- LA LEY ANTICORRUPCION: UNA BURLA A LA INTELIGENCIA DEL PUEBLO
- URUGUAY, EL PAIS DE LA “CORRUPCION PERFECTA”

- LA LEY ANTICORRUPCION EN EL URUGUAY ES GARANTIA DE IMPUNIDAD PARA LOS GOBERNANTES CORRUPTOS.Y NO PODIA SER DE OTRA FORMA, FUERON ELLOS QUIENES PRESENTARON EL PROYECTO.
- LA JUNTA ANTICORRUPCION SE CREO PARA CUSTODIAR 34 MIL SOBRES; SOLO PARA ESO. ESOS SOBRES CONTIENEN UNA BURLA A LA INTELIGENCIA DEL PUEBLO.
- En el segundo periodo de gobierno de Julio María Sanguinetti el Poder Ejecutivo envía al Parlamento un proyecto de ley sobre transparencia del Estado. El señor presidente estaba animado, no me cabe la menor duda, por los mismos intereses que lo motivaron a pedirle unos años antes a su fiel “soldado” y diputado Washington Abdala que escribiera sus famosos libritos sobre la corrupción (famosos por la carga de cinismo que contenían) y cuya intención –en ambos casos- no fue otra que hacerle creer al mundo que ellos, seres “impolutos”, estaban muy preocupados por el avance de este flagelo. Sobre el punto no nos vamos a extender. Ya hemos hablado mucho en notas anteriores, y además, todos los uruguayos tenemos bien en claro –desde hace años- que en 1985 con el advenimiento de Sanguinetti a la Presidencia dejábamos atrás una dictadura cívico militar (en la cual él fue el cívico más influyente como la realidad lo demostró) para ingresar, no en la ansiada Democracia, sino en la más perfecta CORRUPTOCRACIA que jamás se haya visto en latinoamérica. Porque si bien hubo presidentes corruptos (y muy notorios como Carlos Menem, Andrés Pérez, etc. etc.) éstos no tuvieron calidad ni capacidad para engañar al mundo sobre su verdadera condición. Sanguinetti sí, pudo hacerlo, aunque últimamente ya son muy pocos -en el país y en el exterior- quienes creen en su bella imagen. Podemos asegurar que en nuestro país solo una pequeña parte del 6% de sus votantes son inocentes que creen en su honestidad, la otra parte son los “corruptitos” que lo votaron por conveniencia, y en el exterior, si bien es difícil saberlo, no creemos que además de Felipe González y los directores de “El País” de Madrid y de “La Nación” de Buenos Aires, exista algún otro embaucado. Hace dos años, una muy conocida personalidad española cuyo nombre no voy a dar por no saber si cuento con su autorización (solo puedo decir que era un López, y no de los “menorga”) dijo refiriéndose a nuestro ex Presidente: “a ese, a ese en Europa ya lo tenemos bien calao”. Y este Presidente “bien calao” por aquí también, y que hoy ocupa una banca en nuestro Senado (y no me cansaré de decir que es la mácula más vergonzosa que ha tenido este recinto en toda su historia) fue quien presentó el proyecto de Ley sobre la transparencia del Estado.
