frecuencia modulada escuché decir a un ciudadano -cuyo nombre no me interesa,
pero parece que era sociólogo- que no había que perder el sueño por este
escándalo que la prensa hace con motivo de la drogadicción, porque el hecho de
que haya más drogadictos es como si hubiera más chuecos o más pelirrojos.
Esto es lo que está pasando, esto es lo que acontece:
el auge del insulto, de la ordinariez, de la palabrota, de la disgregación
proclamada de todos los valores fundamentales que distinguen a la gente de los
animales.
Me pregunto qué es lo que queremos enseñarle a las
nuevas generaciones. ¿Acaso pretendemos un mundo en el cual vamos a enseñar a
los arquitectos a poner cuartos de baños, sin paredes, en las veredas? Esta es
la moral que mucha gente joven aprende; estos son los valores que se difunden.
La pobreza no es la única causa de los delitos. Pobres
hemos tenido siempre. Desgraciadamente, ahora hay más. Pero yo, que soy uno de
los legisladores que recorre los barrios humildes, que conoce a su gente, que
entra en los ranchos y habla con sus moradores, rechazo frontalmente la idea de
que sean los más pobres los que más delinquen y los que lo hacen de la peor
manera. Entonces, señor Presidente -y termino la interrupción, pidiendo excusas
por haberme extendido unos minutos más, pero lo hice para no tener que
intervenir más tarde en el debate, lo cual hubiera insumido más tiempo- siento
que en torno a este tema existe la gran preocupación sobre la recuperación del
que delinque, de salvarlo, de atenderlo.
Pero yo me pregunto: ¿qué hacemos por la víctima?
Resulta que al violador hay que cuidarlo, ver qué pasa con él. Sin embargo,
¿quién se ocupa de la violada, para quien la tragedia estará presente en su
ánimo, en su sicología, en su vida personal y familiar, cada minuto de su
existencia? Un día leemos en los diarios que una joven fue violada y luego la
noticia pierde actualidad. Pero, por el resto de su vida ese hecho va a pesar
sobre ella, su esposo o su novio, sus padres y sus hijos.
Esa es la sociedad que se está desarollando con
irresponsabilidad, con cretinismo y con fórmulas que ceden ante un esnobismo
primario, que espero no perdure. Ante esto, señor Presidente, tengo interés en
saber, si es posible, no solamente si disminuyeron los hurtos y se mantienen
las rapiñas porque, en definitiva, ellas son formas de delincuencia que existen
desde que la sociedad está organizada como tal y, probablemente, nunca
desaparezcan. Pero tenemos la otra forma de delincuencia, ésta de ahora; ésta
que cuando yo tenía 18 años casi no conocíamos y que ahora nos horroriza a
diario; ésta de los que entran a una iglesia y matan a un sacerdote; ésta de
los que, a las once de la noche, esperan a una obrera que vuelve a su casa para
violarla y que; además, la matan.
Esta violencia, esta criminalidad, ¿disminuye? ¿Cuáles
son, aproximadamente, las cifras que se nos pueden proporcionar?
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Señor
Presidente: no tengo inconveniente en dar lectura a las cifras que se me
solicitan. Quizás sería más práctico que le dejáramos a la Mesa una copia, para
que pueda ser distribuida entre los señores senadores, a fin de que la puedan
estudiar con más atención.
De todas maneras, puedo decir que en
materia de delitos sexuales, el crecimiento entre los años 1984 y 1985, no
fue muy importante, alcanzando un 0.13%, en 1986, aumenta un 15%, en 1987
decrece un 11% volviendo a aumentar un 5.5% entre 1987 y 1988.
En materia de homicidios, debemos decir
que hay un aumento muy discreto, del 8% entre 1984 y 1985, que se
vuelve más significativo entre 1985 y 1986 alcanzando un 37.82%, produciéndose
un decrecimiento en los dos años sucesivos, bajando un 3% y un 9.43%.
Repito que mantengo el ofrecimiento de
entregar estos datos al señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa solicita que
se lo haga llegar.
6) ASUNTOS ENTRADOS
SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un
asunto entrado.
(Se da del siguiente:)
"La Cámara de Representante remite
aprobado en nueva forma el proyecto del ley por el que se modifica el artículo
547 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (entrada en
vigencia del Código General del Proceso)."
7) CODIGO GENERAL DEL PROCESO. Prórroga de su entrada en vigencia. Proyecto
redactado en nueva forma enviado por la Cámara de Representantes.
SEÑOR PRESIDENTE. - Léase una moción de
urgencia llegada a la Mesa.
(Se lee:)
"Los senadores integrantes de la
Comisión de Constitución y Legislación mocionamos para que se declare urgente y
se trate sobre tablas el proyecto de ley modificado por la Cámara de
Representantes, por el que se prorroga la entrada en vigencia del Código
General del Proceso. (Firman:) Gonzalo Aguirre Ramírez, Pedro W.
Cersósimo, Hugo Batalla, Dardo Ortiz, Juan Carlos Fá Robaina, Uruguay Tourné y
Américo Ricaldoni, Senadores."
SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar la moción presentada.
(Se vota:)
-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.
En consideración el asunto cuya urgencia
se ha votado.
El proyecto de ley tiene como única
modificación con respecto al aprobado por el Senado el agregado de un artículo
3º que dice: "Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por
el Poder Ejecutivo".
(Antecedentes:)
"CAMARA DE REPRESENTANTES
La Cámara de Representantes, es sesión de
hoy, ha sancionado el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º. - Modifícase el artículo 547 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de
1988, que quedará redactado de la siguiente forma:
"ARTICULO 547. Este Código entrará en
vigencia el 20 de noviembre de 1989".
Art. 2º. - Declárase que, conforme con lo dispuesto por el artículo 549 de la citada
Ley Nº 15.982 y por la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, a partir de
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y en lo relativo a la
primera instancia, los Juzgados creados por la Ley Nº 16.002 y los demás
Juzgados que determine la Suprema Corte de Justicia comenzarán, todos, con los
nuevos procedimientos que preceptúa el Código General del Proceso en los
asuntos que se inicien ante ellos, de modo que no coexistan, en una misma sede,
los dos procedimientos.
Por excepción, los Juzgados de los lugares
del interior de la República en los que, por su volumen de trabajo, no sea
necesario instalar alguno de los Juzgados creados por la Ley Nº 16.002,
actuarán simultáneamente de conformidad con los nuevos y los anteriores
procedimientos en la primera instancia de los asuntos que se inicien a partir
del 20 de noviembre de 1989 y en la de los iniciados con anterioridad a esa
fecha, respectivamente.
Art. 3º - Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder
Ejecutivo.
Art. 4º - Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de
Representantes, en Montevideo, a 19 de julio de 1989.
Luis A. Hierro López Presidente
Héctor S. Clavijo Secretario"
SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se
acepta la modificación introducida por la Cámara de Representantes.
(Se vota:)
-24 en 24. Afirmativa.
UNANIMIDAD.
Queda aprobado el proyecto de ley que se
comunicará al Poder Ejecutivo.
(No se publica el texto del proyecto de
ley aprobado por ser igual al considerado)
8) SESIONES DEL SENADO Y DE LAS COMISIONES ESPECIAL DE VIVIENDAS Y
ALQUILERES Y DE CONSTITUCION Y LEGISLACION EL DIA
20 DE JULIO DE 1989
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra
para una cuestión de orden.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
senor senador.
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor
Presidente: hemos consultado a señores senadores de distintos sectores, así
como también a los miembros de la Comisión Especial de Viviendas y Alquileres
sobre dos aspectos. Por un lado, el Senado está citado para el día de hoy a la
hora 17 y es previsible que esta sesión continúe un poco más, teniendo en
cuenta que hay varios oradores anotados; en otro orden, cabe agregar que habrá
sesión de la Asamblea General el día viernes, por decisión tomada hoy en la
Cámara de Representantes. En segundo lugar, la Comisión Especial de Viviendas y
Alquileres está citada para hoy a las 15 horas, la que normalmente sesiona con
versión taquigráfica y, por razones obvias, correspondería -y lo propongo,
previa consulta a varios señores senadores- que queden sin efecto tanto la
sesión del Senado fijada para hoy a la hora 17, como la de la Comisión Especial
de Viviendas y Alquileres, y anular dichas citaciones.
SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador.
SEÑOR ORTIZ. - Creo que existía acuerdo,
también en suspender la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación
citada para la hora 14 y 30 del día de. hoy, por lo que sería conveniente
incluirla en la moción presentada.
SEÑOR PRESIDENTE. - Así se procederá.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar la moción presentada.
(Se vota:)
-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.
9) LLAMADO A SALA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR
SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la
consideración del único punto del orden del día.
Tiene la palabra el señor senador García
Costa.
SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente:
confieso que a esta altura todos estaremos de acuerdo en que es necesario
tratar de constreñirnos lo más posible al tema, introduciendo sólo los
elementos de juicio que nos parezcan más trascendentes.
He oído con mucha atención todo lo
expresado, particularmente lo manifestado por el señor senador interpelante,
así como por el señor Ministro.
En relación con las
palabras de este úitimo, poco a poco hemos ido transitando por un camino que no
me parece sea el que corresponde al objetivo mismo de la interpelación, a su
motivación y a las funciones que competen al Ministerio del Interior.
Insensiblemente -creo no equivocarme-
hemos ido entrando, sobre todo en las últimas horas en una especie de análisis
general sobre todos los aspectos vinculados a la delincuencia en el país. Hemos
considerado la Ley de Procesamiento sin Prisión; la actividad de los Jueces, si
ellos procesan poco o mucho, si tienen mucha decisión en su actividad, o si por
el contrario muestran señales de debilidad; hemos analizado, las disposiciones
del Código Penal, y eventualmente alguna otra disposición legal, referentes a
la reincidencia, a efectos de saber si se aplican correctamente o no deberíamos
mejorar esas normas. Hemos pasado luego a tratar las normas aplicables a los
menores que cometen actos que, en caso de ser mayores, son considerados como
delitos, es decir, sus conductas incorrectas, y en qué medida la prevención con
relación a ellos se cumple, o no, en forma debida y por ende si debemos hacer
alguna modificación en el Código del Niño y leyes vinculadas a tales efectos.
Hemos hecho ese espantoso análisis, quizá
en forma insensible y sin apercibirnos que no es ése el objeto de esta
interpelación. Esta convocatoria no se ha realizado a fin de examinar cuáles
son las modificaciones legislativas que, a juicio del Ministerio del Interior,
harían más práctica, llevadera y oportuna la labor a cargo de dicho Ministerio.
La actividad del Ministerio del Interior
en materia de delitos es su prevención y represión. A tales efectos, cuenta con
los medios que el Estado le da, y debe cumplir su labor de acuerdo con las
normas vigentes.
En el debate en trámite se significó
continuamente por el interpelado que se hace extremadamente difícil poder
ejecutar adecuadamente las misiones que tiene la fuerza pública, porque en un
caso la Ley de Procesamiento sin Prisión está mal aplicada por los Jueces, o
porque ella no es buena o es inoportuna. Se ha invocado, también, que las
normas legales vigentes sobre reincidentes no son las correctas, que habría que
modificarlas. Se ha señalado, igualmente, que no se cuenta con disposiciones
eficaces para reprimir a los menores delincuentes. Y se analizó también qué los
Jueces, vaya a saber por qué razón no explícita, llevan adelante su tarea en
mala forma.
Creo, señor Presidente, que ésos
no son los temas que están en consideración. Lo que se está tratando en esta
sesión y es lo que ha motivado la lógica repercusión pública es la labor que
cumple el Ministerio del Interior dentro del mareo de sus atribuciones,
competencias y derechos -y diría, más aún, de sus obligaciones- para reprimir
el delito. Todos los otros temas traídos a colación pueden ser objeto de un
ateneo en el que discutamos en qué medida alguna de las obligaciones que la ley
impone a este sector de la actividad del Estado, son inoportunas o equivocadas,
e incluso podríamos analizar la conveniencia de que se le ordenaran otras, o
que esas competencias fueran diversas, y modificar las fórmulas aplicables.
Si aceptáramos que la sesión del Senado se
aplique a tales fines, se hace imposible lo que realmente determinó la
convocatoria del Ministro que es, precisamente, establecer si hay, o no,
responsabilidades por actos u omisiones concretas de parte del Ministerio del
Interior. Si aceptáramos un encauce del trámite como el que se insinúa sería
imposible determinar esas eventuales responsabilidades, puesto que el Ministro
invocaría siempre cuáles son las leyes que deben ser modificadas, procuraría
demostrar que el Código Penal es equivocado, que también habría que cambiarlo, y
que, en consecuencia, le cuesta perseguir delitos cuya categorización no
comparte, figuras delictivas que le parecen socialmente erróneas, etcétera.
Estoy razonando por la vía de ejemplificar. Sin embargo, ello no deja de ser
muy similar a lo que acabamos de oír.
Reitero que de aceptarse ese temperamento,
que llevaría la respuesta del Ministerio a que no puede reprimir adecuadamente
porque las leyes vigentes en el país no le parecen útiles o no son todo lo
buenas que a nosotros nos parece, es obvio que esta interpelación no conducirá
a nada concreto.
En lugar de ese encaramiento el señor
Ministro pudo habernos explicado por qué, en una determinada organización
legislativa, represora y preventora de delitos, necesitaba para dar
cumplimiento a las leyes, más medios, más personal, y cuáles eran sus
carencias; así como los actos positivos que ha realizado, en cumplimiento de
sus tareas, o eventualmente qué razones le han llevado a no practicarlas.
Invocar, al proceder, al estudio de la
actividad concreta del Ministerio, que la ley existente no le gusta, o no se
acompasa a sus criterios, puede ser válido como razonamiento tendiente a un
estudio académico, pero no es el objetivo de esta instancia parlamentaria En la
presente interpelación el Ministerio tiene la obligación concreta de
explicarnos por qué no puede ejecutar la tarea que le es encomendada, por la
normativa vigente, y sobre todo en los temas específicos que le son planteados.
Las demás reflexiones que largamente hemos
oído pueden ser válidas, y útil su consideración, pero no es la respuesta que
espera la gente y las que este Cuerpo necesariamente tiene que conocer, puesto
que los interrogantes planteadas son sobre carencias evidenciadas en la
seguridad.
Se nos acercan en este instante a nuestra
banca las estadísticas, que son muy interesantes e ilustrativas. Pero ellas no
analizan por qué proliferan los delitos, y por qué no se ha logrado la
represión adecuada, y en su lugar han ido creciendo y provocando alarma
pública.
La Policía no ha logrado, a pesar de los
esfuerzos que se invocan y que reconozco, porque conocemos sus carencias,
cambiar las circunstancias que han llevado al país entero a observar con
gigantesca alarma lo que está sucediendo. Es necesario recordar la convicción
unánime de que existe un estado de alarma pública a raíz del crecimiento de la
delincuencia.
Se han señalado por el Ministro cambios y
diferencias, se ha explicado que el delito era mayor en un año que en otro pero
la realidad es que más allá de todas esas reflexiones la población tiene miedo.
Para acreditar este
extremo él interpelante trajo testimonios muy valiosos de figuras
representativas del ambiente político, que deben merecer respeto a todos pero,
en particular, a los integrantes del gobierno por ser integrantes del mismo.
Igualmente se han traído a colación
elementos indubitables para demostrar en qué medida el Ministerio del Interior
no cumple con su deber. Cuando se hizo mención a los sustitutivos del
Ministerio del Interior, o servicios de seguridad privada, o policía paralela,
que actúan en el país, la respuesta del Ministro fue indicarnos que no era
nuevo puesto que ya en la Colonia habían serenos que cumplían tareas parecidas.
El error del señor Ministro, que en el tema no tiene mayor trascendencia, es
que el sereno era funcionario público, pues lo pagaba el Cabildo de Montevideo
y más tarde el gobierno. No lo pagaban los vecinos haciendo colectas, como hoy
lo hacen con la policía privada.
La increíble realidad es que hoy
Montevideo tiene una policía paralela integrada por seis mil personas -lo que
no ha sido desmentido- que cumple la función preventiva e incluso represora que
no realiza el Ministerio.
Quiero enfatizar en esto: esa fuerza
policial privada nace y se desarrolla estos últimos años porque más allá de
estadísticas optimistas sobre un delito decreciente, los habitantes de la
ciudad, directamente involucrados, nos demuestran con su actitud de incurrir en
gastos directos para preservar su seguridad, en qué alta medida esta última
está afectada y se hallan temerosos.
Es un hecho indubitable, del que el señor
Ministro no nos ha dado explicación alguna que en estos últimos años esta
Policía paralela existe y crece. La pregunta obvia es: ¿Por qué hay que
sustituir a la Policía? ¿Por qué los ciudadanos aceptan de buen grado tomar un
gasto extra de su cargo, si no es porque hay una función incumplida?
Esto demuestra acabada y dramáticamente
que existe una Policía que no es capaz de cumplir sus funciones. Quizá porque
gana muy poco y tiene pocos medios para desempeñarse, y para la cual el Poder
Ejecutivo no ha querido o ha sido incapaz de conseguir esas mejoras, pero el
hecho es que no cumple sus funciones.
Vale mucho la pena el destacar que esa
policía paralela no se encuentra en el Barrio Borro, en Belvedere, La Teja, Nuevo
París, Melilla, ni en las zonas carenciadas de Montevideo. Está en el sur de la
ciudad.
No tengo las estadísticas y descuento con
que tampoco las posee el señor Ministro, pero sería ciertamente interesante
saber cómo estamos en materia de delitos en Carrasco, comparándolos con La Teja
o Nuevo París. ¿Qué proporción de delitos hay guardando la debida distancia de
población y tamaño, en cada uno de esos barrios? No tengo las cifras concretas
pero no dudo en absoluto que en Carrasco se cometen mucho menos delitos, a
pesar de que allí existen mayores tentaciones que en los barrios carenciados en
materia de bienes.
Las personas que viven en Carrasco -no
los crítico por esto- han conseguido la protección que el Estado no les
proporciona y los pobres no se pueden pagar. Las cosas deben ser llamadas por
su nombre.
Los demás barrios de la ciudad sufren, no
sólo de la cuota parte normal de delitos, sino que están recibiendo el refugio
de delincuentes que huyen de zonas muy vigiladas y se trasladan a lugares donde
pueden continuar ejerciendo su malsana inclinación, de acuerdo con las
expresiones recientes del señor senador Rodríguez Camusso.
Debemos tener todo esto muy presente. La
incapacidad del Ministerio para cumplir sus funciones ha determinado que exista
una policía paralela, y que ésta por lógica se desempeña en aquellos barrios
que la puedan pagar y que las demás zonas de la ciudad "allá que lo
aguanten para eso son pobres".
Aparte de esa policía paralela y pagada
directamente por los beneficiarios, que les permite vivir tranquilo a aquellos
barrios que tienen una capacidad económica suficiente, existen similares hechos
que tienden a testimoniar la falta de cumplimiento del Ministerio. En Pocitos,
un barrio densamente edificado de casas de apartamentos, prácticamente en todos
los grandes edificios existen serenos y es suficiente recorrer la zona para
comprobarlo. A cualquier hora de la noche en las recepciones de entrada de esos
condominios hay una luz prendida y un hombre de custodia.
Con este arbitrio, que naturalmente tiene
un costo que sólo en esa zona puede pagarse, muchos propietarios de
apartamentos en Pocitos han logrado lo que los habitantes de Carrasco obtienen
mediante las empresas de seguridad.
Tengo la lamentable certeza de que en el
Centro, en Cordón y en otros barrios de Montevideo, donde también existen
muchas casas de apartamentos, pero no hay capacidad económica, no existen
serenos, verdaderos reemplazos de la falta de seguridad.
El delito -y tengo noticias de policías
que actúan en esas zonas llamémoslas "privilegiadas"- ha desaparecido
prácticamente. En apartamentos que tienen custodia las 24 horas del día los
delincuentes no aparecen. Pero eso cuesta mucho y sólo es soportable cuando se
trata de unidades ocupadas por personas cuyos ingresos les permiten pagarlos. E
incluso en esos apartamentos, también es frecuente pagar custodia los domingos,
sin tener así que pasar llave a la puerta de entrada al edificio incluso en
feriados. Eso se logra averiguar con sólo preguntar a quienes viven en esas
circunstancias para comprobar de qué manera solucionan su situación. Tal la
situación absolutamente similar a la que ocurre en Carrasco, lográndose así que
mediante estos sistemas tengan seguridad quienes pueden pagarla.
¿Cómo es
posible que aceptemos como válido que frente a estas demostraciones palpables
de la indefensión de la ciudad se nos traiga a colación que el procesamiento
sin prisión deber ser modificado porque es un ley que trae consecuencias
negativas? Y que se nos refiera como motivo determinante de la delincuencia
creciente la existencia de los menores delincuentes. Baste recordar que el tema
no es nuevo y mucho recordamos el tiempo del famoso "Cacho", época en
que algunos menores eran también como ahora, sumamente peligrosos. Lo que se
dio en llamar la delincuencia de los infantos-juveniles -absurda manera de
denominarla- y que todos conocimos no es de ahora, ni del 85 en
adelante, sino de muchos años atrás. Sin embargo, se la invoca ahora como
factor nuevo y determinante del auge del delito, se nos lleva a un nuevo debate
para analizar los correctivos. Igualmente, en lugar de explicar las carencias
en el accionar del Ministerio del Interior se invoca presuntos errores o
displicencias de los Jueces, esos mismos Jueces que, como decía el señor senador
Zumarán, hace años que están interviniendo en la esfera penal, procesando
delincuentes y analizando las evidencias y los individuos con el mismo Código
de 1934 que desde entonces se halla vigente y que tal parecería se han vuelto
insólitamente permisivos y no procesan a quienes deberían. Esta es la respuesta
que se nos da cuando preguntamos: ¿por qué hay un verdadero ejército paralelo
actuando en Montevideo? Recordemos que la División de Ejército que tiene
asiento en Montevideo no tiene 6.000 soldados... Hay hoy en Montevideo 6.000
personas que trabajan en tareas para-policiales para las más de 90 empresas
registradas a tal fin. Esa cifra se acrecienta porque todos los días se está
abriendo una nueva agencia porque los vecinos las precisan. Por otra parte,
ello determina la aberración de que otorgan seguridad sólo para aquellos que
viven en los barrios que pueden pagarlas.
Al respecto de este tema no hemos
escuchado ninguna explicación, a pesar de ser la demostración cabal de que el
Ministerio no está cumpliendo con su obligación. Cuando en determinada tarea el
Estado es sustituido, y se lleva a cabo en forma paralela por empresas
privadas, obviamente se concluye que no se está cumpliendo con la obligación
primaria de una sociedad organizada de dar seguridad y tranquilidad.
Hace ya muchos años tuve que vivir casi un
año y medio en Carrasco, recuerdo que no existía policía privada, ni debíamos
pagar por ese servicio. Supongo que se producían algunos robos, pero no existía
el estado de desesperación que impulsa hoy a las familias a pagar ciertas sumas
por algo que en aquella época se tenía naturalmente. Reitero: sobre esta
demostración palmaria de ineficiencia policial no hay explicación.
Es así pues que en zonas como Carrasco y
Malvín, donde habita la gente de mejores recursos, viven tranquilos, en
comparación con lo que sucede en otros barrios, donde se producen frecuentes
asaltos y copamientos. En las casas de apartamentos a que me referí, habitadas
por vecinos pudientes, basta con destinar algunos pesos más para los gastos
comunes, para poder obtener la tranquilidad de la que otros carecen. Pobres de
aquellos que, por no tener recursos suficientes, deben conformarse con la
custodia casi inexistente y precaria de una Policía cuyo jerarca máximo nos
contesta que, para erradicar la situación, debemos revisar la Ley de
Procesamiento sin Prisión, el Código del Niño, el Instituto del Menor u
observar con cuidado las decisiones de los Jueces.
Y en el mismo orden de ideas nos sugiere
que, como Poder del Estado, hablemos con la Suprema Corte de Justicia a los
efectos de combinar criterios de aplicación de la ley penal -ya que algunos no
son compartidos por el Ministerio- también nos invita a que modifiquemos las
disposiciones sobre reincidentes contenidas en el Código Penal que aunque datan
en su mayoría del año 1934, ahora se descubre que sólo sirven trabar la
capacidad de represión que la Policía podría exigir.
Señor
Presidente, no me satisface toda una larga explicación que no responde a los
hechos esenciales por los cuales el señor Ministro está presente en Sala. Por
supuesto que él tiene todo el derecho de contestar como se le ocurra y de
decirnos que la legislación es mala. La verdad es, señor Ministro, que en
materia de modificación a la misma, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa y no se
la he visto ejercer con la preocupación que hoy el señor Ministro denota. En
algún tema la ha ejercido y este Parlamento ha trabajado en consecuencia; pero
en otras, no. ¿Por qué no lo ha hecho? Creo, que porque no lo ha encontrado
prudente. Considero que es necesario
poner los puntos sobre las íes y dejar bien claro que los factores de
incremento de la delincuencia no están referidos a esos temas de textos legales
y de actividad de los Juzgados, sino que pasan esencialmente en el
incumplimiento e ineficiencia del Ministerio del Interior.
Olvidaba añadir -el señor
Ministro nos lo ha explicado-que hay más delincuencia, según él, por haberse
votado la Ley de Amnistía de delincuentes comunes. Esa ley también el señor
Ministro la votó, ya que en ese momento era legislador; y además el Poder
Ejecutivo, como colegislador, la promulgó, mal puede hoy invocársela para
eludir responsabilidades.
No es ese el análisis
que debe hacerse frente a los graves temas que motivan la convocatoria del
señor Ministro. De lo contrario, el Poder Ejecutivo nos estaría condenando a
que cada vez que en materia de seguridad individual -tanto en lo que atañe a
las personas como a los bienes- dictemos leyes, el señor Ministro argumente que
las mismas no le gustan, que constituyen un error y que, por serlo, no
realizará ningún esfuerzo para, aún en tal caso, igualmente cumplir los
cometidos básicos de su competencia.
Así no se puede actuar en estas materias tan
delicadas donde se halla en juego la tranquilidad pública porque no es sistema
eficaz en una democracia en donde lo que se trata es de lograr el equilibrio
recíproco de los Poderes y no que el Ejecutivo excuse sus incumplimientos
básicos porque a su criterio la legislación contiene errores. Aquí debía
haberse dado una explicación, sino convincente, por lo menos racional, de por
qué el país soporta esta ola de delincuencia y por qué la Policía es incapaz de
reprimirla. El señor Ministro ha invocado que debido a los 12 años de
dictadura, la Policía ha quedado en una situación muy compleja en lo referente
a la efectividad o presencia en el cumplimiento de sus tareas. Aún respetando
tal, criterio no debemos olvidar que estos policías son los mismos de siempre;
la que no es la misma es la jerarquía que dirige el esfuerzo de estos hombres y
que muy poco ha hecho para encauzarlos debidamente. Los 25.000 ciudadanos
que son policías, tienen los mismos rasgos que conocimos y estimamos de toda la
vida; con sus virtudes y sus defectos, son los mismos, no son distintos de los
policías de 1940, de 1950 ó 1960. Siendo pues similares en sus capacidades
potenciales como personas y agentes, depende de la capacidad de la jerarquía
que les comanda para desempeñar debidamente sus funciones. No hay en casi
ninguna otra tarea, tan delicada misión para el jerarca. Lo que ocurre es que
cuando las jerarquías no funcionan, no se sabe impartir adecuadamente una
política de utilización de medios y de hombres, terminamos en lo que estamos:
en que los policías no se sienten respaldados y la misión que tienen
encomendada, de tan prioritaria importancia, no se cumple adecuadamente. Para
señalar en qué alto grado esa jerarquía superior no está a la altura de sus
responsabilidades, recordemos que hubo una huelga policial -que yo recuerde,
única en la historia del país- porque se consideraban mal remunerados. ¡Vaya si
estaban mal remunerados! ¿Y qué pasó? Se trató de superar los reclamos y mejorar
las remuneraciones. Pero, además, unos dos meses después silenciosamente, ,y
tengo derecho a pensar que por alguna relación con lo sucedido, fue sustituido
el Jefe de Policía.
