PEDRO BORDABERRY Y LA
EDAD DE IMPUTABILIDAD: ¿OBSESIÓN O
ESTRATEGIA?.
El problema del Uruguay: la inimputabilidad de los
políticos – Los acertados juicios de Pablo Mieres – Tribunal de Ética en lugar
de plebiscito -
El incremento
de la delincuencia infanto-juvenil ha puesto una vez más en la palestra pública
el tema de la minoridad y la edad que debe determinar el límite entre la
imputabilidad o no del infractor.
En una nota
anterior ya manifesté que no voy a exponer mi opinión sobre el punto por la simple
razón de que no la tengo, y no me avergüenzo de confesarlo.
Llevo años
escuchando tantos pro y tantos contras sobre rebajar o no la actual edad límite
que hoy, en mi confusa mente, hay tantos argumentos contrarios y
contradictorios con sus respectivos ejemplos traídos de experiencias de otros
países que, de proponérmelo, podría convertirme en un gran sofista y escribir
varias carillas defendiendo una u otra posición con igual contundencia.
Pero como
pretendemos seguir siendo intelectualmente honestos, no nos expediremos sobre
la materia.
Además, porque
consideramos que no es tan importante analizar y llegar a conclusiones sobre la
ininputabilidad de los menores cuando el más grande y grave problema de nuestro
país es la
INIMPUTABILIDAD DE LOS POLÍTICOS.
Hemos escrito
tanto sobre el tema que los comentarios sobran y creo que la mayoría de los
compatriotas –lo digo aventando lejos la modestia- coincidirán conmigo. Los más
grandes delincuentes, los peores, los que conformaron a partir de 1985 una gran
asociación para delinquir que, para mantenerse impunes, no han hesitado en
utilizar toda la gama de la metodología mafiosa, para estos políticos no hay
edad límite de imputabilidad. Y si la hay, sin duda que está determinada – en
tácito acuerdo corporativo- en los 100 años. Julio María AL CAPONE Sanguinetti, a sus 75 años tiene garantizados
25 años más de inimputabilidad, al igual que el resto de los integrantes de su
mafia cuyas edades oscilan en torno a la de éste.
En nuestro
querido Uruguay este tema no admite discusión, y ni siquiera mención. Estos “señores” son,
como todos lo sabemos e incluso está demostrado fehacientemente, los verdaderos
culpables de la actual inseguridad ciudadana (nosotros aportamos pruebas en la
nota “La inseguridad y los verdaderos culpables”) por haber fomentado –ex profeso- la corrupción policial,
por su permisividad con el narcotráfico y el narcolavado, y fundamentalmente
porque su ejemplo de “criminales impunes y aplaudidos” los pone en el mero
centro de la causalidad de la crisis de valores que afecta a parte de la
sociedad y fundamentalmente a los jóvenes.
Lo reiteramos,
rebajar la edad de imputabilidad de estos “señores delincuentes” es un problema
que, lamentablemente, no preocupa a nadie. Y si llegado el caso, la actual edad
de imputabilidad de los políticos corruptos –la que como dije presumo en los
100 años- se rebajara a 99 (no menos, por favor) un tema que les aseguro que no
admitiría discusión, es si les mantenemos o no los antecedentes. A diferencia
de lo que hoy se propone sobre los antecedentes de los menores trasgresores, el
Partido Colorado (que es el cobijo del 99% de los mafiosos uruguayos) no
admitirá, bajo ningún concepto, que se les tengan en cuenta.
Pero dejemos
de lado estas irónicas disquisiciones y vayamos a lo medular de esta nota: la terrible obsesión de Pedro
Bordaberry.
Pedro en el reino del absurdo.
El líder de
Vamos Uruguay ha manifestado en varias oportunidades su decisión, irrevocable,
de poner a consideración popular, mediante un plebiscito, la baja de la edad de
imputabilidad de los menores y la eliminación de la prohibición que hoy existe
de que se conozcan los antecedentes de los menores al cumplir la mayoría de
edad, y la creación de un Instituto independiente del INAU para los menores infractores.
La inseguridad
ciudadana es un problema que requiere una urgente solución. Así lo plantea la
ciudadanía, así lo han planteado unánimemente desde todos los Partidos, y la
respuesta de Pedro Bordaberry y los colorados es la recolección de firmas para
llevarnos a una instancia plebiscitaria que se llevaría a cabo en Octubre del
2014. ¡Vaya solución!. ¿Qué entenderán por urgencia?.
Por otra
parte, y nos vamos a remitir a la opinión muy autorizada de Pablo Mieres, “ninguna de las medidas propuestas requiere,
para su aprobación, de una reforma constitucional. Por el contrario, tanto la
reducción de la edad como la mantención de los antecedentes son disposiciones
de naturaleza legislativa cuya modificación no necesita de un Plebiscito
Constitucional que lo avale”.
El líder del
Partido Independiente publicó hace un mes una nota que no tiene desperdicio. Un
brillante análisis del cual voy a transcribir dos párrafos:
“Se maneja con criterio engañoso el problema de la
imputabilidad. No es cierto que los menores de 18 años no sean imputables,
nuestro país (como la gran mayoría de los países del mundo) tiene una edad
mínima para la imputabilidad que está fijada en los 13 años (muy similar a la
de buena parte del mundo) y luego un régimen especial para los menores entre 13
y 18 años que implica la aplicación de sanciones frente a las infracciones que
cometen los menores y que incluye la adopción de diferentes tipos de
medidas, incluida la privación de libertad”.