- Nadie espere que haga un análisis serio sobre esta Ley. No se puede estudiar seriamente lo que no es serio. ¿Que valor puede tener una ley que basa su efectividad en una declaración jurada de los bienes que se poseen en el momento de ingresar a la administración pública, y las que deberán hacerse cada dos años, cuando quienes puedan trasgredir esa ley, obviamente que por su condición de corruptos les importará un carajo (perdón por el término) el respeto a un juramento?. No sé si me estoy poniendo muy suspicaz o la óptica de Julio M. Sanguinetti es algo angelical. Para él esa ley es magnífica, brillante y suficiente para prevenir y evitar la corrupción; cuando un funcionario ingrese a la Administración pública deberá declarar su patrimonio, cuando se retire o cuando esté sospechado (después veremos que la Junta anticorrupción no tiene potestades ni siquiera para sospechar de nadie), el funcionario deberá hacer una nueva declaración, y entonces el pueblo podrá comparar, y ¡oh!!, magia de la “transparencia”, veremos que tiene lo mismo que cuando ingresó, o quizás alguien muy ahorrativo nos mostrará un estado de cuentas con 15 o 20 pesos más de los que tenía otrora. Y los corruptos, indudablemente por su honestidad, declararán los montos de sus cuentas en Suiza, o en las islas Caimán o en otros “paraísos de los amorales”, y pondrán las empresas que poseen con el nombre de sus testaferros, nos harán saber de los millones de dólares en bonos innominados del Estado que con cada emisión –sin control de venta- pueden haber “caído” en sus arcas, nos dirán cuantas decenas de millones de dólares de los préstamos que generaron nuestra deuda externa pasaron a ser activos en sus cuentas privadas (lo denunció el Secretario del Tesoro de los EE.UU., Mr. Paul O´Neill), y nos mostrarán fotos de sus mansiones en el exterior y harán un inventario de sus valiosas pinacotecas enriquecidas en algunos casos con desaparecidos cuadros de nuestro patrimonio nacional, etc. etc.; y entonces, nadie lo dude, ahí los vamos a agarrar. Yo creo que el doctor Sanguinetti dejó pasar la oportunidad de salvarnos de la tremenda inseguridad que hoy vivimos (de la cual es responsable, como ya lo demostramos) elaborando una ley de contenido similar pero aplicable a los criminales. Que hagan una declaración jurada, que anoten el nombre de la víctima, el día y hora del crimen, que pongan el lugar y el arma utilizada, y cuando estén sospechados (porque ellos sí, a diferencia de los corruptos, podrán estar sospechados) le pediremos la declaración y podremos juzgarlos con elementos de prueba. Si señores, no quedará un solo criminal en las calles, y daremos cátedra al mundo en el combate a la delincuencia. Y con los politicos corruptos, ¿tendremos la misma suerte?. ¿Llegará el día en que acabemos con ellos?. Es difícil predecir. Lo que sí podemos asegurar, es que si se logra, no será en virtud del accionar de la Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado, que es el organismo creado por la Ley sanguinetista y que se conoce comúnmente como “Junta Anticorrupción”, nombre que el ex Presidente no quiso utilizar porque parece que la sola palabra “anticorrupción” le produce un tremendo nerviosismo. El asunto es que esta Junta, que comenzó a funcionar a principios del año 2000 justo cuando su creador deja el gobierno (en1985 no se le ocurrió ni la Ley ni la Junta) tiene por cometido la custodia –en los hechos solo eso- de los 34 mil sobres cerrados con las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Solo hay tres vías para poder abrir estos sobres que están cerrados y sellados: a pedido de la Justicia, a pedido del propio declarante, o por decisión unánime de los tres miembros de la Junta en caso de que éstos tengan motivos fundados para ello. Tengo entendido que las dos primeras vías se utilizaron tan pocas veces en estos 6 años, que basta un solo dígito para precisar las ocasiones, y por decisión de los miembros de la Junta nunca se abrió ninguno por la simple razón de que éstos jamás podrán tener “motivos fundados” para ello merced a que no tienen ninguna potestad para investigar. Ergo, 34 mil sobres que se mantienen tan vírgenes como María, y que conservarán ese estado “in eternun” bajo la fiel custodia de una docena de funcionarios cuyo cometido –en los hechos- es solo ese; sentarse a vigilar atentamente que ninguno de ellos se abra solo.
- Pero no podemos condenar en todas nuestras críticas al Dr. Julio M. Sanguinetti. Cuando algo ha hecho bien –casi nada a lo largo de toda su carrera- debemos reconocerlo. Porque en el proyecto que remitió al Parlamento se expresaba que esa comisión de transparencia tendría facultades para investigar, lo cual le daba cierta eficacia a la ley. Perfecto. Pero hete aquí, que el Parlamento, SU Parlamento (absoluta mayoría de los coaligados) le quita esas facultades y la Junta anticorrupción pasó a ser una simple oficina asesora. El Presidente quedó bien ante la opinión pública y las cosas salieron de acuerdo a sus intereses: la Junta Anticorrupción –que nunca fue escuchada en sus continuos reclamos por tener algunas facultades- NO SIRVE PARA NADA. Como siempre lo digo, de vivir Maquiavelo, este pensador italiano no sería más que un pobre y torpe osito minusválido mental al lado de nuestro “gran estadista”.