Este no es un país con
una estructura federal, sino que es unitario. El jerarca es el Jefe de Policía
en tanto y cuanto el señor Ministro del Interior no asuma la responsabilidad y
competencia que le compete, y eso hubiera significado la sustitución del señor
Ministro del Interior. Sin embargo, el que pagó la boda, para decirlo de alguna
manera, fue el Jefe de Policía. Lamentablemente, el hilo se cortó por el lado
más delgado, lo cual ha sido un error del Poder Ejecutivo, que mantuvo así la
ineficiencia del titular.
En lo general del estado
de las remuneraciones, magras remuneraciones, de los policías el señor Ministro
nos ha explicado que los agentes de segunda ganan un 38 % más que en marzo de
1985, y después en una proporción inversa, a mayor sueldo menores aumentos. No
recuerdo en cuánto terminaba la escala de esos porcentajes de aumentos, pero
habló de un cabo con un 30 %. Ocurre, señor Ministro, que si usted repasa las
estadísticas del Poder Ejecutivo que integra, esos son los porcentajes en que
han aumentado los sueldos de los funcionarios públicos desde 1985 a la fecha.
Si sus subordinados ganan poco, en definitiva, los aumentos que han tenido son
exactamente iguales, en proporción, que el resto de los funcionarios. Si su
sueldo es tan bajo -y lo es- la obligación del señor Ministro era no seguir la
línea de todos los funcionarios públicos de este país sino tratar de superarla.
Si la tarea es compleja y riesgosa y si este Parlamento ha dictado leyes. que
son difíciles de cumplir pero que los policías las tienen que cumplir,
entonces, señor Ministro, increménteles el sueldo. Si no son suficientes 25.000
policías, entonces use la iniciativa constitucional de forma de poder votar la
creación de nuevos cargos. Cuando el señor Ministro pidió a este Parlamento que
se le votaran más cargos, se le votaron, pero si no hay iniciativa del Ejecutivo
no lo podemos hacer.
(Suena el timbre
indicador del tiempo)
SEÑOR OLAZABAL. - ¿Me permite, señor
Presidente, para una cuestión de orden?
SEÑOR PRESJDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador.
SEÑOR OLAZABAL. - Formulo moción para que
se prorrogue el término de que dispone el orador.
SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar la moción formulada.
(Se vota:)
-21en 23. Afirmativa.
Continúa en uso de la palabra el señor
senador García Costa.
SEÑOR GARCIA COSTA. - No es mucho
más lo que voy a decir. Simplemente deseo significar que en esta oportunidad el
tema se debe constreñir a los límites estrictos en que debe ser analizado.
Estudios a fondo se pueden hacer sobre la legislación vigente en el Uruguay en
materia penal, de represión, de internación en establecimientos de detención,
etcétera. Con esos temas podemos estar muchas horas, pero no hoy. Hoy
existen leyes vigentes que implican determinadas obligaciones al Ministerio del
Interior, y éste no las ha cumplido. Los hechos abundan y yo diría -aunque se
me señale que con eso no alcanza- que es el pensamiento unánime del país. No
precisamos agregar ejemplos porque la gente constantemente está planteando
sucesos que han ocurrido en su vecindario, en su comunidad, a nivel de sus
amistades o de sus compañeros de trabajo. Esto ocurre en todos lados
excepto -y debemos admitirlo- en las zonas más pudientes de la ciudad donde se
sustituye el deber elemental que debe cumplir el Estado mediante el pago que
realizan determinados vecinos para que su seguridad sea cubierta por una fuerza
seudo policial organizada por esas agencias que venden un servicio que el
Estado, normalmente, en todo país organizado, está obligado a prestar, y que,
por lo menos, durante muchísimo tiempo fue la tradición nacional.
Era cuanto teníamos que decir. Muchas
gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador Olazabal.
SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente:
venimos escuchando con atención el desarrollo de esta interpelación, aunque
bueno es decir que a esta altura de la noche es difícil retener todo lo que se
está expresando.
No he querido hacer uso de muchas
interrupciones porque pretendo dar una visión global del problema aquí
planteado. Por ello vamos a intentar que nuestra intervención, que aunque
necesariamente va a tener que se acortada por la hora en que se realiza, recoja
los elementos esenciales de nuestro pensamiento sobre este tema de la
criminalidad, de la violencia y del comportamiento del Ministerio del Interior.
Una primera afirmación que no se puede negar es que,
efectivamente, en el país existe un clima de intranquilidad, de inseguridad y
de preocupación creciente por la delincuencia que, en mayor número, grado o
ferocidad, aparece claramente aumentada en el país. Creo que no hay barrio de
Montevideo donde cualquier vecino que lo conozca no sepa en dónde entraron a
robar, y debe ser raro el lugar en el que en una cuadra, en esto últimos
tiempos, por ló menos, no haya habido un par de delitos.
No creemos que cuando hablamos
de este tema se pueda decir que existe una ola de delincuencia, porque las olas
vienen y se van y nosotros pensamos que estamos frente a un fenómeno que no va
a retroceder fácilmente. Consideramos que hay un auge de la delincuencia
instalada en el país, más allá de las fluctuaciones pequeñas que se vienen
produciendo.
Por otra parte, la sensación de inseguridad no se mide
en números sino en lo que la gente siente permanentemente y en lo que recoge de
referencias de la prensa, de experiencias de su núcleo de amistades, de testimonios
de ferocidad y de agresividad, tanto contra bienes como contra personas.
Este fenómeno, que no podemos calificar de ola sino de
hecho instalado en el país, evidentemente está alterando la calidad de vida de
la población y se suma a otros problemas que ya afectaban a nuestro pueblo: me
refiero a los problemas económicos, sociales, la disgregación familiar y la
emigración. A esto ahora se le suma una existencia más sombría por el temor y
la inquietud permanentes.
Por otra parte, desde hace tres meses y tres días se
vienen desarrollando una serie de atentados contra locales políticos y
sindicales, que hasta el momento han gozado de la más absoluta y total
impunidad. Se produjeron decenas de atentados incendiarios y delitos de
distinto tipo, por regla general los fines de semana, concentrándose en
determinados barrios de Montevideo.
Sin embargo, aun con esa regularidad y esa tendencias
que demuestra el fenómeno, no ha aparecido ningún responsable de ese tipo de
delitos.
Pensamos, entonces, que se
necesita una respuesta seria para todos estos problemas, así como definición de
responsabilidades políticas y de responsabilidades técnicas, porque sin lugar a
dudas las dos existen.
No nos resignamos, en modo
alguno, a aceptar un futuro con normas de convivencia cada vez más alteradas o
en el que permanezcan las que hoy están presentes en la sociedad. Tampoco somos
de los que creen que la solución está a la vuelta de la esquina, o que es tan
sencilla que hay un único culpable o que es tan fácilmente alcanzable que simplemente
la torpeza general es la que impide verla.
El desarrollo de estos fenómenos
es evidentemente complejo. Estamos convencidos de que hay que hacer
investigaciones a fondo, que hay que analizar experiencias de otros países y de
que no encontraremos soluciones únicas porque no va a haber razones únicas que
justifiquen el auge de la delincuencia. Existen razones sociales como el
empobrecimiento, la marginación, la deserción estudiantil, la deserción desde
la escuela, el abandono de la familia, etcétera, que evidentemente son caldo de
cultivo de la delincuencia.
Asimismo, hay introducción de nuevos fenómenos, como
el de la droga, con el consecuente crecimiento de una verdadera organización
delictiva, que abarca, prácticamente, todo el territorio de la República, y su
otro resultado, el de los delitos que se cometen bajo los efectos de aquélla.
Como se mencionaba hace un
momento, existe una organización que se dedica al robo de radios de
automóviles, que es increíble que siga operando, después de tantos años, con
una misma modalidad.
También se ha señalado, que hay una cultura de masas
de la violencia; hay héroes de la violencia; una profunda deformación cultural
que va alterando valores que se inculcan a la juventud y también a los mayores
que, sin lugar a dudas, provoca una disminución de las defensas personales y
sociales contra la violencia. Y no podemos olvidar que ésta es el sustento
esencial de la delincuencia.
Hay ineficacia de mecanismos
técnicos. Aquí se han descrito esfuerzos que ha hecho el Ministerio del
Interior para mejorar las técnicas de enfrentamiento a los delincuentes. Sin
embargo, todo indica que no hay una adecuación de la técnica a la batalla que
es necesario llevar adelante en el país. Esa batalla la estamos perdiendo
todos. No se trata sólo de cantidad de medios. Hace poco tiempo, en una crónica
policial se publicaron declaraciones de un funcionario de la Policía que se
preguntaba cómo se iba a atender determinados problemas si sólo quedaban seis
patrulleros en funcionamiento en Montevideo. No sé si el dato es real o no,
pero sí me consta que el día 28 de abril de 1986 recién se pusieron en
funcionamiento las 130 unidades que el señor Ministro del Interior manifestó
que se habían comprado en 1985. Inicialmente, se pusieron en marcha
30 de ellas.
Sin embargo, estos días hemos podido observar, por
ejemplo, que la residencia presidencial era custodiada con una ambulancia de
Radio Patrulla, a la cual se le había sacado la camilla, y una camioneta de
ANCAP. Quiere decir que de esos 130 vehículos iniciados en el servicio en 1986
no había al parecer, al día de hoy, uno disponible para custodiar la residencia
presidencial.
No sé qué sucedió con estos vehículos. No sé si la
marca era muy mala o si fue muy malo el trato, pero no es normal que
prácticamente hayan desaparecido del servicio.
Se ha hablado mucho del personal a riesgo de decir,
por un lado, que todo él es excelente y, por otro, que es malo. Pero me
pregunto cuál es la política que, se aplica para seleccionarlo. Todos la
conocemos: es la tarjeta política, la recomendación. Eso no ha cambiado en
absoluto y no es a través de ese método de selección de personal que se
encuentran los mejores funcionarios; quizás surjan algunos, pero, el sistema
es, sin duda, inadecuado.
Entre las muchas
publicaciones interesantes del semanario "Búsqueda", se atribuye al
señor Jefe de Policía de Montevideo, en declaraciones que formuló, la siguiente
frase: "Además, toda esta gente nueva que ingresa a la Policía, es gente
que no tiene condiciones de trabajo; que anda en el medio pidiendo trabajo o
fue echada de distintos lugares y que se engancha en la Policía, y a veces
termina en lo que termina siempre el que anda mal".
No creo que esto responda a la realidad y que se
pueda generalizar que la Policía se dedica a reclutar este tipo de personas.
Considero que en el entusiasmo del señor Jefe de Policía por explicar por qué
había habido determinada cantidad de delitos adjudicados a las fuerzas
policiales, se le ocurrió decir esto. Pero de lo que no tengo dudas es de que la digitación
política es prácticamente el único método de selección que existe para el
ingreso a la Policía en este país.
También es cierto que se ha tomado gente con
antecedentes penales. Hace pocos días se llevó a cabo un asalto en la estación
de servicio donde cargo nafta, y precisamente el asaltante era un funcionario
policial con antecedentes anteriores a su reclutamiento.
Hay otros factores que contribuyen también
a la delincuencia, como la oscuridad y las condiciones de la ciudad. Pero creo
que lo más importante es que falta el programa general, el programa serio para
enfrentar a la delincuencia. Y la existencia de ese programa es responsabilidad
directa del Ministerio del Interior.
El señor Ministro del Interior ha aportado
numerosas cifras. Pero cada vez que se ha pretendido ahondar en un tema para
ver si realmente los números estaban demostrando algo o nada, fallaba la base
estadística, la recopilación de datos que hace esa Secretaría de Estado. Se
habló del efecto de la liberación de presos comunes en el año 1985, pero en
ningún momento se pudo decir cuántos de ellos reincidieron.
Considero que éstas son demostraciones de
que no hay una política general, una planificación general. Lamentablemente, la
intervención del señor Ministro del Interior nos deja una sensación que ya
teníamos desde antes, en el sentido de que se está improvisando, corriendo
detrás de los acontecimientos. Se hacen declaraciones de acuerdo a cómo viene
la cosa política, siempre detrás de lo que va pasando. Se llevó a cabo una
enorme y larga discusión sobre el tema del procesamiento sin prisión; pero no
se dijo de ninguna forma qué incidencia estadística habría de esos procesados
sin prisión en la repetición de los delitos.
Es más: lo que debiera ser una
interpelación para juzgar la actitud del titular de la Cartera del Interior,
termina siendo una discusión en la que se pone de manifesto que las leyes
pueden tener defectos que este Cuerpo ya detectó y que ya enmendó. No sé
cuantas horas estuvo hablando del tema de la posible reincidencia de los
procesados sin prisión. Y fue el mes pasado o el otro, que el Senado votó una
modificación, creo que sobre la base de un proyecto del señor senador
Cersósimo, que eliminaba la posiblidad de que no hubiera prisión en el caso de
reincidencia...
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Hace dos
años.
SEÑOR OLAZABAL. - De acuerdo; pero lo
estamos discutiendo hoy, cuando hace dos meses que fue votado.
Además, el señor Ministro no aportó datos
de acuerdo a los cuales pueda decirse, de los 70.000 delitos que constan en el
cuadrito que se repartió, cuántos obedecen al Procesamiento sin Prisión y
cuántos a la Ley de Amnistía de Presos Comunes de 1985. ¿Cuántos son? ¿Son
doscientos, diez o uno? ¿Es una delincuencia muy agresiva, muy importante?
No hay ninguna base seria porque no hay
planificación seria. Y esta es la impresión que nos dejan las explicaciones del
señor Ministro, por que se dice, por ejemplo, que los delitos evolucionaron de
tal forma; pero no se nos explica cómo evolucionó la población carcelaria. Y ese
es un dato que me gustaría conocer, porque ¿existe o no una relación entre el
aumento de delitos y el aumento de la población carcelaria?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - ¿Me permite
una interrupción, señor senador?
SEÑOR OLAZABAL. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - El dato a
que se refiere el señor senador yo lo tenía, pero no lo quise dar para no
abundar en consideraciones.
De hecho, la evolución es al revés, porque
en el momento mismo en que la ciudadanía siente que hay una fuerte inseguridad,
en lugar de crecer el número de internados en los establecimientos de
detención, decrece. Así, en 1980 había 2.005internados en total. Por supuesto
que aquí no incluimos a las personas que estaban detenidas en el Penal de
Libertad por razones políticas. En 1981 había 1.891; en 1982, 1.864; en 1983,
1.841; en 1984, 2.095; en 1985 -es cuando la curva de crecimiento
marca el salto más importante- 777; en 1986, 809; en 1987, 940; en 1988 hay un
ligero aumento, 1.058 internados. Por lo tanto, reitero que el número de
detenidos en los establecimientos de detención baja en el momento mismo en que
se agudiza la cantidad de delitos y surge la sensación de inseguridad que el
señor senador estaba describiendo.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de
la palabra el señor senador Olazábal.
SEÑOR OLAZABAL. - Agradezco al señor
Ministro su aclaración, pero quiero dejar en claro que obviamente la baja
pronunciada en 1985 no puede ser una sorpresa para nadie, ya que justamente la
Ley de Amnistía para los Presos Comunes iba a tener necesariamente esa
consecuencia de rebaja de la población carcelaria. Pero después ha seguido
aumentando. No saqué porcentajes, pero creo que por lo menos en los últimos tiempos
tiene alguna relación con el aumento de la delincuencia.
De cualquier manera, lo que estoy diciendo
acá es que el tema hay que analizarlo seriamente. De ninguna forma descarto que
haya que tomar medidas legislativas y no sólo no lo descarto, sino que estoy
diciendo que se han tomado. Pero además, estoy seguro de que no hay un
obstáculo ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes, para que se
enfrente desde el punto de vista legislativo un problema de delincuencia que
tiene preocupado al conjunto de la población.
Digo, simplemente, que
se hacen muchas declaraciones aunque muchas veces poco fundadas. Y ahora voy a
tomar otra consideración que hace el señor Ministro, que no controvierto pero
que estimo que de la forma que fue explicada aquí no me da la sensación de que
sea verdad.
El señor Ministro dice que el aumento de
la delincuencia tiene que ver también con la restauración de la democracia.
esto nos podría llevar a la trágica conclusión de que mejor sería que no
hubiera tanta democracia. Pero además, para que esa afirmación fuera aceptada
tendríamos que contar con estadísticas y evoluciones de otras épocas, por
ejemplo, previas a la dictadura y durante la dictadura, en materia de
delincuencia. Quizá de un estudio serio e importante podrían salir conclusiones
claras e inobjetables: pero no las he visto, hasta el momento, ni en la
intervención del señor Ministro, ni tampoco en los centenares de artículos
periodísticos donde constan declaraciones que se han encargado de hacer muchos
señores senadores que se encuentran aquí sentados y también del señor Ministro
del Interior.
Me sigue dando la impresión de que dentro
de todos esos comentarios y declaraciones se van describiendo los bordes del
problema, los "picos" más altos, los que pueden herir la sensibilidad;
o se van tomando actitudes de acuerdo a como vienen las mareas políticas; pero
pienso que no hay una planificación seria, una planificación adecuada para
tomar, en definitiva, resoluciones adecuadas.
Creo que otro error puede ser entrar en una
disputa menor de reparto de responsabilidades. A nadie puede caber la más
mínima duda de que cada uno de los que estamos acá tiene alguna
responsabilidad, o por acción, o por omisión; pero tampoco podemos caer en el
otro simplismo de decir que somos todos culpables y entonces acá no pasó nada,
o de decir que todos somos inocentes y por lo tanto tampoco pasó nada. Si todos
fuéramos culpables, estaríamos discutiendo de gusto las soluciones que no
aparecen; y si todos fuéramos inocentes, será el destino que nos mandó este
flagelo de la delincuencia en el Uruguay y contra él parecería que nada puede
hacerse.
Ese juego que se ha dado esta noche, pero
que también se dio en los días previos a la interpelación, en declaraciones y
contradeclaraciones de que la culpa la tienen los Jueces según unos y según
otros los legisladores o los policías, podrá ser interesante como discusión,
pero no le da la solución a una población que sigue viendo cómo campea la
delincuencia en el país.
Evidentemente, a la hora de asumir responsabilidades
es el Gobierno -el Ministerio del Interior- el que tiene la responsabilidad
institucional y política de que este tema tenga una consideración orgánica y
general, en un discusión que no ha promovido soluciones, por más que se diga
que hace dos años se propuso tal cosa.
Nada asegura que si el Parlamento hace dos
años y un día, o sea el día siguiente hubiera querido hacer lo que dice el
señor Ministro, que la delincuencia hoy habría descendido.
Nosotros pensamos en soluciones que tienen
que ser múltiples, serias y articuladas en un plan general y que será parte de
una batalla que va a llevar necesariamente tiempo -hay que tomar conciencia de
ello- que requiere estudios interdisciplinarios y que no es sólo un problema de
represión, ni siquiera de eficacia en la represión. Habrá que discutir aspectos
jurídicos, culturales, educativos, sociales, económicos, técnicos y
funcionales, y habrá que discutir los sueldos de los funcionarios y sus
motivaciones, y habrá que ver cuáles ejemplos se le están dando a la sociedad.
Pero también junto con esto y con este camino que necesariamente debemos
transitar, quiero dejar advertencia sobre cuáles son los precios que no debemos
pagar para solucionar el problema de la delincuencia. Y el primero que no
debemos pagar es ver libertades cercenadas o disminuidas, porque eso sería la
victoria de la forma más negativa de combatir el delito. No queremos ver más el
fenómeno de la tortura, de la paliza, de la prepotencia policial.
Hoy hice una pregunta muy concreta al señor Ministro:
si se había tomado alguna medida en la Seccional 15a., en vista de que una
persona sana de 31 años después de una discusión con un Comisario terminó con
un paro cardíaco, en grave estado, con afectación neurológica por el tiempo que
medió entre el paro y el momento de su reanimación en el Hospital Pasteur. Y
con 31 años, señor Presidente, podrá pensarse que hubo algún intento de
autoeliminación; es posible. Pero también puede pensarse otra cosa. El señor
ministro tiene la obligación de haber descartado la posibilidad, tantas veces
repetida, de asesinatos por tortura que siempre, en primera instancia, aparecen
como intentos de autoeliminación.
Por acá tenemos recortes periodísticos sobre otro caso
anterior que también en un primer momento fue presentado a la prensa como un
intento de autoeliminación. Después fueron procesados cinco funcionarios
policiales y trasladado el jerarca. Sobre esto vamos a volver. Pero lo cierto
es que en la noche de hoy el señor Ministro no contestó nada sobre alguna medida
de tipo administrativo, de, sumario, de tipo preventivo, de separar al personal
que estaba en esa Seccional, interrogarlo, buscar si había contradicciones o
no. No contestó nada como no sea -quiero decir toda la verdad, pero tengo miedo
de estar cometiendo un pequeño pecado- en una conversación privada en donde el
señor Ministro me dijo: "Parece que fue un intento de
autoeliminación", a lo cual le contesté: "No lo creo." Pero eso
puede quedar en el terreno de las suposiciones.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - ¿Me concede
una interrupción señor senador?
SEÑOR OLAZABAL. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Le dije al
señor senador que los hechos habían sido puestos en conocimiento del Juez Penal
correspondiente. Lo que le dije fue una cosa muy sencilla: se ha producido un
hecho que el señor senador dice que a lo mejor es una autoeliminación y que a
lo mejor no es, y que debe ser investigado.
Lo primero que se
hace en la Jefatura de Policía y en el Ministerio del Interior es dar cuenta a
la Justicia, que es la que tiene que dictaminar y darle garantías a todo el
mundo. Estamos trabajando sobre la base de un acontecimiento que el señor
senador ha anunciado como una violencia sobre una persona; pero el señor
senador no tiene, ningún elemento que le permita afirmar tal cosa, salvo el
hecho de que se trata de un hombre de 31 años y que por esa circunstancia no
debió haber experimentado un paro cardíaco.
Aquí
tengo el informe que me alcanzó la Jefatura de Policía y que pedí
inmediatamente después que el señor senador formuló su planteamiento para poder
contestarle. Del análisis correspondiente surge que se dio cuenta del hecho al
señor Magistrado de Segundo Turno, al que se le proporcionó información completa
sobre todos los funcionarios que intervinieron en el asunto. De manera que el
Magistrado podrá hacer todas las indagaciones que considere convenientes.
Perdóneme,
señor senador, pero creo que su estilo de plantear el problema nos agravia. Me
parece correcto que el señor senador, luche -y vamos a hacerlo juntos- por
defender los Derechos Humanos, por impedir que en las seccionales se cometan
agravios y atropellos; pero antes de empezar a formular las denuncias, me
parece que lo elemental es determinar si el hecho es o no real; ver si hay
elementos suficientes para llevar adelante una acusación de esta naturaleza y
no ponerlo a la consideración pública como si fuera un hecho consumado.
Repito
que en esta circunstancia se ha procedido como en todas. El señor Magistrado de
Segundo Turno ha sido enterado de los acontecimientos. El parte con todas las
indagaciones, donde figura que se interrogó a la madre de la persona que está
en este momento internada, a personas de su amistad, a la persona que lo estaba
acompañando, etcétera; fue puesto en conocimiento del Juez y éste podrá seguir
indagando en todas las direcciones que quiera, porque para eso está la
Justicia. Pero me parece, digo yo, que es elemental averiguar antes de lanzar
las campanas al viento y poner en controversia las figuras de un conjunto de
funcionarios, que a pesar de ser policías de pronto son buena gente.
No se
puede reclamar una determinada actitud de respeto cuando se empieza por no
respetar. Reitero que lo que se hizo es lo que relaté. Lo que dice el parte es
que, de acuerdo con las circunstancias, se trata, aparentemente, de una
tentativa de autoeliminación. Los médicos forenses determinarán si hubo
lesiones y la causa de ese paro cardíaco, que por otra parte puede afectar a un
hombre de 31 años y hasta de menor edad. El tema está en poder de la Justicia,
de modo que no hay nada oculto ni clandestino. Si en este procedimiento llegara
a haber algo mal, la propia Justicia se encargará de sancionarlo, y haremos lo
propio por la vía administrativa. Pero por causa de la sospecha, de la
presunción de que un hombre de 31 años no puede sufrir un paro cardíaco, no
podemos separar,a todos los funcionarios de una Comisaría.
Nada más.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor senador Olazábal.
SEÑOR OLAZABAL. -Señor Presidente: cuando
describí la conversación privada que mantuve con el señor Ministro, lo hice en
forma detallada. En ningún momento le oí decir que había pasado los
antecedentes a la Justicia.
(Interrupción del señor Ministro del
Interior)
Pero además, en ningún momento me erigí en
Juez, sino que presenté los hechos objetivamente. Pregunté al señor Ministro -y
como lo hice públicamente pensé que iba a obtener una respuesta del mismo
orden, y como no sucedió así, insisto- qué medidas se toman por parte del
jerarca cuando se presenta un caso como éste, donde lo único que no es posible
que haya ocurrido, es que dé la casualidad que se produzca un ataque cardíaco a
causa de una enfermedad preexistente, por que no la hay, y donde hubo intento de
autoeliminación u otra cosa.
Entonces, cuando se presenta una situación
como la mencionada, quería saber -y ahora sé que no se hace- si se hacían
interrogatorios, si se tomaban medidas de incomunicación para que una versión
única no pudiera acordarse. ¿Por qué pregunto esto? ¿Por que creo que son
culpables? No, porque en todo caso, en la Comisaría habrá veinte o treinta
funcionarios y el culpable, si es que lo hay, habrá sido uno. De ninguna manera
estoy generalizando ni diciendo que hubo necesariamente un delito.
Pero,
sí, afirmo que hay determinado precio que no estamos dispuestos a pagar de
ninguna forma y que es el cercenamiento de determinadas garantías y libertades.
En consecuencia, esperamos del señor Ministro Marchesano, o de cualquier otra
persona que esté al frente del Ministerio del Interior, una actitud diligente
que permita aventar absolutamente toda sospecha. Digo más, no traje esta
denuncia aquí, sino que la recogí de la prensa a donde recurrieron los
familiares de la persona aludida. Esto pasó ayer y hoy este ser humano se está
debatiendo entre la vida y la muerte, pero, esto sucedió ayer.
Y,
en el mismo terreno de lo que no estamos dispuestos a admitir, digo que tampoco
podemos aceptar la represión...
(Suena el timbre indicador de tiempo)
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO.- Pido la palabra
para una cuestión de orden.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador Rodríguez Camusso.
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Solicito que se
prorrogue el término de que dispone el orador.
SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la
moción formulada.
(Se vota:)
-18 en 21. Afirmativa.
Puede continuar el señor senador Olazábal.
SEÑOR OLAZABAL. - Voy a retomar
un tema al que ya hice mención previo a la interrupción del señor Ministro.
Decía que había un caso -que creo data de dos años atrás- de una muerte que si
no recuerdo mal se produjo en la Dirección de Investigaciones, cuyo origen no
estuvo muy claro pero que finalmente, pasados los antecedentes a la Justicia,
se procesó a cinco funcionarios. En esa ocasión, el señor Ministro formuló
declaraciones diciendo que, independientemente de que tuvieran o no nada que
ver, los jerarcas de esta División iban a ser trasladados; y efectivamente esto
lo cumplió. Pero resulta que ese mismo jerarca que había, sido trasladado, hace
pocos días fue noticia nuevamente en la prensa porque en la Seccional donde se
desempeñaba en este momento, un ex funcionario policial fue colgado de los
brazos. Se hizo la denuncia penal correspondiente, y la noticia apareció dos
veces publicada en el diario "El País", haciendo alusión además a una
serie de elementos accesorios como el mal trato dispensado a la madre del
detenido, etcétera.
Entonces, creo que con lo que no se puede transar es
con que determinados funcionarios que están en un cargo y no cumplen con sus
obligaciones o dejan dudas de haberlo hecho, estén de, alguna forma atados a
ese cargo y vayan dejando el rastro por donde pasan. Y en esto aclaro que no
hago ninguna referencia a las denuncias anteriores sobre violación de derechos
humanos por razones políticas; dejo eso absolutamente de lado, y simplemente
hablo de los hechos que sucedieron desde 1985 en adelante.