Más adelante: “Lo
que ocurre es que resulta más efectista aprovechar el miedo de muchos
ciudadanos que sienten la crisis de la seguridad y “dar manija”
aumentando groseramente el peso de la participación de los menores en la
comisión de los delitos”.
Lo expresado
por Mieres es una verdad avalada por la realidad y el Instituto Nacional de
Estadísticas. El objeto del planteo de Pedro Bordeberry (no lo expresa Mieres
pero nosotros lo venimos sosteniendo desde hace tiempo) es desviar la atención
popular de las verdaderas causas de la inseguridad ciudadana y sobre las cuales
ya nos hemos explayado lo suficiente en varias notas.
Finaliza Pablo
Mieres: “todos sabemos que bajando la
edad de 18 a
16 años, para que un joven en ese rango etario sea tratado como un adulto, no
se resuelve el problema de la inseguridad. Se genera el espejismo de su
solución y la gente queda con la sensación de que algo ha cambiado, cuando en
realidad lo único que habrá cambiado es que un joven de entre 16 y 18 años irá
al COMCAR o al Penal de Libertad en vez de ir a uno de los centros de reclusión
del INAU.
Lo que no se
puede hacer es aprovecharse del miedo de la gente para convertir este asunto en
una bandera política, magnificando y amplificando una realidad que,
ciertamente hay que cambiar en su justo término, pero sin dejar de apostar a la
rehabilitación como regla general para dar respuesta a los menores infractores.
Lo otro es meramente un ejemplo muy nítido del oportunismo político más
antiguo”.
Oportuna y maliciosa estrategia.
Aprovechar el
miedo de la gente, e incluso fomentarlo, es parte de casi todas las estrategias
empleadas por los colorados a lo largo de la historia. El ejemplo más
emblemático lo tuvimos con la imposición de la ley de caducidad que fue votada
por el pueblo al imperio del miedo (cuasi terror) manejado por el experto, para
estos menesteres, Julio María Sanguinetti.
Hoy Pedro
Bordaberry utiliza el mismo medio pero no solamente para el logro de un fin
político que indudablemente, dadas las circunstancias y la forma de magnificarlas a través de una
prensa servil a sus intereses, tendrá tanto éxito como sin duda lo tendría un
plebiscito en el que se votara por el Sí a la propuesta de que el gobierno
distribuya helados gratuitamente durante el verano, sino que también le
permite, como ya lo dijimos, desviar la atención de las verdaderas causas de la
inseguridad.
Para
Bordaberrry los culpables no son ni Julio María AL CAPONE Sanguinetti ni
Marquesano ni Opertti ni Hierro López ni Stirling (todos hombres “probos”
aunque sus propios correligionarios tienen bien en claro que conforman una
mafia) sino los menores infractores. No importa que estos menores infractores
sean una lógica consecuencia de la carencia de valores de quienes siendo
gobernantes nos dieron un ejemplo de su impunidad triunfante, no importa que
estos menores se hayan criado en hogares cuyos padres trataron de imitar a
quienes de corbata y guante blanco nos robaron durante décadas y hoy los vemos
disfrutando de sus mal habidas fortunas, no importa que esos menores en muchos
casos estén “trabajando” en el delito amparados –como también lo están sus
mayores- por policías corruptos (de la escuela del DELINCUENTE Hierro López)
que los tienen a su servicio para repartirse lo obtenido, no importa que
incluso muchos de ellos estén, contra su voluntad de rehabilitarse, obligados a
la reincidencia por estos indignos funcionarios, no importa que estos menores
sean solamente las víctimas de quienes impusieron en nuestro país, a partir de
1985, la cultura de la droga que hoy tiene
su manifestación letal en el consumo de la pasta base, no, no importa nada de
esto, los culpables son ellos y solamente ellos, los “inimputables menores”.
Y la solución…
¿cuál puede ser?. Para los colorados (y muchos de sus coaligados de siempre)
convencer al pueblo de que bajando en dos años la edad de imputabilidad, se
acaban los problemas.
¡Basta de
cinismo Pedro!!.
Olvidemos la
idea del plebiscito (muy buena para sus fines políticos pero bastante mala para
el pueblo que deberá pagar el gasto) y empecemos por darle trabajo al Tribunal
de Ética del Partido. Creo que son demasiadas y demasiado duras las acusaciones
que desde hace tiempo se han hecho públicas, desde las propias tiendas
partidarias, sobre los MAFIOSOS y CORRUPTOS dirigentes foristas.
Cuando éstos
sean investigados en la interna del Partido y posteriormente se eleven a la
justicia sus conclusiones para que sean juzgados (con las garantías del debido
proceso) y seguramente condenados a prisión por la comisión de graves delitos
(somos varios los que podemos aportar pruebas contundentes), comenzará a
derrumbarse desde la cúspide la pirámide de la corrupción que ellos
construyeron, y entonces veremos caer a todos aquellos que, en mayor o menor
medida, son los verdaderos culpables de la actual inseguridad.
Y llegado ese
momento, estoy seguro que podré escribir una nota cuyo título será: “Pedro
tenía razón, los culpables eran menores… en la década del 40”.
Miguel M.
Liard
Post Scriptum:
por un problema personal esta semana tuvimos que desarrollar esta nota a último
momento y en muy poco tiempo. Debido a ello no pudimos completar el análisis
con otros elementos que hacen al mismo y que son de indudable valor. Lo haremos
dentro de unas semanas cuando el tema ya haya ingresado a estudio del Parlamento y podamos, además,
aportar juicios sobre lo que algunos políticos expresen en ese ámbito.
No hay comentarios:
Publicar un comentario