- Pero en este oscuro escenario donde los gobernantes corruptos del Uruguay pueden moverse a sus anchas, hay un rayito de luz: el Tribunal de Cuentas. Ellos sí, trabajan y muy bien, investigan en profundidad y hacen las necesarias observaciones; un solo detalle, nadie las toma en cuenta, se las desconoce olímpicamente. En los 3 últimos años del segundo gobierno de Sanguinetti el Estado hizo más de 3.300 licitaciones de las cuales el Tribunal de Cuentas observó 1.100 (la exacta tercera parte). El monto de las licitaciones observadas ascendía a 900 millones de dólares, cifra preocupante para cualquier Gobierno. Sin embargo, para el Parlamento de los coaligados de la época estos sospechados números no tuvieron relevancia. No hubo tiempo para investigar estas pequeñeces, como tampoco tuvieron tiempo para pedirle al Presidente alguna explicación sobre la negativa a que dejara investigar algunos organismos que eran sus intocables feudos, como la Corporación Nacional para el Desarrollo en la época que la presidía su gran amiga la Dra. Milka Barbato (la Julia Alsogaray uruguaya, con perdón de Julita).
- Voy a transcribir un párrafo de una excelente nota publicada hace unos meses por el investigador Joel Rosemberg:
- “Estos datos llamaron la atención del comité de expertos de la Convención Interamericana Contra la Corrupción que analizó la implementación de sus normas en Uruguay. Ese comité presentó un informe en febrero de 2004, en Washington, y sugirió a Uruguay "garantizar la observancia de las normas relativas a las licitaciones públicas y establecer mecanismos que aseguren que estos procesos se ajusten a las normas legales vigentes y garanticen la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos". Los llamados de atención y recomendaciones para controlar el uso de recursos públicos se repitieron varias veces a lo largo del informe presentado ante la Convención. Y las conclusiones fueron duras: "el comité observa insuficiencia de normas generales sobre preservación y uso adecuado de los recursos públicos respecto a particulares que tienen a su cargo el manejo de recursos de esa naturaleza”. Las críticas del comité de expertos no deberían sorprender: es que Uruguay no cumple en la práctica con muchas de las normas que firmó en la Convención Interamericana contra la Corrupción, en 1996, en Caracas, ratificada por la Ley 17.008 de 1998.”
- Téngase en cuenta los años: 1996 y 1998; Presidente de la República, Julio M. Sanguinetti. Mano ligera para firmar tratados internacionales y leyes; alegre desparpajo para no cumplir con nada ni con nadie.
- La corrupción se siguió propagando, la impunidad siguió triunfante. El Tribunal de Cuentas enfrenta el dilema “shakespiriano”, ser o no ser (creo que “no ser” nos daría la ventaja de un ahorro en el presupuesto) y los miembros de la Junta Anticorrupción siguen sentados observando atentamente que los 34 mil sobres se mantengan cerrados y sellados. Y los gobernantes corruptos que llevaron a la pobreza e indigencia a más de la mitad de la población, ahí están, ocupando altos puestos. Los niños mueren de hambre, por desnutrición, y por múltiples enfermedades que son consecuencia de una mala alimentación. Pero está todo bien. Julio María Sanguinetti y su fiel ladero Washington Abdala siguen dando cátedra en el Palacio de las Leyes, y como nos apoyan en el tema plantas de celulosa (aunque no por patriotas, sino por causas que analizaremos en otra nota), debemos perdonarlos e incluso agradecerles.
- Viejo ARTIGAS: ¿era esta la Patria que soñaste?.
- Próxima nota: LA IMPORTANCIA DE SER DELINCUENTE DESDE LA ÓPTICA DE JULIO MARÍA SANGUINETTI.
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