También decimos que no podemos aceptar la
represión indiscriminada, por ejemplo, al estilo de las razias y no sólo porque
realmente son inútiles. Si hay un temor justificado al delito y un estado
público alterado por el problema de la delincuencia, no le podemos sumar a todo
esto el temor por el combate a la delincuencia, porque de esta forma quien no
ha delinquido, tiene que estar pasando -si pertenece a determinado grupo de
edad o vive en cierto barrio de Montevideo- por una serie de investigaciones
que, en definitiva, no se sabe cuál es su objeto, con el riesgo, además, de que
como a nadie le gusta que lo lleven preso porque sí, se generen situaciones que
a la postre resulten verdaderos delitos de desacato, etcétera.
Asimismo, hemos podido leer en, la prensa
llamamientos en el sentido de que la solución a este problema es que todos
portemos armas. Estas son declaraciones del señor senador Cersósimo quien
expresó -creo que citando a un autor norteamericano que escribe sobre el tema-
que en función de que todo el mundo tome sus medidas de defensa, el delito va a
tender a disminuir ya que los delincuentes van a saber que no es cuestión de
asaltar y llevarse el dinero, sino que quizás el otro puede estar armado. Este
destino no lo aceptamos para el país; es como volver al "Far West"
donde todos tenemos que andar con un revolver encima, y si éstos no alcanzan,
porque otros utilizan metralletas, todos utilizaremos metralletas, o quizás
algún misil a pesar de que está claro que los misiles en el Uruguay, de acuerdo
a lo que expresó el señor Ministro, no se usan porque son caros o porque la
labor policial fue eficiente ya que aquéllos no aparecieron durante la
realización de la Conferencia del GATT. Lo que sí apareció en esta oportunidad
-y le recomiendo al señor Ministro que lea la información existente en la
materia, porque yo no.voy a decir mucho sobre el tema- fue un uso de fondos
destinados a bonos de nafta, utilizados en la Jefatura de Policía de Maldonado
y cuyo detalle figura en un informe del Tribunal de Cuentas. Escuché al señor
Ministro ratificar su confianza en el ex Jefe de Policía de Maldonado y como no
me quiero poner de juez, simplemente, le recomiendo que acceda al informe del
Tribunal de Cuentas que pidió la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes
porque, por lo menos, le digo que en mi actividad profesional -créame que la
tengo, a pesar de haber realizado otras tareas- nunca vi un tratamiento tan
descuidado borroneado, y tan irresponsable sobre fondos públicos o privados
como el que se dio a los de la Conferencia del GATT. Por supuesto que este
problema quedará para la órbita de los jueces y, en definitiva, no será ni el
señor Ministro ni yo quien tenga que expedirse sobre si el ex Jefe de Policía
de Maldonado cometió o no delito. Pero creo que desde el punto de vista de su
información personal el señor Ministro haría bien en leer el mencionado
informe.
Creo que pasó el tiempo de que se pueda
establecer como principio la sospecha general, y esto lo digo en relación a las
razias. No es posible que se establezca como principio que el joven de por sí
tiene propensión a la delincuencia; no es así, hay jóvenes de todo tipo y se
pueden diferenciar. No es imposible hacerlo. Habrá que aplicar más medios o
cuidados, pero no se puede someter a jóvenes de 16 ó 18 años a la experiencia
de un arresto policial, que no siempre se hace de la mejor manera, porque ello
es imposible. Repito que no se puede someter a los jóvenes a esa experiencia
porque ellos vivirán el resto de sus vidas odiando a la Policía, aunque nunca
más los toquen o se ven enfrentados a un problema con ella. Son choques
sicológicos que arrastra la persona durante toda su vida. Felizmente, nunca
tuve problemas de ese tipo pero, sin embargo, todavía recuerdo cuando a los
ocho años me llevó la policía por jugar al fútbol en la calle. Y no pasó nada,
no hubo arresto, sino que simplemente luego llamaron a mis padres. Entonces, me
imagino el caso de un joven de 16 años que al hacer un mandado cae en una
razia, porque también debemos tener en cuenta que algunos aceptarán esta
situación, que la racionalizarán, o que insultarán a la Policía en ese momento,
al día siguiente o por el resto de su vida. Pero éste, repito, no puede ser un
método.
Por último, el señor
Ministro nos dice que mañana va a hacer una averiguación para saber qué pasa
con la empresa "Juncadella". Los resultados de esa investigación
serán que los funcionarios de dicha empresa están autorizados a portar armas y
no sé cuántas cosas más, por el hecho de transportar caudales; está contratada
por OSE, a través de una licitación pública para reemplazar a la Policía que
custodiaba sus locales. Lo único que va a averiguar a través de esa
investigación será esto que todos sabemos; sabrá, nada más, que OSE decidió que
la Policía del país no le sirve y contrata a una empresa privada, que confía
más en una empresa privada que en la Policía del Estado para que le cuide sus
locales y que dicha firma está distorsionando la autorización que tiene, ya que
para cumplir con ese servicio no va a hacer ningún transporte de caudales, pues
se trata de funcionarios privados que cumplirán la función que durante toda la
historia tuvo a su cargo la Policía del país. Los funcionarios de esa empresa
privada no van a ser ni más ni menos; eso sí, lo harán con un poco menos de
eficiencia porque da la casualidad -esto es algo anecdótico y menor- que a los
cuatro días de haber empezado a cumplir los servicios en OSE, a uno de los
agentes especiales se le escaparon unos cuantos tiros, lo que provocó un
revuelo dentro del local de OSE.
Nada más, señor Presidente.
SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador.
SEÑOR GARGANO. - Voy a tratar de ser lo
más conciso posible en mi exposición y de centrarme en los temas que planteó el
señor miembro interpelante.
En primer lugar, me voy a referir al
incremento de la delincuencia. Como en una interrupción que le solicité al
señor Ministro aludí a los datos que habíamos obtenido del Poder Judicial en
cuanto a la evolución de la criminalidad en los últimos años, quiero hacer
algunas reflexiones sobre esas cifras que como ya señalé son globales y no
exactas, calculadas en forma quizás urgente, pero que pueden servir de
indicador de la evolución de la delincuencia.
De acuerdo con esa información, en 1987
hubo 5.700 procesados, en 1988 hubo 7.000 y la tendencia para 1989 está
calculada en alrededor de 8.000 procesados, de acuerdo con los datos de los
cuatro primeros meses.
Celebro que el señor Ministro nos haya
entregado la hoja en la que aparece el total de hechos denunciados, porque creo
que uno de los puntos que está en discusión en la interpelación de hoy es la
eficacia de la Policía en el combate del delito. No quiero hacer de esto algo
tremendo. Si se observan los datos se comprobará que en 1987 hubo
71.343 delitos denunciados y que hubo, finalmente, 5.700 procesados.
Le había solicitado al señor senador Zumarán los datos que él había
proporcionado, pero éstos que dio el señor Ministro son más completos porque
abarcan a todo el país.
Se puede advertir que un 6% de
los hechos denunciados terminan en procesamiento. Algo similar ocurre con los
datos correspondientes a 1988. Doy por supuesto que sobre los hechos
denunciados la Policía debe terminar enviando el doble de memorándum a la
Justicia, de aquellos que reciben un procesamiento.
Aquí hay algo exultante: de los
delitos denunciados sólo hay una ínfima parte que la Policía llega a culminar
en una investigación, que termina con un memorándum ante la Justicia, y, de
éstos, un determinado porcentaje finaliza en un procesamiento efectivo.
Digo esto como razonamiento
inicial acerca de la eficacia del trabajo policial. Estos son los datos; a
través de ellos se evidencia la eficiencia comprobada. ¿Esto, ha sido siempre
así? No disponemos de un estudio realizado durante 20 ó 30 años que nos permita
hacer comparaciones. Parece absurdo -y esto vaya como una cuestión incidental-
que en momentos en que hablamos tanto de la modernización y de la eficiencia
del Estado, los legisladores que debemos abordar el tema o los resultados de la
aplicación de la Ley de Amnistía o de la de Procesamiento sin Prisión, no
contemos con elementos de juicio ciertos para poder hacer una valoración.
Yo
escuché decir al señor Presidente de la República lo que mencionaba el señor
senador García Costa acerca del hecho que en aquel momento conmocionaba a la
opinión pública, que tenía que ver con el taxista baleado quien, a su vez,
había baleado al delincuente. Según decía el señor Presidente de la República,
esa persona había sido procesada cuatro veces en un año. Yo afirmo que eso no
está probado, que no puede ser. En un año sólo se le puede haber procesado en
una oportunidad y se le pueden haber cargado delitos perpetrados uno o dos años
antes. No puede haber salido y entrado nuevamente a la cárcel hasta por cuatro
veces, hasta que asalta a un taximetrista que lo mata. Reitero que esto no
puede ser.
Creo
que en el manejo de estos elementos, el rigor es algo imprescindible; si no lo
que haríamos es terminar sembrando la alarma en la opinión pública. Analizando
los datos que nos han sido proporcionados, se constata, por ejemplo, que el
incremento del número de procesados primarios se produce justamente a partir de
1987, fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 15.859 de 31 de marzo de ese
año sobre Procesamiento sin Prisión. Eso avala lo que decíamos durante la
interrupción que le solicitamos al señor Ministro. La actitud de los Jueces en
materia de procesamiento sin prisión ha sido avara y por el contrario ha
entrado a transformar en delitos procesables lo que en algunas oportunidades
anteriores no se procesaba o se le daba el carácter de una simple falta. A esta
conclusión llegan algunos juristas y especialistas después de analizar los
datos que se tienen, porque el incremento de los procesados se da precisamente
a partir de la entrada en vigencia de la Ley sobre Procesamiento sin Prisión.
Creo
que no escapa a nadie y es algo que cabe admitirse; o sea, la incidencia de la
crisis económica en el aumento de la delincuencia. También hay que llegar a la
conclusión de que se llega a eso porque delitos leves o levísimos que antes no
eran criminalizados los Jueces los han transformado en autos de procesamiento
que figuran luego en la evaluaciones.
Manifesté algo que luego corroboró el
señor senador Tourné cuando aportó las cifras del Patronato de Encarcelados y
Liberados. Dije que si la Ley de Amnistía de los Presos Sociales se examina a
la luz de los datos del Derecho Comparado, es un éxito, dado el nivel de
reincidencia extremadamente bajo que se registró. A mi juicio, la Ley de
Procesamiento sin Prisión ha sido avaramente aplicada y no ligeramente
aplicada.
Quiero dejar en claro que cuando se aprobó
la modificación a esa ley, yo no la acompañé e inclusive le pedí al señor
Presidente que tomara en cuenta y me diera el uso de la palabra para dejar
constancia de que no votaba afirmativamente la modificación que se proponía
porque no disponía de datos que me aseveraran que era con motivo de esa ley que
se producía el incremento de la delincuencia.
A esta altura de la
discusión, creo que nadie puede afirmar con rigor que esto es así, que hay una
cuota parte del incremento de la delincuencia que se debe a eso.
De modo que todo eso me parece objetivo y
ya comprobado. Por lo tanto, creo que lo mejor, de aquí en adelante y a los
efectos de poder actuar con rigor, es no manejar esto en el futuro como un
elemento que tienda a crear alarma pública. Creo –y lo digo con absoluta
claridad- que no es posible aceptar, sin más, que el Presidente de la República
haga esas afirmaciones, porque es justamente, el primer magistrado de la
Nación; no puede decir que ha ocurrido un hecho en función de que hay una Ley
de Procesamiento sin prisión y que hay lenidad –de hecho se llega a esa
conclusión- por parte de los jueces y que ahí está la clave de los males que
padece el país.
Ya hoy proporcioné los datos acerca del
nivel que tienen los procesamientos sin prisión, dentro del marco de lo que ha
ocurrido entre el 1º de enero y el 15 de junio, lo que no voy a repetir. En
consecuencia, una de las cosas que hay que lograr es que la justicia y el
Ministerio del Interior procesen datos rigurosos sobre la evolución de la
delincuencia. Pienso que esto va más allá de las palabras, porque se habla
mucho. En el uruguay estamos enfermos de improvisaciones sobre soluciones
inmediatas. Esta materia, la de la política criminal no admite
improvisaciones ni menos aún soluciones sobre la marcha. No estoy dispuesto a
traficar con la inseguridad de la gente. Creo que hay un grave problema de
seguridad, por cuanto sólo hay un 5% o un 6% de los delitos cometidos que,
según se dice, son denunciados, llegan luego a la órbita de la justicia y
terminan en un procesamiento; y hay un 95% que no llega a esa instancia. Eso es
lo que crea la alarma y la inseguridad en la gente.
A mi juicio, se debe ser severo con
quienes corresponda y, en consecuencia, es necesario trabajar con rigor. Soy
absolutamente realista y no tengo idealizado el hecho de que con la ley vamos a
cambiar la realidad social. No comparto la opinión de que la gente nace mala,
que es mala de nacimiento. Creo que hay factores económicos y sociales que determinan
la delincuencia; esto me lo enseñaron en la Facultad de derecho y antes aún, en
Enseñanza Secundaria. Y esto es algo que he aprendido. Además, podría
demostrarse con datos estadísticos –si estos existieran- que en este país me
atrevería a decir que el 80% o quizás el 90% de los delincuentes habituales son
marginados sociales. Creo que hay un porcentaje de personas que obedeciendo a
circunstancias transitorias de su personalidad, caen en la esfera de los
delitos graves, como puede ser el homicidio u otro tipo de agresión similar.
Pero los rapiñeros, los que practican el hurto, los que roban la garrafa, los
que roban a Mary la ropa de cama y demás, son gente marginada socialmente que
roba eso para venderlo a N$ 40 o N$ 50 a dos cuadras. Con ello generan un ciclo
tremendo de inseguridad en la gente justamente más pobre de este país.
Comparto lo que decía el señor senador
García Costa no me voy a extender sobre eso- en el sentido de que si se
examinara el mapa de la ubicación geográfica del origen de la delincuencia, se
podría constatar que ella pertenece, en abrumadora mayoría, a gente marginada
por una sociedad salvaje que los expulsa y los tritura. Pienso que esto es una
verdad incontrastable. Además, los sectores sociales más carenciados de este
país son los que más sufren la agresión de la delincuencia en forma
sistemática. Naturalmente que hay sectores que viven otra situación porque se
pueden proteger por sí solos y porque pueden recurrir a las empresas de
seguridad. Yo también quisiera ver las estadísticas, porque estoy casi seguro,
que en la Teja y en el Cerro hay mucho más delitos que en Pocitos o en
Carrasco. Lo que afirmaba el señor senador García Costa es una verdad absoluta:
¡Qué va a haber porteros, vigilancia, o serenos! ¡Y cómo se van a poder contratar
servicios de seguridad en las zonas donde viven los trabajadores y empleados de
1a ciudad de Montevideo!
De modo que pienso que no está bien sólo
describir las cosas, sino que efectivamente hay que actuar. Creo que el camino
no sólo es la represión, sino que en materia policial es preciso que la Policía
cumpla una función preventiva y que se vigile más. Sé que hay falta de
recursos, pero sé también, por experiencia y por lo que veo en las Comisarías,
que normalmente hay más policías dentro de las Comisarías que en la calle. Sé
que esto sucede por muchos factores, como el que se mencionaba hoy por el señor
senador interpelante, de que hay gente que trabaja 16 ó 18 horas por día. En
este sentido, me pregunto si no podemos llegar a que de alguna forma el policía
no trabaje 16 horas -8 en una Comisaría y el resto en un banco o haciendo una
guardia exterior, de la que el 20% de lo que gana va para Jefatura- y se lo
pueda remunerar mejor. Quiero reiterar aquí algo que dijo el señor senador
Batalla hace un rato: "Nunca hemos negado nuestro voto no sólo al
incremento de personal para la Policía Ejecutiva, sino tampoco al aumento de
las retribuciones de los policías, porque creemos -luego vamos a hablar del
aspecto que afecta a la Policía en el plano delictivo- que el origen de mucho
de lo que ocurre está en las escasas retribuciones que perciben.
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR
GARGANO. - Con mucho gusto.
SEÑOR
PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.
SEÑOR
RODRIGUEZ CAMUSSO. - Quiero referir a un pasaje de la importante intervención
que cumple mi compañero el señor senador Gargano, porque puede aparecer una
diferencia de criterio con relación a una interrupción que le solicitara hoy al
señor Ministro y en rigor, aunque el matiz en cierta medida tal vez exista,
deseo limitarlo a sus justos términos.
Cuando el señor senador se refiere al
hurto común, a este ladrón que toma la garrafa del vecino, lo que tiempo atrás
llamábamos vulgarmente ladrón de gallinas, naturalmente creo que allí tiene un
importante peso la condición social, la condición económica, la marginación.
Pero yo procuré en el curso de una interrupción -y, en consecuencia, en
términos absolutamente sintéticos- ir un poco más allá en el análisis, en la
apreciación de esta presencia delictiva, no solamente en nuestro país, sino que
se registra en muchos otros. No se trata sólo de la cantidad de delitos, sino
de su carácter. La probreza, la marginación, la necesidad irreprimible de
conseguir algún medio económico que permita subvenir a determinadas urgencias
elementales, pueden llevar a cometer cierto tipo de delitos, pero en muchos
casos -insisto e insistiré siempre- la inmensa mayoría de la gente más
carenciada no comete delitos. Es decir que por carenciado que sea el individuo,
éste tiene cierta propensión a delinquir; de lo contrario no lo haría. Pero aún
así, en algun tipo de delitos eso tiene gravitación, aunque no en todos. ¿Qué
tiene que ver la pobreza con la violación, por ejemplo?
¿Qué tiene que ver el que alguien no pueda
comer adecuadamente o no pueda pagar el alquiler con el hecho de que vaya a las
seis de la mañana, a una esquina, a esperar a una mujer para violarla? Ese es
un degenerado, con dinero o sin él y tiene que ser marginado de la sociedad,
castigado duramente. ¿Qué tiene que ver la pobreza o la riqueza con todo esto?
Allí es donde he querido poner el acento
porque siento que, de alguna manera, estamos confundiendo un poco, en términos
generales y en la prédica que ahora se desarrolla, un tipo de delito con otro.
El delito de apropiación indebida, el de robar, el de asaltar un comercio para
llevarse el dinero que hay en la caja o determinados artículos, es una cosa.
Pero esta clase de delitos que prolifera actualmente, es otra.
Ahora bien; si nosotros no vinculamos esto
a la defensa, por todos los medios a nuestro alcance -que sea cual fuere la
opinión que se tenga sobre la gestión el señor Ministro del Interior va mucho
más allá que él e, inclusive, más allá que el propio Gobierno- y si todos
nosotros no contribuimos a crear y defender en la sociedad, una concepción que
impulse valores humanos y morales que se encuentran más allá de todas las
connotacines políticas, no habrá remedio para este tipo de desviación y para
esta clase de inmoralidad.
En consecuencia, señor Presidente, quiero
mantener mi distinción entre el que comete este tipo de delito común, muchas
veces empujado por carencias económicas y la existencia real, dentro de
cualquier sociedad, de gente intrínsecamente depravada sobre la que ciertas
prédicas. desarrollan la capacidad de peligrosidad y de ataque que poseen
contra gente indefensa. Debo decir que siempre me siento inclinado a
salvaguardar, en primer lugar, los derechos de la gente atacada que los de los
atacantes.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor senador Gar gano.
SEÑOR GARGANO. - Debo decir que comparto
la última afirmación realizada por el señor senador Rodríguez Camusso, ya que
me siento inclinado a atender los derechos de la gente atacada, antes que los
de los atacantes. Pero también soy proclive a entender por qué y de dónde surge
el atacante, a fin de combatir la raíz del mal que provoca este fenómeno.
Repito que comparto lo manifestado y me alegra la distinción que ha hecho el
señor senador Rodríguez Camusso. Pero si el señor senador observa en la gráfica
que nos ha proporcionado el señor Ministro, en los delitos sexuales, que le
preocupan, como nos preocupan a todos, ya que se trata de uno de los más
reprobables desde el punto de vista humano, la evolución da cifras que oscilan
muy poco, desde antes de la transición democrática hasta el presente. Se trata
de delitos que se dan desde que la Humanidad existe y que se perpetran en todos
los ámbitos sociales. Pienso que en este tipo de delitos, como en el homicidio,
no hay franjas sociales aunque, naturalmente, considero que incurren en ellos,
más frecuentemente, los hombres que tienen menos cultura, que acceden menos a
los elementos de la civilización de la conducta y creo que, al respecto, hay
que tener una política de represión, de prevención y de penalización adecuada.
Entiendo que en este plano debemos actuar
con rigor y distinguir esto de lo que es la masa de delitos que genera la
intranquilidad e inseguridad sociales, a causa de la cual, venimos a examinar
hoy la conducción del Ministerio del Interior y cómo la manejó, durante estos
años de gestión, el Gobierno del que el señor Ministro forma parte, así como
también la cuestión de la política criminal, de represión y de prevención de
los delitos.
SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR BATALLA. - Líbreme Dios, señor
Presidente, de comenzar, a esta altura de la noche, una discusión filosófica.
Tan solo trataré de exponer mi pensamiento en la materia.
Pienso que, en cualquier lugar del mundo,
un Derecho Penal implica, en el fondo, el reconocimiento de determinados
valores de una sociedad. Los valores que se violan a través de las conductas
humanas, dan lugar a sanciones que son recogidas, tipificadas y sancionadas en
el cuerpo normativo de un Código Penal. Pienso que en ningún lugar del mundo
uno puede aislar en una campana de cristal un delito o determinado proceso y
juzgarlo al vacío. En ello juega, permanentemente, toda una maraña de
reacciones y de factores que van del individuo hacia afuera y que influyen en
el entorno en el que el individuo se mueve.
No estoy de acuerdo
con la teoría de Lombroso de que los hombres pueden ser naturalmente buenos o
naturalmente malos y que hay un tipo humano que lo inclina o no al delito.
Pienso -y no quiero hacer con esto ninguna valoración peyorativa respecto de
las afirmaciones realizadas por el señor senador Rodríguez Camusso- que, en el
fondo el concepto lombrosiano, casi siempre ha dado lugar a estructuras de
Derecho Penal totalitario, al concepto del Estado peligroso, del hombre que,
por ser tal como es, más allá de su conducta criminal, es objeto de eventuales
sanciones y penalidades. Repito que no comparto dicho criterio pero,
evidentemente, en toda acción humana hay un factor interno y otro externo. Este
último es, casi siempre, el medio social, el medio económico. Naturalmente,
determinado tipo de delito tiene mayor posibilidad de manifestarse en ciertos
ambientes, carentes de los beneficios que la civilización otorga. Otros
delitos, en cambio, aparecen en otros ambientes. Así , el delincuente es un
fenómeno que no se da en La Teja ni en Flor de Maroñas, sino en otros lugares.
Por el contrario, es posible que el rapiñero, el menor delincuente aparezca,
si, en el barrio Cadorna o en la periferia de la ciudad.
Esto ocurre en el Uruguay y este conjunto
de situaciones y de intenciones se da en todos los lugares del mundo.
Actualmente, las ciudades son lugares donde se ha acrecentado la criminalidad.
El anonimato, la promiscuidad, la concentración humana, la disminución del
nivel de vida, las dificultades económicas han acrecentado determinado tipo de
criminalidad. En ese sentido, ni Montevideo ni el Uruguay son una exepción. Es
más; más allá de que podamos juzgar favorablemente o no lo que ha sido una
política de seguridad individual por parte del Gobierno, en nuestro país, sin
duda alguna, hay un índice de criminalidad más bajo que en otros.
Pienso que en la noche de hoy, muchas
veces, hemos estado marginando el problema real, ya que son las legislaciones
benignas las que han provocado un auge de la criminalidad. Vemos, así, que los
países que tienen mayor índice de criminalidad, son aquellos que mantienen,
para una enorme cantidad de delitos, la pena de muerte. Allí, la criminalidad
no solamente se ha mantenido en índices tradicionalmente alarmantes sino que ha
crecido.
Digo que hay hechos que señalan también la
angustia que existe en la gente y, al respecto, comparto las expresiones del
señor senador Gargano, en el sentido de que tenemos que buscar mecanismos de
defensa de la sociedad. Hoy existe una sensación de inseguridad. Yo diría que
ello responde a la realidad existente. Sin embargo, algunos hechos indican que
eso es más que una sensación y hay casos que lo señalan de una manera evidente.
Uno de ellos es la proliferación de las compañías privadas de seguridad; el
hecho de que más de una institución estatal haya contratado a estas
organizaciones de seguridad privada es un elemento que señala claramente que
algo ha cambiado en cuanto a la forma en que el Estado presta sus servicios de
seguridad individual. Considero que este es un elemento a tener en cuenta.
Pienso que en el país no se puede hablar de aumento de los índices de
criminalidad; lo que sí es evidente es que ha cambiado el tipo de delito que se
comete.
Creo que para todos nosotros y, sin duda,
para la sociedad entera hay un tipo de delito, que es el copamiento de hogares,
que ha creado en la gente de cualquier nivel un estado de preocupación. Este
tipo de delito ha ocurrido en cualquier lugar e inclusive se ha dado mucho más
en los hogares de clase media o de barrios proletarios que en los de clase
alta, ya que allí han contratado sus propios sistemas de seguridad.
Todos sentimos la mayor sensación de
seguridad en nuestros hogares, pero es evidente que el copamiento de casas
representa una disminución angustiante de dicha seguridad. Entonces, esto
también constituye un elemento que señala un cambio en la criminalidad, que
podrá no implicar un aumento en los índices, pero sí provoca en los valores en
juego una modificación sustancial.
En forma breve, quería señalar simplemente
mi pensamiento sobre un tema que, aún sin ser el centro de la cuestión, puede
tener importancia en la medida en que considero que las condiciones
socio-económicas de una comunidad siempre son destacables; no son las únicas,
pero sí siempre son importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con el tipo
de criminalidad.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor senador Gargano.
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador Rodríguez Camusso.
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - En atención a
la referencia que ha hecho sobre mi intervención anterior el señor senador
Batalla, quiero decir que, naturalmente, no comparto las teorías de Lombroso,
ni creo que de mis palabras pueda surgir ese paralelo; mucho menos comparto en
ninguna medida, ni en el Derecho Penal ni en nada, la concepción que tiende a
la constitución de una sociedad totalitaria. Eso sí, insisto, y no he oído
nunca a nadie dar una explicación que rectifique este punto de vista, que
existe gente propensa, en mayor medida que otra, a cometer acciones criminales
y que, obviamente, esa gente sería conveniente que fuera aislada adecuadamente
de la sociedad. Este es el hecho; no estoy hablando del rapiñero común o del
que le roba la garrafa al vecino, sino de los otros criminales. Estos sí,
evidentemente, responden no a una condición económica, porque entonces habría
muchísimos más de los que hay, sino a una propensión que tienen interiormente y
de la que es necesario salvaguardar a la sociedad. No pienso que esto tenga que
ver con ninguna forma totalitaria ni del Derecho Penal ni de la organización
social.
SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra para
una cuestión de orden.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador.
SEÑOR CERSOSIMO. - Mociono en el sentido
de que se prorrogue el término de que dispone el orador.
SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar la moción presentada.
(Se vota:)
-21 en 24. Afirmativa.
Puede continúar el señor senador Gargano.
SEÑOR GARGANO. - Agradezco a la Mesa y al
Cuerpo.
Quiero señalar por último
y con relación a la reincidencia que, además de lo que muestran los datos
estadísticos en relación con ese tipo de delitos del que hablaba el señor
senador Rodríguez Camusso, esto no tiene que ver ni con la Ley de Amnistía ni
con la de Procesamiento sin Prisión, ya que estos delitos son inexcarcelables.
De manera que, entonces lo que cuenta aquí es la prevención del delito y su
represión y, en general, esto se cumple normalmente, por lo que no se puede
hacer caudal de ese tipo de delito para hablar de la política criminal que debe
estructurar el legislador.
Deseo manifestar sobre este tema algo
relativo a algunas lecturas hechas en Sala. Tengo ante mí las opiniones
vertidas por el fiscal Langon sobre el carácter de las leyes. Se le pregunta
qué incidencia ha tenido la llamada Ley de Procesamiento sin Prisión en las
conductas delictivas. Y contesta: "Pienso que la Ley de Procesamiento sin
Prisión no debe haber creado más delincuencia". Se le pregunta, además, si
cree que una ley penal debe ser más dura; a lo que contesta: "¿Sabe lo que
ocurre con este tema? Que hay mucha gente que son aprendices de brujo. Leen
cuatro o cinco cosas, o van a un Congreso y vuelven deslumbrados con algunas
ideas, no las integran a ningún sistema y entonces pueden hacer muchísimo mal,
porque la ley penal uruguaya es similar a la de los principales países del
mundo. Ello significa que nuestras leyes no tienen defectos en cuanto a la ley,
aunque es posible que haya demasiadas leyes penales. Lo mejor que se puede
hacer es tener pocas leyes penales con la severidad necesaria, como son las
nuestras, y aplicarlas".
He hecho esta referencia porque esta
personalidad ha sido mencionada reiteradamente en el transcurso de la
interpelación y porque, además, me pareció útil que se conocieran estas
opiniones, así como la relativa al incremento de los delitos. Sobre ese aspecto
expresa: "En ese sentido, el número de dictámenes en mi Fiscalía no ha
aumentado y supongo que otros colegas le podrán decir otro tanto. Yo no he
tenido un volumen de trabajo mayor, ni tampoco noto que haya una delincuencia
más grave. Soy consciente de que han ocurrido los copamientos con mucha
espectacularidad a nivel de prensa, pero eso no ha llegado en números
importantes a la Fiscalía a mi cargo".
Esto lo expreso a efectos de centrar el
tema en sus debidos términos, en lo que hace a la discusión general planteada
en el Senado en la noche de hoy.
En lo que tiene que ver con el tema de los
medios humanos, personalmente creo que hay que aumentar su número; pero, a la
vez, sería importante saher si los que existen se utilizan racionalmente y si
hay una estructura del organismo policial del Ministerio del Interior que
responda efectivamente a él. Lo mismo aplicado a los medios materiales.
En oportunidades anteriores a esta
interpelación he conversado con el señor Ministro sobre el tema de los
patrulleros. Hemos hablado sobre cómo esa flota de 135 vehículos se ha
destrozado prácticamente en dos años, se ha vuelto inútil y no ha podido
lograrse que circulara con regularidad. Entonces, digo que ésta es una
demostración acabada de carencias técnicas, porque no es posible, por peores
que sean los vehículos y por más exigidos que estén, que no haya un servicio de
mantenimiento y una utilización de esos recursos con una capacidad técnica
adecuada. Por lo tanto, lo que falta aquí es esa capacidad técnica que maneje
esos recursos que son muy importantes y que ahora ya deben ser sustituidos.
He oído al señor Ministro hablar sobre lo
que lleva formar a un oficial de policía. Sin embargo, considero que el
reclutamiento del personal policial debe contar con otras reglas. Sé que para
que tenga otras exigencias también debe ser mejor remunerado. Pero, desde mi
punto de vista, teniendo en cuenta que cumple una función tan básica para la
sociedad, sería necesario no sólo remunerarlo mejor, sino además seleccionarlo.
En lo que tiene que ver con el tema de los
métodos, debo decir que tengo sobre mi escritorio una denuncia penal realizada
por ciudadanos de Solymar, relativa a procedimientos realizados en dicha zona.
No la voy a leer en función de la hora, pero como he tomado conocimiento de
ella, me siento en la necesidad de dejar constancia de que me alarma
enormemente este tipo de procedimientos realizados por la Seccional 18 de
Policía del departamento de Canelones. Un número muy importante de personas ha
visto violados sus derechos individuales, ya que se han llevado adelante, de
hecho, allanamientos sin orden judicial; se ha detenido y maltratado a la gente
de palabra y de hecho, por lo que le pido al señor Ministro que tome en cuenta
esta referencia. Existen aquí procedimientos incorrectos que deben ser
investigados, analizados y sancionados.
Desde mi punto de vista, creo que las
razias no tienen sentido como medio de prevención. He leído, también, el
reportaje hecho al señor Jefe de Policía de Montevideo que, en realidad,
sostiene exactamente lo mismo, aunque -he mencionado lo ocurrido el sábado
pasado- este tipo de cosas se siguen practicando.
En este sentido, creo que la conducción de
esta Cartera debe tomar en cuenta que no es con esa metodología que se logrará
contener la delincuencia juvenil; parece ser que lo único que se obtiene de
ello es intimidar a los jóvenes y, como se decía anteriormente, generarles una
conducta radicalmente contraria a lo que es el Instituto Policial. No sé si
existen estadísticas, pero me gustaría conocer si estos procedimientos
permiten, y en qué porcentaje, obtener resultados en lo que hace a detener
delincuentes. De hecho, y por lo que hemos observado, no son útiles y, además,
ello lo ha expresado el señor Jefe de Policía de Montevideo.
Hace un momento hacía referencia al
problema de la racionalización.
No he escuchado al señor Ministro, a pesar
de que el miembro interpelante se lo haya preguntado al respecto, explicar la
distribución de los efectivos por escalafones, cómo cuenta porcentualmente la
Policía ejecutiva, la especializada, los administrativos y técnicos dentro del
Ministerio. Se hizo referencia acerca de la cantidad de funcionarios del
escalafón ejecutivo que cumplen tareas, como administrativos. Se dijo que se
trataba de un número muy reducido.
Desde el punto de vista organizacional, la
Policía uruguaya tiene defectos muy graves.
Se me informó que
bajo la égida del Ministerio, se encuentran además del Hospital Policial, los
talleres, los servicios de talleres, albañileria, zapatería y otros que
conjugan una cantidad de recursos humanos que deben ser prestados por el
Ministerio o por otro sector del Ministerio. Se debe tener una sastrería, un
departamento de albañilería y una zapatería. ¿Podemos valorar si hay o no
burocratización?
A continuación voy a referirme al tema de
las agencias de seguridad. Voy a hacerme eco de una publicación hecha en el
diario "El País". Once compañías de seguridad, integrantes de una
Cámara, afirman que existen 98 permisos concedidos. Dentro de las empresas que
no pertenecen a esta Cámara existe una cantidad de compañías que no cumplen con
los reglamentos. El reglamento a que hago referencia es excesivamente sintético
y no es suficiente para regular a estas empresas. A las mismas les preocupa la
aparición de compañías fantasmas y solicitan la aprobación de un reglamento más
severo. Además manifiestan que son pocas las empresas que cumplen con todos los
requisitos legales y las normas sociales. Tengo en mi poder el material
referente a los conflictos y denuncias que han tenido empresas de este tipo.
Dentro de la sociedad existen ciudadanos
que están protegidos por estas empresas, porque pueden pagar sus servicios, ya
que el Estado no cumple correctamente con ellos.
Hay sustitución de funciones del Estado.
El señor miembro interpelante hizo
referencia a los delitos. Me alarmaron las declaraciones del señor Jefe de
Policía de Montevideo, aparecidas en el semanario "Búsqueda" de la
semana pasada. En ese artículo se indica que existieron más de 200 policías
procesados en el correr de un año y medio. Esto da una tasa delictiva dentro de
la policía, que sin duda es superior a la tasa media de criminalidad en toda la
sociedad.
Comprendo las razones a las que atribuye
el señor Jefe de Policía la existencia de esta altísima tasa delictiva. En esto
debemos ser muy claros. Comparto la idea de que no es posible imputar, global y
generalizadamente, al Instituto Policial, la condición de corrupto, pero no
existe la menor duda de que la situación es extremadamente grave. Los datos
proporcionados no se han desmentido.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - ¿Me
permite, señor senador?
SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor Ministro del Interior.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - No tengo a
mano los datos, pero di las cifras de los procesamientos al igual que de los
sumarios realizados en la Jefatura de Policía. En mi concepto eso corresponde a
un período que no es el señalado.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor senador.
SEÑOR GARGANO. - El señor Jefe de Policía
se debe referir sólo a la Policía de Montevideo y no a la de todo el país,
hecho que agravaría la participación.
Entiendo que cuando no existe un
procedimiento selectivo y hay que recurrir al personal que no tiene competencia
a los efectos de integrarlo a los cuadros subalternos para atender las
necesidades básicas, se puede dar lo indicado por el señor Jefe de Policía.
Se trata de una preocupación fundamental
que tiene el Ministerio, en el sentido de que no se enganchen en la Policía
aquellos ciudadanos que no tienen condiciones de trabajo. De lo contrario
pueden producirse hechos que pueden afectar moralmente al Instituto Policial y
a la población. No creemos que no se aplique el rigor dentro del Instituto
Policial con quienes cometen delitos. No se trata de proceder luego sino de
prevenir el delito en filas policiales realizando una selección de personal de
una manera muy distinta.
Además no existe una política de formación
del personal. No basta con instruir Oficiales sino que además hay que formar a
quienes tienen contacto directo con el pueblo y el delito. En mi concepto, todo
esto es de responsabilidad del Poder Ejecutivo y del señor Ministro.
Es natural que se combatan las causas
básicas de la delincuencia y estamos convencidos de que los recursos humanos y
materiales son escasos. Pero también reconocemos que no se hace un uso racional
y eficiente de los actuales. Nada más, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador Ricaldoni.
SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente:
estamos al borde de las doce horas de sesión, por lo cual voy a ser lo más
escueto posible.
A pesar de esto, voy a realizar algunas
reflexiones en torno a lo ocurrido durante esta interpelación.
Me parece que no tiene sentido que la
opinión pública atribuya a la Policía y al señor Ministro la responsabilidad de
una presunta inseguridad individual distinta a la existente en ciudades de bajo
índice de delincuencia.
Creo que el señor senador Batalla
reconocía, hace unos minutos, que en Montevideo y el interior del país, medido
en términos internacionales, no podía afirmarse en modo alguno que estuviéramos
viviendo una coyuntura de alta frecuencia en cuanto a la comisión de delitos.
Si esto es así, tengo que creer en la
exislencia de un supuesto estado de inseguridad colectiva.
Pero, en términos generales, también
podemos destacar que en muchos sectores de la población simplemente se trata de
sensaciones.
Creo que todos
podríamos coincidir en cuanto a que esta larga sesión tuvo, como resultado
positivo, el procurar en alguna medida, resumir aquello que signifique orientar
y esclarecer,a la opinión pública, porque también de esto se trata, cuando se
traen a consideración del Parlamento temas de la importancia de los manejados
por el señor miembro interpelante. Reitero que no creo que el Uruguay pueda ser
considerado un país en el cual los índices delictivos sean alarmantes. Ciudades
muy cercanas a Montevideo, como Buenos Aires, Porto Alegre, San Pablo y Río de
Janeiro y otras más alejadas, como Lima, Bogotá, Caracas o Nueva York, son
urbes que realmente poseen índices elevados de delincuencia, que son
incomparablemente mayores, tanto cualitativa como cuantitativamente, a los que
hemos manejado en la noche de hoy.
Entonces, me parece que sin perjuicio de
afirmar que, efectivamente, se incurren en tantos o cuantos delitos, que se
pueden agrupar en, tales o cuales categorías y que de cada estrato social
surgen equis porcentajes de delincuentes, bueno es decir también que en la
ciudad de Montevideo y también en las del Interior, la cuestión delictiva podrá
tener preocupada a la población, pero -como tantas veces ocurre- a modo de
sensaciones que no tienen el fundamento que se les atribuyen. No es ocioso,
entonces, señalar situaciones en las que el rumor de la posible incapacidad de
un banco de hacer frente al retiro de depósitos aunque ello no sea cierto,
termina creando una corrida que, en definitiva, lo termina fundiendo; y tantos
otros ejemplos a nivel del sector público, como del privado, societario o
individual, avalan indiscutiblemente el hecho de que a veces la pérdida de
confianza y la sensación de que algo no funciona termina logrando lo que no se
pretende: que finalmente ese algo no funcione. Esa es la primera reflexión que
deseaba trasmitir, señor Presidente, con todos los respetos que tengo por un
planteo que no comparto del señor senador Zumarán, pero que creo serio,
documentado y que refleja un estudio realmente encomiable.
Me parece que las explicaciones del señor
Ministro han sido absolutamente categóricas en relación a los distintos puntos
de la interpelación y no tengo otra alternativa que remitirme a sus palabras.
SEÑOR ZUMARAN - ¿Me permite una
interrupción señor senador?
SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR ZUMARAN. - El señor senador
Ricaldoni sostiene que en el Uruguay no hay una alta tasa delictiva y la
compara con la de otros lugares del mundo, tomando como referencia
especialmente a la ciudad de Montevideo frente a otras ciudades.
No conozco estudios comparativos en la
materia pero, si su afirmación fuera cierta, creo que no invalida la nuestra:
que el Uruguay vive una situación de inseguridad y que ella reposa en otros
argumentos distintos a los que formula el señor senador Ricaldoni. Al decir que
el Uruguay vive una situación de inseguridad, no lo estamos comparando con
otros países del mundo, sino que comparamos al Uruguay de hoy con el de hace
pocos años atrás. El señor senador Ricaldoni tendrá que reconocer que, aunque
diferentes, tanto nuestras cifras como las que expuso el señor Ministro,
coinciden en fundamentar esta tesis.
Con la documentación que disponíamos de la
Policía de Montevideo, nosotros dimos el número de denuncias que, en los
segundos semestres, se habían practicado en el último quinquenio y decíamos que
se había pasado de 13.800 delitos denunciados en 1984, a 23.000, 20.700, 20.800
y 20.200. Entonces, no es caprichoso que el uruguayo viva una situación de
inseguridad, cuando los delitos denunciados pasaron de 13.000 a 23.000. El
señor Ministro trae datos más concretos; no se refieren a Montevideo, al
segundo semestre, sino a todo el territorio de la República. Y en ese ámbito
pasamos, en cifras redondas, de 48.000 delitos denunciados en 1984 a 63.900; de
70.800 en 1986, a 71.300 en el 87 y a 68.600 en 1988. Quiere decir que,
prácticamente, hemos tenido un aumento del 40% y, por lo tanto ha habido un crecimiento
notable de los delitos denunciados por cualquiera de los dos procedimientos o
cifras que hemos dado.
Por su parte, el señor senador Gargano ha
brindado, independientemente, un tercer dato, que refiere al número de personas
procesadas en el país y ahí también el aumento es verdaderamente explosivo.
Finalmente, de 4.000 y poco en 1984, se duplica a 8.000 ó 9.000 la cifra
actual.
Ello significa que esta noche se ha
demostrado por todas las vías que hay un incremento notable de la delincuencia
y eso es lo que genera la situación de inseguridad.
Entonces, frente a la contundencia
tremenda de estas cifras -que coinciden en el mismo resultado- sostener que aún
así la gente no tiene por qué sentirse insegura, ya que en Montevideo hay menos
delitos que en Nueva York me parece que, aunque fuera cierto, no tiene mucho
asidero. La comparación no debe hacerse con respecto a la situación delictiva
de la ciudad de Nueva York, sino a la situación delictiva de los años
anteriores del lugar donde se vive. Eso es lo que fundamenta la afirmación de
que vivimos en una grave situación de inseguridad.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor senador Ricaldoni.
SEÑOR RICALDONI. - Estoy de acuerdo con el
señor senador Zumarán en cuanto a que quizá en materia delictiva y con
referencia al Uruguay, el tiempo pasado fue mejor. Hoy el señor senador García
Costa hablaba de su vida juvenil en Carrasco, como yo podría hablar de la mía
transcurrida en el Prado, como podría hacerlo el señor senador Batalla, con
respecto a La Teja, lugar donde continúa viviendo. Pero ese no es el tema.
Si tomamos por
ejemplo el problema de la salud en el país, podría decir que en el Ministerio
de Salud Pública hoy se plantean problemas que no existían en la misma época en
la que todos nosotros sabíamos que aquel guardiacivil, que circulaba sólo por
los barrios de Montevideo, era garantía suficiente de la escasa delincuencia,
que se reducía a una mínima expresión. Sin embargo hoy, a pesar de que se han
aumentado los rubros para Salud Pública, es notoria la carencia que muchas
veces se constata en los centros hospitalarios. Aparecen enfermedades nuevas,
de la misma manera que surgen delitos nuevos. ¿Acaso vamos a acusar a los
responsables de la Salud Pública del país de que, por ejemplo, tengamos el flagelo
del SIDA dentro de fronteras? No podemos hacerlo. ¿Acaso vamos a acusar al
señor Ministro del Interior porque aparecen formas perfeccionadas o diferentes
de delitos, como hoy señalaba el señor senador Batlle, que no se conocían antes
pero que son propias no sólo del Uruguay sino de muchos países que están en
situación socioeconómica superior a la nuestra? Tampoco podemos hacerlo.
Por ello, señor Presidente, coincido con
el señor senador Zumarán en que hay una enorme cantidad de delitos
desconocidos, por lo menos con el perfeccionamiento de la dimensión actual, que
no existían en épocas más lejanas -me refiero a dos o tres décadas atrás- pero
que en este momento todo el mundo civilizado los está enfrentando. Basta
señalar el secuestro de aviones, el tráfico de drogas y el contrabando ejercido
en forma empresarial. ¿Acaso tienen explicación en la ineficiencia de los
servicios policiales de todos los países? ¿Acaso esas formas de delincuencia
que se vinculan al tráfico de drogas, al contrabando y a los ilícitos
económicos, tienen alguna relación con la pobreza? Tienen que ver con muchas
cosas que mi capacidad no alcanza a explicar cabalmente pero que intuyo que,
sin duda alguna, tienen relación con un cambio muy profundo en los que, quizá
salvo algunos especialistas muy iluminados, ninguno de nosotros es consciente.
Luego de escuchar al señor miembro
interpelante, al señor Ministro y a tantos otros integrantes de este Cuerpo que
han participado en el debate -a lo largo del cual se han hecho algunos juicios
que comparto y otros con los que no estoy de acuerdo, aunque reconozco que
varios son realmente importantes-, considero que debemos ser conscientes de que
el sentido final de una interpelación, cuando se levante la mano para apoyar
las explicaciones dadas por el señor Ministro o la propuesta que formule el
señor miembro interpelante, está más allá de los sectores políticos. Es decir,
el papel que debemos jugar nosotros, como parlamentarios, cuando nos
enfrentamos al instituto constitucional del llamado a Sala, de la
interpelación, de la censura y de eventuales caídas de Ministros, es el de
jueces. En estos momentos somos jueces, y todos debemos reconocer que a esta
hora de la noche después de haber transcurrido 12 horas en este recinto, todos
nosotros tenemos muchos más elementos de juicio de los que teníamos antes de
ingresar a Sala.
Creo que no hay ninguna duda de que no
cabe una censura al señor Ministro, porque ha dado cumplida respuesta a todos
los extremos señalados por el señor senador Zumarán. Todos debemos admitir sin
violencia que hay aspectos que tienen que ver con la debilidad humana, pero que
son hechos aislados que acaecen en cualquier sector de la vida del país o en
cualquier otro lugar de la tierra y que en modo alguno pueden significar
responsabilidad de parte del jerarca, y menos, aún, se le podrá atribuir a ese
jerarca, indiferencia, omisión o negligencia en el cuidado de la calidad del
servicio.
Hay una serie de factores que sin duda
obstan a que los servicios policiales del Uruguay, y también a los de los otros
países, consigan ese ideal que siempre será inalcanzable: que no haya
delincuentes y que no haya delitos. Es un ideal inalcanzable como también lo es
para cualquier encargado de los servicios de salud, obtener centros
asistenciales perfectos y eliminar todo tipo de enfermedades.
Todo esto nos lleva a afirmar que si en
definitiva la mayoría del Senado termina votando una moción de censura al señor
Ministro del Interior, sin duda se será injusto con él, pero que también se
será injusto -y quiero decirlo muy sinceramente- con el Cuerpo policial en su
conjunto.
A lo largo del debate se han realizado
distintos planteamientos de los diferentes temas que han sido objeto de
análisis; pero con los debidos respetos debo expresar que, insensiblemente, las
exposiciones se han ido acercando más a lo que puede ser un estudio sociológico
de la delincuencia y del delincuente, a lo que puede ser una explicación
economicista de este mal, que a una interpelación, si realmente la entendemos
por tal.
En orden a estas ideas reitero lo que
señalaba hace algunos momentos: es cierto que a veces existen delitos y
delincuentes que tienen su origen en los sectores marginales de la sociedad;
pero también es verdad que en el Uruguay, e inclusive en sociedades mucho más desarrolladas
que la nuestra, que aún está en vías de desarrollo, hay tipos de delitos y de
delincuencia que no tienen ninguna justificación si de lo de que se trata es de
explicarlos a partir de la pobreza, de la angustia, del hambre y de la
desesperación de la gente. Eso no le da respuesta al porqué del contrabando
organizado en forma empresarial, al porqué del tráfico de drogas, ni a otros
muchos delitos que son más preocupantes para la estabilidad de la sociedad que
el robo de una garrafa de supergás o de la ropa tendida en cualquier barrio de
Montevideo.
También quiero señalar que no nos podemos
dejar llevar involuntariamente por algo que más de una vez no sólo quien habla
-que eso no tendría ninguna trascendencia- sino distinguidos compañeros del
Senado y especialmente muy distinguidos compañeros de la Comisión de
Constitución y Legislación -por lo menos, la mayoría de ellos- han destacado.
Entendemos que se está causando un grave daño a la comprensión del problema
cuando las simplificaciones llegan al extremo tal de sostener, como lo hacen
muchos integrantes de la actual cátedra de Derecho Penal de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, que los delincuentes también son víctimas de una
sociedad injusta. No creo que esa sea la explicación de la delincuencia porque
no pienso que la sociedad en sí misma sea injusta sino que, a mi juicio, hay
gente que quiere que esa sociedad sea injusta mientras que otros, por el
contrario -y afortunadamente, porque son los más- desean que esa sociedad no
sólo sea justa sino que cada vez lo sea más.
Pero es todo una teoría que crea luego la
atmósfera absolutoria, indulgente, respecto de hechos que no podemos explicar
sino a través de esa posición de admitir que hay delincuentes que no son
fácilmente recuperables y, que algunos nunca lo serán. Pero la sociedad no
puede quedarse indiferente frente a la circunstancia de que se dice que los
delincuentes serían la respuesta a las injusticias sociales que se estarían
padeciendo.
Además, me parece que
estamos teniendo una severidad mayor en el juicio de algunos hechos concretos
que se han traído a la consideración del Senado -ocurridos dentro del Instituto
Policial- que la que a veces tenemos en nuestras sesiones cuando consideramos
determinadas venias de destitución.
No violo ningún secreto -porque no voy a
dar ejemplos que permitan identificar a lo que me estoy refiriendo- cuando
afirmo, como lo voy a hacer a continuación, que más de una vez en este Cuerpo
hemos sido indulgentes hasta el punto de no hacer lugar a las venias de destitución
de funcionarios públicos que tienen, por lo menos a mi entender, todas las
pruebas necesarias como para avalar esas solicitudes de destitución. Y muchas
veces hemos encontrado en este Cuerpo -que constitucionalmente está encargado
de decidir también como juez si se destituye o no, con un criterio que a menudo
ha sido excesivamente benévolo, generoso y, por supuesto, equivocado-
comprobados infractores de las leyes.
Entonces, sin darnos cuenta -porque éste
tiene un contenido político y produce una conmoción en la opinión pública, y el
otro, el caso de equis funcionario, modesto o no, Grado III o Grado V, es un
hecho aislado, discreto y reservado- estamos utilizando criterios diferentes.
Pero considero que deberíamos tomar conciencia de que cuando se juzga al
Instituto Policial y al Ministro, no pido indulgencia o benevolencia, sino esa
dosis elemental de realismo, de ecuanimidad, para poner las cosas en su lugar.
Me parece, también, señor Presidente, que
en este tema hay que hacer una ineludible distribución de responsabilidades, no
entre los jerarcas de los distintos Poderes del Estado, sino entre los
funcionarios de los tres poderes, sin comprometer, por ello ni constitucional,
ni legal, ni administrativa ni moralmente a los jerarcas de cada uno de ellos.
Durante el transcurso de esta
interpelación he advertido la crítica al señor Ministro y ésta equivale a la
crítica al Poder Ejecutivo -porque el Ministro forma parte y muy importante de
ese Poder-, sin tener en cuenta algo que me parece elemental: que los hechos
aislados de los malos policías, de los policías ineficientes o equivocados, en
modo alguno pueden comprometer el prestigio del Instituto Policial y mucho
menos la suerte del Ministro.
En cambio ¿qué nos sucede -y me incluyo,
porque creo que es hora también de autocrítica- cuando entramos a analizar lo
que ocurre a nivel de la Justicia de este país? Por supuesto, sabemos que hay
hechos aislados de malos funcionarios judiciales, de funcionarios ineficientes
o equivocados. Pero tenemos como una especie de obstáculo para decirlo
abiertamente porque nos parece -y creo que es un error que compartí durante
muchos años- que ello sería poco menos que una intromisión en otro Poder del
Estado, que sería poco menos que violar el principio de la separación de
Poderes.
Me parece que cuando en este Parlamento
hemos aprobado el Código General del Proceso o leyes muy importantes que atañen
a una mejor administración de justicia, no sólo hemos hecho un bien a la
sociedad uruguaya, sino que, también, hemos cumplido con nuestra obligación.
Pero no hemos dicho, muchas veces, que ha habido y hay casos evidentes de
desgano en lo que es aplicar el derecho como debe ser aplicado, como espera la
gente que se aplique, y especialmente que hay una resistencia al cambio, que también
tiene mucho que ver con buena parte de los temas que se han señalado esta noche
en Sala.
Aceptemos, además -en esto la autocrítica
ha sido bastante extendida en la noche de hoy- que el Poder Legislativo, el
Parlamento en su conjunto, con la mejor intención, ha cometido errores por
acción u omisión en más de una oportunidad.
Entonces, en una situación tan compleja,
tan distinta -para bien del país- a la que ocurre en otros lados, ¿de dónde se
puede extraer que al cabo de esta sesión corresponde una crítica al señor
Ministro del Interior?
Esto me lleva al cuarto y último punto de
mi exposición.
SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador Aguirre.
SEÑOR AGUIRRE. - Antes de que el señor
senador pase a ese cuarto punto, debo decir, que a pesar de lo difícil que ello
resulta a esta hora de la madrugada, estaba siguiendo atentamente su exposición
y realmente no me resulta convincente ni admisible el tipo de argumentación que
estaba desarrollando, que apunta directamente a lo siguiente: no es posible
responsabilizar al señor Ministro del Interior o a cualquier otro Ministro del
Poder Ejecutivo si se comprobaren irregularidades de orden administrativo o mal
funcionamiento de los servicios a su cargo, porque también hay errores en el
Poder Judicial o porque también hemos pecado -si es que cabe el término- por
acción u omisión en el Poder Legislativo.
El Poder Legislativo tiene la facultad
-que, como dicen los juristas que saben de estas cosas, es un poder deber es
decir, existe la obligación de ejercer esa facultad- de controlar al Poder
Ejecutivo. Los errores del Poder Ejecutivo, si es que se cometen, pueden ser
denunciados y juzgados en el Poder Legislativo y éste no puede renunciar a esa
facultad por el hecho de que los jueces puedan cometer errores -que
naturalmente los cometen- o porque el propio Poder Legislativo haya sido omiso
en el cumplimiento. de sus funciones; y esto habría que demostrarlo, porque no
sé cuáles son las omisiones de este -Poder Legislativo. Pero aún dando de
barato que se pudiera señalarlas; ello no es razón para decir que este Senado
no pueda juzgar negativamente la gestión de un Ministro. Y con esto me pongo al
márgen del caso concreto que estamos juzgando en esta sesión, que es el tema de
la inseguridad en que se encuentra la población, de la impotencia o de los
errores cometidos por parte del Instituto Policial en su labor de prevención y
represión del delito.
Por otra parte, con todo respeto por el señor senador Ricaldoni digo que es
absolutamente equivocado equiparar el caso de los jueces al de la
Administración. Por definición de lo que es la esencia misma de la acción
jurisdiccional, los jueces pueden cometer errores de concepto en la aplicación
del Derecho; pero esos errores no pueden ser corregidos más que por las vías de
los recursos correspondientes en segunda instancia, por la vía de Casación.
Pero si un Juez aplica mal la ley y resuelve mal un juicio, su jerarca administrativo,
que es la Suprema Corte de Justicia, no puede llamarlo a responsabilidad ni
decirle que se equivocó y que se va a abocar al conocimiento del asunto para
corregirlo o sancionarlo porque dictó una mala sentencia.
En el ámbito de la Administración, eso es
el país nuestro de cada día porque la Administración, por esencia, es una
organización rígidamente jerarquizada y el jerarca es responsable de los
errores de sus subordinados. Por consiguiente, en el Ministerio del Interior y
en todos los Ministerios, el jerarca es el responsable de los errores que
cometen sus subordinados. Y por eso renunció el Jefe de Policía de Río Negro.
Aunque nadie ha probado que se realizara una colecta, renunció porque se sentía
responsable de que en sus servicios, directamente dependientes, de sus órdenes,
se estuviera cometietido esa irregularidad mayúscula. Así la califico yo.
En otros tiempos -y no voy a decir cuando
los Ministros tenían sensibilidad, para no herir la del señor Ministro
Marchesano- cuando había otras costumbres políticas en el país, había Ministros
que renunciaban -y estoy mirando a uno que en este momento está caminando por
la Sala- por errores que no habían cometido ellos o irregularidades que habían
cometido sus subordinados sin su conocimiento, y que fueron denunciadas en el
Senado de la Repúbíica. Se me podrá decir que eran otros tiempos y otros
hombres; pero no eran otros hombres, porque están acá presentes. Entonces vamos
a no hablar de los errores de los jueces porque eso no tiene nada que ver con
lo que se ha planteado aquí esta noche.
Cuando en la Administración se cometen
irregularidades graves, las responsabilidades son de los jerarcas y ellos
tienen que asumirlas. Entonces, de lo que se trata es de si se cometen errores
graves o no se cometen errores graves. No hay que hablar de los errores del
Poder Legislativo ni del Poder Judicial; aquí de lo que se trata esta noche es
de si el servicio policial funciona bien o mal. Si funciona mal, la
responsabilidad es del señor Ministro del Interior. Ahora, si se me demuestra
que funciona bien, él no tiene responsabilidad; pero con el tipo de argumentos
que está haciendo el señor senador Ricaldoni, jamás se podría juzgar a ningún
Ministro, cualquiera sea el desorden o el caos que haya en las dependencias de
su Ministerio. Y con esto no estoy afirmando que exista desorden ni caos en las
dependencias del Ministerio del Interior. Lo que estoy diciendo es que la tesis
que sustenta el señor senador Ricaldoni es en mi concepto y con todo respeto,
profundamente equivocada.
SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la
palabra el señor senador Ricaldoni.
SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: no
creo que en el fondo estemos en desacuerdo el señor senador Aguirre y yo.
Podemos, sí, tener valoraciones distintas respecto de la gravedad de los hechos
que se han señalado en Sala. Si yo llegara a la conclusión de que esos hechos
son de una gravedad de determinado grado, estaría de acuerdo con lo que él
acaba de sostener. Lo que estamos es, aparentemente, enfrentados en
discrepancias vinculadas con la importancia de los hechos que se han denunciado
y de las medidas que ha tomado el Ministerio, quizás minimizándolas algunos
miembros de este Senado y otros valorándolas en sus justos términos.
En lo que tiene que ver con los jueces, no
es tan cierto que la única solución que tiene la sociedad frente a un juez que
se equivoca es utilizar los recursos procesales correspondientes. Yo me refiero
a otra cosa y es que en algunas circunstancias -y los ejemplos del señor
Ministro del Interior han sido por demás elocuentes- ha habido una
desaprensión, diría una superficialidad en la consideración de los casos
sometidos a la decisión judicial, que me parece que, más allá de que son -lo
reconozco- excepciones, ellas demuestran que también en el Poder Judicial los
seres humanos son tan falibles como en el Instituto Policial o como en
cualquier otro lugar del país.
El último punto que yo quería mencionar,
señor Presidente, es el que tiene que ver con la interpretación que se ha hecho
del artículo 86 de la Constitución. Creo que fue el señor senador García Costa
quien dijo que había una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo en esta
materia. Pero con ser esto cierto, no deja también de poner de manifiesto que
el Parlamento, en más de una oportunidad, puede ejercer la facultad de reducir
aquello que propone como remuneración o como gasto, el Poder Ejecutivo.
(Suena el timbre indicador del tiempo).
SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra para
una cuestión de orden.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador.
SEÑOR FA ROBAINA. - Solicito que se
prorrogue el término de que dispone el orador.
SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de
la palabra se va a votar la moción formulada.
(Se vota:)
-20 en 21. Afirmativa.
Continúa en uso de la palabra el señor
senador Ricaldoni.
SEÑOR RICALDONI. - Estas reducciones,
señor Presidente, han ocurrido. Al principio de la sesión se me ha dicho que no
era así y yo me he sentido en la obligación de quitarles un poco el descanso a
mis secretarias para buscar !os antecedentes que sabía existían en esta
materia.
Y como me he sentido
poco menos que emplazado a demostrar lo que había afirmado, sin ningún placer,
con cierto disgusto, pues, me voy a ver obligado a decir por qué afirmé lo que
afirmé en un artículo que escribí en el mes de junio en el diario "La
Mañana", aclarando, eso sí -porque no quiero seguir siendo objeto de malas
interpretaciones respecto de mis dichos- que lo que voy a señalar ahora en modo
alguno significa un juicio de valor sobre quienes expresaron las cosas de las
que voy a dar cuenta. Lo que intento señalar es que efectivamente se dijeron,
que respeto puntos de vista discrepantes con lo que sostuvo en su momento al
Partido Colorado, pero que esas manifestaciones efectivamente existieron.
Y yo digo que sí, que esta Legislatura
conoce el antecedente de reducción de los gastos propuestos por el Gobierno y
por el Partido Colorado. En el Presupuesto de Sueldos, Gastos y Recursos del
año 1985, la votación corrió por cuenta de la oposición y el
Partido Colorado no lo votó precisamente porque se habían recortado los gastos
del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional.
Yo no iba a entrar en este tema, señor
Presidente. En la tarde de hoy obtuve la lectura de lo que expresó el señor
senador respecto a lo que yo había escrito, pero me parecía que no era un tema
para introducir en el Senado en la noche de hoy. Sin embargo, como él ha sido
traído al debate y se me dijo con razón que tenía algunas horas para justificar
lo que había dicho, pues lo voy a hacer, aclarando, además, que no deja de ser
una traducción libre y no necesariamente exacta de lo que yo escribí.
Lo que expresé en el mencionado artículo
fue que "los que se sumen a Zumarán para tratar de evidenciar que los
delitos de algún servidor del Estado -bastante mal pago e incomprendido por
muchos opositores de estos tiempos- han acorralado a los buenos orientales en
sus casas, parapetados entre sus muros e insomnes ante el temor de que
rapiñadores y violadores hagan estragos en el hogar desprotegido...",
etcétera. Y agregaba: "Pocos se acordarán, en cambio, de que hace no pocos
meses, cada vez que se reclamaban las mejoras presupuestales para el Ministerio
del Interior, desde estas mismas tiendas se hablaba y escribía de un
inaceptable intento oficial por mantener y aumentar ‘el aparato
represivo’".
Señor Presidente: repito que respetando
puntos de vista discrepantes con los míos, estas cosas se dijeron. Las dijo,
por ejemplo, el señor representante Ituño, quien señalaba en diciembre de 1985 en
la Cámara de Representantes que para el Ministerio de Defensa Nacional,
"el Presupuesto de la dictadura establece un 24.2 % y el del Poder
Ejecutivo, un 23.6 %. Para el Ministerio del Interior el Presupuesto vigente
establece un 12.7 %, mientras que el del Poder Ejecutivo asigna un 12 %".
Más abajo, agregaba: "Como se
advierte muy fácilmente de una lectura rápida de estas cifras surge con toda
evidencia que aquí no hay ningún cambio, que la estructura del gasto se
mantiene absolutamente igual".
Y luego decía: "Deseo señalar,
también, que cuando los Partidos se reunieron en la Concertación Nacional
Programática, el tema del gasto público y su asignación fue uno de los puntos
que se consideraron, y allí convinimos todos en que había que realizar
profundas reasignaciones del gasto público, asignando la mayor prioridad a las
áreas sociales, -es decir, la salud, la educación y la justicia-y disminuyendo
la participación que le adjudicó la dictadura a los llamados gastos de
seguridad".
"En forma breve y sucinta", -continuaba-
"éstas podrían expresarse en los siguientes términos: mejorar la
asignación para la salud, la educación y la justicia y reducir las asignaciones
correspondientes a los gastos de seguridad".
El señor representante Ituño, recordaba,
porque se estaba tratando el proyecto con media sanción del Senado, lo
siguiente: "Como consecuencia de las propuestas de nuestro Partido en esa
rama legislativa" -es decir, en el Senado- "surgió un Presupuesto que
tenía otro perfil, otra cara y con diferencias sustanciales con respecto al que
el Poder Ejecutivo había proyectado".
Más adelante decía: "En lo que
respecta a los gastos de seguridad y defensa, el Presupuesto vigente en la
dictadura, le asignaba un 36.9 %, mientras que el del Poder Ejecutivo
prácticamente le otorga la misma cifra, pues es un 35.6 %. Luego de las
modificaciones del Senado, esta asignación baja al 29 % con lo que ha habido
una disminución de un 19 % con relación a la participación que tenía ese gasto
en el Presupuesto del Poder Ejecutivo". Y continua en esos términos.
Puedo citar también la opinión del
diputado Gilberto Ríos, que en la misma sesión del jueves 19 de diciembre de
1985 decía: "... sabemos porque está marcado claramente en el Presupuesto,
que de este 1 % del salario mínimo nacional están excluidos los funcionarios de
los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior, cuyas primas por antigüedad
son el 3.1 %, pero no de un salario mínimo nacional sino que, por ejemplo, en
el caso del Ministerio de Defensa Nacional es con referencia al sueldo de un
Teniente General y en el del Ministerio del Interior al sueldo de un Inspector
Principal, que es el cargo más alto del escalafón y anterior al Jefe de
Policía".
En otra parte de su exposición el
representante Ríos señalaba: "Destacamos, por otra parte, que agregado al
bajo porcentaje, está el hecho de que más de un 40 % de ese 38 % -que en
definitiva constituye el 100 % de lo que va para sueldos- está destinado a
sueldos de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior".
Decía, más adelante lo siguiente:
"Por lo tanto, si pedíamos más recursos para la salud, para la Universidad
y para la Enseñanza y la disminución de los gastos de Defensa e Interior, y
buscábamos hacer economías a través de reducciones en ciertas erogaciones que considerábamos
necesarias pero no imprescindibles para esta etapa, era porque estábamos
interpretando no sólo el diagnóstico de un Proyecto de Presupuesto, sino
también las fórmulas correctas por las cuales, dentro del marco que permite el
trámite legislativo, se podía modificar y lograr mejoras en las áreas que
consideramos prioritarias".
El señor representante
Lescano decía, a su vez que en un país "donde la inmensa mayoría de la
población trabajadora uruguaya ha perdido en estos últimos diez años más del 50
por ciento del poder adquisitivo de su salario, es triste comprobar que en una
situación así se destina para las fuerzas armadas y policiales casi el 41 % de
los cargos, el 45.26 % de las remuneraciones, el 34 % de los gastos
y algo, más del 41% de las inversiones. Parecería que es algo que no puede
ser."
Cito también las palabras del
representante Pita, pronunciadas en la misma sesión de diciembre de 1985: "Para
nosotros, el tema central es que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley
que constituye -sin pretender agraviar a nadie-un Presupuesto continuista. El
señor senador García Costa, en el transcurso de la discusión del mensaje
original en la Cámara de Senadores, empleó una expresión a nuestro juicio muy
feliz, dijo: ‘Sin querer utilizar un término peyorativo, diría que es el
Presupuesto más rutinario que haya conocido el país, porque no hay innovación
de especie alguna. Ninguno de los Presupuestos de los Ministerios implica
cambio, modificación, hasta diría, imaginación’. Agregaríamos nosotros a estas
expresiones que la rutina a que hacía referencia el señor senador García Costa
no sigue a un precedente democrático sino a doce años de dictadura
militar".
En otra parte de su exposición el
representante Pita destaca: "En función de ello, como integrantes de la
oposición hemos trabajado conjuntamente los compañeros de la Comisión de
Presupuestos y Haciendas Integradas con el objetivo -de mejorar la asignación
de recursos, principalmente para las áreas de la salud, la educación y la
justicia. Hemos aportado nuestro -modesto esfuerzo para tratar de que se
ahorren gastos prescindibles, para recortar inversiones no estrictamente
necesarias en determinadas áreas, para transferir recursos de Defensa hacia
áreas civiles de la Administración, para desmilitarizar reparticiones que
durante la dictadura fueron incorporadas al Ministerio de Defensa Nacional, es
decir, en definitiva, para paliar en todo lo posible las consecuencias de un
mensaje incompartible."
El mismo 19 de diciembre de 1985, el
señor representante Rodríguez Labruna manifestaba: "En cuanto a lo otro,
cuando hablamos del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del
Interior, así como cuando nos referimos a la enseñanza, en -primer lugar voy a
hacer mención a los porcentajes. En el proyecto del Poder Ejecutivo se destina
un 24.2 % para Defensa Nacional y un 12 % para Interior, lo que hace un total
de un 36 %. Nosotros bajamos esa cifra al 28 %. Hemos reducido a un 6 % a la
seguridad nacional y es muy fácil saber donde se encuentra: está en la Enseñanza.-
Hemos cambiado las armas por los libros".
En ese momento, el señor Rocha Imaz dijo
¡Apoyado! y el señor representante Rodríguez Labruna continuó en estos
términos: "Ese 6 % está en ANEP. Llevamos el 14 % que propone el Poder
Ejecutivo para este Ente, al 20 %. Reitero que estamos muy contentos de hacerlo
y consideramos que hacemos muy bien en cambiar las armas por los libros si
queremos tener una democracia fuerte y culta, que es uno de los instrumentos
fundamentales para conservar la libertad individual".
Por otra parte, el señor representante
Melo Santa Marina dijo: "¿Qué implica en realidad esta opción de gobierno
que el Presupuesto estampa en el texto legal? Primero, que, en lo sustancial,
la estructura del gasto público no ha cambiado; parecería que el Gobierno sigue
obsesionado con el fantasma de la Doctrina de la Seguridad Nacional, porque el
país sigue gastando un porcentaje desmesurado, no en áreas de desarrollo y de
directa incidencia en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población
del Uruguay, sino en el aparato de guerra, en las fuerzas de seguridad
internas, porque todas son fuerzas de intervención interna, salvo que por
decreto suprimamos la realidad geopolítica".
"En segundo lugar, el Gobierno nos
envía un proyecto de Presupuesto que, según las paramétricas universales,
corresponde a un país en guerra, a un país con una fuerza armada en operación.
El 40 % de los gastos corrientes está destinado a evitar que el pueblo uruguayo
desborde los limites de seguridad compatibles con los intereses del sistema
establecido. Este porcentaje es una enormidad", etcétera.
Me ahorro, señor Presidente, otras citas
que seguramente existen fuera y dentro del Parlamento.
Repito que respeto los puntos de vista que
he traído al -recuerdo de los señores senadores, pero discrepo con ellos señor
Presidente. Señalo, además, que cuando yo decía que en este Parlamento y fuera
de él se recortaron gastos, haciendo referencia al aparato represivo, a la
seguridad nacional y a cosas por el estilo, yo no mentía. Existía sí la
posibilidad de que me estuviera basando en el error de recuerdos equivocados;
pero creo que entre el error y la mentira existe una diferencia que a nadie
escapa: la mentira es falsear la realidad deliberadamente. Y yo no he falseado
la realidad y, en consecuencia, tampoco he mentido.
SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR FERREIRA. - Agradezco al señor
senador Ricaldoni que con la gentileza parlamentaria que le caracteriza – y que
también lo ha caracterizado en otras polémicas que conocido desde que se inició
esta Legislatura- me haya concedido esta interrupción. Me hubiera gustado,
además, realizar otras intervenciones en el curso de esta importantísima
interpelación pero, lamentablemente, mi amigo el señor Ministro del Interior
adoptó durante su exposición un criterio tan selectivo en la concesión de sus
interrupciones negándome una que cuando el señor senador Rodríguez Camusso le
solicita interrupción, le manifiesta "con mucho gusto dos".Quizás
podría haber repartido una y una, pero en cuatro oportunidades traté de hacerle
alguna pregunta y no obtuve respuesta. Algunas de las interrogantes eran
meramente informativas y por ello me hubiera gustado que el señor Ministro me
las aclarara. Curiosamente, luego de haberme negado cuatro interrupciones me dí
cuenta de que quien habla era el único legislador al que no se le habían
concedido interrupciones, por lo que decidí acatar su voluntad.
Durante su intervención el
señor Ministro manifestaba -y creo que lo hacía bien- que muchas veces la forma
como se plantea un tema ante la prensa, así como la fraseología que se utiliza
para dar una información -no sé si estas fueron sus palabras exactas, pero sí
el espíritu de su intervención- crea un estado de ánimo o una forma de
interpretar la noticia ante la opinión pública que condenaba antes de conocer
los hechos y que luego cuando éstos eran clarificados, la aclaración no tenía
el mismo alcance y, en consecuencia, no reivindicaba a quien había sido
acusado.
Respecto a la cita a que hice referencia
al comienzo de esta sesión, voy a incluir el recorte de prensa que tengo en mi
poder, publicado en el diario "La Mañana" del sábado 17 de julio para
que sea puesto a disposición del Cuerpo de Taquígrafos. Asimismo, y contando
con la autorización del Senado, solicito que se me señale un solo punto, una
sola coma, o una palabra de más o una palabra de menos entre lo que dice el
diario "La mañana" y lo que yo manifesté en Sala. Afirmo
categóricamente, señor Presidente, que no se agregó ni se quitó una sola frase.
Quizás haya interpretado mal las palabras del señor senador Ricaldoni pero,
repito, que las leí tal como están escritas. En dicho artículo se expresa lo
siguiente: "Pocos se acordarán, en cambio, de que- hasta hace no muchos
meses, cada vez" -y agrego no una ni otra- "que se reclamaban las
mejoras presupuestales para el Ministerio del Interior, desde estas mismas
tiendas se hablaba y escribía de un inaceptable intento oficial por mantener y
aumentar el aparato represivo’".
Repito, como dije al comienzo de la
sesión, que no solamente cada vez, sino que ninguna vez que se pidieron mejoras
presupuestales para la policía el Partido Nacional votó en contra. El señor
senador Ricaldoni puede demostrar que mis palabras son exactas; aquí no se ha
citado un sólo ejemplo en el cual el Partido Nacional haya votado en contra de
aumentos presupuestales al personal policial. Esto se desprende no solamente de
un hecho que es de conocimiento público, sino de las propias declaraciones del
señor senador Ricaldoni donde, en primer lugar, confunde sueldo policial con el
gasto conjunto del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa
Nacional. Creo que poco tiene que ver una cosa con la otra. Inclusive, ha
citado declaraciones del señor diputado Ituño sobre partidas del Ministerio de
Defensa Nacional. Deseo aclarar, señor Presidente, que el sueldo de los
policías no viene de las partidas del Ministerio de Defensa Nacional.
(Suena el timbre indicador de tiempo)
Con la benevolencia del señor Presidente,
finalizo redondeando mi pensamiento.
Cuando el señor diputado Ituño habla del
porcentaje del Presupuesto destinado a las asignaciones de defensa, se está
refiriendo a una situación que hereda el Gobierno democrático, en el cual el
Uruguay destinaba a este rubro un porcentaje de su producto bruto interno dos
veces mayor que el utilizado por la República Popular de China, dos veces y
media más que el que destinaba la Unión Soviética, y una vez y media más que
los Estados Unidos, a gastos de seguridad y defensa. Parecía una desproporción
que nuestro pequeño país en vías de desarrollo destinara tantas veces más que
las grandes potencias militares, ese porcentaje a gastos de defensa.
No entiendo cuál puede ser la relación
entre las palabras del señor diputado Ituño y los sueldos de los policías.
Afirmo una vez más que el Partido Nacional jamás votó en contra de una
iniciativa de este tipo; jamás una iniciativa del Poder Ejecutivo para aumentar
los sueldos de los policías fue denegada por este Parlamento. Por el contrario,
el Partido Nacional, en la Comisión de Presupuesto y en Sala -no voy a leer las
citas a que hace referencia de los señores senadores Zumarán, Pereyra y Lacalle
Herrera- manifestó que estaba dispuesto a votar cualquier aumento que se
solicitara. Además, manifesté que en ningún momento el Partido Nacional
comparaba sueldos de funcionarios policiales con aparatos represivos del Estado
así como que tampoco ninguno de sus legisladores había hecho este tipo de
calificaciones. Para demostrarme lo contrario, el señor senador Ricaldoni lee
una extensa cita -no sé si se refiere a este tema o no- del señor diputado
Gilberto Ríos. Aclaro en Sala que el señor diputado Ríos no pertenece a nuestro
Partido. Posteriormente, el señor senador lee una cita del señor diputado
Lescano, y seguidamente otra perteneciente al diputado Carlos Pita, por lo que
aclaro que ninguno de estos dos legisladores pertenecen al Partido Nacional.
Quiere decir que, señor Presidente, queda
demostrado en Sala que el Partido Nacional jamás votó en contra de un aumento
de este tipo, y si no es así que se me cite la Rendición de Cuentas y el
artículo que el Partido Nacional votó en contra. Y esto no se puede hacer
porque no ocurrió. Si esto no es cierto, pido que se diga que en tal caso
cuando se le quiso aumentar el sueldo a la Policía el Partido Nacional
manifestó que no porque ella formaba parte del aparato represivo del Estado.
Tampoco esto es posible citar porque el Partido Nacional jamás lo dijo.
Creo que todo esto no forma parte de un
acierto, de un error o de un hecho aislado en el cual incurre el señor senador
Ricaldoni, sino de toda una estrategia adoptada ante las denuncias gravísimas y
contundentes que ha hecho el señor senador Zumarán demostrando con cifras,
datos, evidencias, ejemplos y estadísticas lo que todo el país reconoce a
través de la experiencia de cada ciudadano y que radica en el hecho de que toda
la República no vive un clima de seguridad, de protección de las garantías de
los ciudadanos, de amparo ante la ola delictiva que impera, en el país. Ante
esto, la única respuesta que hemos escuchado es una defensa al Instituto
Policial. Nosotros seremos los primeros en defender este Instituto Policial, de
defenderlo contra una administración de gobierno que no lo ha amparado ni
respetado.
Aquí en Sala el señor
Ministro leyó declaraciones del Círculo Policial y yo me pregunto si tan
sensible a todas las demandas ha sido el Ministerio y el Círculo Policial, por
qué razón Rendición de Cuentas tras Rendición de Cuentas, los legisladores del
Partido Nacional hemos sido invitados al Círculo Policial para recibir y oir
material de tremendas quejas por parte del funcionariado policial respecto del
trato que se les dispensa en dicho Ministerio en materia salarial, de
armamentos, de vestimenta, de equipamiento, de medios de locomoción y de medios
de transporte como ser patrulleros y bicicletas.
Quizás con la benevolencia del señor
senador Ricaldoni agregué algunos ingredientes que iban un poco más allá de su
exposición porque fue impedido hacerlo en el momento oportuno.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el
señor senador Ricaldoni.
SEÑOR RICALDONI.- En mi artículo, que el
señor senador Ferreira va a poner a disposición del Senado, lo que le
agradezco, se podrá ver que escribí: "Pocos se acordarán, en cambio, que
hasta hace no muchos meses cada vez que se reclamaban -las mejoras
presupuestales para el Ministerio del Interior..." etc., etc.
El diario "La República" de hoy
publica entre comillas -mi experiencia es que ese diario,-más allá de las
discrepancias que tengo con él, cuando publica algo entre comillas es
exacto-...
SEÑOR FERREIRA - Cuidado con lo que va a
decir, señor senador.
SEÑOR RICALDONI.- ..: "Es mentira lo
que ha dicho recientemente el senador Ricaldoni que el Partido Nacional se ha
negado a aumentar el sueldo a la Policía".
Yo estaba hablando de mejoras
presupuestales. Es cierto, también, que cada mejora presupuestal internamente
está suponiendo, directa o indirectamente, mejoras en las retribuciones y que
cada disminución de las partidas que propone el Poder Ejecutivo significa una
reducción de los sueldos de la Policía.
En ese artículo no acusé al Partido
Nacional; dije que desde la oposición -y cuando digo desde la oposición, lo
hago sabiendo que había legisladores del Partido Nacional y de otros Partidos
políticos que, respetándolos como lo he dicho hasta el cansancio en esta
intervención- se hacían comentarios encomiásticos de la reducción que se había
operado por virtud de la conjunción de fuerzas de la oposición en los
Presupuestos no sólo del Ministerio de Defensa Nacional, como acaba de señalar
el señor senador Ferreira, sino también de la Cartera del Interior.
No voy a leer nuevamente lo que dijeron
los señores representantes Ituño, Rodríguez Labruna y Pita que en aquel momento
era integrante del Partido Nacional, y otros legisladores a quienes respeto
pero con los que nunca estuve ni estoy de acuerdo, porque para eso basta remitirse
a la versión taquigráfica de la Cámara de Representantes y a lo que acabo de
leer.
Esperaba que lo que se había dicho antes
se concretara luego. Si yo me hubiera equivocado me hubiera sentido muy mal
conmigo mismo por tener que reconocerlo, lo que tengo que admitir, aunque lo
hubiera hecho.
El señor senador Ferreira no reconoce que
su visión de los hechos no reposa en esto que es la lectura, de una versión
taquigráfica que, además, no es una versión sin corregir, pues me imagino que
todos los señores legisladores generalmente y cuando se tratan temas de esta
importancia leen la versión taquigráfica y le introducen los ajustes del caso.
No le doy más importancia al asunto de la que tiene. Pienso que esto no da para
más. Lo que no me gusta porque creo que no me lo merezco, es que se me tilde de
mentiroso. Además, creo que nadie o casi nadie en esta Sala lo debe creer.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador Cersósimo.
SEÑOR ORTIZ.- Le había solicitado una
interrupción al señor senador Ricaldoni.
SEÑOR CERSOSIMO. - El señor senador
Ricaldoni le concedió la interrupción al señor senador Ortiz.
SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador
Ricaldoni terminó su intervención. En todo caso, señor senador Cersósimo ocupe
la Presidencia y dirija el debate.
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra
para una aclaración.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador.
SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Voy a hacer uso
de la palaba, pero fuera del tiempo del que dispondrá el señor senador
Cersósimo.
El señor senador Ricaldoni en el curso de
su intervención hizo referencia a manifestaciones formuladas en la Cámara de
Representantes por los señores representantes Gilberto Ríos y Lescano, este
último entonces componente del Frente Amplio. En este momento no me refiero al señor
representante Pita porque aunque actualmente es compañero nuestro en el Frente
Amplio, al momento de hacer las manifestaciones que han sido leídas integraba
el Partido Nacional.
Sólo quiero dejar perfectamente en claro
que tanto a lo largo de la consideración del Presupuesto como de las
Rendiciones de Cuentas que le siguieron, en todo momento sostuvimos la
conveniencia de pagar adecuadamente a los funcionario policiales. Lo que sí
reclamamos fue un trato parejo con otros funcionarios, en lo cual estoy seguro
que interpreto a los propios funcionarios de la Policía, porque los
trabajadores policiales que tienen derecho a un trato presupuestal adecuado, en
el cual, entre otras cosas, no le sea disminuida su asignación a valor
permanente como se le está haciendo a todos los funcionarios, estoy seguro que
aspiran, también, a que los empleados del resto de la Administración tengan
remuneraciones decorosas.
Lo que siempre
reclamamos fue que existiera una relación adecuada entre lo que gana un
funcionario policial y, por ejemplo, uno de la enseñanza, de la salud o de los
servicios centrales de otros Ministerios. Esto lo hemos reclamado es lo que
fluye de las manifestaciones leídas. Nunca entendimos que la Policía debía ser
postergada o desplazada, sobre todo en los grados más modestos, en las
asignaciones que legítimamente les corresponde percibir.
Esto está absoluta y ampliamente
documentado tanto en las Actas de cada una de las Comisiones de Presupuesto de
ambas ramas parlamentarias, como en los debates producidos en cada una de ellas
y en la Asamblea General.
Quiero que este aspecto quede
perfectamente en claro, porque nosotros no nos hemos opuesto a un tratamiento
presupuestal adecuado para los funcionarios policiales. Sí hemos procurado
insertarlos dentro de un Presupuesto adecuado para el conjunto del
funcionariado nacional, dentro del cual no se establécieran privilegios
inadecuados e inclusive irritantes.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador Cersósimo.
SEÑOR CERSOSIMO. - El señor senador Ricaldoni
le había concedido una interrupción al señor senador Ortiz.
SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador
Ricaldoni terminó su intervención sin conceder las dos interrupciones que se le
solicitaron.
SEÑOR RICALDONI.- Estaba con la luz
amarilla; no con la roja.
SEÑOR PRESIDENTE. - Si el señor senador
Ortiz desea puede pedir la palabra para una aclaración y de esa manera no le
descuenta el tiempo al señor senador Cersósimo que piensa utilizar una hora
íntegra de su discurso para infligirnos.
SEÑOR ORTIZ.- Pido la palabra para una
aclaración.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador.
SEÑOR ORTIZ.- Entre las cosas que se han
dicho esta noche he escuchado ya algunos vaticinios sobre el resultado de esta
jornada, sobre si se apoyaría o no al señor Ministro. Creo que a esta altura
eso no tiene mayor interés, en primer término, porque sabemos que siguiendo su
estilo, el Gobierno, sea cual fuere el resultado de la votación, no va a hacer
renunciar al señor Ministro y, en segundo lugar, porque no creo que eso sea lo
que le interesa a la opinión pública. Esta espera otra cosa como resultado de
ésta o de cualquier otra interpelación.
Se ha dicho que el temor generalizado es
una sensación. No creo que sea así. Me parece que es una realidad, demostrada
con mucho de lo que aquí se ha dicho como que la proliferación de las compañías
de seguridad no surge caprichosamente; la gente aunque tenga recursos, no se
desprende de algunos miles o decenas de miles de pesos mensuales porque tiene
una sensación, sino porque tiene un verdadero temor.
El auge de las casas que venden alarmas
electrónicas y de todo tipo, no es ficción; ese tipo de negocios están
prosperando. He conversado con gente que me decía que en ese rubro, que
explotaban, estaban languideciendo, mientras que ahora están trabajando
activamente.
¡Cuánto cuesta reforzar puertas y ventanas
con chapa de acero o de hierro y cuántos lo hacen! Eso demuestra que no se
trata de una sensación sino de una realidad.
He visto en Carrasco jardines hermosos que
ahora están rodeados por una verja o una reja, lo que le da aspecto de cárcel;
donde antes las flores estaban al alcance de la mano, ahora hay una verja
imponente para proteger la propiedad. Por más dinero que tenga el dueño de esa
casa, no se gasta un platal en una reja por pura sensación, sino porque hay una
realidad.
La gente tiene temor no sólo de la viejas
formas de la delincuencia, sino también de las formas nuevas. No hay más que
leer los diarios. Hace menos de una semana tocaron a la puerta de una vivienda
y como al preguntar de quién se trataba se respondió que era el cartero,
abrieron. Sin embargo, se trataba de dos individuos armados con revólver que
entraron a la casa con la intención de llevarse todo. Luego, al llegar un
camión, cargan, a la vista y paciencia del público, todo lo que pueden llevarse
y lo que no, lo destrozan. Para colmo, hieren a los habitantes, los matan o los
violan.
Como decía, señor Presidente, la gente
tiene temor. Cuánta gente que, conozco personalmente -naturalmente que no son
muchas si las comparamos con la población del país- que vive sola, -ya sea
ancianos o viudos- tiene un temor terrible de quedarse sola. Es más; no abren
las puertas y hasta apagan las luces para que nadie piense que están dentro de
la casa y no se sientan tentados a robarla.
Esta es la realidad del país. Ahora
bien; toda esa gente, ante el anuncio de la interpelación dice:
"Bueno, aquí vendrá la solución". Se trata de personas que no salen a
la calle en manifestación; de hacerlo, saldrían con pancartas con leyendas tales
como "Soluciones ahora", "Soluciones ya". Pero no lo hacen;
no están agremiados, ni forman un sindicato, aunque conforman el de los
dolientes, el de los temerosos, el de los angustiados, que por cierto son parte
muy importante de nuestra población y a la que hay que tener en cuenta.
En consecuencia, esa gente dirá: "Se
discutió esta noche durante no sé cuantas horas, pero ¿cuál es la solución? Acá
no hay ninguna. Hemos oído por parte de todos un rosario de carencias: qué es
lo que le falta a la policía, ya sea en locomoción, en ropa, en medios, en
tecnificación; qué es lo que le falta al Instituto del Menor, en organización,
en técnicos; lo deficiente de los establecimientos carcelarios, que no han sido
construidos para esta finalidad de albergar a los menores peligrosos. En fin,
todo eso es lo que sabíamos y que ha sido ampliado incluso por datos más
ilustrativos proporcionados por el señor Ministro, datos que por lo menos yo no
los tenía. Pero ¿cuál es la solución? Lo que personalmente esperaba era que el
Gobierno dijera: "Nosotros nos proponemos tomar estas medidas de
inmediato, enviar un Mensaje si es que se entiende pertinente, buscar recursos
extraordinarios para dotar enseguida a la Policía de medios", en una
palabra, hacer algo.
El resumen de la interpelación,
sea cual sea el resultado de la votación, -que para mí no es lo más importante-
para la opinión pública es una frustración; si no, léanse los diarios de mañana
y pasado cuando comenten esta sesión. Cuando la gente pregunte qué vamos a hacer,
cómo se va a solucionar esto, si va a haber más vigilancia ¿qué vamos a decir?
Que hemos analizado exhaustivamente, como se dice ahora, el problema pero
soluciones no hemos podido encontrar. Sabemos lo que habría que hacer. Es
probable que el Gobierno tenga el buen propósito de proyectar algo, si es que
le queda tiempo. Pero la gente quiere que se haga algo ahora. En ese sentido,
no puedo creer que todo un Parlamento y también el Poder Ejecutivo no sean
capaces de hacer algo inmediato, que rinda frutos enseguida.
Esa es la decepción que va a tener la
gente y es la que tengo yo también, de la que me siento culpable porque soy
copartícipe de esta inoperancia que tenemos para solucionar un problema
delictuoso. En muchas ciudades del mundo hay auges de la delincuencia, a veces
coyunturales, a veces permanentes y en muchas de ellas se han encontrado
soluciones. No todas las sociedades de todos los países de América y del mundo
están angustiadas como la nuestra, pero si no tenemos inventiva ni capacidad
para resolver el problema, copiemos por lo menos lo que otros hacen, aunque sea
adaptándolo a nuestro país. Sin embargo no hacemos ni una cosa ni la otra. Nos
hemos pasado aquí doce o quince horas haciendo un análisis prolijo de lo que
nos falta, de lo que no se ha hecho, de lo que no ha sido posible hacer y de
los recursos que nos han faltado, pero en cuanto a resolver concretamente qué
es lo que se va a hacer mañana, no hay nada al respecto, ni el señor Ministro
nos lo ha anunciado.
Sin embargo eso es, a mi juicio, lo que la
gente esperaba.
No voy a continuar con esta breve
exposición a efectos de no robarle más tiempo al importante discurso que va a
pronunciar el señor senador Cersósimo, pero quise dejar esta constancia de mi
dolor, pues voy a seguir participando -ya que vivo en esta sociedad- de estos
temores que a mí, como legislador, al igual que a los demás, me llegan con más
frecuencia que a otras personas. Y esas personas preguntarán: "¿Qué hacen?
¿No han hecho nada? ¿Qué hicieron en el Senado? ¿Qué resultó de la
interpelación? ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Qué cosa nos devolverá la
tranquilidad de la que ahora carecemos?" Son todas preguntas a las que yo
no podré responder. Esta es la triste realidad, y el epílogo de quince horas de
deliberación.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador Cersósimo.
SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una
interrupción?
SEÑOR CERSOSIMO. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el
señor senador.
SEÑOR ZUMARAN. - Lamento intervenir
después de la profunda exposición que ha hecho el señor senador Ortiz, pero no
tengo más remedio que hacerlo. Me voy a referir a un tema de menor enjundia del
que él ha tratado y que dice relación con expresiones del señor senador
Ricaldoni.
Dicho señor senador mezcla cosas que son
diferentes. En un artículo periodístico dice que nosotros, el Partido Nacional,
hemos negado recursos al Ministerio del Interior. Y eso no es verdad. Luego,
cuando quiere buscar una cita que dé fundamento a su argumentación, recurre a
expresiones vertidas en la Cámara de Representantes que no dicen que el Partido
Nacional le niega recursos al Ministerio del Interior, sino que refieren a un
problema distinto. Y es que el Presupuesto General venía con una determinada
estructura de gastos, el que luego fue modificada. Es difícil hablar de esto de
memoria porque han transcurrido ya cuatro años. Pero recuerdo -seguramente lo
harán los demás señores senadores- que aquí en el Senado se creó una
Subcomisión, que integré con otros señores senadores, y analizamos
exhaustivamente los gastos presupuestales del Ministerio de Defensa Nacional.
Allí hicimos una reducción importante; eliminamos 5.300 ó 5.400 plazas
en las tres Armas, esto es, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional, esto fue
votado por todo el Senado. Nosotros trabajamos en ese sentido, lo planteamos, y
se llegó a un entendimiento con el Ministerio de Defensa Nacional y con los
asesores del Ministro, sobre si era posible o no ese ritmo de reducción de
plazas, para lo que se fijó una fecha. Paralelamente, de los incisos 02 al 09,
se modificaron en la misma proporción los rubros de gastos.
Reitero que fue una importante reducción
en el Ministerio de Defensa Nacional, que bajó porcentualmente los gastos.
Por otro lado, se aumentaron los gastos
para Salud Pública y eso figura en el Mensaje complementario. Asimismo, el
Senado aumentó lo que venía para el Poder Judicial y para los organismos de
enseñanza comprendidos en el artículo 220 de la Constitución.
Por lo tanto, hubo una serie de medidas
que redujeron los gastos del Ministerio de Defensa Nacional, en virtud de la
reducción del número de plazas y un aumento en las partidas de gastos para
Salud Pública, que fue muy considerable.
Lo mismo pasó con los gastos del artículo
220, tanto sea para educación, en todas sus ramas, como para el Poder Judicial.
En virtud de todos esos cambios se transformó la estructura del Presupuesto,
disminuyendo los gastos de seguridad y aumentando el gasto social, tal como
sostiene el señor representante Ituño. Con respecto a la afirmación realizada
por el señor senador Ricaldoni acerca de que el Partido Nacional abatió en
estos cuatro años los rubros presupuestales correspondientes al Ministerio del
Interior, debo decir que hemos consultado a los once senadores de nuestro Partido
y nadie recuerda semejante cosa. El señor senador Ricaldoni ante las
expresiones, tanto del señor representante Ituño como de otros representantes,
no ha podido confirmar, o dar fundamento a las declaraciones periodísticas que
realizó.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador Cersósimo.
SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: la
exposición que vamos a realizar la haremos en nombre de la bancada de la Unión
Colorada y Batllista.
Ante todo queremos significar que nuestra posición va
a ser la de no votar ninguna moción desaprobatoria de los informes brindados
por el señor Ministro del Interior. Lo que está en juego -como aquí se ha
dicho, nosotros lo hemos repetido y lo expresó en el discurso programático que
pronunció el señor Jorge Pacheco Areco el 24 de junio último y que el señor
senador Zumarán recordó al comienzo de su exposición-. no es la responsabilidad
del actual Ministro, sino toda una política respecto de la que nosotros hemos
enfatizado y luchado para que se modificara en el sentido de incrementar los
contralores necesarios y la actividad pertinente, a efectos de garantizar, en
plenitud, la seguridad ciudadana, en forma adecuada, tal como lo hemos
reclamado.
Por eso, y a pesar de esa
tesitura que anunciamos al comienzo de nuestra exposición, pensamos, como decía
también el señor Jorge Pacheco Areco, que este no es el momento de dar nuestro
voto a fin de modificar la composición de un gabinete ministerial, desaprobando
los informes y, en su oportunidad, censurando los actos de administración o de
gobierno del señor Ministro. De lo que aquí se trata no es de la persona del
actual Ministro del Interior, porque, reiteramos, que lo que vamos a expresar a
continuación lo venimos manifestando desde el comienzo de la actual Legislatura
y lo hemos dicho no en una, sino en varias oportunidades y en distintas
intervenciones que hemos realizado tanto en el Senado como fuera de él, y en
todos los medios de comunicación a los que hemos tenido acceso.
A pesar de esta posición, que
debe quedar muy clara y que, naturalmente, vamos a poner de manifiesto, cuando
llegue el momento, en esta intervención, nosotros hemos estructurado una
declaración a la que voy a dar lectura, a fin de que se conozca, públicamente,
la filosofía que, en la materia, ha exhibido, y en la emergencia exhibe la
Unión Colorada y Batllista, en función de todos los antecedentes que han
abonado una total e indeclinable coherencia en lo que a este caso se refiere.
Esta declaración que hemos
formulado y que se encuentra en poder de la Mesa, firmada por los tres
senadores que conforman nuestro sector político en el Senado, expresa que:
"Oídas las manifestaciones del señor senador Zumarán y las explicaciones
del señor Ministro del Interior; atento a la situación de inseguridad ciudadana,
que, desde hace más de cuatro años está instalada en el país, lo que quedó, una
vez más, de manifiesto, en la sesión de hoy, la bancada de senadores de la.
Unión Colorada y Batllista declara: 1º) Su firme aspiración de que se proceda,
de inmediato, a la rectificación de la política que el Poder Ejecutivo ha
seguido en esta materia, en el sentido de acentuar los mecanismos que permitan
el afianzamiento de la protección de personas y bienes, de que ahora carece en
forma adecuada, la población de la República, y, 2º) Su indeclinable
disposición, como la que ha ejercitado siempre, de colaborar, en forma activa,
para que el Parlamento coadyuve, decisivamente, en ese propósito esencial de
otorgar plena seguridad ciudadana".
Esto es lo que hemos venido sosteniendo y
lo que, desde el comienzo mismo de la labor del Poder Ejecutivo, en esta misma
Legislatura, hemos expresado. Así lo expresamos, por ejemplo, en abril de 1985,
más exactamente en la sesión del día 22 de dicho mes, se empezó a discutir
sobre la libertad de los procesados, condenados y penados por delitos comunes,
en régimen excepcional, lo que luego culminó como Ley Nº 15.743, de 14 de mayo
de 1985. Estamos hablando, señor Presidente, del mes de abril de 1985 y es
notorio que, en aquel momento, el Ministro del Interior no era el doctor
Marchesano, sino el doctor Carlos Manini Ríos. En aquel entonces, expresábamos
nuestros sentimientos respecto de la necesidad de que el Poder Ejecutivo se
abocara a conjugar y enervar la ola de delincuencia que estaba radicada en el
país, porque era necesario e impostergable proceder para que ella declinara en
forma notoria y desapareciera definitivamente de la vida de la República, en
función de que estaba afectando y alarmando a toda la sociedad.
Acorde con los mismos propósitos que voy a
mencionar a continuación, el señor Pacheco Areco -y permítaseme que insista en
referirme a su discurso, pero el señor senador Zumarán lo citó como
"elemento cabeza" de toda su exposición de más de cuatro horas...
SEÑOR ZUMARAN. - Como testigo de cargo.
SEÑOR CERSOSIMO. - Quiero decir que el
señor Pacheco Areco expuso conceptos muy claros y que nosotros hemos mantenido
durante estos cuatro años y medio de la gestión del actual gobierno. Además,
también ha realizado otras afirmaciones tendientes a conjurar este problema en
la próxima Legislatura ya que él cree, está seguro de que va a ser el titular
del Poder Ejecutivo a partir del próximo lº de marzo, previo pasaje por las
elecciones del 26 de noviembre de este año, sentimiento que, naturalmente,
compartimos.
SEÑOR AGUIRRE. - Entonces llamaremos a
Sala al señor senador Cersósimo.
SEÑOR CERSOSIMO. - Muy bien.
SEÑOR OLAZABAL. - Ese trámite puede ser
como un trámite jubitatorio.
SEÑOR CERSOSIMO. - Yo no oigo las
interrupciones que no concedo. Y como no voy a concederlas, dado que es muy
tarde o muy temprano -a esta altura no sé qué decir- opino que tendríamos que
finalizar esta sesión de una vez por todas.
El dice, por ejemplo, que: "Cuando se
sale a la calle se teme ser asaltado y vejado, si no se encuentra copada la
vivienda en el retorno al hogar, y sabiendo que en el caso de que sea detenido
el delincuente, será puesto prontamente en libertad sin otra consecuencia que
una anotación más en su prontuario".
Esta manifestación
encierra distintas connotaciones, que dicen relación no sólo con el Poder
Ejecutivo, sino, también, con este que integramos, así como con el Poder
Judicial. Es por ello que más adelante expresa que: "se debe actuar en
forma coordinada por los tres Poderes del Estado para prevenir y reprimir la
criminalidad" Agrega: "Se requiere una acción coordinada del Poder
Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, porque si las normas
penales no son adecuadas en su sanción a la gravedad de los delitos
respectivos, si el Poder Ejecutivo no es eficiente en su acción policial para
su prevención y si el Poder Judicial no aplica, con criterio severo, las
disposiciones punitivas, es indudable que no se logrará el resultado
perseguido".
Dice, por otra parte: "El pueblo
quiere paz, justicia y amparo del poder público y por ello la represión del
delito debe ser la respuesta legal a todos los atropellos inferidos contra las
personas y sus bienes, devolviendo a la población la plenitud de su libertad,
seguridad y confianza". Y continúa: "Afirmo enfáticamente que
fortaleceré los servicios del orden para asegurar la tranquilidad ciudadana. A
ello nos comprometemos con firmeza, pues es deber elemental del Estado velar
por la integridad física y la propiedad de todo ciudadano".
(Ocupa la Presidencia el señor senador
Flores Silva)
SEÑOR OLAZABAL. - ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR CERSOSIMO.-Vamos a no empezar con
las interrupciones porque sé en qué terminan y es muy temprano para empezar con
ellas.
En esta materia, señor Presidente, es muy
claro lo que en ese discurso se establece. Nosotros, la bancada de senadores de
la Unión Colorada y Batllista -me refiero solamente a los señores senadores-
hemos desarrollado la conducta y la filosofía en él insitas desde el comienzo
mismo, repito, del actual gobierno constitucional.
Así, por ejemplo, en esa exposición que
realizáramos en la sesión del día 22 de abril de 1985, entre otras
manifestaciones, algunas de ellas citadas en la noche de hoy por el señor
Ministro del Interior, dijimos: "Nosotros tenemos una enorme
responsabilidad; se lo hemos dicho al señor Ministro. En esta materia, repito,
los legisladores tenemos una enorme responsabilidad y no podemos -al menos en
mi concepto- disponer, sin otro trámite, la libertad de los homicidas, violadores
,secuestradores o rapiñeros, en un momento de agresión a la sociedad
reconocida, no sólo por el propio señor Ministro del Interior" -no nos
referimos al actual, sino a su antecesor- "o por los más destacados
jurisconsultos nacionales y extranjeros, sino, también, por la opinión popular
de la ciudadanía que siente temor frente a este recrudecimiento agresivo de la
delincuencia en el país. Este problema debe terminarse, debe ser
resuelto".
Ya, en aquel entonces, expresabamos esto y
el gobierno recién se instalaba, lo que quiere decir que este asunto venía de
tiempo atrás. Desde ese entonces, la Unión Colorada y Batllista ha reclamado
tranquilidad, orden y paz y que se adoptaran medidas severas para terminar con
el problema de la criminalidad y de la delincuencia y para darle, además,
felicidad a los habitantes del país.
"El señor Ministro del Interior decía
-correctamente, pues nosotros en su lugar procederíamos de igual forma- que
actuar de otra manera podría significar llevar la Guardia de Granaderos, la
Republicana o cualquier otra fuerza de choque a los establecimientos
penitenciarios, lo que podría traer consecuencias imprevisibles y segurarnente
trágicas".
Recuerden los señores senadores que los
"presos sociales" estaban ya en las azoteas de los establecimientos
de Punta Carretas y de Miguelete.
"Ante los dos extremos, él prefería
este ¡Nosotros también!".
"En un reportaje que le hizo en el
día de ayer, 21 de abril al señor Ministro del Interior, el diario ‘El País’,
aquel contestó lúcidamente y dijo cosas a las que me voy a referir".
Fíjense, señores senadores, cómo era ese
problema y qué era lo que pensábamos, lo que está expresado a través del breve
proemio que hemos establecido.
"El cronista pregunta: Querría
empezar por una pregunta que preocupa a la opinión pública: la actual ola de
robos y asaltos que hay en Montevideo. No es el tema central de la entrevista,
pero podría ser un buen principio" -ya la opinión pública estaba
preocupada y no debemos olvidarnos de eso-"¿Esta ola de robos ayuda a robustecer
la imagen de la democracia? ¿Las cosas son realmente así? ‘Las razones del
aumento de los delitos son varias’, contesta el doctor Manini Ríos. ‘La primera
tiene una clara razón social: proviene de la pobreza de mucha gente’".
Personalmente, no comparto este concepto
porque en esto estoy de acuerdo con algo que se expresara anteriormente en Sala
y lo voy a demostrar con afirmaciones categóricas, no sólo mías sino de
consumados tratadistas en este aspecto, en cuanto a que la pobreza no es un elemento
determinante del delito. Existe más gente pobre que rica en el país. Siento un
enorme respeto por la gente modesta. Hay muchos marginados que en vez de ser
delincuentes -puedo demostrarlo aquí con documentos, aunque ello ya es público
y notorio- son los que sufren los acometimientos delincuenciales de gente que
no tiene carencias económicas.
Continúo leyendo: "el problema es más
grave que todo esto. El cronista sigue diciendo: ‘pero eso existía seis meses
atrás’. ‘Existía, sí -contesta el Ministro- pero no deja de ser una de las
razones. No es la única y se comprueba en el hecho de que la mayoría de los
delitos no son cometidos por primarios sino por habituales". Y el Senado,
no nosotros, le iba a dar la libertad anticipada, condicional o provisional a todos.
"El Ministro dice: ‘Y
ellos no se mueven por pobreza’, refiriéndose a los incidentes. "Se mueven
por profesión, podría decirse". Luego sigue: ‘La segunda, sin darle una
importancia de prioridades al orden, es que siempre que hay un movimiento
político importante de liberación, se trasmite a las costumbres con una especie
de efecto en contrario, de distorsión, que tiene que ver con la represión dura
que se vivía anteriormente y que lleva incluso a planos de desorden en todas
las cosas’. ‘De acuerdo’, le dice el cronista. Dejemos eso y hablemos de otra
tercera razón. En este momento ¿hay menos policías en la calle, menos
patrullaje de lo que habla antes de este Gobierno?".
"No hay menos; hay más", dice el
Ministro y agrega: "En Montevideo, me estoy refiriendo. Sin embargo el
conocimiento por los delincuentes de que los métodos policiales son ahora más
tiernos -por así decirlo- que han desaparecido los apremios físicos y existe el
derecho a contar con un abogado en el primer interrogatorio" -todavía no,
pero va a existir- "ha hecho que los delincuentes se sientan más
tranquilos respecto a lo que les puede ocurrir. Se juntan todos esos problemas
y se crea un aumento inmediato de la delincuencia. Eso se expande por un tiempo
y luego empieza a retroceder, aunque después se mantenga el aumento del pánico
contra la delincuencia. Lo muestran recientes trabajos en Nueva York".
Continúa el Ministro: "Lo que a mí me alarma es
que la característica de tranquilidad que tenía Montevideo, conocida por todos
los extranjeros como ciudad por la que se podía caminar sin peligro por
cualquier lado y a cualquier hora, se está perdiendo". Esto se decía en
1985 al instalarse el actual gobierno de la República. El Ministro sostenía que
esto provenía de los programas de televisión, lo cual no deja de ser cierto,
pero viene desde hace mucho tiempo, dice el cronista. Contesta el Ministro:
"Desde luego, pero se da un efecto acumulativo y se le agregan los
elementos coadyuvantes que conforman la motivación general y última."
Por otra parte, el 16 de abril de 1985, también el
diario "El País", con el título "Robos", dice que ya había
una gran alarma social en aquel entonces. "Cotidianamente viene aumentando
de modo alarmante la serie de robos y rapiñas que se perpetran en nuestra
ciudad. Ciertas informaciones trascendidas de ámbitos políticos, señalan que en
los últimos cuatro meses el aumento ha llegado hasta un 50 %. Frente a esto y a
la evidencia diaria que va tejiendo la telaraña de la aprensión y el temor en
la ciudadanía, hay que preguntar, necesariamente, qué medidas especiales se
están adoptando ante esta situación que empieza a ser también, muy especial,
porque la población quiere saber si puede seguir confiando en que las
correspondientes autoridades sean capaces de proteger al ciudadano y sus
bienes".
Es por ello que nosotros, señor Presidente y señores
senadores, no podemos adoptar otra posición que esta, de pedirle al Poder
Ejecutivo y de expresar nuestra aspiración en el sentido de que se adopten las
medidas que se vienen postergando desde aquella época.
Realicé esa lectura del señor Ministro del
Interior en la Comisión de Constitución y Legislación, quien, ante mi
inquietud, me contestó: "Le creo descontando que es así. El Poder
Ejecutivo a nivel de su Cartera, estaba adoptando las medidas pertinentes.
SEÑOR ZUMARAN. - ¿Cuáles son?
SEÑOR CERSOSIMO. - Estaba adoptando las
medidas pertinentes.
Entonces, señor Presidente, las estaba
adoptando, de manera que mal podríamos nosotros incriminar al actual Ministro
del Interior.
Queremos que se adopten definitivamente
aquellas medidas que el entonces señor Ministro anunció el 22 de abril de 1985.
SEÑOR ZUMARAN. - Hace cuatro años y medio.
SEÑOR CERSOSIMO. - Simplemente digo esto.
Nosotros teníamos razón cuando nos oponíamos a la libertad, sin ningún otro
requisito, de todos los presos, sin pasar por el informe de los
establecimientos carcelarios, ni por el del Instituto de Criminología, ni por
la decisión judicial.
Por eso le preguntaba y lo interpretó mal
el señor senador Gargano, a cuál amnistía se refería, porque la ley de 14 de
mayo de 1985 no es una amnistía. Solamente existe una disposición en tal
sentido, para determinados procesados que tuvieran la calidad de primarios.
Era una libertad que se determinaba, como
la que se dispuso por el Decreto-Ley Nº 14.753,de 31 de diciembre de 1977. En
aquel entonces, y en la época de aquel decreto-ley, la situación era distinta a
la otra y a la actual.
Allí se estableció un contralor de la
naturaleza del delito, de la que nosotros pedíamos que se hiciera para que no
salieran todos a la calle, violadores, homicidas, los que cometieron atentados
violentos al pudor, lesiones graves o, gravísimas, rapiñeros, etcétera.
Salieron todos y eso agravó aquella
situación y trajo como consecuencia, este panorama que ahora vive el país.
Cuando se dictó el Decreto-Ley Nº 14.753 según se informó al señor
Ministro del Interior de la época comprendía a 777 reclusos. A ellos
correspondía, potencialmente, aplicarles la libertad anticipada, provisional o
condicional o amnistía como allí se la denominaba.
Después de oído el Instituto de
Criminología y la Dirección del establecimiento, así como estudiados los
índices de peligrosidad, de readaptación social y de reeducación, etcétera,
solamente obtuvieron la libertad 260 reclusos, es decir un 33 %. Del total de
reclusos amnistiados entre los años 78 y 80 -fíjense la importancia de estas
cifras- reingresaron, por la comisión de nuevos delitos, solamente 22, lo que
da un porcentaje de reincidencia del 8,5 % ¿Por qué sucedió esto? Porque se
estudió caso por caso a través de todo ese sistema de asesoramiento.
La situación en 1977 no era la de 1985 ni
era la de estos momentos. Esta y la de 1985, constituyen situaciones muy
graves. En aquel momento los procedimientos eran "tiernos" según el
Ministro, pero entonces y ahora la situación era y es distinta. Dije, entonces,
que existía una sensación de inseguridad, cierta o aparente, para mí cierta,
que no se debía agravar.
El Ministro expresó
que se estaban tomando medidas. ¡Cómo vamos a incriminar al actual señor
Ministro! Tenemos que pedirle al Poder Ejecutivo que adopte en definitiva las
medidas que entonces había anunciado que empezaba a tomar. Nosotros dijimos en
aquel momento: ¡Pobre de la ciudad en la que los guardianes que deben vigilar
por ella, no lo hacen!, como sentencia una máxima de los romanos. Dijimos algo
más: que en otros tiempos, hace casi mil años, un emperador se declaró
impotente para detener a cuadrillas de bandidos y de invasores y entonces,
lanzó su consigna: "Que cada uno se defienda como mejor pueda".
No queremos que ocurra eso y seguimos
insistiendo que no debe suceder en el país. Por ello son esos conceptos del señor
Pacheco Areco, y nuestra similar e indeclinable posición. Estoy de acuerdo con
las manifestaciones del señor senador Rodríguez Camusso cuando expresaba que no
es la gente pobre y de escasos recursos la que necesariamente delinque por ese
motivo, sino porque la criminalidad es, fundamentalmente, consecuencia de
hábitos sociales, tradiciones y modalidades nacionales y regionales, que
promueven, muchas veces, la propensión al delito, siendo extrañas esas otras
razones que quieren exhibirse. Es natural que puedan proliferar este tipo de
situaciones, cuando un instituto de la más destacada inteligencia especializada
del país, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de nuestro proyecto de aumento
de penas de la violación, ha dicho -y nosotros lo hemos repetido, y hace pocos
días, en la prensa, en la columna contigua a la que escribe el señor senador
Ricaldoni, pero que no ofrece ese tipo de polémica que hemos escuchado hoy por
los temas que desarrolló allí y también lo reiteramos en la sesión de 10 de
setiembre de 1986- que los victimarios deben ser privilegiados, porque muchas
veces las víctimas provocan en ellos elementos erotizantes que determinan esa
repugnante conducta. Entonces, hemos agregado que, cuando tantos esfuerzos se
hacen por respetar los derechos de los criminales, no deben pasarse por alto
los de las víctimas y deben dárseles a éstas los elementos indispensables para
protegerse. Vivimos con miedo de salir; nosotros somos los prisioneros,
mientras que, quienes deberían estar en la cárcel, están libres, como indicaba
el Ministro de Justicia, señor.
SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR CERSOSIMO. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). -Puede interrumpir el señor senador.
SEÑOR ZUMARAN. - Solicito que se prorrogue
el término de que dispone el orador.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). - Si no se hace uso de la palabra se va a votar la moción formulada.
(Se vota:)
-19 en 21. Afirmativa.
Puede continuar el señor senador.
SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR CERSOSIMO. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). -Puede interrumpir el señor senador Zumarán.
SEÑOR ZUMARAN. - He escuchado con mucha
atención la exposición del señor senador Cersósimo y me llama la atención que,
si hace cuatro años y medio él solicitó al Poder Ejecutivo que adoptara ciertas
medidas y aún no lo ha hecho -puesto que el señor senador le está pidiendo que
rectifique su política- ¿qué le hace pensar que de ahora en adelante lo hará?
Creo que el señor senador Cersósimo se ha mostrado muy paciente en la espera de
cuatro años y medio. Por eso le pregunto, ¿qué elementos le permiten pensar que
esa paciencia se verá colmada mediante la adopción de medidas que solicita?
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). -Puede continuar el señor senador.
SEÑOR CERSOSIMO. - Lo que he manifestado
no significa que no se hayan adoptado algunas medidas.
En cuanto a los elementos que pueden
indicarme que el Poder Ejecutivo va a colocarse en la posición de dar la debida
satisfacción a nuestras aspiraciones, es que conocemos la sensibilidad del
señor Presidente de la República y del actual señor Ministro del Interior y las
van a tomar en cuenta; por todo lo ocurrido esta noche y porque también es una
respuesta a la voluntad popular, a la situación que vive la República y nadie
puede ser insensible. Yo sé que ellos no lo son con respecto a este tipo de
planteamientos.
Pero nosotros no podemos ignorar una real situación
que existe en el país, como decía el señor senador Ortiz. No se trata de una
sensación; está instalada una realidad en la República, que la gente vive en
mayor o menor grado. Pero la sociedad desarrolla su existencia con temor. Se
tiene miedo de salir; vivimos con miedo a salir, como dicen en Estados Unidos;
somos prisioneros nosotros, mientras los que deben estar encarcelados están
libres. Ya la calle ha dejado de ser un lugar seguro y ahí se teme ser asaltado
y vejado y que el hogar sea copado. Esta es la realidad que vive el país.
Por eso hay que apoyar a las fuerzas
policiales, hay que darle a la Policía los medios necesarios; es necesario
ajustar su sueldo, sus retribuciones por todo concepto, levantar ese nivel. Que
la aptitud de arrojo, de coraje, de valentía deje de ser una característica
personal, para transformarse en una obligación y en una responsabilidad
inherentes a la función. Pero para eso el funcionario tiene que estar bien
remunerado, estimulado y adecuadamente respaldado desde todo punto de vista. Y
lo digo porque lo he experimentado, porque cuando he ejercido el cargo superior
y de esa competencia, he tenido absoluta solidaridad para con los funcionarios
policiales; sin perjuicio de imponerles el cumplimiento de sus obligaciones, la
ha tenido mi sector político; la sigue teniendo. Porque nosotros sabemos lo que
constituye su sacrificio y sabemos que su espíritu es indoblegable, porque
hemos visto caer, uno por uno, a muchos servidores del orden heridos y muertos,
y han continuado -no obstante- con el mismo arrojo, con igual entrega,
cumpliendo una labor abnegada.
Ahora se habla de que tiene que hacer
tantas horas de servicio -siempre ha vivido con horas extraordinarias, porque
los sueldos no les han dado total satisfacción, como ocurre a tanta otra gente
en éste y en cualquier otro régimen- y nosotros éramos de los que mejor
retribuíamos a la policía y se le pagaban horas extras con el objeto de que
estuviera en condiciones aptas para enfrentar, desarrollar y llevar adelante la
lucha contra el crimen, contra la subversión y la sedición desatadas en aquel
momento. Fue la Policía sola -y esto hay que recordarlo- que tuvo que defender
el principio de respeto a la institucionalidad y a un gobierno legítimamente
elegido por el pueblo, como era aquel que presidía el señor Pacheco Areco y que
nosotros tuvimos el honor de integrar, jaqueado permanentemente por las fuerzas
regresivas, que, de todas maneras, lo querían erosionar. Y la Policía actuó
sola, durante años, señor Presidente, hasta que después, a fines de 1971, las
Fuerzas Armadas comenzaron a tener alguna injerencia en el asunto, y
posteriormente, en 1972, tomaron de lleno la conducción de la lucha
antisubversiva. Fue la que, sin medios al principio -y nos cupo el honor de
darle todas las posibilidades legales y reglamentarias que correspondían para
que cumpliera su labor y defendiera a la sociedad- llevó a cabo...
(Interrupción del señor senador Mederos)
-Perdóneme, señor senador; no era mi
responsabilidad.
Cuando yo era Ministro del Interior, las
cárceles dependían del Ministerio de Educación y Cultura; y cuando fui Ministro
de Educación y Cultura, dependían del Ministerio del Interior. Ya ve usted, que
no es así tampoco; se escaparon, pero yo no tuve nada que ver. Bastantes cosas
que no eran verdad se dijeron como para que el señor senador, que es un gran
amigo, todavía me achaque algo en lo que no tengo nada que ver.
Quiero decir, señor Presidente, que eso
fue lo que ocurrió con el Instituto Policial. De manera que conozco muy bien
sus carencias, sus valores, sus obligaciones, sus derechos, sus necesidades y,
sobre todo, los elementos de que hay que dotarle para que cumpla un servicio
eficaz. Podría hablar aquí toda la noche y todo el día, pero desde luego, no lo
voy a hacer.
Quiero decir, además, señor Presidente,
que es necesario ajustar los sueldos de los funcionarios que están asignados a
la prevención y a la represión -pero también hay que adecuar los procedimientos
de selección del personal y nosotros lo hicimos en muy buena medida- y hoy se
queja amargamente el señor Jefe de Policía de Montevideo, en ese reportaje, de
que no puede hacerse. Claro ¡cómo se va a poder hacer con los sueldos poco
menos que de hambre que perciben! De seguir así no habrá más remedio que volver
al viejo régimen de reclutamiento que antes se hacía: se iba a las cárceles
para conseguir soldados, a Punta Carretas, etcétera y cuando salían en libertad
los "enganchaban", o sea, se otorgaban los contratos de arrendamiento
de servicios en la forma que se usaba en aquella época.
El problema radica en que hay nuevas
modalidades en la comisión de esos ilícitos, en la audacia de sus autores, en
la participación de menores, de lo que podría hablar toda la mañana de hoy; en
la utilización de armas de fuego, en la agresividad de los malvivientes, en el
aumento del consumo de la droga, en el copamiento de viviendas habitadas y a
plena luz del día. Sin duda, la creciente presencia de funcionarios policiales,
ha de ser elemento particularmente positivo para la realización de los
propósitos que tratamos de llevar a la práctica, y haremos todo lo necesario
para que se concrete. Ofrecemos al Parlamento nuestra total colaboración para
obtener los medios indispensables para ello. Todos los extremos expuestos se
han convertido en factores que señalan la extrema gravedad de esa patología que
agrede al cuerpo social del cual formamos parte.
Esto nos lleva a la conclusión de que es
acertada nuestra posición en cuanto a manifestar esta aspiración y esta
declaración que hacemos, porque esto es lo que el país espera que se haga. Por
eso le pedimos humildemente al Poder Ejecutivo que tome las medidas -y las
habrá de tomar, sin duda- que se vienen postergando, en su esencia total, desde
hace cuatro años y medio y le decimos al Parlamento que vote nuestro proyecto
de defensa social contra la delincuencia, que fue aprobado por el Senado el 13
de julio de 1988 y que todavía se encuentra a consideración de la Cámara de
Representantes; que apruebe definitivamente la modificación del procesamiento
sin prisión; que sancione el proyecto que aumenta las penas en los casos de
violación y atentado violento al pudor, que presentamos el 5 de junio de 1985, sobre
todo cuando esos delitos son cometidos contra impúberes, para evitar,
precisamente, como decía muy bien el señor senador Rodríguez Camusso, que siga
proliferando ese tipo de ilícitos que abruma lo más profundo y sensible de la
sociedad de la República.
Todo esto es lo que queremos que se haga y
no se habrá de realizar con cambiar la persona del señor Ministro. Eso se
logrará si se modifica el temperamento que el Poder Ejecutivo aplique desde
ahora en este aspecto, y sabemos que lo va a hacer, que va a tener esa
sensibilidad, frente a la aspiración que muy modesta y humildemente le
fomulamos.
Esa es nuestra posición, señor Presidente,
que la dejamos expresada con estas palabras y con estos conceptos, que,
repetimos, en nombre del sector que integramos, hemos pronunciado hoy en este
Cuerpo, motivo por el cual entendemos que ha quedado bien clara, firme y nítida
la posición de la Unión Colorada y Batllista en este caso.
SEÑOR OLAZABAL. - ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
SEÑOR CERSOSIMO. - En
verdad, yo ya había terminado, pero con mucho gusto le concedo una
interrupción.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). -Tiene la palabra el señor senador.
SEÑOR OLAZABAL. - A mí hay algo que me
causa cierta sorpresa. El señor senador Cersósimo hace, evidentemente, un
alegato procurando que la actual conducción del Ministerio de alguna forma
cambie de rumbo. Sin embargo, por otra parte, defiende al señor Ministro pues
considera que ese cambio de rumbo que pide la Unión Colorada y Batllista va a
ser tal. Es decir que, luego del pedido vendrá, seguramente, la aquiescencia
del gobierno a comportarse en la forma que la Unión Colorada y Batllista
pretende.
No obstante, a pesar de este discurso,
sigo sin saber en qué cosas concretas discrepa el sector del señor senador
Cersósimo con la actual conducción que ha seguido el señor Ministro del
Interior, y en tal sentido no sé si será posible, aunque sí me gustaría, que se
realice una profundización para realmente poder comprender en qué casos háy
desacuerdo porque si se pide un cambio de rumbo es porque, evidentemente,
existe un desacuerdo. Más allá de la confianza que seguramente se le tiene al
señor Ministro, parecería que este desacuerdo es sumamente armonizable, por lo
que sin duda alguna no será como el nuestro. Es decir, nosotros no pensamos que
pueda haber un cambio de la noche a la mañana, y aunque lo hubiera estamos
juzgando una labor del Ministerio que ya fue realizada, y entonces nos cuesta
hacer una recomendación confiando en que exista un cambio de rumbo.
Muchas gracias, señor senador.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). - No sé si el señor senador Cersósimo había terminado.
SEÑOR CERSOSIMO. - Efectivamente, señor
Presidente, había terminado. De todas maneras, si el señor senador desea que
explique todo lo que pregunta, lo haré con mucho gusto. Creo que en un plazo
breve, un par de horas podría hacerlo, si el Senado me autoriza a hacer la
exposición ahora mismo.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). -Como ha concluido el señor senador Cersósimo, tiene la palabra el
señor senador Zanoniani.
SEÑOR ZANONIANI. - Señor Presidente: he
seguido con la atención debida todas estas largas horas de debate y he
escuchado con suma atención las exposiciones realizadas. En definitiva,
llegamos a la conclusión de que los tres planteamientos concretos formulados
por el señor senador interpelante no han sido respondidos con la suficiencia
necesaria por el señor Ministro del Interior.
A lo largo del debate se lateralizó la
discusión en muchos aspectos, lo que posiblemente llevó a que el señor Ministro
no centrará su exposición en lo que era fundamental para que todos nos
ilustráramos en mayor grado sobre los puntos que aquí se han considerado.
Vamos a tratar de no repetir lo mucho que
se ha dicho aquí. No obstante, debemos señalar que las defensas en principio
estuvieron centradas en la situación que el Ministro recibió que, como todos
sabemos, provenía de una época de facto, y a la que se le atribuyeron innúmeras
carencias de todo tipo.
Posteriormente, se hizo un inventario de
las cosas adquiridas y de las mejoras realizadas en el personal así como de lo
que se logró para el Instituto, es decir, todos aquellos instrumentos que hacen
suponer que tendrían que -haber hecho que el Instituto Policial funcionara con
total eficiencia, y que estos problemas que hoy se han denunciado aquí no
existieran. Sin embargo, a pesar de todas esas mejoras, que desde luego creemos
que existieron de acuerdo con lo manifestado por el señor Ministro -es decir,
todo lo que se adquirió y todo lo que se le dio al funcionario para cumplir con
su labor- se plantea esta situación. Sin embargo, aunque no hubiéramos estado
presentes ni hubiéramos escuchado al señor senador Zumarán ni las respuestas
que le fueron dadas, de antemano, con solo saber que se realizaba una
interpelación donde estaba incluido fundamentalmente el tema de la seguridad
individual, sin importar que uno sea blanco, colorado o frenteamplista, ya era
suficiente para pensar que el señor senador Zumarán tenía razón, y que esa
razón dimana de la propia inquietud que se constata en la gente, con absoluta
prescindencia de su color partidario, porque en este recinto nadie ha negado la
inquietud de la gente por su seguridad personal ni por preservar sus bienes. Se
han mencionado ejemplos concretos de cerramientos de jardines, de ventanas y
otras formas que la gente ha buscado para tener una seguridad que el poder
público no le brinda.
Además, se ha intentado hacer una defensa
por comparación, digamos, y se ha pretendido demostrar el grado de delincuencia
que en nuestro país existe y que aquí nadie ha negado ni tampoco nadie ha dicho
que no ha crecido en el decurso de estos años, no es tanto si se compara con
grados de delincuencia mayores que existen en otros países. Y se ha hecho
referencia además a las venias, comparándolas con los casos de hechos ilícitos
ocurridos en el Instituto Policial, hechos graves aquí denunciados, puestos en
evidencia pública por la prensa y sobre los cuales no se dio una explicación
adecuada.
Asimismo, en ese terreno de la defensa por
la comparación, parecía inclusive haberse pretendido desconocer un principio de
jerarquía, que en lo que tiene que ver con la administración es absolutamente
insoslayable; como si el Ministro, como jerarca, no tuviera la responsabilidad
que dimana, de hecho, de sus funcionarios, con prescindencia absoluta de la
jerarquía de estos.
Por otra parte no hay por qué poner esto
en tela de discusión. Entiendo, por el contrario, que habría que afirmarlo
siempre, máxime cuando aquí -y en lo que es personal, por referencias sobre él-
nadie ha rozado los aspectos personales del señor Ministro del Interior; estamos
hablando de los aspectos funcionales. Y es absolutamente indiscutible que el
señor Ministro como tal, y por ser el jerarca máximo del Ministerio del
Interior, debe responder por los errores, omisiones y actos de sus
funcionarios.
Además, el problema se centró
en gran medida en una ley de procesamiento sin prisión, en cuya instancia de
discusión no tuve oportunidad de actuar, pero que acompaño porque entiendo que
es una buena ley, y entiendo que ningún integrante del partido de Gobierno
puede atribuirle las consecuencias de un crecimiento de la delincuencia. Bien
se ha dicho que no hay ninguna propuesta de modificación de fondo. La
modificación del llamado "Proyecto Ricaldoni", que cambiaba una
palabra, simplemente trataba de evitar que el error de interpretación de un
Juez y de un fiscal hiciera camino en la aplicación de esa norma, que es buena
y que no es la culpable a nuestro entender -y no me quiero extender sobre ello-
del incremento de la delincuencia.
En la última exposición realizada, vimos
en la Unión Colorada y Batllista un reconocimiento de la situación. Hemos
recibido una especie de lección sobre el pachequismo y la seguridad, que se
remonta a años anteriores. Se reconoce que las medidas reclamadas por el
pachequismo no son realidad, y se tiene la esperanza de que ellas se
cristalicen.
Quiere decir, entonces, que la situación
no está reconocida solamente por legisladores del Partido Nacional y del Frente
Amplio, sino además por legisladores del pachequismo, que pertenecen al Partido
Colorado y que, por tanto, tienen una responsabilidad de gobierno mayor, porque
en ellos confió mayoritariamente el pueblo uruguayo. Sin embargo, en esa
postura de esperar, ha transcurrido casi todo el período y seguimos en una
situación de inseguridad creciente. Inclusive, en lo que tiene que ver con el
aspecto funcional, el señor senador Cersósimo dijo una gran verdad: hay sueldos
de hambre.
Quedó bien en claro que ningún legislador
del Partido Nacional, ni en esta ni en la otra Cámara se opuso jamás a que se
buscaran soluciones para que los funcionarios policiales fueran suficientemente
remunerados y pudieran cumplir con fuerza y dignidad una función tan delicada
como es la del funcionario policial y vivir con decoro.
En definitiva -y concretando- creemos que
lo expresado por el señor senador Zumarán no ha sido contestado en forma
satisfactoria.
Nos quedamos pensando en una palabra que
expresara el señor senador Ortiz cuando hablaba de una eventual frustración
pública si no había aquí resultados inmediatos. Creo que esto no puede
constituir, de ninguna manera, una frustración, sino exactamente lo contrario.
Considero
que el ciudadano común uruguayo debe sentirse alegre y contento de que el
Senado haya dedicado este cúmulo de horas a debatir un problema que tanto lo
afecta y que tanto lo ha angustiado. Entiendo, además, que ningún legislador
puede sentirse frustrado, salvo aquellos que luego se den cuenta de que han
errado el camino. En definitiva, si los reclamos de la Unión Colorada y
Batllista, que forma parte del Partido Colorado, y de los legisladores del
Partido Nacional y del Frente Amplio son recogidos por la sensibilidad del
Ministro y del Poder Ejecutivo, creo que las soluciones inmediatas que
reclamaba el señor senador Ortiz pueden surgir por la vía natural que es la del
Poder Ejecutivo a través de su Ministro del Interior.
Y si ese Ministro del Interior -renuncie o no- con
prescindencia absoluta de los votos, toma conciencia de la realidad del
problema y es sensible a los reclamos de los legisladores de los tres partidos
aquí representados, el Partido Nacional -estoy absolutamente convencido- se
sentirá totalmente satisfecho. No importa que caiga o no el Ministro, sino
darle tranquilidad a la gente.
Nada más, señor Presidente.
SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). -Tiene la palabra el señor senador Pereyra.
SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: a esta
hora de la madrugada no voy a hacer un discurso demasiado prolongado, pero
tengo la obligación, en un debate de tanta trascendencia, de fijar mi posición
en pocos minutos respecto a los resultados del mismo.
Después de oídas las exposiciones del
señor miembro interpelante y del señor Ministro del Interior, creemos que ha
quedado firme la idea que todos los uruguayos tienen con respecto al estado de
inseguridad a que se encuentra expuesta la sociedad de este país frente a un
recrudecimiento de la delincuencia.
En lo que hace a si este es un problema
insoluble, si es la consecuencia de hechos anteriores o el resultado de los
errores del señor Ministro, diría que en la exposición de éste y en los sucesos
de los que todos los días nos enteramos, se revela una gestión no acertada, que
está inscrita además, a mi juicio, en las características de la política del
Gobierno actual, fundamentalmente en lo que dice relación con la política
económica seguida por éste y con la política presupuestal que ha definido a
través de los documentos que han pasado por este Cuerpo, como el Presupuesto y
las respectivas Rendiciones de Cuentas.
Indudablemente hay cierta atadura
inevitable, no a esta altura de los acontecimientos, sino al comienzo del
período, pero que se prolonga demasiado y quizás sus consecuencias todavía
están en el seno del organismo. Y me refiero al acostumbramiento a determinados
procedimientos que la dictadura o el régimen de facto llevó a que las fuerzas
policiales emplearan. Salir de una situación así, tal como lo expresó el señor
Ministro del Interior, comprendemos que no es fácil. Pero mucho más difícil se
vuelve si se mantiene, como se mantuvo -no en época del actual Ministro sino en
la del anterior- a jerarcas que se habían distinguido dentro del organismo
policial por ser verdaderos enemigos del prestigio del mismo; funcionarios que
no habían honrado la carrera policial, que merecían el repudio de todos los
ciudadanos demócratas de este país y que, sin embargo, fueron mantenidos en
sus cargos y hasta en determinado momento se les denominó asesores del
Ministro, es decir del Poder Ejecutivo. Mechar eran necesarios para el plan ( en el esquema
)de Sanguinetti de distribución dse la droga
No es de extrañar, entonces, que algunas de esas
consecuencias de la continuidad de procedimientos que no pueden emplearse en un
régimen democrático, se hayan prolongado a través de la actual gestión de
Gobierno.
Yo creo que aquí nadie ha negado -ni
siquiera el señor Ministro- la primera gran consecuencia que hay que sacar y es
que es cierto que ha quedado claro como decíamos al principio, que se ha
agravado la delincuencia y que frente a este hecho, la evidencia de que el
Gobierno en representación del Estado no ha sido eficaz, está en la
proliferación de organizaciones particulares destinadas a vender servicios de
seguridad.
Es decir, que de aquel Estado antiguo al
que se denominaba "Estado gendarme", se ha pasado a este Estado
moderno que ni siquiera es -en el caso del Uruguay de hoy- Estado gendarme, es
decir, garantía de los derechos, vida y hacienda de los habitantes.
Creo
que no debe quedar ausente del debate, por lo menos en lo que a mí respecta, la
constancia de que la causa del agravamiento de la delincuencia no se debe sólo
a los errores del actual o del anterior titular del Ministerio del Interior.
Creo que en un país donde la política económica se caracteriza por ceñirse a
planes restrictivos que empobrecen constantemente la sociedad, donde es
evidente que la política de vivienda ha fracasado, que no se ha solucionado
este problema y, por tanto, no se ha cumplido con el precepto constitucional
que establece el derecho de todos los habitantes del país a tener una vivienda
decorosa, estas son algunas de las causas de la delincuencia.
Estos días hemos asistido a los desalojos masivos de familias que han empleado
recursos desesperados alojándose en viejos hoteles y lugares inapropiados para
la vivienda; estamos presenciando el drama de la gente que vive en la calle, de
la gente que no tiene trabajo, y la desesperación del sector más grande de la
población del país, que sufre las consecuencias de una política salarial
absolutamente insuficiente.
Entonces, en la pobreza, en la falta de ocupación, en
las carencias de viviendas y en la falta de atención de la salud de la
población -cuando la sociedad se encuentra en un estado como éste al que lo ha
llevado la actual política económica, y más allá de los errores que nosotros
reconocemos en la conducción del Ministerio- ahí están las verdaderas causas
del aumento de la delincuencia. Naturalmente, este Gobierno no podrá ponerles
remedio y su solución deberá ser encarada por los próximos Gobiernos.
Creo que para cumplir el compromiso
asumido de ser muy breve y, además, porque no me encuentro en las mejores
condiciones de salud para hacer una larga exposición -ni podría hacerla a esta
altura, cuando han sido tan variadas las disertaciones realizadas- sintetizo mi
pensamiento diciendo que el señor Ministro del Interior debe recibir un
pronunciamiento del Senado que demuestre que este Cuerpo no está de acuerdo con
la política seguida por él. Pero también creo que más allá de este
pronunciamiento individual, lo que debe quedar es la sensación muy clara de que
la actual política económica es la principal generadora de los problemas que
aquí se han destacado esta noche como causa de la grave inseguridad que vive el
país.
Nada más.
SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). -Tiene la palabra el señor senador.
SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: muy
brevemente, en homenaje a la hora en que estamos sesionando, deseo responder a
las afirmaciones que hizo el señor Ministro hace unas cuantas horas.
El señor Ministro comenzó su alocución
atribuyéndonos una expresión que nunca vertimos, en el sentido de que
acusábamos a la Policía de estar corrupta, generalizando esta acusación a todo
el Cuerpo policial.
Eso no es verdad. Nunca lo dijimos; lo que
nosotros hicimos fue señalar ciertos hechos lamentables en los cuales aparecían
algunos agentes policiales corruptos, circunstancia que es absolutamente normal
en todo Cuerpo integrado por miles de personas. Es sabido que en el Ministerio
del Interior revistan 25.000 funcionarios y en ninguna organización humana
donde cumple funciones ese número de personas puede pensarse que pueda quedar
excluida la posibilidad de que aparezca algún síntoma de corrupción.
Lo que nosotros objetamos en todos los ejemplos
de corrupción que pusimos es el trato que la jerarquía del Ministerio ha dado a
esa corrupción, lo cual es profundamente diferente. Lo que nosotros atacamos y
cuestionamos es la conducta de quien dirige el servicio, es decir, la conducta
del Ministro, no la del Instituto Policial. y si el señor Ministro del Interior
quiere defenderse, hace mal en pretender atribuirnos que nosotros embestimos
contra el Instituto Policial. No, señor Ministro; nosotros con quien estamos
desconformes es con usted y no con el Instituto Policial.
El segundo punto que quiero señalar es que
el señor Ministro expresó en términos peyorativos que nosotros utilizábamos
recortes periodísticos. Creo que aquí él se equivoca profundamente y estimo que
este es un elemento fundamental que ha aparecido en el día de hoy.
Efectivamente, nosotros recurrimos en abundancia a recortes periodísticos. ¿Por
qué? Porque aquí hay una comunicación con el pueblo, con la opinión pública. Es
la opinión pública la que vive la situación de inseguridad; es la gente la que
está mirando cómo reaccionan las jerarquías policiales. Y entonces, es muy
importante que muchos de estos hechos que nosotros denunciamos hayan tenido una
abundante información periodística. Y cuando la tuvieron, así lo señalamos.
Yo sé que es
trascendente que haya perdido la vida el joven Acosta en Nico Pérez. Pero el
hecho se vuelve mucho más dramático para la sociedad uruguaya cuando del mismo
deriva todo un movimiento popular en el que se juntan 500 ó 700 firmas pidiendo
la intervención de los legisladores y cuando el tema está durante 1 ó 2 meses
ocupando la primera plana de los periódicos, dado que se realizan reuniones y
asambleas. Entonces, no se trata sólo de la pérdida de esa vida humana, sino
también de la conmoción que ella ha provocado en el. ambiente. Y cómo
claramente -ese episodio doloroso- está dirigido a cuestionar la conducta
seguida por las autoridades que tuvieron parte en el mismo.
Queremos precisar muy bien este tema de
los recortes periodísticos, porque consideramos que es muy importante.
También quiero expresar lo siguiente: acto
seguido, el señor Ministro se refirió a que durante los doce años de dictadura
el Instituto Policial no sólo fue coartado en su derecho, sino que también se
le dio una orientación torcida. En esto estamos de acuerdo. Dijo además que el
reacomodo a una orientación, como la que la inmensa mayoría de los uruguayos
deseamos, va a llevar su tiempo y su trabajo. En esto también estamos de
acuerdo. Luego habló de los recursos. Coincidimos en que son escasos, pero han
ido mejorando. Esto ha sucedido porque el Parlamento ha votado todos los
recursos que el Poder Ejecutivo ha planteado para el Instituto Policial. Por
otra parte, es bueno reafirmar, una vez más, que en esta materia el Parlamento
no tiene iniciativa. O sea que no podíamos ultrapasar las asignaciones
presupuestales que el Poder Ejecutivo planteaba para las distintas Carteras.
Sobre este tema de los recursos
materiales, en el que se explayó el señor Ministro, me parece que falta aclarar
justamente los dos puntos que más nos preocupan. En primer lugar, el problema
de los recursos humanos. Hemos vivido diciendo que faltan, que hay vacantes a
proveer; pero por otro lado aparecen revistando -y di cifras concretas- nada
menos que 1.700 funcionarios más que al 1º de marzo de 1985.
El señor Ministro dijo que quizás los
funcionarios en comisión fuera una de las posibles causas que yo estaba
buscando para entender este problema de que no hay personal, pero sí existen
1.700 funcionarios más. ¿Cómo se entiende esto? El señor Ministro afirmó que
los pases en comisión no eran numerosos. En el curso de mi exposición dije que
no estaba en condiciones de informar a cuántos llegaban esos pases; pero sigo
sin develar la gran incógnita: la escasez de personal.
En este momento recuerdo que el Jefe de
Policía de Montevideo, en un reciente reportaje que le hizo el semanario
"Búsqueda", señaló que en la policía ejecutiva hay 1.000 funcionarios
menos. Se trata de la policía que está en la calle, la que se ocupa de la tarea
que hoy nos preocupa: la prevención y la eventual represión del delito. En la
Dirección de Seguridad -afirma el Jefe de Policía- hay 1.000 plazas menos en la
policía ejecutiva. Sin embargo, hay 1.700 funcionarios más. De modo que
seguimos con una duda que no ha podido ser aclarada.
En cuanto a los recursos materiales,
planteamos el caso de los patrulleros. El señor Ministro confirmó lo que
nosotros habíamos expresado: que en este período se habían comprado 130
patrulleros, por licitación realizada a fines de noviembre del año 1985, y
siendo Ministro su antecesor, el doctor Manini. A mediados de 1986, el señor
Ministro actual comenzó a recibirlos. Abundó además en otra serie de compras.
Pero el tema que yo planteaba no era si se habían comprado o no, y que además
el Ministerio por otra vía había recibido algunas otras unidades, vehículos que
estaban en poder del Banco Central, sino cómo se explica que habiendo comprado
130 patrulleros, y habiendo comenzado a recibirlos a mediados de 1986, en 1988
haya tres patrulleros por turno. ¿Qué pasó? ¡Qué muestra más grande de
improvisación, de mala administración que quedarse sin patrulleros en una
ciudad de un millón y medio de habitantes y habiéndose comprado 130 unidades
poco antes!
A una acusación, denuncia o carencia que
nosotros habíamos anotado como fundamental, que es la absoluta falta de
tecnificación de la policía en estos años, el Ministro la refirió al futuro,
señalando que el tema se resuelve a largo plazo, entre otras razones, por lo
caro que es el equipamiento, etcétera.
Luego, muy brevemente, el señor Ministro
pasó a ocuparse de distintos puntos planteados por nosotros al final de nuestra
exposición y que eran motivo de nuestra grave discrepancia para con la
conducción de la Cartera. Me refiero, sobre todo, a los casos de corrupción y a
las sanciones que debieron aplicarse dentro del instituto. El señor Ministro
llevó las cosas de tal modo que comprometió la disciplina y el principio de
autoridad. En su disertación el señor Ministro hizo un repaso del caso
Villalba. Al respecto debo reconocer que en el calor de la exposición, cometí
un error. El auto no apareció en la puerta de la Comisaría sino en la de ese
otro local, de la Zona 2, que hay allí en Shangrilá. Pero eso no hace a la
cuestión, ella radica en cuáles son las medidas que adoptó el Ministerio con
relación a la intervención de los funcionarios policiales de Canelones en la
ubicación del vehículo, que es evidente. Sabemos que hay un sumario en trámite
y un pase a la Justicia que también está en trámite. El problema de Villalba
sucedió hace tres meses; pero cuando planteo el caso de Maldonado que ocurrió
hace aproximadamente dos años, también nos encontramos con que el asunto se
encuentra en la etapa de los sumarios. En el caso de Villalba así como de la
policía de Canelones y de Maldonado, hay funcionarios policiales involucrados
en el episodio, y la opinión pública y los directamente interesados no ven que
se dé algún paso por parte del Ministerio. Me dirá el señor Ministro que ha
pasado poco tiempo, sólo tres meses, pero respecto del Comisario Suárez y las
denuncias que hizo del Jefe de la Policía de Maldonado, lleva casi dos años.
Habrá sumario, pero el Comisario Suárez sigue siendo Comisario en Maldonado.
El señor Ministro se pregunta por qué
invocamos el problema suscitado por el procesamiento del Jefe de Policía de
Tacuarembó, y nos menciona la opinión que sobre este ciudadano tiene el señor
Intendente de Tacuarembó, hombre de nuestro Partido. Traje al tapete el
problema de Tacuarembó porque se relaciona con el abigeato. Si bien con
respecto a la responsabilidad del Jefe de Policía de Tacuarembó había
resolución judicial, seguía sin solucionarse el abigeato.
En mi exposición le
había dicho al señor Ministro que tenía denuncias severas tanto de Salto como
de Artigas. Y sabrá el señor Ministro que el tema del Jefe de Policia de
Tacuarembó dice relación con el departamento de Salto. Por ejemplo, los
dirigentes rurales de este departamento me han hecho llegar datos que denuncian
138 abigeatos en el año 1988 y hasta ese momento llevaban 57 denuncias más
correspondientes al año en curso. Pero en Artigas la situación es un peor. Así,
el señor Félix María Parentini nos comunicó que ya ha realizado 15 denuncias,
hecho que nunca trascendió. Inclusive, intentando defenderse por sus propios
medios ha tenido tiroteos con ladrones de ganado.
Asimismo, el señor Osvaldo Fernández que
posee campos en Talcabú nos hizo llegar denuncias de abigeato, aunque resolvió
no presentar ninguna más, dado el cero resultado obtenido. Lo mismo podría
decir respecto de Roberto y Walter Rodríguez, quienes residen en la zona de
Tomás Gomensoro y Bella Unión. Y, precisamente, por el tema de abigeato fue que
cité al señor Jefe de Policía de Tacuarembó.
En cuanto al cese del Jefe de Policía de
Cerro Largo, respecto de quien planteé que su cese había ocurrido el mismo día
en que debía concurrir al Juzgado -y cité el expediente, que tenía que ver con
un contrabando de cueros e intento de soborno- el señor Ministro dio una
explicación muy pobre. Dijo que por diversas circunstancias él consideró del
caso hacer cesar al Jefe de Policía de ese departamento. Pero, a su vez, yo le
había manifestado al señor Ministro que eso era una muy mala conducción del
Instituto Policial ya que quizás él no tenga conocimiento de las cosas que se
dicen en Cerro Largo en cuanto a las circunstancias increíbles en que se
produjo la sustitución del Jefe de Policía. Supongo que esta persona debió
haber concurrido a declarar al Juzgado. Pero aquí se trata de un problema de
imagen del Instituto Policial en ese departamento, que quedó tremendamente
deteriorada con la medida adoptada por el señor Ministro. Una de dos: o el Jefe
de Policía tenía algo que ver en este asunto, en cuyo caso no alcanza con pedir
la renuncia, sino que la responsabilidad tiene que ser efectiva, o el señor
Jefe de Policía había actuado correctamente en este caso y por ello debía ser
mantenido en el cargo, por lo menos hasta que se aclarara esta denuncia penal y
que él pudiera comparecer en juicio. Pero ahora la situación en que ha quedado,
repito, se presta a toda clase de comentarios.
En cuanto al Contador Jefe del Ministerio
del Interior que fue procesado, el señor Ministro dice que esto fue así por un
motivo que nada tiene que ver con el Ministerio. Me parece que esto es algo que
no resiste el menor análisis; el Contador fue procesado por complicidad en
defraudación por impuestos ante la Dirección General Impositiva. Creo que
ninguna persona que está bajo procesamiento, en ningún ámbito de la
Administración y mucho menos en el Ministerio del Interior, puede ocupar el
cargo que el señor Ministro le concedió y mantuvo. Al respecto, el señor
Ministro dijo que el expediente fue archivado pero yo me voy a referir a los
datos que poseo. Esta persona fue procesada, según expediente Nº 233/87, y
remitida el 9 de julio de 1987; y, efectivamente, el caso fue archivado bajo el
Nº 346/88 pero está vigente un embargo que aún se mantiene. De cualquier manera
no sé cual es la situación actual de este expediente, pero la circunstancia de
que se mantenga el embargo parece indicar que alguna responsabilidad aún existe
sobre el tema. Reitero -porque esto es lo importante- que estuvo procesado, y
el señor Ministro lo ratifica, hasta la fecha del archivo del expediente, y en
ese período nunca se le instruyó sumario, ni se le sometió a Tribunal de Honor.
Quizás aquí pueda tener validez el argumento del señor Ministro en el sentido
de que su procesamiento obedecía a otros hechos; pero, si es así no creo que
ayude a la imagen del Ministerio del Interior el hecho de que esta persona
ocupe el cargo de contador Jefe del Ministerio y actúe ante la Contaduría
General de la Nación, el Tribunal de Cuentas, etcétera. Es más, el 5 de junio
de 1989, se le designó para integrar el Tribunal Especial de Honor en la órbita
del Ministerio del Interior.
En cuanto a los hechos ocurridos en
Florida respecto a que dos funcionarios fueron encontrados incursos en delitos;
remitidos a la justicia, posteriormente procesados y una vez que recuperan la
libertad el señor Ministro les da destino, pienso que esto es un caso típico de
una decisión que adopta el señor Ministro que, de ningún modo, contribuye a la
buena imagen del Ministerio del Interior y de la institución policial.
SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite una
interrupción señor senador?
SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). -Puede interrumpir el señor senador Ferreira.
SEÑOR FERREIRA. - Simplemente, quiero
señalar, porque aquí se ha querido presentar en más de una oportunidad como que
estas denuncias que en forma contundente está haciendo el señor senador
Zumarán, atentan contra la moral del Instituto Policial. Por ejemplo, en el
caso que cita en este momento el señor senador respecto a los dos funcionarios
de la Jefatura de Florida, debo decir que el procedimiento fue llevado a cabo
por el señor Sub Jefe de Policía de ese departamento, Inspector Principal Presa
Fagián. Se trata de un funcionario policial ejemplar, un jerarca de la actual
administración, un policía de carrera que tiene una foja de servicios
excepcional. Digo, entonces, ¿cuándo se atenta contra la moral del Instituto
Policial? ¿Cuando se recompensa al que fue preso, sometido a la justicia y
procesado, o cuando se recompensa moralmente a un funcionario de la categoría
funcional que significa una honra para el Instituto Policial, como es el caso
del Inspector Principal que ejerce la Subjefatura de Policía de Florida? Este
procedimiento termina cuando uno de los funcionarios es trasladado a la
Seccional 21 de Policía y el otro a la Seccional 8a. y luego en comisión a
Institutos Penales.
Agradezco al señor senador Zumarán por
haberme concedido la interrupción.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). -Puede continuar el señor senador Zumarán.
SEÑOR ZUMARAN. - Quiere
decir que en este caso de Florida el señor Ministro acepta el cargo imputado,
pero no considero que eso pueda lesionar la imagen de su gestión y del
Ministerio del Interior.
En lo que tiene que ver con la denuncia
formulada por el señor senador Lacalle Herrera en cuanto a que en la Jefatura
de Policía de Río Negro se recaudaba dinero para el Partido Colorado, el señor
Ministro manifiesta exactamente lo mismo que respecto a los hechos ocurridos en
Maldonado y Canelones, es decir, que todo está en manos de la Justicia. Pero ha
transcurrido el tiempo y nadie pretende que el Ministro pase por encima de la
Justicia, pero no puede negar que con estas dilatorias todo permanece en una
situación que no le sirve, reitero, ni al servicio, ni al señor Ministro, ni al
Gobierno, ni al país.
El señor Ministro también defendió el tema
de las agencias privadas. No le preocupa que haya ya 6.000 personas registradas
como agentes de seguridad. Sin embargo, creo que es algo que le preocupa al
país entero.
Lo que tiene referencia con el Banco de
Seguros y los recuperos que tenían una escasísima entidad o un valor cero y que
después de aquellas modificaciones que se hicieron adquirieron un nivel de
recuperación más elevado, es algo aceptado por el señor Ministro. Por último,
se me hace una corrección respecto de La Tablada que me parece no hace a la
cuestión de la cosa. De allí se dice que escapan los dos menores más
peligrosos; pero el señor Ministro no dice que como se habían escapado esos
también se iban a escapar todos los demás, por lo que se resuelve cerrar el
establecimiento para que no suceda. Durante los seis meses en que permanece
cerrado allí no queda un solo menor.
Más adelante el señor Ministro incursionó
en el tema de la Ley de Procesamiento sin Prisión que en nuestra opinión no tiene
ni de cerca la importancia que se le pretende atribuir.
Otro punto que me parece también tiene
relación con lo que veníamos hablando es que el señor Ministro tuvo que sufrir
una incidencia que le tiene que haber resultado muy desagradable, pues la custodia
de su casa le robó. Tengo en mi poder el ejemplar de "Ultimas
Noticias" del jueves 9 de junio de 1988. Los funcionarios de la custodia o
algunos que cometieron ilícitos en perjuicio del propio señor Ministro fueron
individualizados. Según surge del Boletín de la Jefatura por resolución Nº 473
del 23 de mayo de 1989 se deja cesante con fecha 31 de mayo de ese año a quien
intervino en este episodio. Me he preguntado incesantemente por qué motivo, si
el robo se produjo el jueves 9 de junio de 1988 o tomó estado público en ese
momento -además, tengo entendido que no fue un solo robo, sino varios- el
funcionario recibe la baja el 31 de mayo de 1989.
Me parece que este hecho se inscribe en
esta forma de conducción, en virtud de la cual uno recorre por lo menos la
mitad del país y comprueba que las cosas no están nada claras a nivel del
Ministerio del Interior. Creo que esto -tal como ya lo señalé- es un elemento
muy importante que cuestiona la disciplina y compromete el principio de
autoridad en el seno de esa organización.
Lamento tener que decir que no se han
levantado los cargos que hicimos y que si llegamos hasta ese Senado con muy
serias dudas respecto a que fuera viable obtener lo que planteaba hace un rato
el señor senador Ortiz. Es decir, soluciones para que la gente empiece a
percibir un cambio en esta materia, vemos que nuestras sospechas se confirman.
Lo que no se advierte son soluciones que hagan que la gente empiece a percibir
ese cambio y que le devuelvan la tranquilidad y la confianza. Lo que se necesita
es que se vea que el Instituto Policial y los servicios del Ministerio del
Interior resultan confiables. Eso es lo que todos queremos.
La conclusión a que uno arriba después de
esta larga sesión es realmente pesimista. Se insiste en un estilo de conducción
que es equivocado; se insiste en atribuir una responsabilidad absolutamente
desmedida a la Ley de Procesamiento sin Prisión o alguna otra de ese estilo, y
no se quiere ver en dónde está radicado esencialmente el problema, que es en
una mayor actuación del Instituto Policial.
Admiro la paciencia que ha exhibido o
puesto de manifiesto el señor senador Cersósimo en representación de la Unión
Colorada y Batllista. Hace cuatro años y medio que él está esperando qtie el
Poder Ejecutivo adopte medidas en este sentido. Entiendo hoy -así lo ha
expresado la Unión Colorada y Batllista- que el Poder Ejecutivo debe rectificar
la política que está siguiendo en materia de seguridad. Pero esta paciencia que
lo ha llevado a esperar durante cuatro años y medio, esta exigencia que hoy
plantea acerca de la necesidad de rectificar la política de ese sector, no le
impide ratificar su confianza en el actual Ministro del Interior.
Reitero lo que dije al principio: nada de
esto significa un menoscabo personal hacia el doctor Marchesano. Digo sí con
dolor y con pena que ha fracasado en su gestión y que lo que prima en estos
casos es la responsabilidad objetiva. También digo que la mejor noticia que le
podemos dar al Uruguay es que va a haber un cambio de 180 grados en la política
que se está llevando adelante en esta materia y que ese cambio va a comenzar
por la sustitución del titular de la Cartera, ya que al final no hay ningún
problema político de tanta importancia, trascendencia o envergadura. Sin
embargo, por razones exclusivamente políticas parecería que ya está resuelto
que el Partido Colorado y el Gobierno no aceptan este criterio. Nosotros hemos
hecho lo posible para hacerlos cambiar, pero cada cual afrontará ante la
historia sus responsabilidades: nosotros las nuestras y la bancada del Partido
Colorado que aparece unánime adoptará la suya.
SEÑOR. MINISTRO DEL INTERIOR. - Pido la
palabra.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel flores
Silva). Tiene la palabra el señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - A esta
altura de la sesión trataré de ser breve, ocupando yo también, con un poco de
suerte, algún espacio en los informativos de la mañana, aunque no he tenido la
fortuna de poder adelantarle al diario "La República", todo mi
discurso.
Lo primero que me
llena de satisfacción es escuchar al señor senador Zumarán decir que en la
Policía no hay corrupción; que hay algunos funcionarios corruptos -en lo que
coincidimos- pero que el Instituto Policial que durante tres años y medio he
estado conduciendo y acompañando en un trabajo muy arduo y difícil, no es
corrupto.
Me felicito de eso, más allá o más acá del
resultado de las Elecciones. Me felicito por el Instituto Policial, porque creo
que lo importante y lo que interesa fundamentalmente, son los valores que
tenemos que preservar, o sea, las instituciones que son las que van a seguir
existiendo en el país con esta o con otra conducción.
Creo que el exceso de entusiasmo ante el
descubrimiento de un hecho que pueda dar una cierta notoriedad, a veces lleva a
permitir que se filtren afirmaciones que luego son interpretadas no por mí,
sino por el propio Instituto Policial, a través de muchos de sus voceros, como
un ataque o un agravio hacia él.
SEÑOR LACALLE HERRERA. - ¿Me permite una
interrupción señor Ministro?
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Con mucho
gusto.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). -Puede interrumpir el señor senador Lacalle Herrera.
SEÑOR LACALLE HERRERA. - El señor Ministro
advertirá que yo he permanecido en silencio durante casi toda la noche, salvo
cuando le pedí una fecha sobre un sumario. Ahora el señor Ministro vuelve a
insistir en un tema al que se refirió el señor Subsecretario el 30 de mayo
pasado, cuando sostuvo que las denuncias que hacíamos el señor representante
Sturla, el señor senador Zumarán y quien habla, eran un ataque a la fuerza
moral del Ministerio y había causado preocupación en los oficiales blancos que
revistaban en dicha repartición. Eso fue publicado en los diarios. Si esto se
ha refutado por parte del señor Subsecretario, estaré a su palabra pero esas
afirmaciones aparecieron en el diario "El Día" del 30 de mayo. Si no
son ciertas, espero una rectificación del señor Subsecretario por escrito al
diario "El Día", porque lo afirmado en aquel momento no fue
desmentido.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). -Puede continuar el señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. - Si se lee
con atención lo publicado en dicho diario, el episodio que menciona el señor
senador Lacalle Herrera no es atribuible a manifestaciones del señor
Subsecretario; éste no hizo ninguna referencia de ese tipo.
Además, corresponde agregar -el señor
Subsecretario está aquí presente y me podrá rectificar si digo lo contrario-
que en la reunión de Oficiales a la que éste concurrió, no se habló de este
tema. Quiere decir que lo otro lo agregó el cronista como consecuencia de
afirmaciones de su parte que habrá recogido no sé de qué fuentes. En su
momento, el señor diputado Sturla hizo un pedido de informes al respecto a lo
que el Ministerio respondió muy enfáticamente lo mismo que estoy expresando
ahora. Es decir, no hubo ninguna referencia a ningún ciudadano oficial de
ningún color político. La gestión de este Ministro habrá tenido algunos
defectos, pero uno de los que no tuvo fue no hacer intervenir los cintillos
políticos en las decisiones del Ministerio.
De manera que no hubo discriminaciones y
en este caso concreto no hubo ninguna referencia a ningún oficial que pudiera
tener una condición política determinada.
Como decía hace unos momentos, señor
Presidente, me alegro de que de este debate político hayamos sacado algo
positivo. La otra gama de elementos que manejó el señor senador Zumarán, la
contesté; podría volver a hacerlo, pero me voy a remitir a la versión
taquigráfica. Lo único que quiero pedir es que no se me imputen las demoras que
pueda tener el Poder Judicial en resolver los problemas porque es muy claro que
no tengo competencia sobre él; está fuera de la competencia de nuestro
Ministerio plantear al Poder Judicial que resuelva temas. Dicho Poder tendrá
sus razones -no sé cuales- para no resolverlo definitivamente.
En cuanto al tema de La Tablada, no hice
ninguna manifestación porque simplemente no lo conozco. Creo que el señor
senador Flores Silva, que en estos momentos está presidiendo, hizo alguna
precisión al respecto; tal vez por su vinculación con alguno de los miembros
del Instituto del Menor conoce el tema con más detalles. Pero aclaro que
tampoco es tema que pertenezca a la órbita del Ministerio del Interior.
Respecto de las demás cuestiones
planteadas, ellas están contestadas y figuran en la versión taquigráfica. Si el
señor senador Zumarán no lo recuerda en este momento, podrá luego revisar la
versión y verá que en cada caso hemos actuado con celeridad y con precisión. En
el caso de Canelones, fuimos hasta donde podíamos hacerlo; el resto no es
temática que el Ministerio pueda resolver. Cuando el expediente quede concluido
-porque, como expliqué, está pendiente de decisiones o, -mejor dicho, de un
oficio que debe venir de una oficina ajena a esta Secretaría de Estado- se
tomarán las decisiones pertinentes.
Era cuanto quería manifestar.
10) SOLICITUD DE LICENCIA
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). -Dése cuenta de una solicitud de licencia.
(Se da de la siguiente:)
"El señor senador Carlos Julio Pereyra
solicita licencia por el tiempo mínimo que autorice el Reglamento, por razones
de salud".
Léase.
(Se lee:)
Montevideo, 20 de julio de 1989
Señor Presidente de la Cámara de
Senadores,
Doctor Enrique E. Tarigo.
Presente
De mi consideración:
En virtud de tener que someterme en el día
de hoy y mañana, a algunos exámenes médicos en relación con una indisposición
que me afecta desde hace algunos días, solicito licencia, por razones de salud,
por el tiempo mínimo que autorice el Reglamento. Como el Parlamento tiene
actividad resuelta para estos días, solicito se proceda a la convocatoria del
suplente correspondiente, que ya ha prestado juramento por haberme sustituido
en oportunidad anterior.
Saludo al señor Presidente con mi mayor
consideración.
Carlos Ju1io Pereyra. Senador".
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.
(Se vota:)
-27 en 28. Afirmativa.
11) LLAMADO A SALA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). - No hay oradores anotados para hacer uso de la palabra y la Mesa no
dispone de mociones para someter a votación.
SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). -Tiene la palabra el señor senador.
SEÑOR GARCIA COSTA. - Quisiera solicitar
un cuarto intermedio de diez minutos. En ese sentido formulo moción.
SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores
Silva). - Se va a votar la moción formulada.
(Se vota:)
-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.
El Senado pasa a cuarto intermedio.
(Así se hace a la hora 8 y 16 minutos del
día 20 de julio de 1989)
(Vueltos a Sala)
(Ocupa la Presidencia el doctor Tarigo)
SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, se
reanuda la sesión.
(Es la hora 8 y 40 minutos)
Dése cuenta de una moción que ha llegado a
la Mesa.
(Se da la siguiente:)
"Atento: 1) A que el país vive una
situación de permanente inseguridad; 2) A que el señor Ministro del Interior
evidenció carecer de iniciativas, planes y decisión de dotar al Instituto
Policial de medios y recursos necesarios para superar esa situación; el Senado
de la República declara que las explicaciones del señor Ministro son
insatisfactorias. (Firman) Zumarán, Ferreira, Zanoniani, Pereyra,
García Costa, Mederos, Tourné y Ortiz. Senadores."
SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador.
SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: como
fundamento anticipado de voto, queremos decir que vamos a votar afirmativamente
la moción presentada, aunque hubiéramos preferido otra de contenido distinto en
la cual aparecieran claramente expresadas las soluciones que el Parlamento
entiende que, en la materia, debió haber aplicado el Poder Ejecutivo.
SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar la moción presentada.
(Se vota:)
-17 en 31. Afirmativa.
SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para
fundar el voto.
SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el
señor senador.
SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: he
votado afirmativamente la moción presentada a la Mesa, en el entendido de que
la misma recoge, en lo esencial, los planteos formulados por la bancada del
Frente Amplio sobre el análisis de la gestión del señor Ministro, así como de
toda la Administración del Partido Colorado en lo que va del ejercicio de la
misma.
12) SE LEVANTA LA SESION
SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.
(Así se hace, a la hora 8 y 43
minutos del día 20 de julio de 1989, presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores
senadores Aguirre, Batalla, Batlle, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá
Robaina, Ferreira, Flores Silva, Forteza, García Costa, Gargano, Jude, Lacalle
Herrera, Martínez Moreno, mederos, Olazábal, Ortiz, Pereyra, Pozzolo,
Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Terra Gallinal, Tourné,
Traversoni, Ubillos, Zanoniani y Zumarán.)
DR. ENRIQUE E. TARIGO Presidente
Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario
Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos
|
|

No hay comentarios:
Publicar un comentario